RUBICÓN

Carlos Arce Macías

Hay momentos en la gestión de un gobierno, en donde la angustia producida por malas decisiones o falta de estrategias, lleva a tomar medidas desesperadas y urgentes. Es el caso que padecemos en Guanajuato, ante el incremento de la inseguridad y violencia que se advierte en nuestros pueblos y ciudades, al ver las masacres cotidianas del crimen organizado por el control de rutas, ciudades y puntos de extracción de gasolina.

Lejos quedaron las grandilocuentes promesas del gobernante que parecía haber encontrado la pócima mágica para resguardar al estado del empuje criminal que se expandía en otras entidades. Un “escudo” protector, se instalaría en nuestro entorno, el cual eliminaría a cualquier criminal que osará perturbar la “pax guanajuatense”. Los colmilludos encargados de la seguridad y persecución de los delitos, habían identificado a la empresa innovadora que proporcionaría el mágico instrumento de control, garante de nuestra seguridad.

Mas al final de la administración, el castillo de naipes se derrumba. Las duras y fieras miradas de los encargados de nuestra tranquilidad, se han tornado inseguras y medrosas. No saben que hacer, y su jefe, menos. No tienen respuesta coherente ante la urgencia, y como sentenciaba el ingenioso político francés de finales del siglo XVIII, Charles Maurice de Talleyrand: “cuando algo es urgente, es demasiado tarde”.

Y aquí nos tienen, enfrentando la urgencia con ocurrencias. La mas pasmosa, que había sido identificada en un editorial hace meses: la de ubicar, a costa de inversión estatal, un cuartel que albergaría un batallón de policías militares. Desde allí, con más de 2000 efectivos, la seguridad pública estatal sería reconducida, y el maltrecho escudo, zurcido.

La resolución resulta desesperada e inoportuna por varias razones: se enclava en el fuerte disenso entre especialistas, organizaciones pro derechos humanos y juristas, contra el gobierno federal y legisladores, por la reciente expedición de una ley de seguridad interior, controvertida ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucional; se desvían recursos estatales a atribuciones no contempladas para el gobierno de la entidad; incumplimiento en el número de efectivos asignados al cuartel; y la más grave, la apuesta gubernamental de militarizar el estado, sin mediar una intensa y profunda reflexión en su Congreso y la sociedad en general. El ejecutivo se encuentra apanicado por el aumento de los índices criminales.

Militarizar la seguridad pública es el punto medular de todo. Y no parece ser, a la luz de diversos hechos de la historia de la humanidad, la mejor solución. Hemos sido críticos constantes de la indebida intromisión del gobernador en los poderes legislativo y judicial. Esto distorsiona el funcionamiento republicano y los contrapesos institucionales para acotar al Ejecutivo y evitar la corrupción. Con la militarización se profundiza más el deterioro institucional y el óptimo funcionamiento del gobierno civil. Parece que los juristas del gobierno estatal, no tomaron clase de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, y permiten violentar la normas básicas de un gobierno democrático. Ya habrá tiempo para lamentar estas decisiones.

Miren, la civilización romana nos ha legado grandes enseñanzas. Una de ellas es la relativa a la relación entre el gobierno civil y la milicia. Durante el período de la república romana, el de mayor vitalidad cívica, las legiones romanas tenían prohibido adentrarse en territorios cercanos a Roma, su gran capital y sede del gobierno. Así se establecía por ley, para evitar que la fuerza militar presionara políticamente al Senado y al pueblo romano (SPQR “Senatus Populusque Romanus”, El Senado y el Pueblo Romano), que era la simiente de la vida republicana. Por esta disposición, los ejércitos no podían vadear el río Rubicón, situado en el norte de Italia, bajo pena de muerte. El propósito de esta medida, era precisamente mantener lejos de la influencia militar, a las instituciones civiles. Esto funcionó sin graves tropiezos durante siglos, hasta que durante el año 49 A.C., el victorioso general, y conocido populista Julio César, violó la ley y cruzó el Rubicón con sus ejercitos, para caer sobre Roma. “Alea jacta est” (la suerte está echada), sentenció, y con ello dio comienzo una serie de guerras civiles que decretaron el fin de la república romana, para ser sustituida por un imperio, la forma de gobierno gobierno autocrático, que igual presentó a Octavio Augusto o Marcos Aurelio, que a Nerón y Calígula. La tutela militar, es una de las formas más efectivas de liquidar una república.

De esta experiencia y muchas otras que nos puede dar la historia, se perfila también el sabio consejo de Talleyrand: “las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas”. El ejercito debe ser contenido en sus cuarteles y solo ser requerido para asuntos extraordinarios, y no por las desatenciones de los gobiernos locales y estatales, para formar cuerpos policiacos capacitados, que puedan enfrentar y eliminar a la delincuencia.

Echar mano del ejército, poniéndose en manos de sardos, contratados para la custodia de instalaciones militares, no es buena idea. El ejército mexicano esta siendo corrompido por el crimen organizado, igual como lo hacen con las policías. No hay diferencia. Analicen su actuación en Sinaloa, Chihuahua-Durango y Guerrero. Ahí las fuerzas armadas tienen lustros operando en esas zonas, y la delincuencia está más cómoda que nunca, funciona a sus anchas. Como pintan las cosas en Guanajuato, pronto los criminales contarán con un nuevo cuerpo de apoyo, ya verán.

@carce55

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