RUBICÓN

Carlos Arce Macías

Hay momentos en la gestión de un gobierno, en donde la angustia producida por malas decisiones o falta de estrategias, lleva a tomar medidas desesperadas y urgentes. Es el caso que padecemos en Guanajuato, ante el incremento de la inseguridad y violencia que se advierte en nuestros pueblos y ciudades, al ver las masacres cotidianas del crimen organizado por el control de rutas, ciudades y puntos de extracción de gasolina.

Lejos quedaron las grandilocuentes promesas del gobernante que parecía haber encontrado la pócima mágica para resguardar al estado del empuje criminal que se expandía en otras entidades. Un “escudo” protector, se instalaría en nuestro entorno, el cual eliminaría a cualquier criminal que osará perturbar la “pax guanajuatense”. Los colmilludos encargados de la seguridad y persecución de los delitos, habían identificado a la empresa innovadora que proporcionaría el mágico instrumento de control, garante de nuestra seguridad.

Mas al final de la administración, el castillo de naipes se derrumba. Las duras y fieras miradas de los encargados de nuestra tranquilidad, se han tornado inseguras y medrosas. No saben que hacer, y su jefe, menos. No tienen respuesta coherente ante la urgencia, y como sentenciaba el ingenioso político francés de finales del siglo XVIII, Charles Maurice de Talleyrand: “cuando algo es urgente, es demasiado tarde”.

Y aquí nos tienen, enfrentando la urgencia con ocurrencias. La mas pasmosa, que había sido identificada en un editorial hace meses: la de ubicar, a costa de inversión estatal, un cuartel que albergaría un batallón de policías militares. Desde allí, con más de 2000 efectivos, la seguridad pública estatal sería reconducida, y el maltrecho escudo, zurcido.

La resolución resulta desesperada e inoportuna por varias razones: se enclava en el fuerte disenso entre especialistas, organizaciones pro derechos humanos y juristas, contra el gobierno federal y legisladores, por la reciente expedición de una ley de seguridad interior, controvertida ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucional; se desvían recursos estatales a atribuciones no contempladas para el gobierno de la entidad; incumplimiento en el número de efectivos asignados al cuartel; y la más grave, la apuesta gubernamental de militarizar el estado, sin mediar una intensa y profunda reflexión en su Congreso y la sociedad en general. El ejecutivo se encuentra apanicado por el aumento de los índices criminales.

Militarizar la seguridad pública es el punto medular de todo. Y no parece ser, a la luz de diversos hechos de la historia de la humanidad, la mejor solución. Hemos sido críticos constantes de la indebida intromisión del gobernador en los poderes legislativo y judicial. Esto distorsiona el funcionamiento republicano y los contrapesos institucionales para acotar al Ejecutivo y evitar la corrupción. Con la militarización se profundiza más el deterioro institucional y el óptimo funcionamiento del gobierno civil. Parece que los juristas del gobierno estatal, no tomaron clase de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, y permiten violentar la normas básicas de un gobierno democrático. Ya habrá tiempo para lamentar estas decisiones.

Miren, la civilización romana nos ha legado grandes enseñanzas. Una de ellas es la relativa a la relación entre el gobierno civil y la milicia. Durante el período de la república romana, el de mayor vitalidad cívica, las legiones romanas tenían prohibido adentrarse en territorios cercanos a Roma, su gran capital y sede del gobierno. Así se establecía por ley, para evitar que la fuerza militar presionara políticamente al Senado y al pueblo romano (SPQR “Senatus Populusque Romanus”, El Senado y el Pueblo Romano), que era la simiente de la vida republicana. Por esta disposición, los ejércitos no podían vadear el río Rubicón, situado en el norte de Italia, bajo pena de muerte. El propósito de esta medida, era precisamente mantener lejos de la influencia militar, a las instituciones civiles. Esto funcionó sin graves tropiezos durante siglos, hasta que durante el año 49 A.C., el victorioso general, y conocido populista Julio César, violó la ley y cruzó el Rubicón con sus ejercitos, para caer sobre Roma. “Alea jacta est” (la suerte está echada), sentenció, y con ello dio comienzo una serie de guerras civiles que decretaron el fin de la república romana, para ser sustituida por un imperio, la forma de gobierno gobierno autocrático, que igual presentó a Octavio Augusto o Marcos Aurelio, que a Nerón y Calígula. La tutela militar, es una de las formas más efectivas de liquidar una república.

De esta experiencia y muchas otras que nos puede dar la historia, se perfila también el sabio consejo de Talleyrand: “las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas”. El ejercito debe ser contenido en sus cuarteles y solo ser requerido para asuntos extraordinarios, y no por las desatenciones de los gobiernos locales y estatales, para formar cuerpos policiacos capacitados, que puedan enfrentar y eliminar a la delincuencia.

Echar mano del ejército, poniéndose en manos de sardos, contratados para la custodia de instalaciones militares, no es buena idea. El ejército mexicano esta siendo corrompido por el crimen organizado, igual como lo hacen con las policías. No hay diferencia. Analicen su actuación en Sinaloa, Chihuahua-Durango y Guerrero. Ahí las fuerzas armadas tienen lustros operando en esas zonas, y la delincuencia está más cómoda que nunca, funciona a sus anchas. Como pintan las cosas en Guanajuato, pronto los criminales contarán con un nuevo cuerpo de apoyo, ya verán.

@carce55

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HUACHICOL, SEGURIDAD INTERNA Y FISCALÍA

Carlos Arce Macías

Como catarata se han venido los temas de interés, en este cierre de año. Durante la presente semana se agolparon importantes cuestiones que reclaman atención. Intentaremos un rápido acercamiento a cada una de ellas.

HUACHICOL.- Es sabido que el crimen organizado ha encontrado en el robo de gasolina, desde los ductos de PEMEX, el producto más rentable, incluso, que el tráfico y distribución de droga. De esa forma, la gasolina robada impacta de manera directa en el baño de sangre que sufre el país, especialmente Guanajuato, en dónde converge un nodo de distribución importante desde la refinería de Salamanca.

PEMEX y autoridades participan en el crimen organizado, de ahí que su calificativo de “organizado”, presupone el contubernio con autoridades. Se trata de la operación de un gran negocio negro, en el que participan personal de la empresa, huachicoleros y gasolineros. Estos últimos, logran enormes ganancias indebidas, al comercializar gasolina robada, que adquieren al 50% del costo y venden al precio general. Resultado: negocio redondo.

El involucramiento de los empresarios ha quedado a la vista, a manera de ejemplo, para enviar un mensaje al gremio, de que ha sido detectada su complicidad con los huachicoleros, y que deben detener su participación o atenerse a las consecuencias.

La estrategia más efectiva para acabar de forma contundente con el desgarriate, es la conformación de un mercado de hidrocaburos funcional, en el que la competencia, inhiba las malas prácticas generadas en el sector. Sin embargo se empiezan a detectar maniobras para evitar dicha competencia, desde el propio PEMEX, discriminando el suministro de gasolinas a las nuevas empresas entrantes al mercado, que han decidido a actuar de manera leal con los consumidores. Por lo pronto, desde la terminal de abastecimiento de Irapuato, se privilegia a las estaciones de servicio que aún detentan la franquicia PEMEX, en detrimento de las gasolineras de grupos empresariales distintos a la corporación estatal, obligándolos a suspender el servicio temporalmente, por causa de desabasto de gasolina, premeditado y doloso.

El combate a la huachicoleada fracasará, si las autoridades no obligan a PEMEX, a cumplir los términos de la reforma energética, con el fin de construir un mercado eficiente de gasolinas, en beneficio de los ciudadanos. ¡Cuidado!

SEGURIDAD INTERNA.- La presión gobernamental para aprobar las incursiones del ejército en las calles en labores que no le corresponden, estalló en los últimos días, forzando la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la nueva Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa, que pasará al Senado, presenta gravísimas deficiencias y contraviene derechos humanos. En el centro del debate, está la habilitación de las fuerzas armadas, para realizar una función para la cual no están preparadas: la seguridad. El encargo del ejercito es la defensa del país, frente a potenciales agresiones externas. Los soldados están entrenados para guerrear y matar enemigos, no para cuidar a los ciudadanos del crimen. Esa acción corresponde a las policías.

Por eso vuelvo a recordar la sentencia del jurisconsulto Ponciano Arriaga, constituyente en 1857: “Cuidar de la paz y seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones  de la autoridad que obra en nombre de la ley; la ley es expresión de la voluntad popular y los funcionarios militares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si  no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles en todos los negocios que no tengan  íntima y directa conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley”.

Mala idea, dotar de condiciones de discrecionalidad al Ejército y a la Marina, para realizar actividades propias de los civiles, la historia documenta el peligro de ubicar a los militares, tan cerca del poder político. Eso no es bueno ni correcto.

Quizás por ello, la mayoría de los diputados federales de Guanajuato, se abstuvieron de votar a favor la perniciosa iniciativa; pero también revelaron la influencia sobre ellos del gobernador del estado, que seguramente envió línea para no votar en contra del proyecto, y así parar la intentona militarizante. Insisto: queda a la vista la sumisión de los representantes populares, que deberían velar, antes que nada,  por los intereses de los ciudadanos, que por respaldar incondicionalmente la línea dictada desde el Ejecutivo estatal. Desnudemos la cuestión: diputados medrosos, sin fuerza propia, que dependen de la designación interna de los partidos, que rompe la dependencia con las bases militantes. A los electores se les prefiere repartir cachuchas, gallinas, tinacos y láminas, a garantizarles buenas leyes. Así estamos.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.- Y hablando de diputados, pasemos a los agobios de nuestros representantes estatales, metidos en un callejón sin salida, por haber fallado en el diseño de una ley fundamental para combatir de manera eficiente y eficaz la corrupción galopante, que coloniza nuestra sociedad.

La reelección hay que ponerla por delante. Se equivocaron, y permitieron el tránsito por el Legislativo, de una mala ley que acota el espacio de elegibilidad para los candidatos a ser fiscales anticorrupción. Solo los funcionarios que se han desempeñado como subprocuradores o ministerios públicos, fraguados dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado y bajo la influencia del “Señor Procurador”, son elegibles para el cargo. Así lo determina la ley.

Bajo la nueva legislación aprobada, se torna imposible, el buen funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados armaron su propia jaula, se metieron en ella, pusieron el candado y están a punto de arrojar la llave fuera de su alcance. Necesitan patear el tablero, ser disruptivos, reconocer a plenitud su equivocación y convertir con ello, en improcesable políticamente el nombramiento del próximo fiscal.

Iniciar una reforma exprés, que modifique las condiciones actuales de elegibilidad, se hace urgente, para evitar pagar, a través de la negativa a su reelección, los costos de sus errores legislativos. Es el precio de la falta de concentración en los temas que son de su ámbito, y en lugar de ello, estar enfocados a la gestoría de obras, construcción de canchas deportivas, giras con el gobernador para inauguraciones y descuentos de casetas de peaje. A quedar bien con el Ejecutivo, pues, en lugar de convertirse en el filtro, que garantice la calidad de la legislación, como lo mandata el sistema republicano.  Ese es el problema, conste que se los advertimos a tiempo.

@carce55

POLICÍA O MILICIA

Carlos Arce Macías

 El temporal político guanajuatense se avizora intenso y con vendavales, ha comenzado con la fractura entre organizaciones ciudadanas y gobierno, ante la decisión del gobernador Miguel Márquez, de retirar fondos estatales para fortalecer a los cuerpos de seguridad pública municipales, y reasignarlos para la construcción de un cuartel que será ubicado en Irapuato, desde donde operará una brigada militar, asignada por el Ejército mexicano a tareas de vigilancia. El cuerpo de policía militar, conformado por 3200 elementos, constará de 4 batallones. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y fuerza Aérea Mexicana, en su numeral 109, solo debería realizar labores en el ámbito interno del ejército.

Para Gustavo Rodríguez Junquera, nuevo Secretario de Gobierno, se trata de una insidiosa travesura del destino, que lo ubica en una bifurcación peligrosa: su compromiso con los derechos humanos, a cuya defensa ha dedicado su vida profesional, y su nuevo encargo, al mando de la operación política en el estado. La trampa esta armada, y tendrá que obrar con mucha pericia para no quedar atrapado en ella.

La ansiedad empieza a crecer dentro del ámbito de los encargados de la seguridad pública en Guanajuato. Las estadísticas rebelan aumentos dramáticos en el número de delitos. Las principales ciudades, pero especialmente León, están atemorizadas por el despliegue imparable de la criminalidad. Los dos influyentes funcionarios a cargo de la preservación de la paz pública, que venían actuando con seguridad, desenfado y hasta cierto dejo de soberbia, de pronto se han quedado sin respuestas. Su arma estratégica, el proyecto “Escudo”, les hace agua por todos lados, en tanto los cárteles se asientan a lo largo y ancho del territorio estatal.

Por su parte, la mayoría de los ayuntamientos, hacen mutis a su responsabilidad constitucional de ser los garantes de la seguridad pública. Temerosos de las presiones de los grupos delincuenciales, prefieren aceptar el mando único de facto, que el estado les ha propuesto, que asumir a plenitud su responsabilidad.
 Destaco el caso de León, en donde organizaciones civiles y autoridad local, han trabajado juntas, desde las dos últimas administraciones, a fin de caminar en el sentido correcto: fortalecer a la institución policiaca, mejorando sensiblemente las condiciones operativas de la policía municipal. Se sabe, que la única salida de una comunidad amedrentada por los criminales, consiste en tomar en sus manos la responsabilidad de conformar una policía muy profesional, que logre controlar el fenómeno delictivo dentro de su comuna. Es sabido por los expertos, que desde fuera, nunca llegará la solución.

 En la problemática que nos acosa hay una gran falla conceptual, que no se ha identificado cabalmente. Se trata de la necesaria categorización municipal. Porque resulta que los municipios, tratados constitucionalmente de manera igualitaria, no son iguales. La realidad nos presenta pueblos, ciudades intermedias y metrópolis. Cada categoría requiere, en el tema de seguridad, una receta diferente. Pero a todos se les pretende tratar por igual. Idealmente, por ejemplo, León, Irapuato y Celaya, son ciudades que deben poseer, sin excusas ni pretextos, policías cualificados, con capacidades para prevenir y combatir todo tipo de delitos del orden común, y desplegar sofisticados servicios de inteligencia. Esa es su función.

 Las ciudades intermedias, como Salamanca, Acámbaro, Guanajuato, San Miguel, etc., deben de contar con fuerzas disuasivas contra el crimen, bien organizadas, pero que seguramente requerirán del auxilio ocasional de los cuerpos policiacos estatales.

 Muchos pueblos, como Coroneo, Ocampo, Xichú, deberán mantener su policía tradicional, dedicada a funciones muy elementales, y por lo tanto, las fuerzas estatales deberán organizar su despliegue en esos sitios, para evitar el asentamiento de delincuentes en esos municipios. El principio de subsidiariedad debe aplicarse… y el mando estatal, en consecuencia, solo implementarse en las pequeñas localidades.

 Pero también, se debe de definir una cuestión fundamental del combate a los malhechores y la protección de los ciudadanos: que estas deben de estar a cargo de una fuerza civil y no militar. Este es un principio fundante de la función, en apego a las recomendaciones de las mas altas autoridades del tema. Así lo decreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar sendos casos de Perú y México; al tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda severamente: “Dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”(CIDH, Justicia e Inclusión Social: los desafíos a la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 113. Y como referente jurisprudencial: Corte IDH, casos Cantoral Benavides vs. Perú y Fernández Ortega y otros vs. México).

 Por si esto no fuese suficiente para encontrar respuesta sólida a la pretensión de militarizar la seguridad pública en nuestro estado, el viernes, el periódico Reforma, consignó la noticia: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló a México por ignorar sus recomendaciones de retirar las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública”. Lo anterior basado en la reciente publicación del Informe Anual 2016, en el que se denuncia la desatención de nuestro país.

 A contrapelo de las indicaciones de las instituciones garantes del Pacto de San José, tratado internacional que es derecho vigente en nuestro país, el gobierno de Guanajuato, teniendo como segundo de abordo a un abogado especializado en la política de protección a los derechos humanos, decide, ante su incapacidad manifiesta, militarizar la seguridad pública, al tiempo que reduce su apoyo al fortalecimiento de las fuerzas policiacas civiles. El gobernador Márquez y el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, optan por enfrentar a las más conspicuas autoridades continentales, encargadas de la defensa de los derechos humanos. Un borrascoso temporal se cierne sobre el exprocurador de los derechos humanos en Guanajuato, novel secretario de gobierno. Paradojas de la vida.

Twitter: @carce55