RUBICÓN

Carlos Arce Macías

Hay momentos en la gestión de un gobierno, en donde la angustia producida por malas decisiones o falta de estrategias, lleva a tomar medidas desesperadas y urgentes. Es el caso que padecemos en Guanajuato, ante el incremento de la inseguridad y violencia que se advierte en nuestros pueblos y ciudades, al ver las masacres cotidianas del crimen organizado por el control de rutas, ciudades y puntos de extracción de gasolina.

Lejos quedaron las grandilocuentes promesas del gobernante que parecía haber encontrado la pócima mágica para resguardar al estado del empuje criminal que se expandía en otras entidades. Un “escudo” protector, se instalaría en nuestro entorno, el cual eliminaría a cualquier criminal que osará perturbar la “pax guanajuatense”. Los colmilludos encargados de la seguridad y persecución de los delitos, habían identificado a la empresa innovadora que proporcionaría el mágico instrumento de control, garante de nuestra seguridad.

Mas al final de la administración, el castillo de naipes se derrumba. Las duras y fieras miradas de los encargados de nuestra tranquilidad, se han tornado inseguras y medrosas. No saben que hacer, y su jefe, menos. No tienen respuesta coherente ante la urgencia, y como sentenciaba el ingenioso político francés de finales del siglo XVIII, Charles Maurice de Talleyrand: “cuando algo es urgente, es demasiado tarde”.

Y aquí nos tienen, enfrentando la urgencia con ocurrencias. La mas pasmosa, que había sido identificada en un editorial hace meses: la de ubicar, a costa de inversión estatal, un cuartel que albergaría un batallón de policías militares. Desde allí, con más de 2000 efectivos, la seguridad pública estatal sería reconducida, y el maltrecho escudo, zurcido.

La resolución resulta desesperada e inoportuna por varias razones: se enclava en el fuerte disenso entre especialistas, organizaciones pro derechos humanos y juristas, contra el gobierno federal y legisladores, por la reciente expedición de una ley de seguridad interior, controvertida ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucional; se desvían recursos estatales a atribuciones no contempladas para el gobierno de la entidad; incumplimiento en el número de efectivos asignados al cuartel; y la más grave, la apuesta gubernamental de militarizar el estado, sin mediar una intensa y profunda reflexión en su Congreso y la sociedad en general. El ejecutivo se encuentra apanicado por el aumento de los índices criminales.

Militarizar la seguridad pública es el punto medular de todo. Y no parece ser, a la luz de diversos hechos de la historia de la humanidad, la mejor solución. Hemos sido críticos constantes de la indebida intromisión del gobernador en los poderes legislativo y judicial. Esto distorsiona el funcionamiento republicano y los contrapesos institucionales para acotar al Ejecutivo y evitar la corrupción. Con la militarización se profundiza más el deterioro institucional y el óptimo funcionamiento del gobierno civil. Parece que los juristas del gobierno estatal, no tomaron clase de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, y permiten violentar la normas básicas de un gobierno democrático. Ya habrá tiempo para lamentar estas decisiones.

Miren, la civilización romana nos ha legado grandes enseñanzas. Una de ellas es la relativa a la relación entre el gobierno civil y la milicia. Durante el período de la república romana, el de mayor vitalidad cívica, las legiones romanas tenían prohibido adentrarse en territorios cercanos a Roma, su gran capital y sede del gobierno. Así se establecía por ley, para evitar que la fuerza militar presionara políticamente al Senado y al pueblo romano (SPQR “Senatus Populusque Romanus”, El Senado y el Pueblo Romano), que era la simiente de la vida republicana. Por esta disposición, los ejércitos no podían vadear el río Rubicón, situado en el norte de Italia, bajo pena de muerte. El propósito de esta medida, era precisamente mantener lejos de la influencia militar, a las instituciones civiles. Esto funcionó sin graves tropiezos durante siglos, hasta que durante el año 49 A.C., el victorioso general, y conocido populista Julio César, violó la ley y cruzó el Rubicón con sus ejercitos, para caer sobre Roma. “Alea jacta est” (la suerte está echada), sentenció, y con ello dio comienzo una serie de guerras civiles que decretaron el fin de la república romana, para ser sustituida por un imperio, la forma de gobierno gobierno autocrático, que igual presentó a Octavio Augusto o Marcos Aurelio, que a Nerón y Calígula. La tutela militar, es una de las formas más efectivas de liquidar una república.

De esta experiencia y muchas otras que nos puede dar la historia, se perfila también el sabio consejo de Talleyrand: “las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas”. El ejercito debe ser contenido en sus cuarteles y solo ser requerido para asuntos extraordinarios, y no por las desatenciones de los gobiernos locales y estatales, para formar cuerpos policiacos capacitados, que puedan enfrentar y eliminar a la delincuencia.

Echar mano del ejército, poniéndose en manos de sardos, contratados para la custodia de instalaciones militares, no es buena idea. El ejército mexicano esta siendo corrompido por el crimen organizado, igual como lo hacen con las policías. No hay diferencia. Analicen su actuación en Sinaloa, Chihuahua-Durango y Guerrero. Ahí las fuerzas armadas tienen lustros operando en esas zonas, y la delincuencia está más cómoda que nunca, funciona a sus anchas. Como pintan las cosas en Guanajuato, pronto los criminales contarán con un nuevo cuerpo de apoyo, ya verán.

@carce55

Anuncio publicitario

CUARTELAZO

Carlos Arce Macías

 El término cuartelazo es equívoco. Sirve para denominar un levantamiento militar sobre materias de incumbencia civil; pero también puede ser el superlativo de una construcción destinada a albergar soldados. El gobierno de Guanajuato, cree que se trata de la segunda acepción, al involucrarse en el financiamiento de una construcción castrense, dentro de la zona militar de Irapuato, que albergará a una brigada del ejército, compuesta por 3200 policías militares que llegarán a colaborar amablemente con la policía estatal y local. Los especialistas en derechos humanos y juristas, piensan en el peligro inminente de encumbrar a los militares en tareas del gobierno civil, propiciando su empoderamiento; porque siempre será difícil alejar a los militares del poder, una vez asentados en el. Si no, pregúntenle a Madero y Carranza, que perdieron la vida en el intento.

 En la última semana, fuimos testigos a través de un video, de cómo un militar en el estado de Puebla, en enfrentamiento contra civiles, ejecutaba sumariamente a un individuo rendido. Ese homicidio a sangre fría, iguala al ejército con los delincuentes; ambos disponen de la vida de las personas con total desenfado. El infausto evento, volvió a desatar la discusión sobre la intervención militar en los asuntos de seguridad pública.

 No en balde, cuando en el constituyente de 1857, se discutía la pertinencia de acotar las acciones militares, el brillante jurisconsulto Ponciano Arriaga, presentó un voto particular en la discusión del artículo 129 que norma esta cuestión: “Cuidar de la paz y seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones de la autoridad que obra a nombre de la ley; la ley es la expresión de la voluntad popular y los funcionarios militares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles en todos los negocios que no tengan íntima y directa conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley”.

 Al ejército hay que temerle, tiene armas y sabe matar (abatir), esa es su función. Por eso debe de estar recluido en sus cuarteles, y solo abandonarlos cuando sea requerido por la autoridad civil, salvo caso de guerra.

 Por eso, resultó muy importante la definición de la Suprema Corte de Justicia, de 1996, que resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 1/96, presentada por un grupo de diputados federales de la LVI Legislatura. Ahí se estableció la pertinencia de la intervención del ejército, sin suspensión de garantías individuales, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: A) Que se haga a solicitud de expresa de las autoridades civiles. B) Que se sujeten al mando de dichas autoridades.

 Bajo esta formula, el asentamiento de una brigada de policía militar por tiempo indefinido en Guanajuato, no concuerda con la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia, al texto constitucional. No hay llamado, en su caso, este debe de motivarse y fundarse, y establecer la temporalidad de la operación militar en territorio guanajuatense. Las fuerzas castrenses, deben por lo tanto, no coordinarse, sino estar bajo el mando de la autoridad civil. Es la única manera de no violar la Constitución.

 Por si fuera poco, la ocurrencia de habilitar a miembros del fuero castrense para llevar a cabo funciones de seguridad pública, puede configurar la violación flagrante del artículo 115 constitucional, al establecer una autoridad intermedia, la militar, entre el ayuntamiento y el gobierno del Estado. Esta circunstancia se propicia al quedar el mando de una parte de la operación policiaca a cargo de una entidad completamente externa al municipio y al estado.

 Más aún, la organización de células operativas, compuestas por algunas decenas de militares, acompañadas de un policía municipal, como lo describió recientemente en entrevista radiofónica el Secretario de Seguridad Pública del Estado, pondrá en serias dificultades a los jueces, cuando tengan que juzgar las circunstancias de la detención de un presunto delincuente. No será fácil hacer caso omiso del hecho, de que la detención fue realizadas por elementos del ejército mexicano y no por la policía. ¿O se prestará a la farsa el Poder Judicial de Guanajuato?

 La policía militar tiene sus atribuciones perfectamente definidas por el artículo 109 de la Ley Orgánica del Ejército, y no está jurídicamente habilitada para intervenir en asuntos del fuero civil. Está violando por lo tanto su ley. Esto, parece no importarle a las autoridades militares, permitiendo la violación del Estado de Derecho.

 Pero pasemos a la banalidad: la construcción del cuartelazo. Entendemos que se ha constituido un fideicomiso para ello. Se gastará una cantidad que ronda los 300 millones de pesos, que aportará el estado. La construcción se asentará en terrenos federales ( zona militar), y la obra pública la realizará la Secretaría de Defensa, dada su eficiencia para construir cuarteles en muy poco tiempo (Secretario de Seguridad Pública dixit).

 Y esto llama a una seria reflexión: ¿puede el estado de Guanajuato destinar recursos al ejército? Los dineros públicos, están sujetos a una estricta normatividad. Su destino son ciertos fines muy concretos, y no se pueden distraer en objetivos que no le son propios, ya que de hacerlo, estaría cayendo en la zona de responsabilidades del ámbito penal. Los dineros públicos, de un gobierno civil, pertenecen al fuero civil. El fuero castrense, a través del presupuesto federal, tiene sus propios recursos, incluso, para edificar cuarteles para la tropa. Trasladar recursos de un fuero a otro, resulta un acto administrativo temerario y peligroso. Yo no me arriesgaría.

Twitter: @carce55