Carlos Arce Macías
Esta ha sido una larga semana en la que se han producido diversos eventos que predicen que la realidad política de Guanajuato continuará por los mismos senderos sórdidos, que tan bien conoce el actual gobernador. Difícil que el cambio anunciado a los cuatro vientos por la gobernadora electa se convierta en realidad.
Hemos descubierto que Diego Sinhué es tan mal gobernante como caballista. Así acabó en el suelo con dos costillas rotas, como presagio de un fin de sexenio totalmente desafortunado. Un día después del accidente, el fiscal despedido, decidió, con descaro, auto incrementarse su pensión, a la vez que su esposa fue propuesta por el propio gobernador, en funciones de escudero del fiscal, para ocupar una magistratura para la cual no cuenta con la experiencia exigida por la ley. Revelando un apego inusitado a la nómina gubernamental, hasta la hija del funcionario obtuvo premio: fue contratada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Pero lo más excéntrico sucedió en el Congreso local y me recuerda cuando un amigo de juventud, jugando frontón, se pisó él mismo su mano con la que sostenía la raqueta. Fue algo excepcional. Difícilmente encontraremos un caso similar ya que se necesita una remotísima combinación de mala suerte y torpeza. Pero en el Congreso local pasó. El grupo parlamentario panista de la LXV Legislatura, pasará a la historia por su ineptitud e impericia. Voy ahora a la narrativa de la cuestión.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC) identificó, de acuerdo a sus atribuciones, que el área de adquisiciones del gobierno del estado y de los municipios, era la zona que presentaba más señales de corrupción. No olvidemos que es en esa área de la burocracia en donde se generan los llamados “moches”. Se detectan continuamente la aceptación de sobreprecios en productos y servicios, por los que los proveedores entregan luego, a los funcionarios o prestanombres, cantidades que van del 10 al 30 por ciento del costo del contrato específico. Dinero público que acaba en los bolsillos de los políticos.
Conscientes de esta problemática las abogadas Katya Morales y Andrea González presidentas del CPC, llevaron a cabo, acompañadas por diversas instituciones gubernamentales y ciudadanas un puntual diagnóstico del problema; y posteriormente celebraron un convenio de colaboración con el Congreso del Estado. Entusiasmados por los trabajos del CPC, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, universidades, observatorios, fiscalía y contralorías, los diputados panistas decidieron presentar, como iniciativa de su grupo parlamentario, y firmada por todos, una profunda reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
Muy orondo el diputado Zanella manifestó en tribuna las virtudes excelsas de su iniciativa: “La propuesta permitirá generar un historial de cumplimiento en compras del sector público, fortalecer los procesos de transparencia en materia de adquisiciones y la creación de un sistema de evaluación de los proveedores”. Hasta aquí todos contentos, pero…
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De pronto todo se frenó. Desde la Secretaría de Finanzas se atacó la reforma. Zanella recibió instrucciones de Juan Carlos Alcántara, jefe de Gabinete de Sinhué, de parar todo. A través del diputado Miguel Salim, se filtró que la gobernadora electa no veía con buenos ojos las reformas a la ley de adquisiciones, que podría frenar de tajo los moches.
Con la cola entre las patas, temerosos, desalentados y haciendo el peor de los ridículos, los legisladores panistas convocaron a sesión de la Comisión de Hacienda y en unas cuantas horas dictaminaron el desechamiento de su propia iniciativa. Sospechosamente descubrieron que estaba muy mal hecha, eso dijeron.
Pongámonos serios y analicemos en perspectiva la importancia de un verdadero control de las compras públicas y el abatimiento del moche. Se trataría de una estrategia que complicaría en grado sumo la obtención de dinero público para luego ser aplicado a la compra de votos durante las campañas. Significaría también, que Libia tendría que convencer a sus gobernados de votar por su partido, no mediante regalos y dádivas, sino a través de la construcción de un buen gobierno y una administración pública eficaz. Si esto sucediera, la primera consecuencia sería la separación de los cargos que ocupan, de los operadores de clientelas electorales y mercadeo de votos. Por eso había que parar urgentemente esa reforma. Iba al corazón de la corrupción. Los panistas prefirieron pisarse la mano con su pie.
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