PUERTA DE EMERGECIA

Carlos Arce Macías

Debería de agraviar a los guanajuatenses la reciente conferencia de prensa, de la pasada semana,  sostenida por los candidatos a diputados federales y senador de la coalición “Por México al Frente”, en la que proponen reformas penales regresivas, para imponer la prisión preventiva por portación de armas y robo de hidrocarburos. Consideran que el cambio al artículo 19 constitucional, dará el toque mágico para restablecer la paz y la seguridad pública del estado. Se equivocan de cabo a rabo.

Lo que pretenden es reconfigurar la facultad discrecional de las policías y fiscalías para poder enviar en automático a los ciudadanos a la cárcel, pretextando que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, fundado en el principio de presunción de inocencia no permite detener a los criminales instantáneamente. ¡Imagínense, hay que recabar y custodiar pruebas! Por eso pretenden volver a la rudeza, violatoria de derechos humanos fundamentales.

En estos días, el tema penal que comentamos, bien puede combinarse con la civilizada propuesta de un candidato a la presidencia de “mocharle las manos a los ladrones”, así como a la vieja insistencia del Partido Verde de reimplantar la pena de muerte en México. Todo vale para salvar cara a los políticos, frente a la sanguinaria ola de crímenes que se viven en el país. Pero hay que explicar la trampa que envuelve a estas retrógradas posiciones.

El gobierno constitucional ha sido diseñado, históricamente, para garantizar la paz, la seguridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Esa es su función primordial. Y para ello, debe de realizar labores como la persecución de los delitos, de juzgamiento de los criminales, su reclusión y readaptación. Es un ciclo que garantiza a cualquier sociedad su desarrollo y tránsito a un mejor estadio civilizatorio. Sin ese componente funcional, el Estado será fallido.

Pero siendo esta la esencia de la organización de una sociedad, los gobernantes, sobre todo los de temperamento populista, prefieren dedicar sus esfuerzos a una actividad gubernamental secundaria: ayudar a la sociedad, comprometerse con los grupos más vulnerables, trabajar en acciones asistencialistas. El reparto del dinero es lo suyo: tinacos, gallinas, láminas, mochilas, uniformes, tabletas. O bien, la construcción de obras públicas a sobre precio, para luego recabar “los moches” directamente con los constructores beneficiados por las sospechosas asignaciones directas. Eso es lo bonito de gobernar, porque así, un pueblo pisoteado a base de dádivas, pierde la dignidad y ofrece su voto, sin recelo alguno.

Por supuesto, cuando las cosas se ponen feas, como en el caso que ahora enfrenta Guanajuato, el gobierno debe de dar respuesta a una ola delictiva muy compleja, y todo se les complica. Han estado ejercitados para contratar y repartir, más no para gobernar las partes más delicadas y sofisticadas del sistema. Eso no lo conocen y no les gusta.

Así las cosas, les parece fácil tomar el camino más sencillo, que es el restablecimiento del viejo sistema persecutorio de los delitos, basado en amplias facultades de la autoridad para torturar, imputar sin pruebas y encarcelar provisionalmente. No le demos vuelta al asunto, la referida reforma que pretenden algunos legisladores y los boquiflojos candidatos a representarnos en la siguiente legislatura federal, es otorgar a las torvas policías, la posibilidad de “sembrar armas”, para, con ese motivo encarcelar a quien ellos decidan, sin que el juez sea quién defina la situación frente a las pruebas aportadas. Como muchas veces fallan técnicamente, las policías y ministerios públicos mal entrenados, acusan que la decisión del juez, provoca una “puerta giratoria”, en la que por un lado ellos capturan, y por el otro son liberados los malhechores. En realidad se trata de un trabajo mal hecho.

El nuevo sistema penal acusatorio, se basa en el principio de presunción de inocencia para los ciudadanos, que es un postulado sagrado del Derecho. Nadie debe de ser encarcelado, ni siquiera preventivamente, en tanto no haya indicios de su probable culpabilidad. La construcción de este nuevo procedimiento penal, exige la intervención de policías y fiscales muy bien preparados. Y es aquí donde aparece el problema para los actuales funcionarios: no les gusta gobernar en sentido estricto, les gusta contratar, les gusta repartir, les gusta inaugurar, les gusta promocionar, les gusta viajar. ¡Qué bonito es lo bonito!

Y sí, es mucho más complicado conformar buenos servicios públicos, como el de salud, el de emergencias, el de disposición de deshechos sólidos, de transporte público, en donde se requiere talentos gerenciales, actitud anticorrupción y disponer de mucho tiempo y coordinación con diversas áreas de la administración. Es bucear en los intestinos de la burocracia, trabajo de plomería que no agrega sex appeal a los funcionarios.

Por eso consideran que es mejor ceder los bártulos a la vieja guardia de cabos municipales y policías judiciales para que resuelvan rápidamente cualquier delito, a base de tehuacanazos y sembrando armas para tener detenidos de manera eficaz y sin probanzas. Recomiendo ampliamente la lectura del más reciente libro de Jorge Volpi, “Una novela criminal”, que relata puntualmente el caso Israel Vallarta- Florance Cassez. Un secuestro, pago, liberación y una sofisticada metodología para identificar a los secuestradores: subir a la víctima a una patrulla, para durante una semana buscar en la congestionada zona sur de la Ciudad de México un Volvo S-40 blanco, que era lo único que había identificado la víctima. Solo encontraron, de pasadita,  uno plata, pero no importaba, fue suficiente para iniciar la persecución. El escándalo mundial por el caso y la tensión con el gobierno francés, estaba garantizada. ¡Una vergüenza para México!

El mantenimiento del actual sistema penal acusatorio es fundamental para obligar a nuestros gobernantes a hacer la verdadera tarea de gobierno, ya se los dijo el doctor Miguel Carbonell sin tapujos, en reciente visita a León: preparar policías, fiscales y peritos profesionales bien equipados. Solo así se puede combatir a los criminales. La legislación no requiere cambios, sostuvo el académico de la UNAM.

Abrir un boquete al sistema penal acusatorio, modificando el artículo 19 constitucional, es la peor fórmula que se puede encontrar para enfrentar a la delincuencia. Pero quizás erramos, y los futuros gobernantes y legisladores lo que realmente desean es continuar contratando, inaugurando, repartiendo y gestionando, en tanto la policía y la procuraduría, rompiendo el principio de presunción de inocencia, atrapan delincuentes a la antigüita. Tratan de encontrar su salida de emergencia.

@carce55

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