LA RAÍZ DEL MIEDO

Destacado

Carlos Arce Macías

Una vez más hay que reafirmarlo: los malos gobiernos no construyen buenas policías. Estamos exigiendo un imposible, que solo se sostiene en un país afecto a la milagrería. Y no debería haber sorpresas ante la incapacidad de las policías municipales para enfrentar a las gavillas que los gobiernos estatal y federal han permitido que operen impunemente.

Narco terrorismo, pánico en las calles

Seamos claros: los malos gobiernos son aquellos en los que la corrupción ha tomado carta de naturalización. Y hay que dejar bien asentado, que no se trata de las acciones individuales de malos empleados y funcionarios que se realizan a través de actos aislados para esquilmar los recursos públicos que tienen a su disposición. El tema es la conformación de redes criminales dedicadas al saqueo sistemático de los recursos públicos por dos motivos: el enriquecimiento de altos funcionarios y a la conformación de fondos para mantener el poder y la subsistencia de su red de corrupción. Todo con el objeto de financiar campañas electoreras multimillonarias, que puedan contratar “operadores” y disponer de dinero en efectivo para comprar miles de votos. Ese es el dato crítico.

Debemos tomar consciencia que cada voto comprado, cada calentador solar obsequiado, cada saco de cemento proporcionado, se convierte en freno paratener una buena policía. Porque los buenos gobiernos requieren del respaldo de una decisión genuina, basada en el voto libre, para sufragar por la mejor opción, que siempre será aquella que garantice un gobierno eficaz. Solo a partir de allí podremos empezar a mejorar nuestro entorno.

Pongo un ejemplo: los chalecos antibalas. Hemos visto, en infinidad de ocasiones, como son descubiertas asignaciones o licitaciones a modo para comprar estos chalecos a sobre precio. Las gestiones las realizan las propias áreas de seguridad pública, que intentan, mediante tranza, obtener moches para sus mandos. O bien las compras de patrullas, siempre cargadas de sobre precios, con el mismo fin: alimentar la red de corrupción institucionalizada dentro de los gobiernos. Si así actúa la policía, cuyo signo debería ser la honestidad: ¿qué podemos esperar de todo lo demás?

¿Y que sucedería si poseyéramos una buena policía? Pues que esta acabaría persiguiendo e investigando a sus propios jefes municipales y combatiendo sus prácticas corruptas. Esto resulta imposible sin antes haber construido, desde los votos, un compromiso pleno con la honestidad.

El cáncer que invade a nuestros gobiernos es la corrupción, el medio, las elecciones compradas. La podredumbre tiene acta de nacimiento desde lo electoral. Malos partidos políticos, acostumbrados a manejar carretadas de dinero, de origen inconfesable, para la operación del día de la votación, mientras los gobiernos se dedican a clientelizar a los ciudadanos, a despojarlos de la libertad de voto, de su dignidad, condicionándolos a la entrega de mercaderías y acciones asistenciales nimias.

Pongamos el ojo en la acción de los gobiernos. No están dedicados a gobernar. Se han convertido en centros logísticos de distribución de dádivas, engañando a la ciudadanía con falsos argumentos sobre la manera de erradicar la pobreza. Esta no se combate con la dádiva, se enfrenta estableciendo un clima de paz y seguridad, fabricado por un gobierno eficaz y eficiente, para que las personas desarrollen sus propias capacidades y salgan adelante por sí mismos.

La raíz del miedo está allí, en los zafios que nos engañan disfrazándose de administradores públicos, dedicados al peculado y la extracción de rentas para ganar elecciones y llenarse los bolsillos. Entendamos: en tanto no paremos el saqueo institucionalizado, no accederemos a la construcción de gobiernos íntegros y profesionales, y con ello a construir cuerpos de seguridad que garanticen una sociedad en paz. Solo eso sería el comienzo de algo mejor.

Dádivas, no gobierno

 

 

 

 

 

 

 

 

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SERRAT Y EL ROBO A LA JUVENTUD

Carlos Arce Macías

 

En esta vida lo importante no es lo que te ocurre, sino como lo afrontas.

Joan Manuel Serrat

“La violencia nos ha robado la juventud y ha usurpado el valor del ser humano” denunció el jueves pasado el estudiante Eustaquio Guillén de la Universidad de Guanajuato, frente a los consternados funcionarios estatales, Libia Denisse García, secretaria de Gobierno y Alvar Cabeza de Baca, secretario estatal de seguridad; mientras el gobernador atendía en León un foro del Tec de Monterrey sobre integridad en los negocios.

Serrat, doctor Honoria Causa

Antes, el 27 de mayo, el cantautor español Joan Manuel Serrat, trovador cuyas canciones han coincidido con diversas etapas de nuestras vidas, recibía en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica un doctorado Honoris Causa. Su discurso, como sus canciones, llamó a profundas reflexiones sobre la realidad que aqueja este mundo que nos ha tocado vivir.

Los jóvenes universitarios pertenecientes a la comunidad de la UG reclamaron, luego del asesinato de un estudiante perpetrado por la Guardia Nacional, la inseguridad que se cierne sobre ellos. Sentenciaron con rudeza: “En los últimos años la inseguridad ha destrozado familias y ha enterrado en el silencio a víctimas inocentes”, ante el ceño fruncido, del poco empático secretario a cargo de la seguridad. Con ese rostro de pocos amigos, su ausencia se hubiera agradecido.

Un secretario impávido

Con sus 78 años a cuestas, el poeta catalán “amasaba palabras que hilvanaba desde la entretela de su alma”, para formular pesadas reflexiones, que iban cayendo poco a poco sobre un atento auditorio. Decidió echar a volar sus pensamientos, y como hombre, fruto de su tiempo y del mundo que le tocó vivir, decretó que “nuestra sociedad ha perdido la confianza en el sistema, en sus representantes e instituciones, donde los jóvenes se sienten engañados y los mayores traicionados. Y donde más que nunca, nos necesitamos los unos a los otros, porque todos somos importantes”.

En tanto, Sofía Huett, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública declaraba el miércoles que la posición de Guanajuato como la entidad más violenta, con 336 homicidios dolosos en mayo, “no se debe a rachas de inseguridad de la entidad (?), sino al crimen organizado”. Menos mal.

Mientras, Joan Manuel continuaba su disertación académica señalando:” Ha sido grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad, más que una crisis económica es una crisis de modelo de vida. Espectadores y víctimas parecemos esperar que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí”. Y es entonces cuando se entiende con claridad la necesidad de recambio de una clase gobernante extraviada y pasmada.

Y es que nos desesperamos de vivir en este estado, que se asemeja a un barquito de papel, conducido por pésimos marinos despistados en los laberintos del poder y los presupuestos, incapaces de entregar a los ciudadanos el ingrediente más importante para la vida en sociedad: la paz y la garantía de seguridad. En tanto, nuestros jóvenes lanzan un grito desesperado, reclamando su juventud arrebatada por un crimen coordinado, equipado, organizado y potenciado por policías incapaces de enfrentarlos; inventados a la carrera, desanimados, carentes de preparación profesional y mal pagados. Las ráfagas de inseguridad se han llevado el gozo juvenil, teniendo como impasible testigo a un gobierno incapaz de cambiar, petrificado en sus intereses.

Haciendo camino al andar, el bardo catalán prescribe una receta para la cruda realidad que enfrentamos: “Recuperar los valores democráticos y morales sustituidos por la vileza y avidez del mercado donde todo tiene un precio. Hay que restaurar la memoria y reclamar un derecho para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. Quizás no conocemos el camino para ello, pero si sabemos cuáles son los caminos que no debemos de volver a transitar. Que los poetas no dejen de alzar la voz y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver piedra nuestros corazones”.

*El discurso de Serrat puede encontrarse en YouTube bajo la clave de búsqueda ”serrat costa rica”.

Serrat en la U de Costa Rica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REELECCIÓN, LA RIFA DEL TIGRE

Carlos Arce Macías

 

Uno de los grandes problemas que enfrenta el quehacer político es el del traspaso del poder en una sociedad. Durante mucho tiempo se resolvió a través de un mecanismo hereditario, el gobernante en turno dejaba su puesto a alguno de sus hijos. Con los profundos cambios que aparecen durante el llamado ¨Siglo de las Luces¨ (siglo XVIII), la civilización busca un método que permita garantizar mejores gobiernos. Inspirándose en la República Romana, el célebre jurista y filósofo francés Montesquieu, propone el modelo republicano frente a la monarquía. Se trata de que mediante elecciones se escoja a quien conduzca, por cortos periodos, los destinos del pueblo, previendo contrapesos institucionales (poder legislativo y judicial), que eviten excesos autoritarios. Así nació el republicanismo moderno, y con él, la necesidad de elecciones libres, bien organizadas, mediante votos bien contados, para poder designar a un sucesor periódicamente .

 

El proceso es mucho más complejo de lo que parece conceptualmente, ya qué hay que contar con un entramado de instituciones que aseguren un procedimiento funcional, que legitime, frente a los electores, al nuevo conductor de la sociedad. Las naciones con una tradición política más reflexiva y experimentada, han logrado instituir procedimientos precisos, que funcionan adecuadamente, para producir ejecutivos sólidos, que se encarguen del gobierno del país. Estados Unidos es posiblemente, el mejor ejemplo de ello.

 

Pero a los latinoamericanos se nos ha complicado la cuestión. Los resabios del imperio español aún merodean nuestro subconsciente colectivo. En general, marcados por el golpismo y el caudillaje, hemos tropezado constantemente con las ambiciones personales, que bloquean la posibilidad de contar con gobiernos electos sin trampas, democráticamente. En México, a partir de nuestra independencia, dimos tumbo tras tumbo, hasta arribar a 1880. Esta es una fecha importante, pero olvidada para los mexicanos. Lo explico.

 

En el año de 1880, se construye la posibilidad de tener elecciones relativamente funcionales para proceder al nombramiento del general Manuel González como presidente de México. Parecía que por fin, accedíamos a una normalidad republicana, que acotara la ambición del gobernante en turno, no permitiéndole continuar en el puesto mediante la reelección consecutiva. Y es que así lo habían hecho Sana Anna, Juárez y lo había intentado Lerdo de Tejada. El afamado general Porfirio Díaz Mori, héroe de la guerra contra el Imperio, dejaba el cargo de presidente y lo sucedía el también general Manuel González. Todo pintaba bien. Era necesario ordenar al país, darle por fin paz, luego de tanta guerra, y construír un ambiente que propiciara el desarrollo. 

 

El gobierno de González logro acuerdos con los norteamericanos para la construcción de sendas líneas de ferrocarril, que sirvieran como columna vertebral para comunicar a México. Esta importante inversión, resolvió la amenaza constante de los vecinos del norte de replicar una nueva guerra de intervención contra México. Las acciones militares en Chihuahua y Tamaulipas, para perseguir a los indios que violentaban esas regiones, desactivaron la posibilidad, siempre amenazante, de invasiones del ejército norteamericano, en persecución de la apachería. El futuro parecía propicio para celebrar el nacimiento de una nación moderna, capaz de elegir a sus gobernantes por la vía electoral, sin que mediaran problemas graves.

 

La historia la conocemos bien. Porfirio Díaz regresó a la titularidad del Ejecutivo, y se quedó allí durante 27 años continuos, simulando elecciones libres y limpias. Muchos logros tuvo el Porfiriato, pero todos ellos, no logran darle buena cara al régimen que propició una revolución violentísima, que una vez más, sumió de nuevo al país en el retraso, el dolor y el baño de sangre.

 

Es por eso, que debemos de reflexionar seriamente, frente a las sugerencias de una posible reelección del presidente de la República. ¿No aprendemos de nuestra historia? ¿No ha sido suficientemente clara la violencia desatada por intentar alterar los periodos de gobierno prefijados? ¿Queremos tropezarnos una vez más con la misma piedra que puede acabar arrasando nuestro frágil sistema republicano? Meditemos un poco.

 

La loca carrera por el control del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha desatado Morena, no haría otra cosa que dejar sin efecto una institución vital, encargada de darle legitimidad a la elección. Desmontar el mecanísmo, convirtiéndolo en un títere del gobierno en turno, solo producirá la clausura de la vía democrática, evidenciando la tiranía. La lucha política, dejará de ser por los votos, se librará en las calles, con acciones que puedan dañar profundamente al ogro gobernante. Serían el equivalente a las asonadas militares del siglo XIX. México se tornará en la Venezuela de hoy, de eso no habrá duda. Y por cierto, los norteamericanos felices sosteniendo un gobierno pillastre y autoritario, que siga puntualmente las órdenes que se le dicten desde Washington, sin chistar. Esa condición ya la vivimos en estos momentos, ellos ordenan y nuestro gobierno federal acata.

 

No tengan duda, meternos a jugar con el sistema electoral mexicano, hacerle cosquillas al tigre, es reeditar un estado de violencia política generalizada, que se sumara a los gravísimos problemas de corrupción y criminalidad que ya padecemos y que el actual gobierno no ha podido controlar. No solo eso, se han incrementado los estragos y le sumaríamos uno más, que en su momento histórico produjo un millón de muertos. Intentar permitir la reelección es un incendio fácil de provocar, que luego nadie podrá apagar. Es para los mexicanos sacarnos la verdadera rifa del tigre. Esas si son rifas trágicas.

MORIR ES UN ALIVIO

Carlos Arce Macías

 

Esta semana, el prestigiado diario español “El País” y la revista Nexos, , publicaron un texto de Karina García Reyes, basado en su tesis doctoral, en donde plantea, desde entrevistas con diversos personajes implicados en el negocio del narco, cuales son las más profundas motivaciones que propician la incorporación a esa infernal actividad criminal. 

 

La doctora García Reyes desarrolló su estudio en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, y en el, entre otras cuestiones presenta tres que nos llaman la atención: 

1.- Que para atacar las causas de la brutal violencia que padecemos, debe de actuarse desde el ámbito local.

2.- La urgente necesidad de la desmilitarización.

3.- Des institucionalizar la violencia.

 

Si tomamos en cuenta el terrible conflicto que se vive en Guanajuato, más vale que las autoridades verifiquen el tamaño de problema que hay que enfrentar, y constaten que hoy por hoy, no cuentan con el equipo humano necesario para acometer las tareas ineludibles para pacificar la región. 

 

El primer punto es que las policías, en el estado en que se encuentran, son parte del problema, no de la solución. Que insistir en mantener al  funcionario a cargo de de la policía estatal en el puesto, acabará convirtiéndose en uno de los más significativos lastres para el gobernador Rodríguez. Se debe de ir ya. 

 

La acción inicial que debe de emprenderse, es la profesionalización y depuración de las policías municipales. Pero estas no pueden ser mejoradas, a causa de la paupérrima calidad de los gobiernos municipales. Los ayuntamientos, en su mayoría están formados por políticos egresados de un ambiente partidocrático, cuyo perfil es el de siniestros operadores políticos, inmiscuidos en la transa y el desaseo en los asuntos públicos. Bajo la conducción de estos nefastos personajes, la vida local está condenada al fracaso administrativo y a la pillería legendaria de esta escoria política. No son confiables, salvo casos excepcionales, no poseen virtudes cívicas y administrativas y por lo tanto, nunca podrán construir organismos policiacos funcionales. ¿Cómo le hará Diego Sinhué para arreglar esta explosiva cuestión? Para empezar debe de gobernar poniendo el ejemplo, y hasta ahora,  el área policiaca estatal presenta muchas más dudas que certidumbres sobre su desempeño. Mal fario.

 

Los municipios aparte de formar buenas policías, necesitan implementar programas muy bien estructurados de intervención, para desarticular la violencia intrafamiliar (el odio hacia el padre violador y golpeador) y el pandillerismo, que es la simiente de la violencia que padecemos. No es mediante incursiones policiacas, sino con la ayuda de trabajadores sociales, sociedad civil organizada, sociólogos, antropólogos y psicólogos, que se puede empezar a paliar el machismo predominante que está despedazando a nuestra sociedad.

 

Las acciones militares, tienen que ser quirúrgicas. La presencia militar, está probado académicamente, solo contribuye a producir más muertes y violencia, al fijar en el subconsciente colectivo de los criminales sus características de respuesta violenta. Si lo que deseamos es continuar incrementando la mortalidad de la conflagración que padecemos, la receta es muy sencilla: más militares en las calles, y menos intervención netamente policiaca y de reconstrucción del tejido social. 

 

Por último, se requiere combatir el proceso de institucionalización de la violencia que hemos ido implementando, esencialmente por falta de orientación de una disciplina fundamental: la sociología jurídica. En cambio hemos intentado apagar el fuego con gasolina, extremando penas y olvidando los procesos de readaptación. Pregunta: ¿a cuántos primo delincuentes hemos reformado? Confundimos la criminalidad con el terrorismo y nos enorgullecemos de encarcelar a ciudadanos por ese supuesto delito. Fomentamos también la posesión de armas de fuego, al modificar la ley para establecer la defensa propia automática, cuando se lesione o asesine a cualquier persona dentro de un domicilio privado. Y  no se diga de la violación al principio de presunción de inocencia, al imponer la prisión preventiva oficiosa indiscriminadamente. Gran culpa tienen de ello los diputados irresponsables, incapaces de acudir a la consulta con sociólogos, criminólogos y antropólogos sociales. Prefirieron responder al clamor de sus indignados representados, imponiendo la política de la cachiporra… a golpes y sin inteligencia. Muy primitivos.

 

Las entrevistas puntuales con más de treinta criminales, distribuidores, sicarios, transportadores y guardaespaldas, recogen una vida de violencia desde la juventud, así como el insensato abandono de esos problemas por parte del gobierno, especialmente el local, quién por si fuera poco, también es el encargado de controlar la violencia intrafamiliar, que parece ser, el origen de todos los males. Nos encontramos frente a una niñez acosada por adultos bestiales, una sociedad anodina ante estas cuestiones, vidas tiradas al caño y a la basura, así como la plegaria de estas victimas, convertidas a su vez en monstruosos sicarios, por un alivio definitivo: morir. Dramático y tenebroso paisaje. Reto enorme, para una administración estatal mal armada y para gobiernos municipales (muchos de ellos) ladrones e irresponsables.

CORRUPCIÓN Y SANGRE

Carlos Arce Macías

Guanajuato se encuentra inmerso en un festín homicida, del cual no sabe como salir. Un mal diagnóstico comprime la actual condición a un problema policiaco. Pero en tanto no sean reconocidas las causas y se comiencen a tomar las decisiones valientes y correctas que se requieren, la cuestión no solo no mejorará, sino que empeorará.

Debemos ser asertivos, el verdadero problema es la corrupción política, como sucede en todo México, y aquí no nos escapamos de ello. Tardó un poco más en estar presente entre nosotros, pero finalmente emergió y se extendió en nuestro estado. Ahora somos testigos de cómo la delincuencia organizada florece y puebla las zonas más ricas de la entidad, mientras invierte y lava su dinero bajo la cobertura del crecimiento industrial, comercial y habitacional.

La corrupción política es la madre de la delincuencia organizada, y es aquella que se da en el seno del poder. Se genera por las distorsiones que se van tolerando en el régimen político, como pequeños y banales defectos, que se van incrementando, poco a poco,  hasta hacer que los coyotes se conviertan en los amos del gallinero. Pequeñas trampas dentro de los partidos como el manipuleo de los padrones de socios, el ninguneo a falta de debate interno, la utilización de dádivas para obtener votos en elecciones internas, el sectarismo y la exclusión de militantes, para desembocar en el autoritarismo pleno, que liquida cualquier manifestación democrática, dando lugar a la implantación de la corrupción política generalizada en nuestro sistema político. Ese es el origen: la falta de métodos democráticos internos, celebración de elecciones primarias obligatorias, de acceso a participar en los partidos, a la posibilidad de candidaturas ciudadanas viables, a una verdadera competencia interna leal, entre los ciudadanos, para acceder a los puestos de representación y al gobierno.

El sistema electoral está quebrado y tripulado por el más nefasto autoritarismo, que se convierte en el caldo de cultivo más propicio para la corrupción política. Cuando solo uno decide todo, la corrupción está garantizada. La democracia y la separación de poderes, no son solo mecanismos de ejercicio administrativo para hacer que el gobierno y el Estado funcionen bien, sino que son diques que evitan que la estructura mafiosa y corrupta, anide y colonice las instituciones gubernamentales, y que desde ahí le ofrezcan cobertura a la delincuencia. Y es en ese preciso momento, cuando se logra la cobertura, en el que la delincuencia se convierte en “organizada”.

En Guanajuato, no nos hagamos tontos, existe delincuencia organizada desarrollándose en zona de confort. Narcotráfico, huachicoleo y lavado de dinero, operan bajo excelentes condiciones de impunidad. Y su manifestación más elocuente, es cuando la organización criminal se apodera de las ciudades y pueblos, ubicando en puestos públicos no solo a politicastros timoratos y corruptillos, sino a verdaderos operarios de los malhechores. Así sucedió en el área metropolitana de Monterrey, en Ciudad Juárez, Tijuana y en La Laguna en años pasados.

Ubicar en el gobierno a miembros de los cárteles es sencillo, cuando todo depende de un dedo señalador que se rige por la incondicionalidad y el cuatismo. Los partidos lo permiten, a cambio de que sus candidatos reciban dinero para las campañas. Total, el chiste es ganar elecciones a como sea. De esa forma, el cemento de la delincuencia organizada va fraguando poco a poco, mientras los dirigentes de los partidos celebra con champaña sus triunfos electorales. Muy listillos todos. Eso creen.

Hasta que llega el día en que las organizaciones criminales tienen desacuerdos, se enfrentan, y se empiezan a matar entre ellas. También liquidan a sus personeros: halcones, tránsitos, policías, narcomenudistas, huachicoleros y… políticos. No en balde un especialista en estos temas, Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, advertía en alguna ocasión sobre la necesidad que tienen los políticos, de arreglar el entuerto en el que estúpidamente se han metido: que lo compongan rápido, decía, porque pronto los empezarán a matar, así lo corrobora la experiencia internacional. Allí estamos ahora.

Por eso indigna ser testigo de dos reacciones contrastantes: la de los morenistas que, con un ánimo oportunista verdaderamente bajuno, intentan capitalizar el reciente asesinato de su candidato a alcalde de Apaseo el Alto, como si se tratase de un crimen político-electoral, sin referenciar las condiciones de violencia e involucramiento de autoridades locales que se observa en esa localidad. Su candidato, como todos en el estado,  no poseía el aval social, fue ungido por el dedo que dirige a placer Morena, sin mediar competencia interna alguna. También me pregunto: ¿ante los trágicos hechos propondrán amnistía para los asesinos de su camarada? Y por otra parte se nos presenta a bocajarro  la respuesta de las autoridades estatales, totalmente desconcertadas y desorientadas, que se revelan incapaces de sacar a un perro de una milpa, y que acuden al manido argumento de que solo se trata de un ajuste de cuentas entre malosos, quedando la autoridad policiaca como florero, de pura decoración. ¿Y la posibilidad de corrupción política dónde queda? ¿No será investigada?

Es hora de gritar la verdad sobre lo que acontece en el estado, a falta de una explicación clara que nunca ha sido capaz de darnos nuestro gobernador. Debemos explicitar que la delincuencia organizada ha sentado sus reales en nuestro estado. Su operación es compleja, en ella operan sicarios, delincuentes comunes, empresarios encubridores y políticos contumaces. Es una red, bien aceitada, que solo puede ser desmontada a través de una reforma electoral profundísima, que establezca la obligación de utilizar medios democráticos en la vida interna de los partidos, que curiosamente ningún candidato ni partido propone; acompañada de una reforma judicial extensa, que más allá de las competencias federales, coadyuve a desarticular las capacidades  económicas de las bandas y refuerce las instituciones estatales encargadas de su persecución, cancelando así la animosa y febril actividad delincuencial en Guanajuato.

Mientras haya un camino fácil para convertir a operadores mafiosos en gobernantes y representantes sociales, la delincuencia organizada se fortalecerá. En contraparte, solo si los partidos políticos, en su vida interna se obligan con la democracia y las elecciones limpias, bajo altos estándares de competencia leal y sin trampas,  propiciando de esa manera el acceso de los verdaderos ciudadanos a puestos de representación y de gobierno; así y solo así nuestro entorno mejorará. Si no, seguirá el baño de sangre.

@carce55

ALERTA FRENTE A LA ALERTA

En las semanas recientes, una agrupación muy estridente, flanqueada por políticos interesados en desgastar al gobierno estatal de Guanajuato, han desatado una campaña mediática a fin de exigir que se emita una “Alerta de Violencia de Género” en esta entidad federativa, a causa,  afirman, del descomunal aumento de feminicidios que los guanajuatenses perpetramos.

No obstante que las trágicas cifras han sido dadas a conocer con puntualidad, el reclamo no ha cesado, bajo el influjo de la politización y para tratar de sacar raja política y electoral de hechos tan lamentables. Son chacales.

Y es que el tema requiere total seriedad y responsabilidad para ser enfrentado con eficiencia y eficacia. La cuestión es la infausta muerte de mujeres que perdieron la vida al ser asesinadas por sujetos cuyo móvil fue, estrictamente,  el odio hacia la mujer. Y es aquí precisamente dónde se requieren aclarar los conceptos, porque de esa confusión se alimenta la nefasta campaña.

Hay homicidios y feminicidios. En la macabra aritmética de contar muertes, no es lo mismo el total de homicidios con víctimas femeninas, que pueden ser muchos, que los feminicidios que son pocos. Si un ladrón es descubierto en el interior de una casa y mata a la dueña, eso no es un feminicido, es un homicidio. Si una mujer es asesinada, dejando expuesto en alguna zona pública su cadáver desnudo y con signos de violencia sexual, estamos ante un caso prototípico de un feminicidio.

La muestra más clara de éste delito, es el caso de las muertas de Ciudad Juárez, que fueron motivo de escándalo mundial, al punto de que nuestro país fue procesado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso “Campo Algodonero” sentencia del 16 noviembre de 2009).

Una “Alerta de Violencia de Género” es una cuestión grave, y debe de ser declarada por la Secretaría de Gobernación en los términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ello no permitamos  la dolosa maquinación basada en la estridencia de una ONG ávida de publicitarse. Una alerta de esas características, significa poner a nuestro estado en una situación equivalente a la de Ciudad Juárez. Sería reconocer que en Guanajuato, de manera generalizada, despreciamos la vida de las mujeres y las ponemos en grave riesgo. Piénsenlo, toda viajera, así lo advertirán las embajadas, deberá tomar en cuenta ésta alerta si desea venir a nuestro estado y deberá viajar bajo su propio riesgo.

Primero esta el respeto a los derechos humanos, pero también debemos pensar en el miedo que se generaría en nuestras ciudades turísticas como Guanajuato y San Miguel, y el impacto en el clima de inversión y asentamiento de nuevas empresas en León, Irapuato y Celaya. Superar la imagen de estado feminicida, sería labor de muchísimos años. Andamos jugando con fuego.

Sin titubeos deben aclararse los arteros asesinatos que se hayan cometido por misoginia, el odio a la mujer. Hay que promover la educación y formación de ciudadanos respetuosos de los derechos humanos, y combatir a fondo el pernicioso machismo.

Finalmente, ocho estados, sin “Alerta”, concentran el 61% de los feminicidios en el país. Encabeza la lista el Estado de México con el 20%, le siguen Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz (La Jornada, 12 de marzo de 2013, pag. 45, con información de la Secretaría de Gobernación). Guanajuato no aparece en esa lista. Así de claro.

carlos.arce.macias@gmail.com

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