NUEVOS GOBIERNOS

Carlos Arce Macías

Hoy estrena Guanajuato 46 nuevos cabildos. Como hemos intentado corregir desde este espacio, la elección fue para elegir ayuntamientos, no alcaldes. Con dolo, desde el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, nunca aclaró esta situación para los ciudadanos; y muchos, inmersos en la ignorancia y propaganda partidista, creen que serán gobernados por un personaje denominado presidente municipal, que hace y deshace dentro del municipio a contentillo. La arquitectura constitucional, no corresponde a esa creencia, el órgano superior de gobierno municipal es el ayuntamiento, desde ahí se define las grandes líneas que deberá seguir la administración municipal. El alcalde es un integrante del cabildo.

Ayuntamiento, gobierno por Concejo Deliberante, no unitario

Los retos que presenta nuestro estado son monumentales. El más urgente es el de la seguridad pública, policía preventiva y tránsito. Aquí los ayuntamientos guanajuatenses se debatirán entre si continúan sincronizados a las consignas del secretario de seguridad del estado, sus incondicionales y sus intereses, o asumen su autonomía y deciden hacerse cargo, directamente, de conformar una policía funcional y confiable. Recuerden: los malos gobiernos no construyen buenas policías. El destino está signado por los votos que decidieron la elección y el temple de los nuevos funcionarios.

Un tema substancial es el del control de la corrupción, desde el seno del mismo ayuntamiento, hasta el más recóndito espacio de la burocracia local. No hay posibilidad de conformar un aparato eficiente y eficaz, si no se pone empeño en evitar actos deshonestos. Ni siquiera es un asunto de moralina, es un tema de productividad de la maquinaria de gobierno. La corrupción torna improductiva la obra pública, las compras, la prestación de servicios y los trámites. Una contraloría eficaz, resulta indispensable para lograr este fin. Hasta ahora, las contralorías han naufragado ante su complacencia con los deshonestos. No sirven.

Otra cuestión toral, es la transparencia y la rendición de cuentas. Sin estas, la ciudadanía no podrá tomar decisiones adecuadas al emitir su voto. Con la opacidad se destierra la democracia y se abre un gran boquete para que arribe la corrupción organizada y campante. El Instituto de la Transparencia, el IACIP, no ha apretado las tuercas debidas, actuando con lenidad respecto a sus sujetos obligados, que, con festiva liberalidad, reservan información a los ciudadanos sin motivo ni fundamento.

La administración que no cuente con una organización profesional en el manejo del municipio, pocas oportunidades tiene de entregar buenos resultados. Las condiciones políticas han privilegiado el modelo de “gobierno-botín”, en donde se considera que el ganador tiene escriturados para sí todos los puestos del municipio, los cuales son graciosamente asignados a camaradas del partido triunfador. Es tiempo de decidirse por conformar un verdadero servicio profesional, que garantice un desempeño eficiente y eficaz. Solo así podrán sortearse los complejos retos que habrá que enfrentar.

La tecnología y la innovación de que disponga la organización harán que la velocidad de respuesta y la asertividad en las tomas de decisión, otorguen ventajas a los ciudadanos de la comunidad que adopte estas herramientas de vanguardia. No solo se trata de trámites ágiles y rápidos, sino de producción de información, que permita identificar cuellos de botella, productividad del personal y funcionamiento de los procesos mediante sistemas de alarma. Es, en pocas palabras, la implementación de nodos de inteligencia que produzcan información en tiempo real, como si fuese una auditoría de desempeño, generada automáticamente. Solo así se podrán realizar trámites digitales de punta a punta, sin la necesidad de acudir a ventanillas presenciales; tener el control en línea de servicios públicos: rutas de transporte, de recolección, de vigilancia y funcionamiento del alumbrado, utilizando el internet de las cosas y el geoposicionamiento, para verificar eficiencia y eficacia.

La administración municipal del siglo XXI esta frente a nuestros ojos. Prevemos que pocos asumirán el reto, los demás optarán por hacer del ayuntamiento un espacio de negocios personales y corrupción, un gobierno-botín, pues. Desgraciadamente este modelo ya se convirtió en una tradición de nuestros gobiernos. Guanajuato Capital es el ejemplo.

El mal ejemplo

 

 

 

 

 

 

 

 

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PROMESAS DE CAMPAÑA

Carlos Arce Macías

Los políticos andan desatados prometiendo a la gente cuanta ocurrencia sea necesaria con tal de ganar la elección. Gran parte de los compromisos están amparados por una larga práctica de clientelización, sustentada con programas públicos, especialmente en el caso de los funcionarios y representantes con ánimos de reelección.

Vale la pena reflexionar, en este punto, en la diferencia que hay entre gobernar y prometer entrega de diversos bienes y obras hechas con los presupuestos públicos. 

Gobernar se define como dirigir una comunidad, el municipio para ser precisos, en el caso que nos ocupa. Las funciones van encaminadas a planificar, organizar, coordinar y controlar una entidad. Todo esto hay que hacerlo bajo una condición indispensable en estos aciagos momentos que vivimos: llevarla a cabo con honestidad.

Hasta ahora ha sido casi imposible, aunque hay como siempre raras excepciones, hacer entender a alcaldes, síndicos y regidores, que está prohibido hacer negocios desde los puestos públicos. No se vale, pero muchos no quieren ceñirse a patrones de integridad, porque conciben la política como un negocio, que arroja a través del tráfico de influencia y sobreprecios de contratos, porcentajes muy superiores de ganancia a cualquier otro negocio (entre el 10 y 50%). Para ellos, un funcionario honesto, es un imbécil que desaprovecha la ocasión para enriquecerse aceleradamente.

Seguramente por este crudo e indignante racionamiento, los diversos candidatos prometen de todo, menos garantizar a los ciudadanos la constitución de un gobierno comprometido con la honestidad, cuyos funcionarios y representantes no se enriquezcan a costa de los dineros públicos y el uso del poder.

Una propuesta de gobierno vinculada con la integridad debería tomar en consideración acciones muy concretas y llanas. La primera sería el compromiso de establecer el Servicio Público Profesional, para sustentar a la administración en personal capacitado y acreditado en sus labores, sujeto a una normatividad precisa, que les brinde seguridad de permanecer indeterminadamente dentro del gobierno. Sin esta pieza, no hay gobierno moderno ni eficiente.

Una misión, sin transparencia, sin conciencia de que los dueños de la información, y por lo tanto de los archivos del gobierno, son los ciudadanos, naufragará en el océano de la deshonestidad. ¿Cuántos candidatos prometen transparencia? ¿Qué hace el Instituto de la Transparencia (IACIP) al respecto de los municipios? Los avances no han calado hondo hasta ahora.

La mejora regulatoria no es sino la revisión profesional y constante de los procesos, tanto internos, como de interrelación con los ciudadanos, para hacerles fácil la vida en sociedad. Nos referimos a los trámites gubernamentales, que deben de ser sujetos a examen constantemente. El derecho humano de cuarta generación, al trámite digital, debería ser un compromiso profundo de los buenos candidatos, para evitar toda la corrupción de ventanilla y la generada por las amplias facultades de muchos funcionarios para decidir sobre cada caso en particular (discrecionalidad). Su manifestación más obvia aparece en la regulación urbana que administra las fronteras entre las zonas de conservación ecológica y la voracidad de los urbanizadores audaces. Amplísima zona de corrupción, como la que padecemos en Guanajuato Capital, bajo la administración de Alejandro Navarro y su impresentable director de Desarrollo Urbano. El trámite digital, democratiza el acceso a diversos mercados a los ciudadanos, impidiendo la concentración de ingresos en unos cuantos incondicionales, combatiendo la desigualdad y la especulación.

Finalmente ¿quién se obliga a rendir cuentas, monitorearse y evaluarse periódicamente? El mantenimiento de una fiscalización profesional y meticulosa avala la apropiada dirección de un gobierno comprometido con la honestidad. Para variar, en Guanajuato Capital llevamos meses sin contralor. Las arcas están abiertas y saqueadas, y los responsables de ello aspiran a reelegirse. Ya andan en campaña chacotera.

Por lo pronto, hartas cachuchas, camisetas, promesas de pavimentación, canchas, parquecitos, tinacos, calentadores solares, computadoras, tabletas, zapatos escolares, etc. En cuanto a honestidad y buen gobierno… ¡nada!

TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

Carlos Arce Macías

Corría el año 2000, días después de la elección que marcaría la transición a la democracia en México, cuando en el equipo jurídico del presidente electo Vicente Fox, se perfiló el proyecto que consistía en establecer en el país el equivalente a la “Freedom Information Act” que viene operando desde 1967 en los Estados Unidos. Por otra parte, en la Unión Soviética, a partir de 1985, se empezó a imponer por Mijaíl Gorbachov, una política de transparencia sobre las acciones públicas del gobierno, como parte de la llamada “Glásnost”, pieza fundamental para abandonar el oscurantismo estaliniano que imperó en el régimen comunista. En este contexto, el acceso a la información, resultaba imprescindible para lograr una democracia sin adjetivos (Krauze dixit), y el nuevo presidente estaba totalmente convencido de la necesidad de impulsar este proyecto.

Convencido de la transparencia

Discretamente, se operó en el seno del equipo la propuesta de adoptar una nueva política pública, para que toda la información del gobierno, salvo ciertas excepciones, pudiera ser consultada y entregada a las personas que así lo requirieran, sin condición alguna. Se trataba de colocar una pieza fundamental para lograr la plenitud democrática en el país, ya que la democracia no puede operar sin el conocimiento puntual de las acciones gubernativas. La carencia de esta cualidad en una administración pública, nos obligaría a  votar  a ciegas, y solo bajo las condiciones propagandísticas del gobierno en turno. 

Se pretendía dotar a los ciudadanos del derecho humano, a saber como se conduce y bajo que parámetros, la acción de sus gobiernos, a todos niveles: federal, estatal y municipal. Podemos afirmar que la reticencia a entregar la información que debe de ser pública, entraña el desprecio por la plenitud democrática y revela la preferencia por el autoritarismo más atroz. 

El dispositivo fundamental para que opere eficazmente una política de transparencia, se basa en la fuerza de la obligación a entregar los datos e información solicitada. Para ello se necesita que el impulso de petición este dotado de” fuerza ejecutoria”, equivalente a la judicial. Esto se logró en México, bajo el diseño minucioso de un Instituto de Acceso a la Información Pública (INAI) que garantizara esta característica. Sin el funcionamiento de esta entidad, autónoma de los gobiernos, no se propiciaría esta disposición toral para la generación de un régimen democrático. Cercenar el instituto de la transparencia, conlleva la renuncia a un régimen abierto a las libertades de sus gobernados. Ubicar la responsabilidad de acceso a la información en las entrañas de una secretaría, significaría ponerla a merced de los intereses más aviesos del presidente en turno.

El garante de la transparencia

Es por eso, que se debe impedir tocar al INAI, como lo pretende hacer el Ejecutivo Federal. Intenta destruirlo porque algo quiere esconder, y eso no es bueno para la nación. Pero también este artero ataque, no solo a una institución democrática, sino a todo un “Sistema Nacional de Transparencia”, nos instiga en Guanajuato, si queremos ser congruentes, a revisar y examinar las condiciones de operación de nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP). Preguntémonos: ¿Qué tan cooptado puede estar por el Poder Ejecutivo? ¿Qué fuerza están teniendo sus resoluciones para abrir información? ¿En que condiciones de acceso a la información nos encontramos los ciudadanos frente a nuestrosgobiernos estatal y local? ¿Qué tan extenso es el conocimiento de nuestro derecho a la información entre los guanajuatenses? ¿Cuáles son las condiciones de los archivos estatales y municipales, de donde se extrae la preciada información? ¿Cuántas peticiones han debido de litigarse por resistirse a la apertura? ¿Qué tan autónomo, vigoroso, asequible y bien armado se encuentra el IACIP? En pocas palabras: ¿estamos viviendo en verdad un régimen democrático en Guanajuato?

¿Que tan transparente es Guanajuato?

Sería conveniente que nos contestaran estas interrogantes, especialmente en la parte relativa a las contrataciones, la transparencia de los municipios y sobre todo en el ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia. Capaz que somos menos demócratas de lo que nos creemos. No vaya a ser.

Garante de la transparencia, garante de la democracia.

Otro Informe

Carlos Arce Macías

Luego de hacer un corte en su discurso, el gobernador, desde el atril, entró en la parte final de su alocución. Al preparar esta última pieza oratoria, tendría que esforzarse por comunicar de manera asertiva, con absoluta convicción. Su asesor principal en este tema, un viejo político, protagonista de mil batallas y de carrera prístina en la política, le había aconsejado, -a diferencia de su joven grupo de comunicación propicio a realizar presentaciones alegóricas y carnavalescas- el retorno a lo básico, a la utilización de esa herramienta netamente humana que es la palabra. La conexión con su público debería de ser oral, borrar las imágenes para que se substituyeran con un discurso finamente articulado, vertido poco a poco, con precisión milimétrica, para lograr convencer que se actúa en el sentido correcto. Había que evitar distraer con pantallas danzarinas, comentó el asesor, se necesita la palabra de fuego, la que convence y funde el hielo de la apatía, para que sea escuchada por los ciudadanos. En los momentos críticos, los estadistas cincelan el mensaje en su público, a través de una construcción oral directa, sencilla y sin recovecos. En esta ocasión los guanajuatenses deben quedar convencidos de que hay un gobierno que tiene rumbo y programa para provocar un cambio anhelado por todos.

Los novatos funcionarios, formados en ambientes académicos poco profesionales, no entendían al maduro preceptor. “Una imagen dice más que cien palabras”, advertían lanzando el conocido cliché que lleva a los políticos a inventarse shows multimedios, en lugar de intentar una comunicación política seria y profunda. El gobernador, no obstante su novatez y sin una formación política labrada por el cincel de las derrotas, descalabros, acuerdos y victorias, situaciones que forman el carácter de un verdadero dirigente, intuía la necesidad de apegarse a las razones que argüía con pasión el experimentado maestro.

La parte final del mensaje al pueblo guanajuatense comenzó. Las primeras palabras salieron un poco titubeantes, pero la dicción se compuso de inmediato y la claridad oratoria recobró su brillo:

“Conciudadanos, vivimos un cambio de época. Poco de lo que antes servía es funcional en estos momentos. Debemos estar dispuestos a transformaciones radicales. Las condiciones que guarda la política estatal resultan inoperantes para esta nueva realidad. Por eso propongo cambios de fondo, ahora los detallo:

Primero considero que debemos impulsar una alternativa social que privilegie sobre cualquier condición, el respeto a nuestros derechos fundamentales. Esto es importante, porque a partir de ahí inicia el funcionamiento de un Estado Constitucional de Derecho. No neguemos la realidad, la sociedad solo puede funcionar si hay confianza entre las personas y con el gobierno. La confianza es la seguridad de que los acuerdos se cumplen y las reglas se respetan. La corrupción rompe la confianza al substituir la ley por las prebendas , las mordidas y los compadrazgos. Su peor expresión es la impunidad, cuyo combate esta a cargo de la nueva Fiscalía General del Estado. El fortalecimiento de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, estará garantizado. Buen presupuesto y autonomía plena, nos deberán ofrecer a los guanajuatenses un espacio propicio para respetar los derechos de cada persona. Solo de esa forma se construye una sociedad más justa e incluyente.

Hemos extraviado los valores republicanos. Un mandatario no puede decidir el destino de su pueblo de manera arbitraria, por eso requiere de contrapesos, expresados desde hace siglos en el balance entre Poderes. Renunciamos a intervenir en la vida interna de las otras instancias constitucionales. El grupo parlamentario mayoritario, desde ahora se encuentra en la más absoluta libertad de asumir sus responsabilidades plenamente. Propondré una modificación legal, a fin de que los secretarios de estado, puedan ser citados a debatir, explicar y proponer cuestiones relativas a su ejercicio, sin necesidad de recabar la anuencia del gobernador. El Poder judicial, deberá de resolver su camino, sin consultar, desde ahora, con su oráculo tradicional: el ejecutivo. Las propuestas de nuevos magistrados, deberán de replantearse, con el fin de que emerjan de un Colegio Judicial conformado ex profeso para realizar esa misión, garantizando la independencia de ese Poder.

Nuestro actual sistema de partidos está totalmente desacreditado, no funciona ni cuenta con la empatía ciudadana. Por eso propondremos la obligación de realizar elecciones primarias dentro de los partidos, mediante el voto ciudadano, que deberán llevarse a cabo durante una única jornada electoral para todos. De ese proceso surgirán las nuevas candidaturas, las cuales estarán abiertas también para ciudadanos independientes. Estaremos construyendo un nuevo sistema de partidos a nivel estatal, que nos garantice que cada fuerza política proponga para los puestos de elección popular, al mejor de sus militantes o simpatizantes. Solo así la democracia empezará a volver a nuestro entorno.

El buen gobierno comienza en el ámbito local. La conducción de nuestros municipios se ha ido degradando a un nivel insostenible. Por eso encargaremos a la Universidad de Guanajuato, a su Campus capitalino, una propuesta transformadora de la vida municipal. Podemos pensar, por ejemplo, en una recomposición de los ayuntamientos; en la elección de regidores por distritos locales; la categorización de municipios para diferenciar sus capacidades y por lo tanto las atribuciones asignadas. El ámbito municipal nos ofrece una extensa gama de ajustes, para asegurarnos mejores gobiernos hacia el futuro. Debemos intentarlo.

Por último, ofrecemos la instauración de un sistema de transparencia y rendición de cuentas, bajo una instancia que no dependa directamente del ejecutivo estatal. Un titular cuya propuesta surja de instancias académicas acreditadas y ratificado por nuestro Congreso. Quién conduzca los trabajos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, debe de poseer características muy especiales para afianzar en el quehacer cotidiano del gobierno, la total apertura de sus entrañas a los ciudadanos. Su papel es ofrecer la “verdad” de la gestión gubernamental, a fin de que los gobernados decidan castigar o premiar nuestro desempeño.

Por el momento es lo que tengo que informar y proponer, para que a través de cambios estratégicos bien pensados y mejor implementados, accedamos a un nuevo panorama prometedor para Guanajuato. Los invito a acompañarme hacia el cambio, solo así habrá destino teñido sobre el manto de la esperanza”.

El informe terminó. Hubo un silencio largo. En el Congreso del Estado, sede del evento, el gobernador levantó la mirada, mientras observaba los rostros sorprendidos de la audiencia. El reto estaba lanzado y la ilusión sembrada. Ya había motivos para luchar.

UG, LA VERDAD OS HARÁ LIBRES

UG, LA VERDAD OS HARÁ LIBRES

Carlos Arce Macias

Las universidades, más allá de centros de saber, deben ser ejemplos para la sociedad en donde están incrustadas. Difícilmente encontraremos un espacio más adecuado para pilotear políticas públicas innovadoras, que no sea el ámbito universitario.

El viejo Colegio de la Santísima Trinidad, habilitado en 1732 por la Corona española para que los jesuitas impartieran clases, transformado en 1828 en Colegio de la Purísima Concepción, luego convertido en Colegio Nacional de Guanajuato en 1867, y en 1870, tras la Reforma triunfante, con Don Manuel Doblado a la cabeza en Colegio del Estado, son los antecedentes de nuestra máximo centro educativo.

En 1945, la institución se convierte en Universidad de Guanajuato (UG), mi universidad, que ha sido el recinto de la formación profesional de miles de guanajuatenses provenientes de todas las zonas de la entidad federativa. En los años setentas, de la pasada centuria, ahí convivimos igual los hijos de ricos empresarios leoneses, que de humildes agricultores del sur, artesanos del norte o hacendados del rico Bajío. Guanajuato era el crisol de una sociedad en donde las clases sociales se nulificaban en las aulas universitarias, aprendiendo a convivir, bajo la mirada de egregios profesores, alumnos de todas las clases sociales.

De la dictadura de un rector omnipotente, nombrado por el gobernador en turno, con mayor fortuna que pena, hay que reconocerlo, pues de ahí descollaron grandes personalidades como Don Euquerio Guerrero, Don Eugenio Trueba y el Dr. Hernández Ornelas, entro otros destacadísimos académicos de esa época; inició, tras el impulso del gobernador Carlos Medina Plascencia y del rector Romero Hicks, la autonomía del centro académico, a partir de 1994.

La Universidad ha seguido su marcha, modificando sus rutinas y estableciendo nuevas formas internas de gobierno, especialmente luego de una radical transformación, mediante la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato en el año 2007.

Ahora vayamos al ámbito internacional. A partir de los años sesenta del pasado siglo, las universidades más importantes del mundo han cambiado radicalmente, ante las políticas de transparencia que se han desarrollado desde que la Freedom Information Act, norteamericana entró en vigor en 1967. Las universidades, acicateadas por la necesidad de evidenciar su desempeño, sus condiciones internas de gobierno y resultado de sus programas, se convirtieron en caja de cristal. La transparencia anidó en ellas.

Y es que solo a través de imponer un acceso pleno a toda la información institucional, centros de conocimiento como Harvard, MIT, Stanford, las Ivy League (grupo de las principales universidades de Norteamérica), pueden acceder a los enormes fondos de apoyo filantrópico de diversas fundaciones y donadores privados de los Estados Unidos y del mundo entero. Así captan cientos de millones de dólares por año.

Hoy, las principales universidades venden confianza, confianza en sus programas, resultados y buen uso de los recursos que les son suministrados. El gran desempeño olímpico de nuestro vecino del norte, por ejemplo, esta basado en los proyectos de alto rendimiento de las universidades. Son exitosos.

Pero pasemos a México y analicemos la transparencia universitaria. Aquí nadie se salva, porque se desempeñan en la opacidad y no rinden cuentas, no solo las públicas sino también las privadas. Tec, Ibero y Anáhuac, por ejemplo, son cajas negras para el ojo extraño, en contraste con lo que sucede en las universidades privadas americanas, ansiosas de recabar fondos privados. La UNAM y la UDLA, presentan pequeñísimos avances en ese ámbito, mostrando apenas atisbos de transparencia en su gestión.

Pero lo que más indigna, es el grado de opacidad que muestra mi universidad, la Universidad de Guanajuato. No cumple ni siquiera con las obligaciones de transparencia de oficio que impone la normatividad en la materia. Si se trata de acceder a los datos más comunes, como sueldos, no están publicados, sino que la página de transparencia de su portal, nos conduce a una solicitud de información. Es vergonzoso lo que sucede en el seno universitario guanajuatense. Urge un acondicionamiento radical de su política de información pública de oficio y de rendición de cuentas, así como la intervención inmediata del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP) como órgano garante del tema.

Probablemente en la obscuridad de su información, se encuentre el origen del deterioro que se evidencia en diversos sectores de nuestra universidad, en donde obscuros directivos usan los recursos de la institución para comprar voluntades de maestros y alumnos en beneficio de futuras candidaturas. Urge encontrar la verdad liberadora, pregonada por la Universidad estatal, para saber que pasa en esas aulas, corredores y oficinas, y como se utilizan los inmensos recursos públicos de que dispone. La verdad os hará libres, pero primero hay que conocerla.

Twitter: @carce55

Editorial publicado el 21 de agosto de 2016 en AM León.

 

 

 

¿Que les pasa a los gobiernos?

¿QUÉ LES PASA A LOS GOBIERNOS?

Carlos Arce Macías

 Seguramente el presidente de la República, considera que el motivo de tanto desencanto social con su gobierno,  solo se debe a que los ciudadanos andamos de mal humor.  Sin embargo, creemos, que la zozobra e intolerancia de la comunidad hacia la forma en como nos están gobernando, tiene motivos más profundos. En esta entrega, apunto algunos.

 En México, a partir de la última década del siglo pasado, se logró consolidar un sistema electoral en donde los votos se cuentan y existe una institución encargada de la certidumbre y regulación electoral. Las cosas parecían ir bien. Pero a partir de las  elecciones del 2006 y  sobre todo del 2012, en la cual una alianza mediática fue capaz de poner en la presidencia a un gobernador de mediano talento y de voraz apetito por los negocios, el ambiente se ha enrarecido a paso veloz. El tránsito hacia un ejercicio democrático más intenso, está estancado.

 El abuso de poder, una mayor cantidad de información política y administrativa, y el uso cotidiano de las redes sociales, han producido nuevos fenómenos, que se expanden en la sociedad, a gran velocidad. Los políticos se han negado a tomar consciencia de estos hechos, y continúan actuando como si nos encontráramos en las últimas décadas del siglo pasado, intentado controlar a la sociedad  a contentillo.

 Y he aquí que los gobiernos de todos los niveles, legalmente elegidos, están perdiendo legitimidad de forma acelerada, por el desgaste que sufren ante los ciudadanos, al conocerse todo tipo de acciones atrabiliarias, mala administración, falla en los servicios públicos, especialmente en seguridad, y el conocimiento de tranzas y abusos de los funcionarios a cargo. En apenas un trimestre, un gobierno recién elegido, puede transitar al averno del desprecio público.

 Y el panorama tiende a peor… para los políticos. Las respuestas legislativas a las develaciones de malos manejos presidenciales, han topado en la profundización de políticas de transparencia, que acabarán haciendo públicos enormes caudales de información. Como ejemplo, la reciente Ley General de Transparencia, impone a los gobiernos  50 obligaciones muy precisas, de datos que deberán hacerse públicos de acuerdo a los formatos que está por aprobar el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Si no se acata la ley, podrá haber sanciones administrativas y multas cuantiosas para el servidor público incumplido.

La apertura de información no tiene reversa, y está evidenciando todo tipo de problemas dentro de las administraciones, comenzando por la corrupción rampante en muchos de sus espacios. Mientras, el flujo de informes, datos y reportes es imparable, a través de las redes sociales. El desgaste es enorme y continuo. Los gobiernos están desconcertados.

 A nivel federal, la granizada ha sido intensa, propiciada por el descaro del grupo  político, proveniente del Estado de México. Confundir la república con una monarquía absolutista, como acontece en esa entidad, fue un craso error. Los costos ha pagar han sido altísimos, y el deterioro de la imagen de nuestro país en el exterior, ha sido inmenso. No entienden que no entienden, como se les ha dicho reiteradamente.

 Los estados, dependiendo de su desarrollo institucional y el comportamiento de su ejecutivo, también presentan el mismo diagnóstico que la Federación… o peor. Los casos de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Veracruz, son patéticos. Del chisme provinciano, imposible de corroborar, hemos saltado a los informes precisos del patrimonio de los gobernantes estatales, muy dados a comprar inmuebles ubicados en México o en el extranjero. Hemos conocido también las cuentas panameñas en paraísos fiscales, el abuso en el uso de los aviones oficiales, la construcción de presas particulares y hasta la creación de bancos para beneficio propio.

 Los municipios, con mayores debilidades por su forma de gobierno medieval, poco eficiente y eficaz, también sufren el acoso de la política de transparencia vigente. Sueldos, salarios y prestaciones, son conocidos puntualmente. Las discusiones en el seno de los cabildos, ahora se acompañan con datos presupuestarios oficiales, que confirman subejercicios, o reportes que permiten ubicar los errores en la prestación de los servicios, la ejecución de la obra pública, las amañadas compras gubernamentales, y lo peor, la ineficiencia de los cuerpos policiacos, para frenar la inseguridad en ciudades y pueblos de México.

 Los ciudadanos están de malas. Y no se van a componer. Los políticos deben hacer consciencia de la necesidad de tomar al toro por los cuernos y volcarse en el trabajo de restructuración de la administración pública. Para empezar, se necesita establecer un servicio civil de carrera, que garantice que las cosas se hagan de manera profesional en el gobierno. La otra, es que ante el acceso a la información pública y a los archivos gubernamentales, que impone la nueva legislación, se propongan arreglar las viejas áreas que han sido focos de corrupción: la obra pública y las adquisiciones generales. Seamos claros: ha sido un robadero. Hay que poner coto a esos abusos, porque si no la transparencia devorará rápidamente a los administradores públicos. Sí habrá consecuencias, en aquellas sociedades que hayan evolucionado y tengan organizaciones sociales y empresariales  activas y militantes. Estas, incluso, están desplazando  a los partidos políticos, sumidos en conflictos internos y plagados de intereses inconfesables. Languidecen como  serpientes que devoran su propia cola.

No lo duden: la clave está en la voluntad de cambio del gobierno, para transformarse en una organización verdaderamente profesional e íntegra. Lo otro es el camino al precipicio.

Twitter: @carce55

 

 

 

 

 

LA MALDITA TRANSPARENCIA

LA MALDITA TRANSPARENCIA

Carlos Arce Macías

La política de transparencia nos está amargando la vida a los mexicanos. Sin ella, bajo la opacidad todo parecía estar bien. No nos compungían las malas noticias sobre la realidad nacional, y el proceder descarriado de nuestra preclara clase política. Estábamos fatal, pero no nos dábamos cuenta. Ahora, respaldados por datos e informes, nos percatamos de pronto, que no tenemos policías, ingenieros, maestros ni funcionarios profesionales. Vamos pésimo.

Miren, por obra y gracia de la transparencia, en unos cuantos años, hemos constatado que nuestra policía no sirve para protegernos de los criminales y prevenir los delitos. Nos dimos cuenta, gracias a los índices de impunidad y el registro delictivo preciso, que los agentes policiacos de nuestros pueblos y ciudades, estaban organizados para bolsear borrachos y lidiar con vecinos rijosos. Un día nos despertamos con la noticia de que la ciudad se la disputan varios cárteles, y nuestra policía es incompetente para enfrentar organizaciones criminales corruptoras, infiltradas en los gobiernos, y armadas hasta los dientes. Simplemente no tenemos policía.

Ahora, la ocurrencia de los políticos quiere vendernos la pócima mágica: el mando único. Verdadera disparatada, que promoverá la irresponsabilidad de las autoridades locales respecto a la seguridad pública, y pondrá en manos de los gobernadores, casi todos priístas a las “fuerzas del orden”. Se trata de una efectiva fórmula para liquidar la autonomía municipal, y controlar a aquél gobierno comunal que ose tratar de gobernar en contra de la línea del Ejecutivo estatal. Les podrán administrar el crimen local a contentillo. Es una tontería, contraria al auténtico municipalismo y la democracia; pero presentada como si todos los gobernadores hubieran demostrado eficacia en la materia. La situación de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz develan la ineptitud.

También por culpa de la transparencia, se nos informa recurrentemente sobre las transas en la contratación de obras públicas. En México, resulta imposible planear una obra pública, formular un proyecto ejecutivo, presupuestarlo, ejecutarlo, entregarlo en tiempo, y pagar solo lo que se presupuestó. Los costos están manipulados, las licitaciones arregladas, las asignaciones comprometidas, la competencia entre constructoras simulada, y la decencia profesional de los ingenieros liquidada. Ahora, parte de la obra pública esta ligada a la delincuencia y a políticos corruptos que imponen moches. La ingeniería civil mexicana, está en decadencia y la mala calidad de sus obras, quedan a la vista de los ciudadanos de inmediato. Nadie ha iniciado una seria incursión para poner coto a la complicidad entre gobernantes y constructores deshonestos. Los ejemplos menudean por doquier.

Otro día transparente, nos amanecemos con la noticia de que la lideresa de los profesores ha sido encarcelada, y que en realidad ¡sorpréndanse! no tenemos verdaderos maestros. Las pruebas de competencia laboral nos presentan un obscuro panorama. La profesión de la enseñanza es indigna para muchos mexicanos. ¿Cuántos padres quisieran que sus hijos estudiaran para ser normalistas? Muchísimos de los actuales maestros carecen de capacidades para educar. No enseñan nada, son una vergüenza, son los primeros reprobados en los exámenes de conocimiento. Pero el problema no solo se limita a la educación pública, muchas escuelas particulares están convertidas en pingües negocios, que también estafan a los negligentes padres de familia, que no se organizan para presentar un frente común y exigir una educación de calidad. En algunos centros escolares, hasta los niños quedan expuestos a las perversiones de sus maestros, y el silencio y la discreción son la respuesta. En realidad los padres de familia hemos sido los verdaderos culpables de la situación por no reaccionar y permitir tanto abuso.

Finalmente otra perla que nos evidencia la transparencia: la carencia de información de muchísimas administraciones gubernamentales. Sabemos que estas, no documentan con precisión las funciones, facultades y atribuciones de sus burócratas, impidiendo la rendición de cuentas. Son gobiernos de chiste, con las arcas abiertas para utilizarlas en provecho de los impúdicos funcionarios. Los casos de los gobernadores Granier, Medina, Moreira y Duarte lo evidencian.

Así, la construcción de sistemas anticorrupción, se convertirá en castillos de naipes, que se desbaratan de un soplido. No hay administración, no hay instrucciones y órdenes documentadas y firmadas por los responsables, y por lo tanto, los tranzas seguirán estando a buen resguardo de la ley, mientras los mexicanos gastamos más dineros públicos en aparatos burocráticos ineficientes, que darán palos de ciego tratando de cazar ladrones, blindados de impunidad.

Pensamos que quizás, la transparencia ha resultado una acción gubernamental demasiado cruel, que nos muestra una realidad nacional devastadora: pésimos gobiernos, cada día más cínicos; pero ciudadanos estáticos, pasmados, que no estamos reaccionando adecuadamente, organizándonos y enfrentando los problemas. De seguir así, sin duda, seguiremos mereciendo los gobiernos que tenemos.

Twitter: @carce55