TRÁMITES Y EXTORSIÓN

Carlos Arce Macías

Quién piensa que gobernar es muy sencillo se equivoca. Las administraciones públicas, especialmente las que gestionan los múltiples servicios para mantener funcionando un país o una ciudad, requieren utilizar una línea filosófica, que encabeza el pensador francés Edgar Morin, que consiste en plantear reflexiones profundas de diversas realidades y dimensiones de un problema, que se entrelazan (se hacen complejas), para intentar encontrar las mejores soluciones.

No es fácil

Esta forma de enfrentar los retos que se plantean requiere de recursos humanos profesionales, acostumbrados a entablar relaciones interdisciplinarias, conducidos siempre por liderazgos asertivos. Si una administración pública no cuenta con estas condiciones, transformará al gobierno en su antónimo: en un desgobierno.

Lo anterior es una respuesta al porqué tenemos malos gobiernos. La contestación es obvia: el origen es la ineptitud de los funcionarios que dirigen estas entidades, que son incapaces de plantear soluciones correctas a problemas complicados. Nunca los dimensionarán, y siempre tratarán de simplificarlos, hasta rayar en la estupidez. Y si a ello le agregamos mezquindad, dolo y deshonestidad, estamos ante la tormenta perfecta.

Ahora bien, dicho esto, paso a plantear el tema de la política pública de Mejora Regulatoria, una disciplina que requiere del pensamiento complejo para su entendimiento e implementación. La Secretaría de Desarrollo Económico estatal y el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, organizaron la pasada semana un evento denominado “Impulso a la Competitividad a través de la Mejora Regulatoria”. Resulta interesante su análisis.

La política pública de Mejora Regulatoria es una estrategia complicada, que responde a una mezcla de derecho, administración, economía, ingeniería e informática. Pero con una capacitación bien diseñada,un funcionario la puede entender y cooperar para implementarla, actuando desde un grupo de trabajo interdisciplinario.

Es de celebrarse la inclusión en el programa de la maestra Mirian Amaro, economista muy sólida formada en la COFEMER, participante en épicas batallas en favor de los atribulados ciudadanos exhaustos por la tramitología. Ella habló de Gobernanza Regulatoria, a fin de darle contenido filosófico a las acciones que muchos creen que solo se trata de pequeños ajustes para simplificar los procesos de los trámites. Hay que abrir las entendederas para mirar todo el panorama. Se debe de justificar el objetivo de la regulación, acotándolo a los riesgos, la seguridad y el cuidado de la sostenibilidad medioambiental, en su caso. Se debe de eliminar el trámite inútil o estéril, que se incorpora solo para recaudar ingresos de manera ilegal. Antes de expedirla, cualquier regulación debe de analizarse puntualmente.

Para mala suerte, hasta el final llegó la participación del abogado Rubén Fernández, un compañero de luchas municipalistas, con una larga y sólida trayectoria en altos cargos en la administración municipal y federal. A su sapiencia, Rubén suma la virtud de la franqueza y sus dones para explicar, sin eufemismos innecesarios, sus hallazgos. Esto pasó (advierto que narro de oídas):

• Externó su sorpresa de que una política pública que ya lleva 24 años de gestión no pueda ser entendida y adoptada a plenitud. ¡Urge un relanzamiento! comentó.

• Denunció lo que él llama la “adoración” por un dios implacable: el trámite, al cual se le ofrecen sacrificios diarios, por todas las administraciones públicas.

• Se sorprende por el incremento de la extorsión (cobro de piso) del crimen organizado a los negocios particulares en diversos municipios del estado, compitiendo con los permisos municipales.

• Ante este asfixiante delito, propone DECLARAR DE PLANO una tregua de trámites por parte de los gobiernos.

• Finalmente narró que entró a las páginas electrónicas de diferentes municipios guanajuatenses, buscó “abrir un negocio” y no encontró respuesta alguna.

Total, en veinte minutos nos enfrentó con la cruda realidad. Hay que ponerse a trabajar en serio.

Si desean un referente como ejemplo de gobierno digital con mejora regulatoria y trámites de punta a punta, consulten con la alcaldía de Chihuahua, ellos ya dieron un gran paso. No pierdan tiempo.

Presentación de trámites digitales de punta a punta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio publicitario

REPLAQUEO, PARTIDISTA Y TEMERARIO

Carlos Arce Macías

La “Grandeza de México” es un eslogan muy cursi del actual gobierno. No se qué pensaron sus publicistas, ni como se definió, pero claramente responde a un creativo muy poco creativo, muy pueblerino, pero chocante por grandilocuente. Me refiero a esta frase porque, el gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ha decidido imponer a los guanajuatenses un trámite de reemplacamiento, en plena pandemia de coronavirus, en los meses en los que se esperan rebrotes por la entrada de la temporada de frio combinado con la influenza, y cuando las recomendaciones de los epidemiólogos son las de no acudir a lugares cerrados, como oficinas gubernamentales, en donde existe falta de ventilación y los riesgos de contagio son muy altos. Pues allá vamos los indefensos ciudadanos a cambiar las placas de nuestros vehículos. ¿Cuántos nos contagiaremos del COVID 19? ¿Cuántos pondrán en riesgo su vida al infectarse? No es tema, y ningún diputado, nuestros representantes, ha levantado la voz para quejarse, en especial los pertenecientes al gremio de legisladores ratificadores. Ya sabemos que en estos lares, la vida no vale nada. Pero eso sí, las nuevas tablillas ostentan la frase publicitaria sobre la “Grandeza” a todo lo largo de la parte inferior de la placa.

Lema cursi

La matricula de un auto, es un código alfanumérico para identificar un vehículo y conocer los datos y domicilio del propietario y la información vinculada a este registro. El incluir el lema gubernamental limita el espacio para lograr una impresión mayor del código de identificación, aparte de recordarnos que orgullosamente, nuestro actual gobierno es “Grandeza de México”. Cara de asombro.

Los colores azules, no son los más propicios para ser percibidos en la lejanía. Estudios de óptica, han comprobado que los contrastes más indicados son el blanco y amarillo, por su alto índice de reflectividad (NOM-001 SCT). No importa, deben ser azules porque el PAN gobierna Guanajuato. Que se enteren todos. ¿No recuerdan las críticas al PRI por esas mismas acciones? ¿De dónde sacan la infausta creencia de que imponiendo farragosos trámites un partido político va a obtener votos? ¿Qué ganan con recordarle a los ciudadanos de que fue precisamente el gobierno panista de Diego Sinhué el que los obligó a acudir a una oficina gubernamental, a exponerse peligrosamente al contagio, en plena peste de coronavirus?

Nuevas placas

Pero también debemos reflexionar sobre la imposición de publicitar en nuestros vehículos los logos y lemas de una administración sexenal específica. Valdría la pena intentar un amparo para descomponerles esta aviesa imposición. Las matriculas deben de aludir exclusivamente a referencias oficiales. Lemas y logos, no lo son, sí el escudo del estado y el de la nación.

El trámite será gratuito, nos informan. Vaya tranquilidad. Pero tendremos que acompañar la solicitud de nuevas placas con varios requisitos (identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, no reporte de robo), y de ahí se derivará el cumplimiento de otras obligaciones, sobre todo pagos (ese es el sentido fundamental de la medida). El 48% del padrón tiene irregularidades, dicen.

Solución digital a medias

Compañías aseguradoras han anunciado la próxima utilización de sistemas innovadores de monitoreo de vehículos, en donde tendrán información en tiempo real sobre la forma de conducir de los usuarios y el cumplimiento de estos, de las reglas y normas de manejo. Pronto la matricula será digital, seguro el tramite se hará en línea de punta a punta, sin necesidad de presentarse y contagiarse de alguna enfermedad en las oficinas del gobierno. Seguramente, cuando estos avances tecnológicos se implementen, los ciudadanos guanajuatenses hayan cobrado en las urnas la mala leche y temeridad de sus gobernantes. Se lo habrán ganado.

FERIA Y GOBIERNO

Carlos Arce Macías

 

En tanto al estado de Guanajuato le va como en feria por la violencia inusitada que se vive por diversos rumbos de la entidad, el gobierno intenta distraer la atención con un evento de corte tecnológico industrial muy importante, desarrollado en la ciudad de León: La Feria de Hannover.

 

Antes habrá que dejar en claro el sentimiento de muchos guanajuatenses: no pierdan tiempo en tratar de paliar la incapacidad estatal para entregar paz y seguridad a los ciudadanos, más allá de la Hannover Messe, el problema fundamental de nuestro terruño es la violencia. Resuélvanla ya.

 

Ahora pasemos a reflexionar sobre el magno evento industrial celebrado en León y sus implicaciones para nuestra comunidad. La feria industrial alemana, dedicada especialmente a la robotización, nos muestra el futuro industrial de la próxima década, antes de la llegada de la revolución 5.0 que ya se esboza desde los centros de innovación de punta, con la utilización de materiales biodegradables para la construcción de todo tipo de ingenios y construcciones que realice el homo sapiens. El cuidado del ambiento estará sobre cualquier proceso industrial.

 

La robotización, como lo mencionó Andrés Oppenheimer en su conferencia, es una marea silenciosa que transformará el trabajo humano. La fabricación de todo tipo de productos utiliza ya líneas robóticas que sustituyen a la mano de obra humana, con grandes ventajas técnicas y de calidad. Los humanos deberemos reinventarnos y dedicarnos a otras actividades, que requerirán capacidades que aún no hemos adquirido. Por ejemplo, hay escuelas de enseñanza inicial, que ya incorporan en sus programas el aprendizaje básico de lenguajes de programación. ¿Ya se está diseñando esto para la escuela pública?

 

En un Guanajuato súper industrializado, ya empezamos a notar el fenómeno del uso del robot, especialmente en la industria del automóvil. Ya vemos la gestión computarizada desde centros de monitoreo de las líneas de producción, y también las máquinas dotadas de neuronas artificiales que ajustan y reajustan sus rutinas, alcanzando niveles óptimos de eficiencia. Los resultados de esta forma de desempeño, resultan extraordinarios.

 

Y ahora, lo que contrasta, es el funcionamiento de los gobiernos que albergarán a este maravilloso modelo industrial, de punta e innovador, frente a gobiernos municipales anquilosados y vetustos, cuya capacidad de respuesta administrativa es analógica, funciona en papel, con firmas autógrafas y depende de la disponibilidad de funcionarios públicos, usualmente poco profesionales y experimentados. 

 

El gobierno estatal, tan emocionado por conocer de los alemanes sus avances industriales y tecnológicos, tampoco salva la cara. No ha sido capaz en más de quince años, de instrumentar una depuración regulatoria que lo lleve directamente a funcionar de manera más racional y eficaz, implementando procesos menos onerosos y más eficientes.

 

Pongo un nítido ejemplo de su desatención y rezago, que nos ha compartido una amiga, pensionada del sistema de estatal de Seguridad Social (ISSEG): “Nos obligan a demostrar que no estamos casadas, para seguir teniendo derecho a la pensión por viudez.  Cada seis meses, en una ventanilla del registro civil, tramito una acta de defunción, a la cual tengo que sacar copia, para luego entregar esa copia en la ventanilla contigua, que una vez enterada de que no me casé, me expide una constancia de ello. Así el Director del ISSEG se siente satisfecho y reconoce el derecho adquirido, luego de más de 30 años de cotización de mi finado marido, y finalmente se expide una orden de pago. Esto aplica a todas las viudas que pretendemos cobrar nuestra pensión en el ISSEG.  Cada seis meses, puntualmente, habrá que realizar el pago de 300 pesitos, lo que parece venir muy bien al gobierno, para mantener semejante trámite estúpido. Así el Registro Civil acredita ante sí mismo, hechos negativos, otorgándole eficacia jurídica, a una simple copia fotostática de documentos que él mismo expide.” Sencillamente dramático.

 

¡Vaya discordancia! Nos encontramos ante la administración pública -4.0, propia del medioevo. Y es que la verdad resulta rotunda. El estado de Guanajuato, no ha sido capaz de acometer con seriedad una política de Mejora Regulatoria a fondo. Ni siquiera cuenta con una Comisión Estatal, que responda por la calidad de la regulación que intenten expedir las dependencias y órganos descentralizados del estado. Apenas acaba de formar un consejito de Mejora Regulatoria a modo, para que no haya muchos reclamos, plagado de funcionarios públicos y alcaldes. No servirá para nada.

 

Una administración pública congruente y adecuada al desempeño industrial que promueve Guanajuato junto con Alemania, está obligada a robotizar sus procesos, la tecnología actual, lo permite. No se toman esas trascendentes decisiones, porque se tolera continuar gobernando bajo parámetros que permiten la corrupción y los privilegios a los cuates (Economía de compadres). Así como estamos, no somos un estado moderno (aparte de inseguro y violento) que pueda competir en un mundo globalizado. O cambia o se rezaga.

 

REGULACIÓN PATROCINADA

Carlos Arce Macías

 

De verdad, desespera constatar la falta de talento y de imaginación que se consigna desde el Congreso del Estado, especialmente por la fracción mayoritaria, la del PAN, que es la que mayor responsabilidad asume, para la buena conducción de las tareas legislativas y de rendición de cuentas de los gobiernos bajo su supervisión.

 

Recientemente se presentó , con bombo y platillo, una de las piezas legislativas más ramplonas que hemos tenido frente a nuestro escrutinio. Dejemos a un lado la pesadísima carga política, que a instancias de Miguel Márquez, se dejaron imponer los diputados azules, asumiendo como propia la ratificación de un fiscal supercarnal, a todas luces impresentable.  Demos vuelta a la hoja.

 

Por voz del diputado Miguel Salim, Acción Nacional presenta una partitura legal para regular, así lo aprecian ellos, uno de los fenómenos más peligrosos y nocivos para la sociedad moderna: las plataformas digitales de hospedaje. Tarde se les hacía para atender ese urgente reto de protección, mientras la inseguridad continúa campeando en el estado.

 

Seguramente usted, ciudadano, no podía conciliar el sueño ante la rudísima acción 24 por 7 de comercio electrónico, que sustentan sistemas digitales como el de “AirBnB”, en donde de forma muy sencilla se puede contratar hospedaje en cualquier país y ciudad del mundo a un buen precio. La ventaja es simple: el entorno sobreregulado, fue superado, de un plumazo, por la innovación, afectando, en beneficio de los consumidores, el precio de los servicios de hospedería, y abriendo, a su vez, ese mercado a una gran cantidad de personas ofertantes. Eso hacen que bajen los precios.

 

Fíjense bien. Hoy se puede comerciar una recámara, de manera sencilla, práctica y segura, de forma global, gracias a estas plataformas. De esta manera, con una pequeña inversión, los ciudadanos pueden acceder al mercado, y obtener beneficios de él. Antes estaba proscrito para ellos, ya que solo la hotelería podía brindar estos servicios, bajo la supervisión, casi siempre corrupta, del gobierno. 

 

Pues bien, ante la generalización del uso de plataformas digitales como AirBnB, y el beneficio para los ciudadanos comunes y corrientes, Acción Nacional ha iniciado, con saña, una cruzada legislativa para acotar los derechos de las personas a comercializar sus inmuebles de forma eficiente y a bajo costo. 

 

La denominada iniciativa de “Ley de Hospedaje por Plataformas Digitales del Estado de Guanajuato” es un instrumento diseñado para la protección del gremio hotelero. Bajo la misma ecuación Uber-taxistas, se repite en este caso, AirBnB-hoteleros, en el formato de una protección indebida e indecorosa a un grupo de interés, que cuida con celo sus utilidades. Triste, el grupo parlamentario del PAN, insistente en implementar, al pie de la letra, las instrucciones del manual para llevar a cabo suicidio político.

 

La industria hotelera en Guanajuato, ha crecido explosivamente. Los hoteles se han multiplicado por doquier. León es ejemplo claro de una industria en auge, al igual que en Silao y en el resto del corredor industrial. San Miguel de Allende y Guanajuato, no obstante la dudosa rectitud de sus gobiernos, han aumentado su oferta hotelera. Si hay problemas a la vista en el sector, se deben a la torpeza del nuevo gobierno federal, no a las plataformas digitales de última generación

 

La iniciativa de Ley de Hospedaje, no es más que una pieza diseñada para limitar la oferta de espacios en renta, de la plataforma de AirBnB en Guanajuato. Se impone un rosario de trámites, en manos de los ayuntamientos, muchos capturados por el gremio hotelero. Así quedará a su antojo, decidir quién puede y quién no, usar la plataforma. En Guanajuato Capital, por ejemplo, el alcalde-hotelero es el impulsor de la iniciativa.

 

No me desvío más. Va la sarta de trámites que se intenta imponer, para hacer naufragar a AirBnB:

 

1.- Cumplir con lo establecido en la Ley de Hacienda (Impuesto de hospedaje).

2.- Registro en el Padrón Municipal, que se creará ex profeso, mediante un reglamento especial. Agárrense.

3.-  Llenar una solicitud y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.

4.- Si son personas morales, acreditarse mediante su Acta Constitutiva.

5.- Una vez presentada la solicitud, esperar la “Visita de Inspección de Hospedaje”.

6.- Obtener la “Autorización Municipal” (lo que esto signifique). 

7.- Obligación de informar tarifas, y obligación de entrega, al momento de admisión y registro, de un comprobante. 

8.- Exhibición de tarifas en el lugar del servicio.

9.- Contratación con una Compañía de Seguros de una póliza contra riesgos.

10.- Registro ante la Secretaría de Turismo, del Reglamento Interno del establecimiento.

11.- Exhibición en cada habitación, en su caso, del Reglamento Interno.

12.- Cumplimiento de las medidas de Protección Civil (A discreción).

13.- Contar con la licencia de Uso de suelo, correspondiente. Ojo en este requisito, hay trampa, ya que se anularía, casi totalmente, la posibilidad de ofrecer el servicio en zonas que no cuenten con uso de suelo comercial.

14.- Atenerse a los Lineamientos que en un futuro dicte la Unidad Estatal de Protección Civil. Ya los conoceremos.

15.-Se otorga a la Secretaría de Turismo y a los ayuntamientos, sí, ayuntamientos, la facultad de recibir las denuncias de los usuarios. Nueva función municipal.

16.- Sujetarse a los principios, estrategias y prioridades  previstas en el Programa Nacional de Turismo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Gobierno del Estado.

17.- Contar con un Libro de Registro de Quejas y Sugerencias, registrado y foliado por la Secretaría de Turismo, con un Instructivo adjunto de cómo debe de ser utilizado. Se harán revisiones al bendito libro, durante las visitas de verificación de la Secretaría de Turismo.

18.- Obligación de notificación al ayuntamiento, del cambio de cualquier dato o documentos que avalen el registro.

19.- Sujetarse a las disposiciones de conciliación que marque el ayuntamiento. Aparte de recibir denuncias, también conciliará.

20.-Sujetarse y pagar las sanciones que se impongan por violaciones  en materia de Uso de Suelo, por el ayuntamiento. Les advertía, mucho interés en este punto.

 

Habrá que correr notificación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), al Banco Mundial (WB), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), y al Observatorio Nacional de MR, instituciones inmersas en los procesos de Mejora Regulatoria, sobre la imaginativa e innovadora forma de regular, que pretende llevar a cabo el grupo parlamentario del PAN. Esto contraviniendo las recomendaciones, siempre sensatas de su fundador Don Manuel Gómez Morín, de utilizar con garbo la técnica legislativa. Seguro se estremecerá en su tumba. Es vergonzoso, esta regulación está patrocinada por un grupo de interés, para conculcar  la libertad de comercio de los ciudadanos… y huele muy mal.

MEJORA REGULATORIA,TRÁMITES Y GOBIERNO BOTÍN

Carlos Arce Macías

El gobierno botín, que se ha establecido en casi todos los ayuntamientos, es el equivalente al ducto que conduce hidrocarburos y que taladran los huachicoleros. Si estos extraen criminalmente gasolina para ser vendida en estaciones de servicio desleales o al menudeo entre conductores irresponsables y cómplices, en el caso de los ayuntamientos, el moche y la extorsión, son el combustible ilegal que produce el gobierno-botín, que opera un sistema criminal en las contrataciones públicas y en la tramitología de permisos en perjuicio de empresarios y ciudadanos en general.

He participado esta semana en la Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, en cuyo seno, el Presidente de la República, promulgó la nueva Ley General de Mejora Regulatoria, que impone a los estados y municipios la implementación de esta política pública. Desde ya, no será una cuestión facultativa de las entidades federativas, pero sobre todo de los municipios, sujetarse a una férrea disciplina administrativa, que impida imponer trámites difíciles de cumplir, sobre los infelices ciudadanos, indemnes siempre, frente a las arbitrariedades de muchos testaferros del gobierno local. Acoto, para no generalizar, que siempre hay funcionarios probos que dan su mejor esfuerzo para hacer un buen gobierno, conozco a muchos.

Esta acción legislativa, impulsada desde el Gobierno de la República, que ya lleva varios lustros sujeto a las duras reglas de mejora regulatoria, se expande a otros ámbitos gubernamentales, porque el clamor ciudadano y el sector de los empresarios, impulsados con enorme decisión por el Consejo Coordinador Empresarial y sus agremiados, proclaman el freno a las inversiones que se presenta en el ámbito local, ante la tramposa e insensata acción de muchos cabildos capturados, que solo actúan mediante prebendas ilegales para facilitar el establecimiento de un negocio o empresa en general. El gobierno-botín, siempre está a la caza de entrampar negocios para obligar al moche.

Los trámites constituyen la piedra angular para facilitar el ejercicio comercial y la producción de riqueza dentro de una comunidad. Los malos representantes, impulsados por un sistema de partidos que propicia la corrupción política, controlan discrecionalmente la gama de permisos que manejan: usos de suelo, funcionamiento, construcción, inscripción en el padrón de proveedores, alcoholes, actividades en vía pública, etc. Prácticamente, todo lo que les interesa a los ciudadanos está dentro de la esfera municipal, y hacia allá se dirige la nueva ley expedida recientemente, con fundamento en la reforma constitucional que obliga a las diferentes esferas de gobierno a trabajar en la mejora regulatoria, para aligerar trámites y normatividad.

La boca de varios cañones legislativos ha sido redirigida al ámbito de los municipios para obligar el diseño de nuevos gobiernos, sin espacios para la amplia discrecionalidad, con la que ahora operan impunemente. Primero ha sido la Ley de Contabilidad Municipal, que instruye la armonización contable, la Ley General de Transparencia, que evita la opacidad crónica de los gobiernos, la Ley General de Archivos, que indica el resguardo de la documentación de la gestión de la actividad pública, de la Ley  General del Sistema Nacional Anticorrupción, que concentra un cúmulo de acciones para combatir al peor cáncer que invade a la esfera pública. Ahora complementa estos esfuerzos esta nueva ley, que crea un Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, encargado, de medir la eficiencia y eficacia de los municipios en esta materia, así como un mecanismo, a nivel nacional, para que la denuncia ciudadana, por aplicación arbitraria e ilegal de trámites, se convierta en un sonoro grito que traspase los límites municipales, sea estridente y tenga consecuencias.

Considero que casos extremos como los que suceden cotidianamente en el municipio de Guanajuato Capital o en el de San Miguel Allende y muchos otros, donde el gobierno-botín ha sentado sus reales y su dios protector es “El Moche”, puedan ser combatidos con mayor efectividad, con estas nuevas y aceradas herramientas.

En pleno siglo veintiuno existen mecanismos para combatir la extorsión de manera eficaz. Por ejemplo, los trámites no deben de ser presenciales, ejecutados ante el burócrata, puesto que la tecnología, por medio de plataformas digitales transaccionales y con firma electrónica avanzada más versátil que la del propio SAT, permiten eliminar el delicado encuentro cara a cara, con el oficial gubernamental. Estos sistemas no son fantasía, operan desde hace tiempo en muchos países. En el caso mexicano, estas tecnologías no han sido adoptadas, no por falta de recursos, ni de carencia de perfiles burocráticos adecuados, en ciudades grandes e intermedias. No se han construido, a propósito, porque son la kryptonita del gobierno-botín, que requiere del encuentro personal con el sojuzgado ciudadano, para provocar el cohecho. Pronto veremos con claridad la diferenciación entre dos categorías de gobiernos municipales y estatales, los que operan por la vía digital, y los que intentarán preservar, neciamente, la corrupción y su calidad de gobierno-botín, conservando el trámite presencial. Buenos y malos quedarán a la vista.

Al final aplaudimos la decisión con que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Economía apostaron por la construcción de la nueva ley, el dominio del tema que evidenció el Presidente de la República en el evento, al improvisar y fuera del discurso preparado, una reflexión sobre el tema muy bien dominada; así como la muy descollante participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ha aprendido a interpretar la dura realidad local, y el freno que esta significa, mediante la gestión del gobierno-botín, para el desarrollo nacional.

@carce55

ECONOMÍA DE CUATES

Carlos Arce Macías

 Turbulenta semana para Ricardo Anaya, publicitadísimo presidente de un partido político, y conocido por muchos mexicanos, a través de 1.4 millones de spots televisivos, utilizados para promover su imagen; y así, rodeado de sus “operadores incondicionales”, tratar de lograr la candidatura a la presidencia de la República.

 Un periódico de fama progobiernista, publicó un extenso y minucioso reportaje sobre el rápido aumento de la riqueza de la familia política del dirigente partidista. Los resultados que nos presentan, son que, coincidentemente con los 14 años de vida pública del joven Anaya, su familia cercana pasó de poseer un patrimonio de 6 inmuebles con valor de 21 millones de pesos, a 33 propiedades con un monto (supongo que catastral) de 308 millones.

 En el reportaje, solo se evidencia el desenvolvimiento del patrimonio de esta familia queretana. No hay acusaciones, solo información, que se deja maliciosamente a la opinión de los habitantes del zoológico político para que despedacen al autopublicitado dirigente.

 Por principio hay que poner en claro, que salvo que se pudiese comprobar trafico de influencias o uso de información privilegiada, estamos ante un caso de crecimiento patrimonial, aparentemente basado en una inteligente toma de decisiones, para comprar terrenos que luego pudiesen ser susceptibles de especulación inmobiliaria, transformándolos, en plazas comerciales, bodegas, hoteles, restaurantes y fraccionamientos residenciales.

 A la actividad, primero discreta a través de cuatro sociedades, desarrollada por esta familia de exitosos empresarios, correspondió luego la constitución de 17 empresas dedicadas a los siguientes giros: comercialización, arrendamiento, desarrollo inmobiliario, construcción, explotación de hoteles y de restaurantes. Una gama importante de actividades empresariales propias de una ciudad en explosivo crecimiento, como ha sido el caso de Querétaro en los últimos veinte años.

 Más la sobrerreacción del político, a la información propagada, resultó singular. Dirigentes y mandatarios de su partido, se aprestaron diligentemente a protestar por el artero ataque enderezado en contra de Ricardo. “Es una infamia”, espetó ante los medios, acusando al periódico de presentar, como propia, una investigación realizada por el gobierno para desprestigiarlo. El escándalo tomó, como lo esperarían sus adversarios, notoriedad declarativa, erosionando profundamente la cuidada imagen del joven dirigente partidario.

 Ahora bien, el relato periodístico, resulta ser la crónica normal, del desempeño de muchos políticos mexicanos, pertenecientes a todos los partidos. Consiste en lo que los economistas han denominado como “Crony Economy”, o economía de cuates. Esta se basa en la complicidad entre políticos y empresarios, para favorecerse mutuamente, eliminando los riesgos y el cumplimiento de la complicada tramitología de muchos proyectos empresariales convenencieramente apoyados “desde arriba”. El gran movimiento progresista, encabezado por Teodoro Roosvelt, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, tuvo entre otros objetivos, demoler este sistema que permitió la operación de poderosos monopolios, y en las comunidades más pequeñas, el afianzamiento de oligarquías citadinas dueñas de la política y la economía del lugar, que impedían la expansión de los mercados y la mejor distribución del ingreso.

 El relato del desarrollo exitoso de empresas en México, no se explica, generalmente, sin el toque mágico de la política. Ahí está Slim, beneficiado con la venta de un monopolio por Salinas de Gortari. Pero en lo local, también se tejen historias de éxito, gracias a la divina intermediación de políticos, que desde puestos estratégicos y utilizando sus influencias, logran remover con facilidad las barreras de entrada a los mercados, normalmente bloqueados para los ciudadanos comunes y corrientes: licencias de alcoholes, usos de suelo, permisos de construcción, licencias de anuncio, aprobaciones de traza, permisos de venta, extensiones de horarios, etc.

 Por lo tanto, el reto que tiene México, no es regresar al estatismo y socialismo ineficiente de los años 70 del siglo pasado, sino el tránsito, hacia un capitalismo funcional, basado en el artículo 28 de la Constitución, que decreta la competencia leal y la libre concurrencia a los mercados para los ciudadanos. El ejemplo del joven Anaya, sirve para demostrar que las políticas de desregulación económica y mejora regulatoria, deben de ser llevadas hasta sus últimas consecuencias, especialmente en las ciudades mexicanas, con la finalidad de evitar la “concentración de éxitos empresariales” en unas cuantas manos, gracias a las amables recomendaciones de parientes, cuates o patrocinadores, posicionados en un puesto político; todo ello sin olvidar, que quienes han sublimado este método, elevándolo a la altura del arte, ha sido la tribu de políticos originarios de Atlacomulco, en el Estado de México. Frente a ellos, palidecen los queretanos y cualquier otro grupo de mexicanos. Son los amos y detentadores del grueso de la economía de cuates.

 Finalmente, resulta penoso, que sobre todo los jóvenes que empiezan a acceder a puestos destacados de la política, tanto a niveles nacionales como locales, no entiendan algo muy sencillo: a la política no se va a hacer negocios, ni para ellos, ni para sus familiares. Solo se va a servir, acatando el mandato establecido en leyes. Así de fácil y así de difícil.

@carce55