SISMO REGULATORIO

Carlos Arce Macías

Luego de los efectos de los recientes movimientos telúricos que sufrió una gran parte de nuestro territorio, una enorme convulsión, paralela a la sismológica se deberá producir en nuestro país, aunque aún no se identifique plenamente: la regulatoria.
Poco a poco, luego de que los aterrados partidos políticos dejen de competir en la ruleta del populismo más ramplón; nos daremos cuenta, lentamente, que lo primero que debemos enfrentar es a nuestra geografía, con la única arma que una sociedad medianamente organizada, tiene a la mano: la normatividad para regular un crecimiento urbano seguro.


“La geografía es el destino” advertía Napoleón Bonaparte, al marcar las rutas de sus conquistas europeas, y no le faltaba razón. La ubicación de los Estados, los cruces de caminos, los cauces de los ríos, los pantanos y lagos circundantes, condiciones meteorológicas y geológicas, conforman un destino, para los asentamientos humanos que forman villorrios, pueblos y ciudades. Todos deberíamos ser conscientes de esto, porque de su ignorancia parte la temeraria creencia, de que el lugar en donde habitamos, es el mejor del mundo. No es así, siempre presenta circunstancias positivas y negativas.

 Ante tales escenarios, toda fundación humana, debe de tener como objetivo, potenciar el contexto positivo de nuestro centro poblacional, y aminorar los peligros que el entorno geográfico nos impone. De esa manera, una sociedad desarrollada, que ha aglutinado cientos de miles de habitantes, debe labrar la consciencia de su población, para que sepa a que estamos expuestos, y que peligros enfrentamos.


 Por eso es importante saber geografía, no solo como un tonto ejercicio nemotécnico, que se realiza en los últimos años de primaria. Combinado con la física, los pobladores de una zona, deberíamos tomar conocimiento del “mapa de riesgo” de nuestro pueblo o ciudad.

Como lo venimos advirtiendo, los peligros que nos acechan deben de ser aminorados, basados en un mapa confeccionado para ello, que ubique los terrenos inundables, las zonas de deslaves, los pantanos, las franjas cercanas a terrenos con residuos contaminantes, los suelos altamente inestables, a causa de terremotos o huracanes, etc. Del mapa de riesgo, debe de desprenderse una serie de disposiciones que impidan arriesgar a los ciudadanos, evitando su ubicación en lugares que presentan alto riesgo. Permitir desarrollos urbanos en zonas de grandes declives o cercanas a los lechos de los ríos, o a suelos amplificadores de las ondas telúricas, se convierte en un acto de irresponsabilidad, lesivo a los derechos humanos.


De aquí, pues, se desprende una variada normatividad, que desgraciadamente ha acabado convirtiéndose en una simple tramitología, carente de sentido, y sujeta a criterios torcidos y aberrantes, que mediante la corrupción, permiten que las personas habiten lugares peligrosos para su economía, sus bienes y en muchos casos para su vida.

Las tragedias en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, deben de producir una honda mejora regulatoria en materia de urbanismo y edificación. Los conocidos “permisos de uso de suelo, de fraccionamientos y lotificación y el permiso de construcción”, son parte clave de una interrelación positiva entre un mapa de riesgo y el desarrollo urbano.

Para garantizar la seguridad de una construcción, la acreditación de los “directores responsables de obra (DRO)”, debe transformarse, de un insubstancial requisito, a un trabajo serio, que finque responsabilidades de orden civil y penal. Las mafias, acrisoladas en los colegios de arquitectos e ingenieros, deben de ser pulverizadas, para sustituirse por verdaderos instrumentos de control de calidad de las edificaciones que se vayan levantando, en los lugares que sean seguros.


Toda un nuevo capitulado de delitos en contra del desarrollo urbano seguro, debe de proponerse, dentro de los trabajos del nuevo sistema anticorrupción, para castigar a los responsables, particulares y funcionarios públicos, de permitir la construcción en zonas de riesgo, o la construcción de edificios que no tengan las características técnicas para ser seguros. La obligación de aseguramiento de los inmuebles, puede ser la piedra de toque, que obligue a construir responsablemente. A las aseguradoras no les gusta perder dinero.

No cabe duda, las escuelas dañadas y desplomadas, los edificios habitacionales erigidos después de 1985 que se derrumbaron, los centenares de edificaciones públicas, puentes, hospitales y oficinas, que se construyeron con “moche” de por medio, y acabaron colapsadas, producirán la necesidad de implementar una mejora regulatoria a fondo, que dé seguridad a las familias, sin convertirse en una tramitología excesiva, que impida construir las ciudades y pueblos seguros que necesitamos.


@carce55

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OPORTUNIDAD TRÁGICA

  Carlos Arce Macías

 El destino presenta claves dramáticas, para componer cuestiones que no presentan solución aparente. Este es el caso que vivimos ahora, ante la tragedia de un terremoto que sacudió el centro de México. Explico el tema.

 Nuestra nación, ha conformado, a partir de diversas reformas legislativas, un sistema de partidos muy fortalecido, dotado de presupuestos cuantiosísimos, que producen una partidocracia excesivamente fortalecida, que controla sin caretas, la distribución de poder y dinero en el país.


 De pronto, caemos en la cuenta que arrebatarles el dinero a los partidos, sería una dura, larga y desgastante lucha, quizás ineficaz, para arreglar, de una vez por todas, el núcleo fundamental de los problemas del país: elecciones libres, en donde se garantice una competencia en términos de igualdad, castigando severamente las trampas de los jugadores desleales.

 Si ponemos atención, es en los procesos electorales en donde se genera gran parte de la corrupción que corroe a nuestra patria. De ahí vienen los acuerdos inconfesables entre partidos para repartirse el poder en diversas regiones y zonas del territorio, como si fuese un pastel; la aceptación de recursos para movilización y compra de voto, con dinero de la delincuencia; las “inocentes y desinteresadas” aportaciones de empresas y corporaciones, para garantizarse contratos y regulaciones a modo; la utilización de medios gubernamentales y caudales públicos, para fabricarse, con anticipación, candidaturas futuras y opciones a la reelección; trafico de influencias de muchos funcionarios para poder conformar “cochinitos” que logren sostener el costo multimillonario de futuras campañas; el sistema de “moches” para la contratación de obra pública y servicios, con vistas a constituir fondos comiciales; el abandono de actividades de fiscalización y rendición de cuentas, en aras de gestorías innecesarias, para capturar clientelas electorales. Me faltarán más, pero solo son algunas, de las perversiones que fomenta la falta de una regulación y verificación eficaz de nuestras elecciones, hasta ahora imposible de corregir por los intereses que lesionaría la reforma que rectificara el modelo actual.

 Hemos permitido la construcción de lo que se denomina un sistema cártel de partidos políticos. Partidos que no requieren de la ciudadanía, porque cuentan con recursos suficientes para contratar grandes burocracias y comprar el voto de los ciudadanos más vulnerables. Por ejemplo, los partidos ya no necesitan de la aportación de sus militantes, les resulta hasta ridícula.


 El sistema acartelado de partidos, que no requiere ciudadanía, se va separando de las causas más sentidas del pueblo, sustituyendo a estas, por su propia realidad: la conservación del poder y el aseguramiento de puestos y empleos de los participantes en el cártel. La democracia queda pulverizada, así como el funcionamiento republicano de las instituciones, especialmente la división de poderes.

 Los caminos para desactivar este entramado de intereses, que complotan contra la vida institucional y democrática del país, destruyendo a sus ciudadanos, es más o menos sencilla: despojar a los partidos del caudal de dinero del que actualmente gozan, incitando la necesidad de retornar a la búsqueda del respaldo ciudadano. Esto obligaría a abrir espacios de participación, ahora exclusivo para las élites partidarias. Al no tener el acceso a dinero, mas que solo para su operación esencial, no habrá más opción que retornar a las aportaciones de los militantes, y la ampliación de su base de seguidores. Y muy, pero muy importante, y contrario al movimiento “#sinvotonohaydinero”, sería el establecimiento del principio de “elección base cero”. Este consiste en que todos los partidos cuenten siempre con el mismo monto de recursos estatales, todos parejos, para garantizar la igualdad de la competencia; la diferencia en la fuerza partidaria, la construirán la cantidad de afiliados involucrados en cada partido, y las aportaciones, con límite, que cada uno pueda hacer. El punto es incentivar la democracia interna de los partidos, hasta ahora oxidada e inhabilitada, que entre otras desastrosas consecuencias, ha acarreado la formación de una clase política mediocre y rentista, cuyos miembros, en un país desarrollado, difícilmente llegarían a representantes vecinales. Este tema no es nuevo, ha sido investigado desde finales del siglo XX, por politólogos de las más prestigiadas universidades, que advertían la descomposición de la democracia interna de los partidos, substituida por una voraz nomenclatura, dotada de una tajada muy importante del presupuesto público.


 Y en el preciso momento, en el que más obscuro se advertía el panorama político-electoral del país, deviene la tragedia. El planeta se pone de mal humor, y una basta zona del país se estremece, primero con un fuerte sismo de superior a los 8 grados, y luego es asegundado por otro de 7.1, con epicentro muy cercano a la Ciudad de México. Los daños son cuantiosos. Los habitantes de pueblos y ciudades, especialmente en la capital, son los primeros en organizarse y participar en los rescates; se activa el músculo ciudadano. ¿Y qué es lo primero en que se piensa, para hacer frente a la agresiva realidad? En despojar a los partidos políticos de los inmensos montos de dinero que reciben. La indignación es brutal y va en aumento día a día, y con ella la oportunidad de restablecer la democracia intrapartidaria e imponer un sistema que premie las virtudes cívicas de los políticos, y no su oportunismo y amoralidad. Esto nadie lo va a parar. Por eso hay que aprovechar la inesperada y trágica oportunidad, que la manifestación telúrica nos brinda. Los partidos están contra la pared.


@carce55