REPÚBLICA MORTAL

Carlos Arce Macías

Me refiero al libro de reciente publicación “República Mortal”, de Edward J. Watts, maestro de historia en la Universidad de California, especializado en estudios de la Antigüedad, en el cual se narra el momento luminoso de la República romana, hasta elencumbramiento de Octavio Augusto, como primer emperador. Pero la importancia del texto radica en el uso de la historia para ir pintando un paisaje similar al que aparece en diversos países y regiones, en donde se empiezan a imponer movimientos autocráticos, en detrimento de las instituciones republicanas. Mas nos vale leerlo con cuidado.

Lectura obligada

El periodo de la República romana abarca más de quinientos años (509 a.c.-27 d.c.). Durante ese episodio, la ciudad de Roma eliminó la monarquía tradicional con la cual había venido creciendo,  creando el Derecho, un entramado de ficcionesjurídicas bajo la cual se puso orden en la ciudad y sus territorios, los cuales paulatinamente se fueron ensanchando. Se crearon instituciones para garantizar un gobierno innovador, en el que las decisiones sobre los asuntos públicos se compartieran con  instancias ciudadanas, eliminándose el antojo por el gobierno unipersonal.

La República, se cimentaba en las virtudes cívicas. En el hecho de privilegiar el interés de la comunidad sobre el provecho privado. Roma era el objeto de desvelo de toda la clase política, la cual competía por el reconocimiento de su participación a favor de acciones que culminaran en el engrandecimiento de la patria local. El sistema había colocado de manera inteligente, los incentivos correctos para premiar los esfuerzos por mejorar la comunidad.

La virtud cívica premiada

El método republicano, como el de hoy, se basaba en un juego de pesos y contrapesos de diferentes funcionarios e instituciones, teniendo como ejes a los dos cónsules y al Senado. Así se balanceaba la vida pública evitando la preminencia de los intereses personales de algún político ambicioso.

Toda esta arquitectura produjo el triunfo de Roma sobre los cartagineses en la Guerras Púnicas, convirtiéndola en la dueña del Mediterráneo. Nunca privaron las malas apetencias, la política sublimó a los líderes de esa época.

Pero nos advierte el texto: “Sin embargo, a partir del año 130 a.C., dirigentes romanos como Sila, Pompeyo, Marco Antonio y Julio César, comenzaron a usar cada vez más las instituciones para buscar el lucro individual y obstaculizar a sus rivales, hasta que los enfrentamientos dieron paso a la violencia. El terreno estaba abonado para unas guerras civiles destructivas y, al final, el reinado imperial de Augusto.

Por encima de todo, la República romana enseña a los ciudadanos de nuestros días los peligros de consentirla obstrucción política y coquetear con la violencia. La historia de Roma demuestra con claridad que, cuando los ciudadanos miran hacia otro lado para no ver que sus dirigentes tienen comportamientos corrosivos, su República está en peligro de muerte”.

Cicerón denunciando al corrupto

Esta advertencia se actualizó en Guanajuato en enero de 2014. En Celaya el alcalde fue grabado denunciando la petición de moches por parte de los diputados federales de su partido. Fue un escándalo nacional. Sin embargo el gobernador fingió demencia e instruyó a su procurador de no mover un solo dedo. No hubo investigación alguna, se aliaron a la corrupción. Omisos, el pacto de impunidad se garantizaba, y el triunfo de candidatos que utilizaron laextorsión para pagar votos y campañas, se premió. Ahora no nos quejemos, todo se desmorona.

Pacto de impunidad
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PARTIDOS POLÍTICOS Y REDES DE CORRUPCIÓN

Carlos Arce Macías

Una de las revelaciones que nos ha aportado el gobernador Javier Corral mediante el caso de César Duarte en Chihuahua, ha sido la manifestación de la corrupción, a partir de una organización en red. No se trata como el común de las personas piensan, de conductas antisociales aisladas, donde individualmente, empleados o funcionarios desleales, expolian presupuestos públicos. No, no es así.

La corrupción es un sistema bien estructurado, aceitado, con múltiples derivaciones, que requiere la comisión de varios delitos, y que termina con el lavado de dinero, a fin de blanquear sumas muy considerables del dinero público pillado por la organización. Claro, siempre hay cabecillas, que se encuentran guiando la comisión del serial de irregularidades y violaciones que se necesitan cometer, para que opere adecuadamente la red.

Así sucede con las actividades ilícitas que se ejecutan en los gobiernos municipales, estatales y federal. Pero también alcanzan otros ámbitos del entorno público, como son los partidos políticos. Estas organizaciones han sido parte esencial de la corrupción que ha colonizado a los gobiernos, y sufren el mismo proceso de expoliación, que las administraciones públicas. Hagamos un repaso.

De la misma manera en que una red de corrupción se incrusta en un gobierno y lo convierte en una víctima a la que se le extrae recursos constantemente, los partidos son instrumentos claves para implementar la red, controlando el acceso al poder, garantizando de esa manera a los corruptos, los cargos públicos y de representación que se necesiten para ser eficaces. Por ejemplo, controlar las auditorias de los congresos es muy importante para no propiciar amenazas sobre la operación extractiva de la red. Los diputados incondicionales, serán los miembros de la comisión encargada del análisis de las cuentas públicas. En el caso de los ayuntamientos, tendremos ahí a los síndicos y regidores que están integrados al sistema corruptivo.

Pero paradójicamente, las propias organizaciones partidistas, son las primeras víctimas de este agresivo cáncer social, siendo rápidamente capturadas por las bandas de depredadores políticos. La presa es apetitosa. Los partidos reciben en México, cantidades inmensas de dinero, que los colocan, por ingresos, en las mismas coordenadas que muchas de las grandes empresas del país, pero con una diferencia, las finanzas internas pueden ser utilizadas con gran discrecionalidad desde los puestos de mando partidario. Un botín suculento para un grupo de vividores de las arcas públicas.

Los partidos recibirán casi 5000 millones de pesos para 2019. A cada uno le serán entregados cientos de millones de pesos. Pero sus bancadas federales también obtendrán una millonada. Para tener una idea, la LXIII Legislatura de diputados recibió, aparte de sueldos, por concepto de “subvenciones”, 3500 millones de pesos. La coordinación de cada grupo parlamentario manejó con total discrecionalidad la distribución de esa millonaria partida. Luego tenemos al Senado con cantidades muy importantes, más las aportaciones estatales a los partidos, que varían dependiendo de cada entidad. Total, un montón de dinero, susceptible de ser privatizado.

Si a estas particularidades le agregamos la negociación por la aprobación de leyes, tanto a nivel estatal como federal, o bien reglamentos municipales, los negocios por autorizaciones y permisos, el tráfico de influencias y los sobornos, advierto que nos encontramos ante la presencia de un anchuroso sistema de redes de corrupción.

Una cosa importante: los políticos honestos, también tienen un papel importante en el sistema. Sirven de cobertura. Dan un halo de virtud y siembran un poco de confianza en los ciudadanos. Lo importante es que sean sumisos y se adapten al rol asignado. No nos sorprenda entonces ver allí, a algunos perfiles de políticos que alcanzan a conservar buena fama, estos son imprescindibles para camuflar las operaciones expoliatorias de la red. Se les siembra estratégicamente, se les conserva y se les da exposición mediática. Pero al final, solo son una careta, que mal cubre el desfigurado rostro de la corrupción rampante que acosa a los partidos.

Debemos tomar consciencia de esta cruda realidad, y del modus operandi del tejido corrupto dentro de los partidos políticos. Solo así podemos entender las fuertes y duras luchas internas, que importantes agrupamientos de militantes, cansados de tanto escarnio, han iniciado con motivo de las disputas internas por la dirigencia partidista, como es el caso del PAN. La denuncia reiterada de la corrupción y la reivindicación de los ideales y principios, no son gratuitos. Son el antídoto del pragmatismo, forma de hacer política, que ha permitido toda clase de negociaciones, así como la rendición de los principios que norman a la organización.

No por nada, lo que más incomoda a estas redes profesionales de la extracción ilegal de rentas desde los presupuestos públicos, son los miembros rebeldes que actúan dentro de los partidos. Más, si son estridentes e irreverentes y denuncian la comparsa de dirigentes y militantes entregados a los malos manejos y al enriquecimiento individual. Hay que sostener el grito sonoro. Que cale y duela para que los ciudadanos se abstengan de votar por corruptos.

Finalmente, en estas semanas, en las que los panistas deberán elegir nueva dirigencia, será importante que militantes y ciudadanía tomen nota de cómo funciona la operación de redes de corrupción dentro de los partidos políticos. Servirá para definir el voto y saber, al final de la contienda, si la red fue por fin derrotada. Estén atentos.

HUACHICOL, SEGURIDAD INTERNA Y FISCALÍA

Carlos Arce Macías

Como catarata se han venido los temas de interés, en este cierre de año. Durante la presente semana se agolparon importantes cuestiones que reclaman atención. Intentaremos un rápido acercamiento a cada una de ellas.

HUACHICOL.- Es sabido que el crimen organizado ha encontrado en el robo de gasolina, desde los ductos de PEMEX, el producto más rentable, incluso, que el tráfico y distribución de droga. De esa forma, la gasolina robada impacta de manera directa en el baño de sangre que sufre el país, especialmente Guanajuato, en dónde converge un nodo de distribución importante desde la refinería de Salamanca.

PEMEX y autoridades participan en el crimen organizado, de ahí que su calificativo de “organizado”, presupone el contubernio con autoridades. Se trata de la operación de un gran negocio negro, en el que participan personal de la empresa, huachicoleros y gasolineros. Estos últimos, logran enormes ganancias indebidas, al comercializar gasolina robada, que adquieren al 50% del costo y venden al precio general. Resultado: negocio redondo.

El involucramiento de los empresarios ha quedado a la vista, a manera de ejemplo, para enviar un mensaje al gremio, de que ha sido detectada su complicidad con los huachicoleros, y que deben detener su participación o atenerse a las consecuencias.

La estrategia más efectiva para acabar de forma contundente con el desgarriate, es la conformación de un mercado de hidrocaburos funcional, en el que la competencia, inhiba las malas prácticas generadas en el sector. Sin embargo se empiezan a detectar maniobras para evitar dicha competencia, desde el propio PEMEX, discriminando el suministro de gasolinas a las nuevas empresas entrantes al mercado, que han decidido a actuar de manera leal con los consumidores. Por lo pronto, desde la terminal de abastecimiento de Irapuato, se privilegia a las estaciones de servicio que aún detentan la franquicia PEMEX, en detrimento de las gasolineras de grupos empresariales distintos a la corporación estatal, obligándolos a suspender el servicio temporalmente, por causa de desabasto de gasolina, premeditado y doloso.

El combate a la huachicoleada fracasará, si las autoridades no obligan a PEMEX, a cumplir los términos de la reforma energética, con el fin de construir un mercado eficiente de gasolinas, en beneficio de los ciudadanos. ¡Cuidado!

SEGURIDAD INTERNA.- La presión gobernamental para aprobar las incursiones del ejército en las calles en labores que no le corresponden, estalló en los últimos días, forzando la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la nueva Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa, que pasará al Senado, presenta gravísimas deficiencias y contraviene derechos humanos. En el centro del debate, está la habilitación de las fuerzas armadas, para realizar una función para la cual no están preparadas: la seguridad. El encargo del ejercito es la defensa del país, frente a potenciales agresiones externas. Los soldados están entrenados para guerrear y matar enemigos, no para cuidar a los ciudadanos del crimen. Esa acción corresponde a las policías.

Por eso vuelvo a recordar la sentencia del jurisconsulto Ponciano Arriaga, constituyente en 1857: “Cuidar de la paz y seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones  de la autoridad que obra en nombre de la ley; la ley es expresión de la voluntad popular y los funcionarios militares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si  no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles en todos los negocios que no tengan  íntima y directa conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley”.

Mala idea, dotar de condiciones de discrecionalidad al Ejército y a la Marina, para realizar actividades propias de los civiles, la historia documenta el peligro de ubicar a los militares, tan cerca del poder político. Eso no es bueno ni correcto.

Quizás por ello, la mayoría de los diputados federales de Guanajuato, se abstuvieron de votar a favor la perniciosa iniciativa; pero también revelaron la influencia sobre ellos del gobernador del estado, que seguramente envió línea para no votar en contra del proyecto, y así parar la intentona militarizante. Insisto: queda a la vista la sumisión de los representantes populares, que deberían velar, antes que nada,  por los intereses de los ciudadanos, que por respaldar incondicionalmente la línea dictada desde el Ejecutivo estatal. Desnudemos la cuestión: diputados medrosos, sin fuerza propia, que dependen de la designación interna de los partidos, que rompe la dependencia con las bases militantes. A los electores se les prefiere repartir cachuchas, gallinas, tinacos y láminas, a garantizarles buenas leyes. Así estamos.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.- Y hablando de diputados, pasemos a los agobios de nuestros representantes estatales, metidos en un callejón sin salida, por haber fallado en el diseño de una ley fundamental para combatir de manera eficiente y eficaz la corrupción galopante, que coloniza nuestra sociedad.

La reelección hay que ponerla por delante. Se equivocaron, y permitieron el tránsito por el Legislativo, de una mala ley que acota el espacio de elegibilidad para los candidatos a ser fiscales anticorrupción. Solo los funcionarios que se han desempeñado como subprocuradores o ministerios públicos, fraguados dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado y bajo la influencia del “Señor Procurador”, son elegibles para el cargo. Así lo determina la ley.

Bajo la nueva legislación aprobada, se torna imposible, el buen funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados armaron su propia jaula, se metieron en ella, pusieron el candado y están a punto de arrojar la llave fuera de su alcance. Necesitan patear el tablero, ser disruptivos, reconocer a plenitud su equivocación y convertir con ello, en improcesable políticamente el nombramiento del próximo fiscal.

Iniciar una reforma exprés, que modifique las condiciones actuales de elegibilidad, se hace urgente, para evitar pagar, a través de la negativa a su reelección, los costos de sus errores legislativos. Es el precio de la falta de concentración en los temas que son de su ámbito, y en lugar de ello, estar enfocados a la gestoría de obras, construcción de canchas deportivas, giras con el gobernador para inauguraciones y descuentos de casetas de peaje. A quedar bien con el Ejecutivo, pues, en lugar de convertirse en el filtro, que garantice la calidad de la legislación, como lo mandata el sistema republicano.  Ese es el problema, conste que se los advertimos a tiempo.

@carce55