FUERO

Carlos Arce Macías

A nivel federal, avanza la iniciativa de eliminación del fuero, consignado en diversos artículos de nuestra Constitución. La postura es claramente populista, dirigida a un pueblo enojado con sus representantes. Confunden el síntoma con la causa. Guanajuato ya eliminó el fuero, especialmente el de sus diputados. Pésima decisión en un ambiente monárquico-provinciano, como el que se ha instaurado en nuestro estado.

Nos dicen los historiadores que todo este asunto comenzó en la Inglaterra de la alta edad media. Hacia el año 1340, Eduardo III, inició contra Francia la llamada “Guerra de los Cien Años”. Esto desencadenó fuertes presiones económicas para su reino, y por lo tanto una confrontación con sus barones. El líder del Consejo Real era el destacado John Stratford, arzobispo de Canterbury, la posición más importante de la Iglesia en Gran Bretaña. El encontronazo entre el rey y su Consejo se tensó mediante estratagemas legales para imputar delitos a Stratford y así neutralizarlo de la batalla política. Fue esa la primera vez, en que un miembro de un proto-parlamento, exigió ser juzgado por sus pares, y no por el monarca. Ahí nació pues, el reclamo de fuero especial para los parlamentarios. La contienda fue ganada por los lores, y la autoridad regia se vio limitada.

Ya en los años 1397, 1459 y 1512, se dieron violaciones a los privilegios de los parlamentarios, por lo que se dictó la primera ley que definió los fueros del Parlamento, y que fue ratificada hasta 1667. Antes Jacobo I, no estuvo de acuerdo en conceder tal poder a los súbditos, Carlos I, su hijo, con aspiraciones absolutistas, menos. Le cortaron la cabeza en 1649.

Finalmente se establecía que cada miembro debía tener garantizado su pleno derecho a expresarse libremente, quedando protegido contra acusaciones, presiones o ultrajes. El principio de que los asuntos del Parlamento y sus miembros se resuelven dentro del propio Parlamento (fuero parlamentario) quedó plenamente definido en el “Bill Of Rights”, signado por Guillermo de Orange en 1689. La larga lucha se cerraba bajo la contundente victoria de los “representantes del pueblo”.

Con ese ejemplo, drástico y brutal, Estados Unidos incluyó en su Constitución (1787) el blindaje parlamentario, así como luego de un excesivo uso de la guillotina y de muchas cabezas que rodaron en su entorno, Francia también lo asimiló en sus constituciones de 1791 y 93.

Desde estos dramáticos momentos de la historia moderna, la mayoría de países con regímenes democráticos, ya sean parlamentarios o republicanos, decidieron adoptar la protección de sus legisladores frente a los titulares del poder ejecutivo o monarcas en funciones. Durante el siglo XIX, México no fue la excepción.

Nuestra historia no está exenta de conflagraciones entre caudillos y representantes populares. En 1822 Agustín de Iturbide disuelve el Congreso y encarcela, entre otros a los diputados Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamente y a José María Luis Mora. En 1913 Victoriano Huerta ordena encarcelar a 84 diputados que se revelan a consecuencia del golpe de estado del chacal contra Madero. Nunca las relaciones entre los titulares del Poder Ejecutivo y los verdaderos representantes sociales, han sido tersas.

Mediante la reflexión sobre los hechos históricos narrados, y ante la irreflexiva moda de eliminación del fuero, el diputado argentino Sergio Massa; expresa lo siguiente: “Los diputados no pueden ni deben renunciar a sus fueros, porque los fueros no son una prerrogativa personal sino un reaseguro del Parlamento para fortalecer su funcionamiento, libre de presiones del Poder Ejecutivo, y también de los particulares que mediante denuncias judiciales podrían interferir  en la actuación de sus miembros”.

Los mexicanos hemos tomado, con temeridad pasmosa, el sendero rumbo al precipicio. Por eso ante la amenaza de eliminar el fuero constitucional, el doctor Diego Valadés del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: “los gobernadores/caciques verán multiplicado su poder de control sobre los legisladores y los jueces locales”. Tal parece que la apuesta a favor de un gobierno autocrático se dobla, al tomar una decisión tan trascendente al calor de brindar a la ignorante y vociferante tribuna populachera, la eliminación de un escudo, que solo acabará empoderando al más fuerte frente al débil.

El problema no es el fuero, como neciamente se cree. El problema es la falta de democracia interna de los partidos, que impide el acceso al poder a mejores representantes. El problema es la liquidación paulatina de la oposición en los congresos. Sin fuero, quiero ver a los futuros congresistas, por ejemplo, intentando enfrentar maniobras atrabiliarias de López Obrador. Los va a hacer picadillo. Tontos.

@carce55

Anuncio publicitario

EL REINO DE GUANAJUATO

EL REINO DE GUANAJUATO

Carlos Arce Macías

“La fuerza dominante en nuestra sociedad es la estupidez organizada”.

Rob Riemen (filósofo holandés)

No nos hagamos tontos, somos un reino. Los partidos políticos y el gobernador destruyeron lo poco que quedaba del sistema democrático republicano. Los últimos dos sexenios han machacado los residuos democráticos, y la ciudadanía guanajuatense, amodorrada, permitió que los gobernadores fueran imponiéndose poco a poco, sobre los demás poderes hasta lograr un gobierno unipersonal.

Los jueces y magistrados se dejaron manipular por los propósitos del soberano dictados desde el Paseo de la Presa. A su antojo ubicó magistrados a modo, ante el poco temple de los juzgadores para enfrentar la embestida del Ejecutivo. A los miembros del Judicial les han temblado las corvas para poner un alto a las imposiciones que el gobernador decreta, rematando el deterioro institucional, con la ignominiosa decisión de nombrar como presidente a la recomendada de su compadre. Vergüenza para un Poder, cada día más alejado de su independencia. Ni siquiera al gobernador le interesa o mortifica su destino, sino que será el amigo incondicional quién lo manejará a trasmano. Oprobio.

El Legislativo, que inaugura la posibilidad de reelección, tiene que pasar por la criba de los partidos políticos. En el PAN, el dedo gobernante decide quién va y quién se queda. La democracia quebrantada para el nombramiento de los diputados, solo soporta a los leales e incondicionales, sujetos a la línea del Ejecutivo. Ni a monarquía parlamentaria llegamos, nos hemos estacionado en el absolutismo más anacrónico. Algunos legisladores intentan desesperadamente lavar cara, trabajando con dedicación en sus comisiones, pero son incapaces de plantarse frente a la primera ministra del reino y decirle “no” a sus instrucciones implacables. Nos quedamos sin equilibrios, la república se esfumó, es la voluntad de Su Majestad la que prevalece.

El sistema de partidos se ha transformado en un cártel de organizaciones políticas que pactan caricaturescos juegos electorales, que montan la pantomima de una “intensa vida democrática”. Sigan la ruta de la elección de Guanajuato Capital, y verán, una vez más, la simulación de un proceso acordado entre la torva oligarquía pueblerina, para entregar el mando a quién pueda garantizarles el pacto de impunidad, que requieren para continuar expoliando los exiguos recursos de la capital del estado. Pero el modelo se repite en muchos puntos de la geografía estatal. Casi con precisión milimétrica, el monarca ya sabe que posiciones se ganarán y cuáles otras se concederán a la domesticada “oposición”.

Su propio partido político, de donde procede el soberano, ha sido intervenido a fondo. El dictatum real ha dispuesto nombres y prelaciones para integrar las listas de senadores, diputados federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores. Todos, convertidos en una alegre planilla de incondicionales del Rey, que se transformarán en sus alfiles en el Congreso Federal, para “bajar” recursos. Al cabo de eso se trata hoy en día la política. Olvidémonos de la exigencia de rendición de cuentas, de cambios legislativos importantes, del perfeccionamiento del sistema anticorrupción, de controlar el gasto del Ejecutivo con presupuestos que eviten la discrecionalidad. Eso no. Los legisladores pertenecen al soberano, él intercambiará su voto en los temas de interés nacional, a cambio de algún apoyo o de recursos para una “magna obra”, que asegure en la memoria de los siervos el recuerdo del magnificente monarca.

El recuento desemboca en el nombramiento de su Delfín. Este será un joven político, designado para asumir los controles totalitarios del estado y proteger las espaldas del monarca saliente. Porque la monarquía guanajuatense, como muchas otras establecidas en México, requiere de la extracción de rentas públicas para soportar la organización de una campaña electoral que garantice el triunfo electoral y una larga permanencia en el poder. Y siendo así las cosas, más vale apelar al compromiso de confianza absoluta y total incondicionalidad, para evitar las consecuencias de una peligrosa persecución judicial. El delfinazgo sella el pacto de impunidad con la monarquía saliente. Los vasallos lo saben pero no lo dicen… prefieren callar.

Generalmente las monarquías caen de manera violenta por medio de revoluciones. Generar una evolución interna hacia la reinstauración de un gobierno republicano, sería una audacia poco convencional, que necesitaría una profunda reforma político electoral a nivel estatal y local. Se tendría que comenzar con el establecimiento de elecciones primarias obligatorias a los partidos políticos, para postular miembros de ayuntamientos, diputados y gobernador. Hay que prohibir la designación directa, como ahora ha sucedido, y en el caso de las posiciones plurinominales establecer el sistema de listas abiertas para que los ciudadanos obtengan la libertad de votar por diferentes candidatos.

En una República de verdad, el Ejecutivo debe de sentirse siempre vigilado, tanto por el Congreso, como desde una Fiscalía General autónoma, conducida por un personaje con suficiente señorío y catadura ética, que no dude en perseguir a un gobernador deshonesto.

La autonomía también debe tocar al órgano de control del Ejecutivo, para convertirse en un ente independiente que continuamente audite y verifique el cumplimiento de la normatividad que rige la actuación de la gubernatura, especialmente en el ámbito de las contrataciones públicas: adquisiciones y obra pública. Hoy lo sabemos, por medio de empresas fantasma, desde esa zona opera la red de corrupción.

La integración del Poder Judicial debe de oxigenarse e impedir la influencia del Gobernador del estado. La inclusión en el Consejo del Poder Judicial de ciudadanos que cumplan ciertos requisitos académicos, y que impidan la excesiva endogamia judicial, puede ser una buena fórmula para imbuir de una renovada inspiración libertaria en su Poder, a los alicaídos miembros del Judicial.

Apunto solo la operación inicial que debería comenzar por sentar las bases de un ambiente republicano renacido y fuerte. Pero nada de esto se podrá siquiera iniciar, si la ciudadanía no manifiesta su exasperación e incomodidad con la situación  política actual de nuestro estado. Los ciudadanos son los que debemos acotar, condicionar e imponer nuestro interés sobre una clase política, que cree que el gobierno está escriturado a su nombre, y que pase lo que pase, seguirán imponiendo su voluntad, privilegios e intereses a los guanajuatenses.

Sin organización ciudadana militante, el Reino de Guanajuato continuará “per secula seculorum”.

@carce55