PREDIAL

Carlos Arce Macías

Dentro del capítulo de ingresos que cobran los gobiernos, se encuentran las contribuciones, y relativas a estas, aparecen los impuestos, los derechos y las contribuciones de mejoras. No lo digo de memoria, sino repasando los apuntes de Derecho Fiscal de uno de mis mejores maestros de la Universidad de Guanajuato: el doctor Miguel Ángel García Domínguez. Pues él nos enseñó que los impuestos tienen como objeto, la búsqueda de signos de riqueza. Se trata de una acción justiciera, en la que se identifican condiciones que revelan un caudal monetario y por lo tanto, un situación de prosperidad de ciertos grupos, por encima de otros contingentes de la sociedad. Los que exteriorizan una mayor riqueza contribuyen solidariamente al bienestar de toda la comunidad, cobrándoles impuestos.

El más conocido es el Impuesto sobre la Renta (ISR) que afecta el capital de una persona, también el famoso IVA, que grava el consumo. Quién más compra, más rico se estima que es, y, por lo tanto, más contribuye. En el nivel municipal, el impuesto más popular es el predial, referido a las propiedades que una persona posee. Es un síntoma obvio de riqueza, y por lo tanto se ve afectado por un impuesto que cobra el municipio y que contribuye de manera directa a solventar los gastos generales de la administración local.

Pues bien, resulta que, sorprendentemente, se devela que el club social y deportivo más exclusivo de la ciudad de León, el Campestre, cotiza para efectos de ese impuesto con valores ridículos, por haberse hecho pasar como un predio agrícola. Me dicen los que saben, que la diferencia entre pagar lo correcto y la trampa maquinada para defraudar al municipio, significa una cantidad ridícula al año para cada uno de los socios, todos personajes descollantes de la sociedad leonesa, ahora expuestos a la burla pública.

¡Escándalo!

Quien diseñó la estafa, debe de ser un pícaro. Quién la permitió desde el municipio, un corrupto que debe de ser sancionado de forma ejemplar. Y esto significa no solo analizar oficios y sus firmas, sino identificar órdenes e instrucciones precisas, giradas por algún funcionario, para llevar a cabo el timo.

Pero el momento es esperanzador, pues se da justo al inicio de una nueva administración. Urge pues que despejen dudas e inicie el esclarecimiento del enredo y se aplique la sanción para los que sean culpables. ¿Se dan cuenta que con hechos como este corroboran el discurso justiciero de AMLO? ¡Vaya manera de darse un tiro en el pie! Cualquier día puede haber opinión de esto en la mañanera. Morena se los debe de agradecer.

La administración del impuesto predial es delicada. Su finalidad no solo es recaudatoria sino también regulatoria. El gravamen es utilizado para evitar la especulación y propiciar la baja de los precios de los bienes inmuebles en beneficio de los consumidores. Permitir que en zonas estratégicas de las ciudades permanezcan grandes extensiones de predios baldíos, capitalizando la urbanización de la ciudad, y obligando a extender la mancha citadina innecesariamente, concede un beneficio injusto para unos cuantos terratenientes. Hacia allá debe dirigir sus esfuerzos el nuevo cabildo.

Pero en esto de los prediales, en todas partes se cuecen habas. Como es el caso de Guanajuato Capital, en donde el cavernario alcalde que padecemos, ha ordenado hacer avalúos de gabinete, para ilegalmente aumentar el próximo impuesto predial a los capitalinos.

Para imponer un nuevo valor a un terreno se deben cumplir los siguientes requisitos: ordenar el avalúo; hacerlo, mediante una visita al predio de los valuadores municipales; formular una propuesta; notificar esa propuesta al propietario; y si no hay inconformidad que despejar, alterar los valores vigentes, para que, en el siguiente cobro, se haga con fundamento en el nuevo avalúo.

Pues he aquí que el celebérrimo munícipe decidió elevar los valores hasta en 400% en sus pseudoavalúos chafas, lo cual se verá reflejado en los cobros de enero del impuesto predial. Algo debería hacer la oposición en el ayuntamiento, pero más el Congreso al revisar la Ley de Ingresos del municipio, no solo inspeccionando la tasa impositiva, sino el incremento de valores fiscales del suelo. Otra deshonestidad más, del gobierno-botín que padecemos.

La caja suena

Para terminar, ahora que la animosidad se cierne sobre el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual pienso que comienza a hacer un buen trabajo, no sería mala idea que gestionaran un estudio detallado del comportamiento de los municipios en la aplicación del impuesto predial. Podrían comenzar por León y Guanajuato. Habría muchas sorpresas, y los ciudadanos lo agradecerían.

Más dinero para ocurrencias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio publicitario

LA LOCURA

Carlos Arce Macías

 

¡Noticia bomba! En Guanajuato existe un déficit del 45% de policías. Sí, escudados en una estrategia temeraria y costosa, el anterior gobierno estatal permitió que el déficit se incrementara y que nuestro estado y sus municipios fueran deteriorándose en cuanto a nivel de operatividad contra la delincuencia, por escasez de policías . Ante los hechos, solo hubo, y hay, silencio; ningún reclamo directo de los encargados de hacer rendir cuentas a las autoridades en la materia.

Al estado le faltan por lo menos 8000 policías para alcanzar los promedios internacionales, que indican que deben existir 3 elementos de seguridad por cada mil habitantes. Solo tiene 9,484 y deberían estar enrolados por lo menos 17,600. Al problema se le suma una segunda circunstancia crítica, Guanajuato es la entidad puntera en policías asesinados: 60. De esa manera, nos hemos sumergido en un círculo vicioso mortal. Ese es el tamaño de la negligencia.

Efectivamente, los semáforos se fueron prendiendo paulatinamente, pasaron de verde a amarillo y luego al rojo, en tanto en las áreas de seguridad, con inusitada indolencia, todo continuaba con pasmosa tranquilidad, como si la entidad no tuviera gravísimos problemas de violencia criminal, en aumento acelerado. 

 

El ejecutivo optó por la explicación más torpe y tramposa: son los malos matándose, decía. Como si el homicidio doloso no fuera una conducta punible, por el solo hecho de que suceda. Si es entre sicarios y matones… adelante, no pasa nada, mientras que ciudadanos comunes, descuidados e indefensos no se encuentren en medio de las ráfagas de AK-47.

 

¿Cómo llegamos a esta espantosa locura criminal? ¿Por qué no se fincan responsabilidades a los negligentes? Esas son las preguntas que nos debemos hacer, y las responsabilidades que debemos exigir como ciudadanos. Iniciemos la autopsia del patético tema.

 

Los trágicos sucesos comenzaron por el desgaste del sistema democrático ante una partidocracia ruin y expoliadora. En los partidos políticos, sin la auténtica y libre participación de su militancia, se barajan y entregan puestos de representación popular, a los amigos incondicionales del sátrapa gobernante y de los circunspectos dirigentes partidistas. Ese es el mecanismo por medio del cual se somete a la voluntad autocrática, al poder legislativo, que debería ser independiente, y cuya función principal, no solo es hacer leyes, sino implementar la rendición de cuentas y generar contrapesos políticos. En nuestra realidad, la política se reduce a acuerdos cupulares y reparto de prebendas. Toda la arquitectura constitucional, ha caído por tierra.

 

A estas alturas, el anterior Congreso, salvo los débiles balbuceos de unos cuantos diputados, no exigió ninguna investigación, seria y profunda, a las instituciones de seguridad del estado. Sin reacción alguna ante las alarmas, se pudo llegar a faltantes de policías, del orden cercano al 50%. Hasta ahora, nadie se inmuta ni nadie reclama. El bozal está apretado. Las instituciones democráticas apabulladas. Maniatada, la representación popular, se nos muestra envilecida y sojuzgada. No en vano, un diputado me comentaba: 

 

– Es que todo les molesta allá arriba, no quieren ruido, cualquier estridencia y de inmediato nos regañan (sic).

 

Bajo tal presión, el sistema de control sobre el ejecutivo se ha desbielado, y no hay órgano que le exija responsabilidades sobre el baño de sangre que se extiende por todo Guanajuato, propiciado por su carencia de elementos de seguridad, entre otras causas. ¿Entendemos ahora por qué es tan importante contar con un Congreso funcional y diputados autónomos, que honren su condición de representantes del pueblo?  La partidocracia no solo liquida la democracia, sino permite la irresponsabilidad y la impunidad de pésimos gobernantes, que permitieron el quebranto de los cuerpos de policía.

 

Pero el problema no acaba allí, se prolonga al nuevo entorno gubernamental. El actual Congreso, no solo no equilibra, sino que nace humillado por el ejecutivo, al ser obligado a ratificar al procurador, como nuevo fiscal carnal de Guanajuato. El panorama no podría ser más negro. Cada diputado con su voto, se les advirtió, signó un obscuro futuro. Hasta hoy, no son dignos de representarnos.

 

Y las consecuencias se exacerban. Solo silencio de nuestros diputados, ante la escandalosa denuncia de esta semana, sobre el criminal déficit de policías, que propicia que los guanajuatenses padezcamos una inseguridad y violencia de locura y terror. Pregunta: ¿qué no deberían los diputados estar formando, urgentemente, una comisión de investigación sobre responsabilidades, con respecto a la actuación policiaca de los últimos cinco años?¿No hay cuestionamientos que hacerle al ineficiente funcionario que mantenemos como secretario de seguridad estatal? ¿No es hora de convocar a los alcaldes y jefes de policía de los municipios, a que rindan informes puntuales ante el Legislativo? ¿No es momento de investigar responsabilidades a un ex ejecutivo sonriente y bonachón, pero omiso y apático? Su negligencia, ahora lo constatamos, resultó funesta.

 

¿Sabemos en cuanto tiempo y que costo tendrá la formación de los policías faltantes? ¿Cuántas vidas costará el descuido? Y eso que no entramos al caso de la carencia de fiscales, que habrá que dejar para otra ocasión. Ahí, el déficit es también escandaloso.

 

Pongamos atención sobre el origen de estos problemas. Mientras nuestros representantes no sean genuinos, y sus compromisos se pacten, tan solo con los dirigentes de sus partidos, estos no asumirán su obligación de representación popular, y nunca iniciarán el reclamo de responsabilidades políticas y administrativas, permitiendo, así, la impunidad. En tanto, el panorama de seguridad en Guanajuato solo nos depara llanto y tristeza. La locura criminal prevalecerá, gracias a la falta de democracia interna de los partidos y con ello, de independencia de los poderes, que es la condición necesaria para poner coto a los malos gobernantes.

 

¿Queremos paz? Iniciemos por exigir una reforma política profunda al sistema de partidos en el estado y el fin de la impunidad a gobernantes irresponsables. Los diputados, hasta ahora floreros costosos, deberían investigar con seriedad las conductas dañinas de todos los funcionarios involucrados en el déficit de policías. Repetimos: urge terminar con la impunidad y, en su caso, fincar responsabilidades. Hay que dar los pasos iniciales para poner fin a la locura.

 

 

60 MILLONES

  Carlos Arce Macías

 Recientemente, el gobierno estatal, para ahorrar problemas al municipio de Guanajuato Capital, y sobre todo para tratar de evitarles el fincamiento de responsabilidades a sus negligentes funcionarios, decidió otorgarles un adelanto de participaciones para que puedieran liquidar una pesada deuda, originada en actos claramente ilegales.

 Dentro del sistema de cártel de partidos, que se ha conformado en nuestro país, a los guanajuatenses de la capital, el Partido Acción Nacional nos ha impuesto una pesada carga, al permitir a sus dirigentes locales negociar el municipio, para cederlo a una parte del PRI, la menos belicosa, más complaciente y acomodaticia, y así lograr una feliz y larga convivencia sin sobresaltos políticos, beneficiándose todos de un gobierno botín denominado: Guanajuato Capital.

 Pero la cohabitación ha resultado tan perniciosa, que en 2010, una de las peores administraciones municipales que haya padecido Guanajuato, intentó permitir la comercialización de las áreas verdes que rodean los cerros más emblemáticos del entorno: los Picachos y La Bufa. La ciudadanía se rebeló e impidió la transgresión, basada en un pingüe negocio, ya convenido entre el ayuntamiento y los recientes propietarios de los terrenos al pie de riscos y montañas. La firme oposición ciudadana, llevó a la realización de un plebiscito que perdió el gobierno municipal, ante el pasmo de gobernador panista del estado, que nunca criticó ni frenó al corrupto gobierno capitalino, quizás para no evidenciar su larga cola de irregularidades y negocios turbios. Pura corrupción.

 El siguiente gobierno tricolor, avizoraba una mejora substancial. Sin embargo, todo quedó en promesas y el desencanto fue mayor. La voracidad por la obra pública, solventada en moches, la destrucción implacable y feroz de varios de los jardines más tradicionales de la ciudad, el odio por los árboles y la propensión para transformar todo espacio publico en zona de changarros para venta de fritangas, acabó transformando el trienio en un remedo de gobierno, compuesto por vivales ávidos por capturar las rentas municipales.

 Ahora la actual intendencia municipal, victoriosa en una elección, nuevamente convenida para encumbrar a un panista como legislador estatal, a costa de entregar el municipio otra vez al PRI; ha ido desmoronándose de forma acelerada, y es tal la desorganización interna y el enfrentamiento en el seno del Cabildo capitalino, que ha originado un exacerbado estrés en el alcalde que ha acabado por postrarlo en un hospital, en varias ocasiones.

 Como explicaba al inicio, la última desventura que ha protagonizado nuestra opaca administración, es la necesidad de cubrir un pago de 60 millones de pesos adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no haber pagado el impuesto sobre la renta de los trabajadores del municipio desde 2012. El ayuntamiento capitalino, acabó con los dedos contra la puerta, al ser embargado por el gobierno Federal, bajo la amenaza de ser intervenidas, también, sus cuentas bancarias.

 Toda posibilidad de mejora administrativa y de servicios públicos hacia el futuro, ha quedado cancelada por el imprevisto pago, motivado por la irresponsabilidad de varias administraciones, incluido el interinato en 2012, del actual presidente municipal. Muy mustio, no ha querido informar con puntualidad del adeudo y el enorme daño patrimonial provocado a la capital del estado, a fin de intentar pasar desapercibida su negligencia.

 En los informes trimestrales de la cuenta pública, en el apartado de “pasivos”, no está reportada la deuda al SAT. Ocultaron información. Son responsables, y por lo tanto sujetos al establecimiento de responsabilidades que pudieran ser no solo administrativas, sino también del orden penal: los ayuntamientos de los períodos 2009-2012, 2012-2015 y 2015-2018, encabezados por Nicéforo Guerrero, Edgar Castro (interino), Luis Gutiérrez y Edgar Castro. También los diferentes contralores municipales que no aplicaron correctivo alguno, por el no pago de los impuestos federales, e incluso, el órgano superior de fiscalización, dependiente del Congreso del Estado, y supervisado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que no detectó las anomalías cometidas por las distintas administraciones municipales.

Pero sorprendentemente, nos hemos encontrado con una bonhomía y candidez inusitada de parte del ejecutivo estatal, para entregar, rápidamente y sin explicaciones de por medio, ¡60 millones de pesos! al municipio de Guanajuato, para que liquide sus agobiantes deudas. Algo muy sospechoso está sucediendo entre el gobierno del estado y el municipio. No resulta normal, en un juego democrático, tal liberalidad para prestar dinero a supuestos adversarios políticos, cuando estos han evidenciado una negligencia extraordinaria en el cumplimiento de sus deberes.

 El gobierno estatal, está permitiendo la impunidad de diversos funcionarios municipales, mientras se crea en el Congreso el sistema anticorrupción de Guanajuato. Una terrible paradoja, que avizora el nulo compromiso para combatir a los corruptos, así como la lenidad en el ejercicio de la ética pública. El ejecutivo estatal debió haber exigido, antes de entregar los 60 millones de pesos, la total transparencia de la deuda, así como el inicio de procedimientos para fincar responsabilidades a los omisos y negligentes funcionarios, que dañaron el erario del municipio. Eso no le importó a la autoridad estatal, prefirió aparecer, muy sonriente en una foto, con el asustado y estresado alcalde capitalino. La nula exigencia con la rendición de cuentas, para otorgar el auxilio solicitado, seguramente abrirá el paso a la tradicional impunidad mexicana, una vez más. El pacto de impunidad quedó a la vista.

 P.D: Información de última hora: Declara el síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, que existe un déficit por 30 millones de pesos para poder solventar los compromisos del presente año. ¡Ahí les hablan, gobierno del estado, necesitarán otro préstamo!

Twitter: @carce55

 

HORA DE COMENZAR, porque la corrupción persiste.

HORA DE COMENZAR

Carlos Arce Macias

Todo mundo sabe que han robado. A nadie le queda duda de que se han aprovechado del cargo público, para llenar las alforjas. Son motivo de escarnio y vergüenza entre la ciudadanía. Son escoria.

Sin embargo andan tan campantes, tranquilos, sonrientes. Saben que será muy difícil atraparlos. La impunidad está casi garantizada. Nada les sucederá. Durante años, el sistema político mexicano ha construido un andamiaje monumental, que permite robar y hacer mal uso de los fondos públicos sin correr peligro alguno. Duermen tranquilos.

La combinación existente, entre la carencia de documentación del desempeño de la función pública, la opacidad en la gestión y una legislación de responsabilidades ineficaz, han dado como resultado una amplia, continua y cómoda impunidad a los delincuentes, que a la vista de todos, esquilman a los ciudadanos, sustrayendo sus contribuciones al presupuesto público.

En el caso del municipio de León, desconozco detalles específicos sobre las indagaciones a la anterior administración, pero advierto, que si se basan en auditorías, difícilmente concluirán en acciones penales exitosas, contra funcionarios desleales. Las auditorías, ya lo he dicho, no son el mecanismo idóneo para identificar conductas delictivas, ya que solo se trata de revisiones documentales. Los moches, por ejemplo, nunca serán encontrados, porque se dan fuera de la contabilidad gubernamental.

Pero no solo es eso, tampoco se ha implementado un mecanismo de responsabilidades que pueda usarse para perseguir a los salteadores. Para comenzar, las conductas delictivas son escasas y mal tipificadas. No aparecen comportamientos como: colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, enriquecimiento oculto, uso ilegal de información falsa o confidencial y nepotismo. Otros tipos como el conflicto de interés están mal definidos.

Pero también las actividades ejecutadas, por razón del encargo de cada funcionario, no están bien documentadas y clasificadas. Esto acarrea una situación perversa: brinda cobertura a los delincuentes, pues no hay forma de fincarles responsabilidades, pero expone a los buenos servidores públicos a ser indebidamente acosados e indiciados. Hace falta la construcción de un buen sistema de archivos, que es el cimiento de una administración profesional. Es la memoria legal de la gestión de cada gobierno.

La decisión del Ayuntamiento leonés, de que sus miembros presenten sus declaraciones llamadas “3de3”, son pertinentes en estos momentos. Se está formando con ello evidencia documental oficial, de la situación patrimonial, fiscal y de intereses, que en su momento puede ser utilizada para corroborar datos, que cuando menos desemboquen en el delito de perjurio (falsedad).

Sin embargo, si no se llevan a cabo cambios radicales en la administración pública, comenzando por poner orden en la generación y resguardo de la documentación, así como la máxima transparencia en la gestión, con el objeto de que los ciudadanos puedan juzgar a su gobierno; de nada servirá la construcción de medidas anticorrupción y la definición de nuevos delitos. La impunidad continuará porque se carece de la documentación de las instrucciones, resoluciones y opiniones de los altos funcionarios encargados de gobernar. Ahí reside la trampa que permite el abuso.

No sé que medidas tomará la actual administración municipal para perseguir a quienes traicionaron el designio popular. Pero estoy seguro de que si hay forma de poner coto a la corrupción, si se construyen los mecanismos administrativos, que garanticen que la delincuencia organizada que opera desde el gobierno, correrá grave peligro de ser descubierta y acusada penalmente; al tiempo que se garantiza a los buenos servidores, el desempeño sin sobresaltos ni amenazas, de su cargo. Si no se ejecutan estos cambios, todos los esfuerzos se irán al caño. Contralores se nombrarán, auditorías se ordenarán, pero todo seguirá igual, y la impunidad campeará en la administración pública. Es hora de comenzar a hacer las cosas de diferente manera, para obtener distintos resultados. Hechos, no palabras, es lo que espera la ciudadanía indignada.

@carce55

 

 

LA MALDITA TRANSPARENCIA

LA MALDITA TRANSPARENCIA

Carlos Arce Macías

La política de transparencia nos está amargando la vida a los mexicanos. Sin ella, bajo la opacidad todo parecía estar bien. No nos compungían las malas noticias sobre la realidad nacional, y el proceder descarriado de nuestra preclara clase política. Estábamos fatal, pero no nos dábamos cuenta. Ahora, respaldados por datos e informes, nos percatamos de pronto, que no tenemos policías, ingenieros, maestros ni funcionarios profesionales. Vamos pésimo.

Miren, por obra y gracia de la transparencia, en unos cuantos años, hemos constatado que nuestra policía no sirve para protegernos de los criminales y prevenir los delitos. Nos dimos cuenta, gracias a los índices de impunidad y el registro delictivo preciso, que los agentes policiacos de nuestros pueblos y ciudades, estaban organizados para bolsear borrachos y lidiar con vecinos rijosos. Un día nos despertamos con la noticia de que la ciudad se la disputan varios cárteles, y nuestra policía es incompetente para enfrentar organizaciones criminales corruptoras, infiltradas en los gobiernos, y armadas hasta los dientes. Simplemente no tenemos policía.

Ahora, la ocurrencia de los políticos quiere vendernos la pócima mágica: el mando único. Verdadera disparatada, que promoverá la irresponsabilidad de las autoridades locales respecto a la seguridad pública, y pondrá en manos de los gobernadores, casi todos priístas a las “fuerzas del orden”. Se trata de una efectiva fórmula para liquidar la autonomía municipal, y controlar a aquél gobierno comunal que ose tratar de gobernar en contra de la línea del Ejecutivo estatal. Les podrán administrar el crimen local a contentillo. Es una tontería, contraria al auténtico municipalismo y la democracia; pero presentada como si todos los gobernadores hubieran demostrado eficacia en la materia. La situación de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz develan la ineptitud.

También por culpa de la transparencia, se nos informa recurrentemente sobre las transas en la contratación de obras públicas. En México, resulta imposible planear una obra pública, formular un proyecto ejecutivo, presupuestarlo, ejecutarlo, entregarlo en tiempo, y pagar solo lo que se presupuestó. Los costos están manipulados, las licitaciones arregladas, las asignaciones comprometidas, la competencia entre constructoras simulada, y la decencia profesional de los ingenieros liquidada. Ahora, parte de la obra pública esta ligada a la delincuencia y a políticos corruptos que imponen moches. La ingeniería civil mexicana, está en decadencia y la mala calidad de sus obras, quedan a la vista de los ciudadanos de inmediato. Nadie ha iniciado una seria incursión para poner coto a la complicidad entre gobernantes y constructores deshonestos. Los ejemplos menudean por doquier.

Otro día transparente, nos amanecemos con la noticia de que la lideresa de los profesores ha sido encarcelada, y que en realidad ¡sorpréndanse! no tenemos verdaderos maestros. Las pruebas de competencia laboral nos presentan un obscuro panorama. La profesión de la enseñanza es indigna para muchos mexicanos. ¿Cuántos padres quisieran que sus hijos estudiaran para ser normalistas? Muchísimos de los actuales maestros carecen de capacidades para educar. No enseñan nada, son una vergüenza, son los primeros reprobados en los exámenes de conocimiento. Pero el problema no solo se limita a la educación pública, muchas escuelas particulares están convertidas en pingües negocios, que también estafan a los negligentes padres de familia, que no se organizan para presentar un frente común y exigir una educación de calidad. En algunos centros escolares, hasta los niños quedan expuestos a las perversiones de sus maestros, y el silencio y la discreción son la respuesta. En realidad los padres de familia hemos sido los verdaderos culpables de la situación por no reaccionar y permitir tanto abuso.

Finalmente otra perla que nos evidencia la transparencia: la carencia de información de muchísimas administraciones gubernamentales. Sabemos que estas, no documentan con precisión las funciones, facultades y atribuciones de sus burócratas, impidiendo la rendición de cuentas. Son gobiernos de chiste, con las arcas abiertas para utilizarlas en provecho de los impúdicos funcionarios. Los casos de los gobernadores Granier, Medina, Moreira y Duarte lo evidencian.

Así, la construcción de sistemas anticorrupción, se convertirá en castillos de naipes, que se desbaratan de un soplido. No hay administración, no hay instrucciones y órdenes documentadas y firmadas por los responsables, y por lo tanto, los tranzas seguirán estando a buen resguardo de la ley, mientras los mexicanos gastamos más dineros públicos en aparatos burocráticos ineficientes, que darán palos de ciego tratando de cazar ladrones, blindados de impunidad.

Pensamos que quizás, la transparencia ha resultado una acción gubernamental demasiado cruel, que nos muestra una realidad nacional devastadora: pésimos gobiernos, cada día más cínicos; pero ciudadanos estáticos, pasmados, que no estamos reaccionando adecuadamente, organizándonos y enfrentando los problemas. De seguir así, sin duda, seguiremos mereciendo los gobiernos que tenemos.

Twitter: @carce55