NUEVOS GOBIERNOS

Carlos Arce Macías

Hoy estrena Guanajuato 46 nuevos cabildos. Como hemos intentado corregir desde este espacio, la elección fue para elegir ayuntamientos, no alcaldes. Con dolo, desde el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, nunca aclaró esta situación para los ciudadanos; y muchos, inmersos en la ignorancia y propaganda partidista, creen que serán gobernados por un personaje denominado presidente municipal, que hace y deshace dentro del municipio a contentillo. La arquitectura constitucional, no corresponde a esa creencia, el órgano superior de gobierno municipal es el ayuntamiento, desde ahí se define las grandes líneas que deberá seguir la administración municipal. El alcalde es un integrante del cabildo.

Ayuntamiento, gobierno por Concejo Deliberante, no unitario

Los retos que presenta nuestro estado son monumentales. El más urgente es el de la seguridad pública, policía preventiva y tránsito. Aquí los ayuntamientos guanajuatenses se debatirán entre si continúan sincronizados a las consignas del secretario de seguridad del estado, sus incondicionales y sus intereses, o asumen su autonomía y deciden hacerse cargo, directamente, de conformar una policía funcional y confiable. Recuerden: los malos gobiernos no construyen buenas policías. El destino está signado por los votos que decidieron la elección y el temple de los nuevos funcionarios.

Un tema substancial es el del control de la corrupción, desde el seno del mismo ayuntamiento, hasta el más recóndito espacio de la burocracia local. No hay posibilidad de conformar un aparato eficiente y eficaz, si no se pone empeño en evitar actos deshonestos. Ni siquiera es un asunto de moralina, es un tema de productividad de la maquinaria de gobierno. La corrupción torna improductiva la obra pública, las compras, la prestación de servicios y los trámites. Una contraloría eficaz, resulta indispensable para lograr este fin. Hasta ahora, las contralorías han naufragado ante su complacencia con los deshonestos. No sirven.

Otra cuestión toral, es la transparencia y la rendición de cuentas. Sin estas, la ciudadanía no podrá tomar decisiones adecuadas al emitir su voto. Con la opacidad se destierra la democracia y se abre un gran boquete para que arribe la corrupción organizada y campante. El Instituto de la Transparencia, el IACIP, no ha apretado las tuercas debidas, actuando con lenidad respecto a sus sujetos obligados, que, con festiva liberalidad, reservan información a los ciudadanos sin motivo ni fundamento.

La administración que no cuente con una organización profesional en el manejo del municipio, pocas oportunidades tiene de entregar buenos resultados. Las condiciones políticas han privilegiado el modelo de “gobierno-botín”, en donde se considera que el ganador tiene escriturados para sí todos los puestos del municipio, los cuales son graciosamente asignados a camaradas del partido triunfador. Es tiempo de decidirse por conformar un verdadero servicio profesional, que garantice un desempeño eficiente y eficaz. Solo así podrán sortearse los complejos retos que habrá que enfrentar.

La tecnología y la innovación de que disponga la organización harán que la velocidad de respuesta y la asertividad en las tomas de decisión, otorguen ventajas a los ciudadanos de la comunidad que adopte estas herramientas de vanguardia. No solo se trata de trámites ágiles y rápidos, sino de producción de información, que permita identificar cuellos de botella, productividad del personal y funcionamiento de los procesos mediante sistemas de alarma. Es, en pocas palabras, la implementación de nodos de inteligencia que produzcan información en tiempo real, como si fuese una auditoría de desempeño, generada automáticamente. Solo así se podrán realizar trámites digitales de punta a punta, sin la necesidad de acudir a ventanillas presenciales; tener el control en línea de servicios públicos: rutas de transporte, de recolección, de vigilancia y funcionamiento del alumbrado, utilizando el internet de las cosas y el geoposicionamiento, para verificar eficiencia y eficacia.

La administración municipal del siglo XXI esta frente a nuestros ojos. Prevemos que pocos asumirán el reto, los demás optarán por hacer del ayuntamiento un espacio de negocios personales y corrupción, un gobierno-botín, pues. Desgraciadamente este modelo ya se convirtió en una tradición de nuestros gobiernos. Guanajuato Capital es el ejemplo.

El mal ejemplo

 

 

 

 

 

 

 

 

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60 MILLONES

  Carlos Arce Macías

 Recientemente, el gobierno estatal, para ahorrar problemas al municipio de Guanajuato Capital, y sobre todo para tratar de evitarles el fincamiento de responsabilidades a sus negligentes funcionarios, decidió otorgarles un adelanto de participaciones para que puedieran liquidar una pesada deuda, originada en actos claramente ilegales.

 Dentro del sistema de cártel de partidos, que se ha conformado en nuestro país, a los guanajuatenses de la capital, el Partido Acción Nacional nos ha impuesto una pesada carga, al permitir a sus dirigentes locales negociar el municipio, para cederlo a una parte del PRI, la menos belicosa, más complaciente y acomodaticia, y así lograr una feliz y larga convivencia sin sobresaltos políticos, beneficiándose todos de un gobierno botín denominado: Guanajuato Capital.

 Pero la cohabitación ha resultado tan perniciosa, que en 2010, una de las peores administraciones municipales que haya padecido Guanajuato, intentó permitir la comercialización de las áreas verdes que rodean los cerros más emblemáticos del entorno: los Picachos y La Bufa. La ciudadanía se rebeló e impidió la transgresión, basada en un pingüe negocio, ya convenido entre el ayuntamiento y los recientes propietarios de los terrenos al pie de riscos y montañas. La firme oposición ciudadana, llevó a la realización de un plebiscito que perdió el gobierno municipal, ante el pasmo de gobernador panista del estado, que nunca criticó ni frenó al corrupto gobierno capitalino, quizás para no evidenciar su larga cola de irregularidades y negocios turbios. Pura corrupción.

 El siguiente gobierno tricolor, avizoraba una mejora substancial. Sin embargo, todo quedó en promesas y el desencanto fue mayor. La voracidad por la obra pública, solventada en moches, la destrucción implacable y feroz de varios de los jardines más tradicionales de la ciudad, el odio por los árboles y la propensión para transformar todo espacio publico en zona de changarros para venta de fritangas, acabó transformando el trienio en un remedo de gobierno, compuesto por vivales ávidos por capturar las rentas municipales.

 Ahora la actual intendencia municipal, victoriosa en una elección, nuevamente convenida para encumbrar a un panista como legislador estatal, a costa de entregar el municipio otra vez al PRI; ha ido desmoronándose de forma acelerada, y es tal la desorganización interna y el enfrentamiento en el seno del Cabildo capitalino, que ha originado un exacerbado estrés en el alcalde que ha acabado por postrarlo en un hospital, en varias ocasiones.

 Como explicaba al inicio, la última desventura que ha protagonizado nuestra opaca administración, es la necesidad de cubrir un pago de 60 millones de pesos adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no haber pagado el impuesto sobre la renta de los trabajadores del municipio desde 2012. El ayuntamiento capitalino, acabó con los dedos contra la puerta, al ser embargado por el gobierno Federal, bajo la amenaza de ser intervenidas, también, sus cuentas bancarias.

 Toda posibilidad de mejora administrativa y de servicios públicos hacia el futuro, ha quedado cancelada por el imprevisto pago, motivado por la irresponsabilidad de varias administraciones, incluido el interinato en 2012, del actual presidente municipal. Muy mustio, no ha querido informar con puntualidad del adeudo y el enorme daño patrimonial provocado a la capital del estado, a fin de intentar pasar desapercibida su negligencia.

 En los informes trimestrales de la cuenta pública, en el apartado de “pasivos”, no está reportada la deuda al SAT. Ocultaron información. Son responsables, y por lo tanto sujetos al establecimiento de responsabilidades que pudieran ser no solo administrativas, sino también del orden penal: los ayuntamientos de los períodos 2009-2012, 2012-2015 y 2015-2018, encabezados por Nicéforo Guerrero, Edgar Castro (interino), Luis Gutiérrez y Edgar Castro. También los diferentes contralores municipales que no aplicaron correctivo alguno, por el no pago de los impuestos federales, e incluso, el órgano superior de fiscalización, dependiente del Congreso del Estado, y supervisado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que no detectó las anomalías cometidas por las distintas administraciones municipales.

Pero sorprendentemente, nos hemos encontrado con una bonhomía y candidez inusitada de parte del ejecutivo estatal, para entregar, rápidamente y sin explicaciones de por medio, ¡60 millones de pesos! al municipio de Guanajuato, para que liquide sus agobiantes deudas. Algo muy sospechoso está sucediendo entre el gobierno del estado y el municipio. No resulta normal, en un juego democrático, tal liberalidad para prestar dinero a supuestos adversarios políticos, cuando estos han evidenciado una negligencia extraordinaria en el cumplimiento de sus deberes.

 El gobierno estatal, está permitiendo la impunidad de diversos funcionarios municipales, mientras se crea en el Congreso el sistema anticorrupción de Guanajuato. Una terrible paradoja, que avizora el nulo compromiso para combatir a los corruptos, así como la lenidad en el ejercicio de la ética pública. El ejecutivo estatal debió haber exigido, antes de entregar los 60 millones de pesos, la total transparencia de la deuda, así como el inicio de procedimientos para fincar responsabilidades a los omisos y negligentes funcionarios, que dañaron el erario del municipio. Eso no le importó a la autoridad estatal, prefirió aparecer, muy sonriente en una foto, con el asustado y estresado alcalde capitalino. La nula exigencia con la rendición de cuentas, para otorgar el auxilio solicitado, seguramente abrirá el paso a la tradicional impunidad mexicana, una vez más. El pacto de impunidad quedó a la vista.

 P.D: Información de última hora: Declara el síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, que existe un déficit por 30 millones de pesos para poder solventar los compromisos del presente año. ¡Ahí les hablan, gobierno del estado, necesitarán otro préstamo!

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ELECCIÓN EN CAMARILLA

Carlos Arce Macías

 Existe un fenómeno en la vida interna de los partidos, que ha ido desarrollándose y sofisticando desde hace varios lustros en el interior de las distintas formaciones partidarias. Se trata de la conformación de camarillas compuestas por militantes que buscan puestos de elección popular, y que se amalgaman para conformar una fuerza política interna, de tal magnitud, que acaba imponiéndose a cualquier proyecto diverso que intente obtener los mismos puestos en disputa. Se trata de una elección en camarilla.

Pongamos un ejemplo teórico, que nada tenga que ver con la realidad, para evitar herir susceptibilidades. Imaginémonos que en una entidad federativa van a llevarse a cabo comicios generales, que involucran gubernatura, diputaciones estatales y ayuntamientos. Lo normal, democráticamente hablando, sería atender cada una de esas candidaturas en su ratio, es decir en aquellas virtudes y capacidades que cada candidato debe poseer, para desempeñar, mejor que otros, el cargo al que se aspira. De esa forma, las coordenadas para cada elección en lo particular, se deberían mover en el terreno de las capacidades individuales; y la selección interna de los partidos debería pasar por una estricta evaluación de los precandidatos, teniendo como referencia su idoneidad para el puesto. Esta mecánica es la que filtraría las candidaturas, excluyendo a los poco capacitados, o claramente inviables. Estamos ante el hígado de la política, que debería funcionar para hacer llegar a los puestos públicos, a los militantes del partido mejor evaluados. Así debe de funcionar, desde el crisol doméstico de la vida partidaria, la democracia.

 Pero como sabemos por experiencia, algunas veces, la mano del diablo se presenta para trastocar los ánimos de honorabilidad. Esto sucede, cuando en esa entidad federativa hipotética puesta como ejemplo, un personaje, con ciertos respaldos y potencia política, empieza, casi siempre anticipadamente, a manifestar sus ánimos por la gubernatura, exhibiendo el supuesto respaldo del gobernador en turno. Las fuerzas políticas al interior del partido, se comienzan a alborotar. La apuesta por las futuras candidaturas, se desata, y de inmediato tenemos la conformación de una camarilla política, en busca de todos los puestos a disputarse en la elección general y el reparto de posiciones dentro del futuro gobierno.

 Describo pormenorizadamente: el impaciente precandidato a gobernador, acuerda con los políticos aspirantes al cargo de diputados, en los diversos distritos, apoyo mutuo. Casi siempre se trata de recursos por parte del futuro candidato a gobernador, versus la operación electoral en el distrito de que se trate, que le puedan aportar los diputados en proceso de reelección o nuevos candidatos. De esa forma, en la camarilla se impone un pacto de apoyo electoral, que esconde, por lo general, apoyos ocultos. Se vuelven cómplices de campaña. Esta misma lógica, se extiende a la conformación de los ayuntamientos, con la alianza entre el precandidato a gobernador y los aspirantes a alcaldes, síndicos y regidores. Todos en paquete.

 Y hasta aquí las cosas parecen funcionar a las mil maravillas, cuando se trata de lograr el control de la sucesión para el gobernador en funciones. Pero no se advierte el serio daño que está por ocasionarse a la democracia en el estado, al permitir que dentro del partido se imponga este perverso juego.

 Veamos: el compromiso con el funcionamiento democrático debe de consolidarse con hechos y no con discursos vacíos. Ser demócrata, en estos tiempos, conlleva riesgos, y exige valentía e inteligencia. Accionar a favor de la democracia requiere de una apuesta por la virtud, en cada nombramiento a puestos públicos, y apoyo político al líder de su partido, para lanzar a los mejores candidatos, los que de manera óptima puedan representar y hacer valer esa representación, en la contienda electoral.

 Por eso, permitir la constitución de camarillas electorales, es prefigurar un pacto político, sobre el que se constituye el criticadísimo “pacto de impunidad”. Los personajes que se involucran en la formación de estas camarillas, conforman un grupo de interés, un factótum, una asociación, que degrada y elimina la democracia interna de un partido.

 Al permitir conformarse este tipo de pandilla, algo que se suscita, inescrupulosamente, son los acuerdo de intercambio de puestos, que los miembros de estas camarillas realizan con otros partidos, para repartirse las posiciones electivas en algunas zonas, a cambio de asegurar el triunfo de sus candidaturas. Un estercolero al final de cuentas.

 Pero más allá del fraude a la democracia, el mayor peligro se presenta en el ámbito institucional de la rendición de cuentas: el Congreso estatal. En esa entidad federativa ficticia a la cual nos hemos estado refiriendo, el mecanismo de rendición de cuentas, quedaría cancelado, ante una elección en camarilla. El funcionamiento del pacto de impunidad y de respaldo incondicional, se establecería desde la afiliación al grupúsculo, y todo disenso al apoyo automático al nuevo gobernante, se convertiría en traición. A la vez, se quebraría la separación de poderes y con ello el funcionamiento republicano del Estado.

 En el patético caso de Veracruz y su raterísimo ex gobernador, se desnuda esta situación. Los compromisos inconfesables de estas camarillas, establecieron el respaldo y la aprobación mecánica de propuestas, iniciativas, presupuestos y aprobación de endeudamiento, sin que los diputados respingaran. Junto con Javier Duarte, los que deben de acompañarlo en la celda son todos los diputados que lo relevaron de la obligación de rendir cuentas. Así de contundente.

 Por eso, la única defensa de los ciudadanos, frente a un fenómeno de esta naturaleza, sería no votar por ningún candidato participante en un acuerdo de esta naturaleza. Primero la democracia, y luego los partidos. No hay opción.

Twitter: @carce55

¿REPÚBLICA O MONARQUÍA?

MÉXICO: ¿REPÚBLICA O MONARQUÍA?

Carlos Arce Macías

El tema es como se trasmite y controla el poder. Las sociedades se organizan constituyendo gobiernos. Para gobernar, se da poder, a un grupo de personas o a una sola, sobre los miembros de toda una sociedad. El poder se puede transmitir por herencia, o bien por designación. Para ello, se han inventado, principalmente, dos modelos: la monarquía y la república.

El modelo monárquico, se basa en el poder unipersonal, se trata de un individuo, que durante gran parte de su vida gobernará a una sociedad, y que a su muerte, heredará el puesto a uno de sus descendientes. Cuando el monarca no tiene instituciones que lo limiten, como un parlamento, el soberano puede actuar a voluntad. Estamos entonces, ante una monarquía absolutista. Este tipo de reyes podían hacer lo que quisieran, sin que nadie les impidiera nada. Podían gastar a contentillo el dinero del reino, sin rendirle cuentas a nadie.

Tampoco requerían permiso para nombrar a sus colaboradores. Bastaba su voluntad, para imponer en el cargo deseado a amigos, compadres, incondicionales y sobre todo familiares.

Y no hablemos de adquisiciones y contratación de obras públicas. Estos reyes podían ordenar la construcción y compra de lo que les viniera en gana, sin freno alguno a su designio contractual.

Una de las ventajas de este tipo de monarquías era que no se requería congraciarse con la ciudadanía. Sin voto de por medio, no había necesidad de partidos políticos, sino solamente de apoyadores a su causa, que se identificaran como incondicionales, acríticos de sus acciones gubernamentales, y dispuestos a realizar, contra viento y marea las instrucciones que recibieran del soberano.

Cuando al rey le hacía falta dinero, no tenía problemas, acudía a sus banqueros para que le otorgaran préstamos contra futuros impuestos y que acabarían pagando sus súbditos. Los montos no importaban, podían elevarse significativamente. Total, el que luego heredara la corona, sería el que debería de pagar.

Finalmente, el rey dejaba a su heredero, y el riesgo era que el nuevo gobernante fuese peor que el rey anterior. Porque así, poco a poco, podría irse deteriorando la calidad del gobierno del reino, hasta tener verdaderos imbéciles como monarcas.

Pero , al transcurso del tiempo, el pueblo ya no soportó esta forma de régimen caprichosa y arcaica y se rebeló. La Revolución Francesa marco el final de la monarquía absolutista y se reinventó una nueva forma de gobierno: la república. El sistema republicano es aquél, en que el poder se otorga periódicamente a un grupo de funcionarios y representantes del pueblo. Cuando se hace a través de elecciones, se dirá que se hace por un método democrático. El poder se distribuye entre tres ámbitos de gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La idea, es que ninguno acumule tanto poder, que impere sobre cualquiera de los otros. Así se establecen pesos y contrapesos para evitar que uno prime sobre los demás. Se trata, pues, de una república con división de poderes, que evite las distorsiones y abusos de los malos gobernantes, que sucedían constantemente en la monarquía absolutista.

Por eso, México optó desde su Constitución de1824, la primera, por un sistema republicano que garantizara un gobierno prudente, profesional, acotado entre sí por el balance entre los poderes. Su base es la representación política de los ciudadanos, en el Congreso, al cual deben de rendir cuentas, anualmente, quienes presiden los demás poderes.

En la república, los gobernantes van siendo seleccionados por organizaciones partidistas, en las que la competencia interna va cribando a los mejores hombres para administrar y gobernar. Las camarillas internas y los juegos cortesanos son eliminados por la promoción de las virtudes republicanas de los integrantes de los propios institutos partidistas.

La república nos protege de la irresponsabilidad de los gobernantes al ejecutar el gasto público. La deuda siempre estará controlada, a fin de prevenir desastres financieros en que pudiera caer el estado, elevando el déficit a niveles peligrosos para la estabilidad económica.

Con la república, el gobierno es profesional, evitando la contratación de familiares, amigos e incondicionales, que puedan formar grupos en el seno de la administración para controlarla y obtener ganancias indebidas. La competencia laboral de los funcionarios, es la guía de su acceso y permanencia en la administración.

En la república, los cargos no se heredan. Son los perfiles y la experiencia de los futuros candidatos a los puestos, lo que hace que estos sean electos libremente por los ciudadanos, o bien reelectos por el correcto desempeño en sus cargos. Lograr la confianza de la ciudadanía, es lo más importante.

Eso es lo correcto e inteligente, la historia nos vuelve a enseñar como el proceso civilizatorio no se detiene, e inventa formas, más perfectas, para gobernarnos. Porque ¿se imaginan el desfiguro que sería, establecer un sistema republicano, más caro, y que requiere tantas complejidades institucionales para evitar el abuso del poder, y que este no funcione como se tiene previsto?

Sería inimaginable una república con división de poderes, en dónde el presidente o los gobernadores de una entidad federativa, pudieran sobre-endeudar a la nación o a sus estados, nombrar a sus familiares, amigos o incondicionales a los cargos administrativos, contratar obra pública a contentillo, adquirir bienes sin acreditar su correcto precio y calidad, formar camarillas internas en los partidos políticos, para controlar las designaciones, y sobre todo, gastar el dinero de los ciudadanos, sin transparencia y sin rendir cuentas, ante los congresos, de los gastos devengados.

Porque si así sucediera, cosa impensable en México, la verdad es que saldría más barata la monarquía absolutista que la complejísima estructura republicana. ¿No lo creen? Seríamos unos tontos, pues.

Twitter: @carce55

Artículo publicado en el periódico AM LEÓN, el 20 de noviembre de 2016

 

 

 

¿INFORMAR O RENDIR CUENTAS?

Carlos Arce Macías

A ver ¿quién se acuerda de algo que haya informado el presidente de la República, el gobernador o el ayuntamiento? Hagan memoria, fuercen el cerebro, para extraer algún dato, un trozo de información que haya quedado guardada en lo más recóndito de su materia gris. ¿Muy poco? ¿Nada? No se preocupe, no tiene Alzheimer, es normal, nadie se acuerda de los informes.

Entonces, si a nadie interesa: ¿por qué mantener tan ingrata ceremonia? ¿Vale la pena gastar el tiempo de trabajo de los gabinetes gubernamentales para formular un culebrón de supuestos éxitos administrativos y de faraónicas obras? ¿Porqué desperdiciar irracionalmente tantos recursos y horas-hombre en tan infame costumbre?

Hace años, a mediados del pasado siglo, el Informe de Gobierno, si era algo que valía la pena… por lo menos para presidentes y gobernadores. Faramalla, boato, ostentación, por doquier. El día del gobernante en turno se proclamaba sin rubor alguno. Los pobres burócratas y masas de acarreados, debían recetarse horas de farragosos discursos, cortados constantemente por sonoros aplausos. La negación de la república, daba paso al oropel casi imperial, en cada ámbito de gobierno: presidente, gobernadores y presidentes municipales, cada uno, según el alcance de sus presupuestos, organizan la fútil pachanga para vanagloriarse de su gestión.

¿Ya basta no? Es tiempo de que el Congreso de Guanajuato reflexione el tema y proponga cambios radicales a un show que a nadie le interesa. La ley debe cambiar y eliminar el baladí informe. Ahorremos dinero, recursos y esfuerzos que tan insubstancial evento ocasiona.

Por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, el gran logro resultó ser el hecho de haber conseguido ordenar la ocupación de la vía pública, con mesas, sillas y sombrillas de diversos restaurantes. ¡Albricias para los capitalinos! Luego el alcalde remató, fuera de guión, con la absurda ocurrencia de proponernos picar roca en lo futuro, para estacionar en las profundidades del cerro de San Miguel ¡800 automóviles! ¿Cuánto costará cada tonelada de roca, rezagada de las profundidades del cerro guanajuatense? Estamos ante una nueva ocurrencia.

Suficiente. La administración pública empieza a vivir nuevas realidades, que obligan a los gobiernos a presentar información pormenorizada y refinada a niveles nunca antes vistos. La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obligó al legislativo guanajuatense a expedir una nueva ley estatal en la materia, que impone medio centenar de obligaciones pormenorizadas a las administraciones gubernamentales. De forma pro activa, los gobiernos federal, estatales y municipales, deberán presentar en sus páginas de internet, información relativa a indicadores con que se evalúa al gobierno, padrones completos de los beneficiarios de los distinto programas de apoyo, los estados financieros completos, las diversas presentaciones del presupuesto de egresos, las listas de servidores sancionados internamente, información sobre manejo y monto de la deuda, concesiones, contratos, convenios y permisos otorgados por la administración, listado de adjudicaciones directas de compras y obras públicas, de invitaciones restringidas y licitaciones, padrones de proveedores y contratistas, resultado de evaluaciones que se lleven a cabo, registros de jubilados y pensionados, y catálogo de disposición documental y guías de todos los archivos que posee la administración. Estos son solo algunos rubros para abrir boca.

La rendición de cuentas, llegará a las raíces de la administración pública mexicana. La exhibición a los ciudadanos de tan rica y variada información, que deberá ser presentada en formatos manipulables por el ciudadano, para que pueda cruzar datos a su gusto e investigar con minuciosidad, anuncian el advenimiento de un caudal de información, que convertirá en innecesario cualquier informe de gobierno. ¿Para qué conservar tan aburrida ceremonia, si ahí, en las páginas de internet, estará contada toda la historia del gobierno en tiempo real?

Por eso debemos relevar al gobernador de viajar por el estado, a escuchar los frívolos informes de un montón de presidentes municipales. Mejor que organice juntas de trabajo con los ayuntamientos, y dedique sus visitas a resolver problemas urgentes de las diferentes localidades. Sería una práctica más valiosa y productiva.

Para rematar, aparte de intrascendentes para la sociedad, los informes resultan contrarios a los intereses de quienes encabezan el gobierno. Cualquier manifestación, grito o discordancia de grupos opositores o malévolos políticos locales, se transforma en “la nota”. De tal forma, que con unos cuantas cartulinas, se neutraliza en enorme gasto para promover éxitos y logros gubernamentales.

Cesen pues fanfarrias, himnos y loas. Apostemos por el brillo de las pantallas de las computadoras y la curiosidad de medios de comunicación y ciudadanos, interesados en que su gobierno rinda cuentas puntuales de su desempeño, continuamente, basado en información y datos oficiales. Ahorremos dinero, tiempo y esfuerzo de nuestros gobiernos, cancelando los informes. Es momento de rendir cuentas.

Twitter: @carce55

Editorial publicado en AM LEÓN, el 2 de octubre de 2016