EL H. CENTRO DE NEGOCIOS DE GUANAJUATO CAPITAL

Carlos Arce Macías

Se denuncia: en Guanajuato Capital, como en muchas partes del país, su municipio no es gobernado por un ayuntamiento. Este órgano solo opera como parapeto formal de la verdadera estructura: un centro de negocios de políticos pueblerinos, dedicados a enriquecerse desde el gobierno.

Lo normal para los ciudadanos es pensar que la autoridad de una localidad se ejerce por el presidente municipal. Todas las campañas políticas festinan las impresionantes cualidades del personaje que conducirá los destinos municipales, según cada partido político. No existe, por parte de la autoridad electoral, una acción contundente de educación cívica, para ilustrar al ciudadano común y corriente que el gobierno de una comunidad, no recae en el presidente municipal, sino en una junta de gobierno denominada ayuntamiento. El presidente, solo preside esa junta, compartiendo la potestad gubernamental con síndicos y regidores.

Siendo así la arquitectura jurídica del municipio, y aprovechándose de la ignorancia, en que irresponsablemente el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) mantiene en la población, la mayoría de los astutos políticos provincianos, al olfato de posibles negocios como contratos de obra pública, compras gubernamentales, desarrollos urbanos, prestación de servicios, apropiación de terrenos abandonados o ejidales, obtención de tolerancias ilegales, gestorías y patrocinio de intereses privados, se han organizado desde hace varios trienios, para capturar todas las rentas derivadas de la posición privilegiada que ocupan, al ser elegidos como miembros del ayuntamiento.

En un sistema político en el que la democracia interna de los partidos ha sido eliminada, el establecimiento de un sistema cártel de partidos, se manifiesta en el ámbito municipal a través de la distribución de posiciones en las listas de planillas para la integración del ayuntamiento. Los regidores llegan al gobierno municipal por el principio de representación proporcional. Las regidurías se distribuyen entre los partidos que obtienen más votos, de tal manera que siempre ese órgano de gobierno es plural.

En un sistema democrático, como operaba en los años noventa y la primera parte del presente siglo, las oposiciones se convertían en fieros sabuesos siempre atentos de la administración del partido ganador. Pero con la instalación del sistema de partidos cartelizados, el fenómeno que aparece es el acuerdo cupular, entre las dirigencias partidarias, para posicionar a sus incondicionales en los primeros lugares de cada planilla, y así lograr un ayuntamiento a modo… para hacer negocios y privatizar los dineros públicos.

La descripción de la transformación de un ayuntamiento en un sofisticado y bien organizado centro de negocios, lo han entendido a la perfección, en Guanajuato Capital, tanto el PRI como el PAN. En la anterior contienda local, el PAN, por intermediación de su candidato a diputado estatal, acordó con el cacique local del PRI, la traición a su candidata a la presidencia municipal y una tibia campaña en la diputación federal, a condición de que se le garantizara el escaño local por el cual competía. En la configuración del ayuntamiento, el mismo candidato, incluyó a su esposa y a un impresentable exfuncionario estatal, que garantizarían una armoniosa y jugosa operación mercantil, desde el seno del ayuntamiento. Real politik, dirían los cínicos politólogos que analizan el funcionamiento del poder sin evaluación ética alguna.

De esa forma se concretaron en 2015 varios trienios de operación de un sólido “pacto de impunidad”, bajo el cual opera el gobierno capitalino, que en cada ocasión se muestra más voraz y menos interesado en la difícil problemática municipal de una extravagante ciudad, asentada en un inhóspito lugar absolutamente inadecuado para vivir, pero que por ese mismo motivo, se convirtió, con el tiempo, y por la construcción de un monumental conjunto de egregias edificaciones, en “patrimonio cultural de la humanidad”.

Este “pacto de impunidad” opera sincronizadamente entre la mayoría de los políticos. Saben que la impunidad por delitos como: el conflicto de interés, tráfico de influencias, fraude, abuso de confianza, cohecho, peculado, concusión, abuso de autoridad, afectación al ordenamiento urbano, lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, está totalmente garantizada ante la posibilidad de cambio de gobierno, con cualquier partido que gane la elección. La contraloría municipal y la Auditoría Superior del Estado, solo detectan minucias y castigan a mandos inferiores de la administración. La red de corrupción opera plácida y a plenitud, mientras el sistema anticorrupción apenas se construye a paso lento, con un fiscal poco confiable.

El PAN, dentro del feudalismo político que está construyendo, ha entregado, irresponsablemente, al diputado desleal la candidatura a la alcaldía. El PRI cuevanense, sin esperanza alguna de triunfo, por el pésimo gobierno realizado, sacrificará a su candidato a alcalde, pactando con el panista y acordando configurar un nuevo grupo de políticos vivales, comprometidos con el saqueo del gobierno capitalino. Da lo mismo cualquier partido.

Si los capitalinos quieren constatar la mala fama y sospechosa carga de intereses de los integrantes de la próxima red, basta ubicar, aparte de los candidatos a presidente municipal y a síndicos, a las tres primeras postulaciones a regidores, que son las que tendrán un lugar asegurado en el próximo ayuntamiento; y que se encuentran estratégicamente sembradas para conformar el siguiente: “H. Centro de Negocios de Guanajuato Capital”. Pongan atención en esas designaciones de todos los partidos. Ojo.

P.D. Reconozco la rectitud en el desempeño de sus cargos del síndico Ramón Izaguirre y de los regidores Guillermo Torres y Emilio Arellano

@carce55

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EQUIVOCARSE OTRA VEZ

Carlos Arce Macías

 Comienza la temporada electoral, en que se renovarán miles de cargos públicos, incluyendo la presidencia de la República. Los cuerpos electorales, pomposamente denominados Organismos Públicos Locales (OPLES), serán los encargados de hacer cumplir la puntual normatividad estatal, en el caso de las elecciones para gobernador, diputados estatales y ayuntamientos. Tendrán que procurar una muy atenta y puntillosa administración y supervisión de los próximos comicios, que auguran alta conflictividad.

 Lo hemos repetido en múltiples ocasiones, y lo seguiremos haciendo: a diferencia de los estados y la federación, en los que existe un diseño de división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), en el caso de los municipios, no se da tal separación, sino que son gobernados por un ente unitario y colectivo denominado ayuntamiento.


Esta significativa diferencia, nos conduce a reflexionar sobre las responsabilidades de los gobernantes. Va un ejemplo acerca de esta problemática: ¿quién es el responsable de la seguridad pública en los estados y la federación? La respuesta no se presta a dudas: los gobernadores y el presidente de la República, que son los titulares del poder ejecutivos en ambos ámbitos de gobierno. ¿Pero quién responde por la seguridad pública en los municipios? El primer personaje que viene a la mente de los ciudadanos y los medios de comunicación es el alcalde, y yerran, porque siendo un gobierno dirigido por una junta de representantes de la ciudadanía, es el ayuntamiento, en su conjunto, quién finalmente debe rendir cuentas de los resultados de esta función.

 Dentro de un ayuntamiento se presentan diversos niveles de responsabilidad entre los miembros del cabildo, analicemos: un miembro de esta junta, que no pertenece a la comisión de seguridad, y que ve esta cuestión solo en las votaciones llevadas al pleno, sólo enfrenta una responsabilidad relativa. La cuestión cambia, entre los miembros que constituyen la Comisión de Seguridad, quienes tienen línea directa con los asuntos más importantes sobre la paz pública de su localidad. Y por último el alcalde, que al ostentar el puesto de ser quién preside el ayuntamiento, carga sobre sus hombros el compromiso de dar resultados en la lucha frente a los criminales que asuelan su municipio.


 Así, cuando se incrimina a un alcalde, imputándolo como el directo responsable de los asuntos de seguridad de la comunidad, habría también que enderezar, directamente, las críticas y los obuses, en contra de los miembros del cuerpo edilicio que conforman la Comisión de Seguridad y especialmente sobre quiénes presiden este cuerpo gubernativo. Porque resulta muy cómodo, endilgarle todos los problemas y fracasos en la sensible materia de la seguridad al presidente municipal, cuando es todo el ayuntamiento, en diversos grados, el responsable.

 Luego viene el asunto de la reelección, y se empieza a barajar la posibilidad de la postulación de diversos regidores, síndicos y alcaldes, para repetir en el cargo. En la situación actual, se descalifica, especialmente por los problemas de seguridad pública a muchos presidentes municipales. Opinamos, que casi en el mismo nivel de responsabilidad, deberían señalarse a los demás miembros del ayuntamiento, pero especialmente a los síndicos y regidores que integran la Comisión de Seguridad de un municipio.

 ¿Y qué ha provoca esta confusión? La respuesta está en el hecho de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEGG), convertido en OPLE por las recientes reformas constitucionales y legales, permitió, en la pasada contienda local en Guanajuato, que los partidos políticos engañaran a la ciudadanía, permitiendo la promoción de la elección de ayuntamientos, como una simple elección de alcaldes.


 En el pecado llevaron la penitencia los presidentes municipales, tan conspicuos y felices por la publicidad lograda en spots y carteleras, borrando de la publicidad al resto de los miembros del ayuntamiento. Pero ahora padecen las críticas feroces de la ciudadanía, que está desesperada por el incremento de la criminalidad en su entorno vital. En la soledad de su despacho, muchos alcaldes ven con agobio la falta de acompañamiento de su cabildo. Otros se mortifican ante la crítica de sus pares, que reclaman airadamente la rectificación de planes y programas, en el seno del ayuntamiento. La verdad es que la responsabilidad es de todos los ediles, con excepción de los que han sido críticos propositivos, y sus voces han sido despreciadas y ninguneadas por sus pares. Esos salvan cara.

 Finalmente, mal hará el OPLE guanajuatense, si permite que los partidos políticos continúen publicitando la contienda municipal, como si se tratara de la de gobernador o presidente de la República. No es una elección de alcaldes, sino de ayuntamientos. ¿O el candidato a presidente municipal se comprometerá, el solito, a arreglar el rudo e intrincado asunto de la seguridad pública en su municipio? El órgano electoral, de no actuar en consecuencia, y disciplinar a los partidos políticos para que no engañen a los ciudadanos, puede volver a equivocarse otra vez. Sería un mal inicio.


@carce55