COMPRAR LOS VOTOS

Carlos Arce Macías

Una buena pregunta: ¿Cuándo ha habido elecciones limpias en México? La respuesta debe de ser contundente… ¡nunca!

Tranza electoral

Pues bien, considero que este es el argumento fundamental para evaluar el papel de las instituciones encargadas de organizar y procesar la voluntad del pueblo, a la hora de escoger a las personas que ocuparán los cargos de gobierno y representación, y que están encargadas de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Y el obscuro panorama que plantea la pregunta inicial, se convierte en un potente ariete para atacar y criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) y sus órganos estatales correspondientes, como el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG), aparte de conocer los miles de millones de pesos que mal gastamos en organizar elecciones. Un drama, que después de tanto tiempo, los comicios no sean limpios y por lo tanto confiables.

No seamos avestruces que enterramos la cabeza en un hoyo, para evitar ver la realidad. Nuestras elecciones están tocadas de nulidad, si se llevaran a cabo las investigaciones necesarias. Carretadas de dinero, identificadas por los controles de circulante del Banco de México, que detectan el incremento substancial de dinero en efectivo en circulación durante los periodos de elecciones, tan solo 62,150 millones de pesos más entre marzo y mayo de este año. Eso es real, conocido y comprobable (El Economista 19 de mayo).

En multitud de localidades puede detectarse desde semanas antes de la jornada electoral, el trasiego de dinero y diversos productos para condicionar, coaccionar, comprar y evitar emitir votos. Las rifas de calentadores solares, la distribución de despensas, la entrega de vales, la repartición de láminas y sacos de cemento, el condicionamiento de obras públicas futuras para la obtención del voto. Pura tranza electoral, que todos ven y muchos padecen, con excepción de los órganos encargados de garantizar la certeza y la legalidad de las elecciones.

Calentadores solares por votos

Por supuesto, las zonas en donde habitan los grupos más vulnerables de la sociedad son aquellas en donde los traficantes de votos sientan sus reales, los llamados “operadores”, como es el caso de Ludovico Mata en el municipio de Guanajuato, encargado de amenazar y embaucar electores para obtener votos ilegítimos de ciudadanos violentados en su dignidad. Desde posiciones de poder gubernamental como el ayuntamiento y el sistema municipal de agua (SIMAPAG), acompañado por personajes como un tal Arrieta y “El Cuino,” o el delegado municipal en San José de Llanos, estos despreciables individuos infestan la zona rural guanajuatense con dádivas, ofrecimientos y coacciones, en tanto el candidato beneficiado, coordinador de toda la operación, transita en estado de gracia por una elección, a todas luces ilegal, tan solo por el uso de programas gubernamentales y por superar con creces los gastos de campaña. La doctora María Aparo Casar en su libro “Dinero Bajo la Mesa”, afirma que, en una elección mexicana, por cada peso, se invierten veinticinco más en dicho proceso, superando con creces los límites de campaña autorizados.

Esta cuestión hiere de muerte a la democracia; sobre todo cuando se trata de una reelección, ya que se controlan a plenitud los recursos gubernamentales. Más cuando ni siquiera se dispone de un contralor municipal, como es el caso de Guanajuato Capital. ¡El paraíso del mapachismo! La caja abierta, para ganar la elección usando el dinero público.

Contra el INE

Continuemos. Nueva pregunta: si no ha habido elecciones limpias ¿para que se necesitan el INE y el IEEG? La trampa está tendida por el presidente de la República para desconocer los resultados si no le son favorables, y si sale victorioso, podrá llevar a cabo su intención de eliminar los órganos autónomos electorales. Son prescindibles y “el pueblo” lo avalará. Conoce bien las trampas, ya que son los sujetos de ellas.

La tragedia es la tranza electoral a la que están acostumbrados los partidos políticos. Esa tranza que se alimenta de enormes cantidades de dinero, que también producen grandes fortunas para los pillos que se dedican a “operar”. El IEEG sabe, en Guanajuato, quienes son, conoce sus nombres porque son famosos y legendarios. Si les permiten maniobrar a sus anchas, luego no se quejen cuando les caiga la guillotina cuatrotera y liquiden la institución. Están prohijando el golpe definitivo a la contrahecha democracia electoral mexicana. El modus operandi de candidatos y partidos, es insostenible. Van derecho a la trampa.

Todo bajo control

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ELECCIONES SIN AGUA

Carlos Arce Macías

Esta semana se denunció la problemática que vive la capital del estado, relativa a la grave sequía que afecta a esta zona de México. El Observatorio Ciudadano de Guanajuato, puso en contexto la dramática situación por la que pasa el municipio en que anida una ciudad patrimonio de la humanidad. Abordemos el tema.

Seca

Bajo una inusitada discreción se ha intentado acallar cualquier noticia sobre una crisis hídrica, no obstante que las tres presas que surten a la ciudad están casi secas, y el agua de los pozos, ubicados en la zona sur, presenta substancias contaminantes peligrosas.

¿Por qué no se ha avisado con tiempo a la ciudadanía para ser escrupulosamente cuidadosos con el agua? La respuesta es sencilla: siendo parte de las malas decisiones en el tema de abasto de agua, está la autoridad municipal, que ahora se encuentra en campaña para intentar ser reelecta; el municipio y el órgano operador, han tratado de mantener el tema cubierto por un silencio cómplice. No quieren que los electores empiecen a preguntarse como se llegó a esta condición, y tomen medidas electorales para evitar la reelección de Alejandro Navarro y su pandilla. Esa es la razón.

El error que origina esta tragedia deviene de la decisión de construir una nueva presa denominada ya por los guanajuatenses como de “La Intranquilidad”. Allí se han gastado gran parte de los recursos que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), debería de haber usado para realizar el saneamiento de las aguas del río Guanajuato, afluente del Lerma y abastecedor de la presa de La Purísima, así como para remediar el desastre ecológico que provoca el tiradero de basura a cielo abierto del municipio, que violenta las normas ambientales respectivas, arrojando sus lixiviados, ultracontaminantes, al cauce del río.

La construcción de la nueva represa es el resultado de la ocurrencia de un viejo político narcisista, mediante un pacto político con Alejandro Navarro, para distribuirse el control de los centros de poder local: agua potable y el ayuntamiento. Los trabajos iniciales de obras de desvío del cauce fueron asignados al grupo VISE, dueño del periódico “Correo”, con lo que garantizaron la cobertura y apoyo de ese medio, que incluso formula encuestas a modo para el candidato panista.

Pero desde hace años, se advirtió que la cuenca en donde se pretende erigir el nuevo embalse capta las aguas provenientes de minas de la zona de La Luz, cargadas de metales pesados y arsénico. El mañoso político con sueños guajiros, se dedicó a amenazar a los investigadores de la Universidad de Guanajuato que descubrieron el problema de la contaminación hídrica. Todo, para evitar que continuaran los estudios, que dejarían evidenciado un proyecto ruinoso, negligente y temerario. La intención entre ambos políticos consiste en extraer rentas de los presupuestos gubernamentales. A eso se dedican.

Seca

Hoy, luego de gastar decenas de millones en una obra que no es apoyada por el gobierno federal, la población capitalina se encuentra sin la rimbombante presa y con la batería de pozos, que garantizan una mínima dotación de agua, con contaminantes de plomo, flúor y arsénico, asociados a graves enfermedades como diabetes, trombocitopenia, isquemia, hipertensión, aterosclerosis e infarto cerebral.

Una presa se ve, se presume. Redes de drenaje y plantas de tratamiento, no son algo que pueda presumir un alcalde incompetente y cerril. De esta manera se vinculan, de forma perniciosa para los guanajuatenses, la avaricia irrefrenable del alcalde con ánimos releccionistas y la disparatada vanidad y voracidad del obscuro político local, para producir una profunda crisis, que pone en peligro a todos los habitantes de la región. Por dolo, equivocaron la política pública de un servicio vital.

Los hechos corroboran la impericia de Alejandro Navarro y sus alianzas torvas. Con oportunidad se le informó al PAN de estos riesgos, pero no solo no reaccionó, sino que ratificó su apoyo al deshonesto gobernante. Votar por él para que continúe desgobernando el municipio por otros tres años, sería una decisión insensata e irreflexiva de los desesperados electores. La camarilla actual, ambicionará continuar haciendo negocios, como contratar obra pública con sobreprecio… mientras la población bebe agua contaminada.

P.D. Como remate: esta semana el candidato Navarro promete la construcción de un campo de golf en el área de protección ecológica del municipio. Seguro no sabe que hacer con tanta agua. Chiste cruel.

Seca

SE ALQUILA PAYASITO

Carlos Arce Macías

Es conocido en los estudios sobre el tema, que la mayoría de los políticos son capaces de hacer cualquier cosa con tal de posicionarse entre los electores e intentar ganar su elección. Hemos visto de todo. Candidatos lanzándose en paracaídas, vestidos de charro jaripeando, treparse a globos aerostáticos, lucirse con luchadores, etc. Lo que sea necesario, no hay límite dentro de la ambición política. Una vez inoculados por el poder, el torbellino los atrapa y no hay más salida que la depresión por la derrota final y definitiva. A muchos los sacan del medio solo con los pies por delante.

Con luchadores…

Ahora paso a relatar los recientes sucesos en mi municipio, Guanajuato Capital (que por cierto, ya ni a capital funcional llega): pues bien, el actual alcalde de nombre Alejandro Navarro, conocido nacionalmente por haber escandalizado con su declaración desaprobando que vinieran turistas pobres a esta ciudad, cargando sus tupers con alimentos, ahora se ha conceptualizado como un “influencer” de redes sociales, chacoteando junto con su conyugue en la red de TikTok. Allí pueden ver sus videos, para que juzguen su deplorable actuación.

Tiktokeando…

Igual aparece tratando de hacerse el simpático, desde el balcón de la Presidencia Municipal, que en su casa presumiendo su lujoso refrigerador, o en el monumento del Pípila, intercambiando voces sobrepuestas al video, fingiéndose mujer, o bien recorriendo, pandemia de por medio y sin mascarilla, el centro de la ciudad en una patineta. Le encanta payasear, es lo suyo.

Y podrá hacer lo que le venga en gana en las redes de su preferencia, salvo que los guanajuatenses no estamos satisfechos con su nefasto gobierno, convertido en instrumento para realizar negocios personales y traficar influencias a favor de sus familiares. Para rematar, en plena crisis de COVID, acechados por la muerte y la enfermedad de familiares y amigos, los chistoretes del patético político local resultan más que desafortunados e inoportunos.

Patinando

Muchos otros munícipes han puesto el rostro adusto ante la epidemia. Entienden que el momento requiere seriedad. Se destacan especialmente varias presidentas municipales, que, bajo cierto rasgo maternal, han realizado esfuerzos serios por paliar los mortales efectos de la pandemia. Lo han hecho muy bien y sus esfuerzos han sido muy bien recibidos y agradecidos por los ciudadanos.

Pero nuestro alcalde prefiere la burla y la chacota. Y tras de ello, ahora que ha sido designado por su partido, el PAN, para buscar la reelección, expone a los demás candidatos azules, entre ellos al actual coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, a perder votos muy valiosos en la capital estatal, por las ocurrencias del ladino alcalde que padecemos.

Y se desparraman las preguntas ante el despropósito: ¿quién es el torpe que maneja el timón del PAN? ¿No toman nota del papelón representado por su actual alcalde y candidato? ¿Cómo pueden sostener su candidatura, frente a una ciudadanía indignada y agraviada por su pésima gestión ante la emergencia? Parece que el PAN se ha propuesto perder Guanajuato. Y surge la sospecha de que Marko Cortés desea quemar en la hoguera electoral la candidatura de Romero Hicks, quién posiblemente le estorbe en su próximo intento de reelección. ¡Inaudito!

Romero Hicks frente a Marko Cortés

TikTok es una red social china creada por la empresa Bytedance. Opera a nivel internacional desde 2017. Microsoft, intentó comprar la compañía, pero las prohibiciones de Trump, para negociar con China lo impidieron. Dicen los que saben, que la nueva plataforma sirve para “posicionar” temas o personajes con los “centennials” (jóvenes nacidos después del año 2000), intentando viralizar sus videos. Pero el problema está “en el como se posiciona” un individuo, como algo divertido por su ingenio y talento o como un simple payasito en renta. ¡Que vergüenza PAN!

Payasito

LA HORA DE LOS DIPUTADOS

Carlos Arce Macías

 

Este mes se cumple un año de la ratificación en el Congreso del Estado, gracias a los votos del grupo parlamentario del PAN, del Fiscal General, Carlos Zamarripa. Hoy, luego de doce meses con cifras brutales de homicidio que alcanzaron los 4494 asesinatos (Reportaje de la BBC), incluyendo a 390 víctimas menores de edad, y con un inicio de 2020 de 453 muertes violentas, las cifras son indicativas de un desempeño nefasto. 

 

Por eso, no debemos olvidar las declaraciones, respecto al respaldo a la ratificación del fiscal, que expresó el diputado Miguel Salim en febrero de 2019: “…no es un cheque en blanco, que quede bien claro, ya lo platicamos con el gobernador y quedó perfectamente claro, que se va a estar evaluando el trabajo de Zamarripa, si el señor no da resultados los primeros en levantar la voz, vamos a ser los diputados… El grupo Parlamentario del PAN no ha dado una fecha fatal, pero yo en lo personal, yo como Miguel Salim creo que un año es más que suficiente para dar resultados”. Ese año ya se cumplió.

 

La declaración ha quedado, hasta ahora, en el aire, todo sigue igual, salvo el crecimiento desbordado de la violencia en la entidad. Parecería que los encargados estatales cumplen sus encomiendas puntualmente, generando resultados positivos. Los diputados que conforman la fracción mayoritaria, duermen plácidamente el sueño de los justos, sin responsabilizarse por su funesto nombramiento.

 

Ahora mismo en el recinto legislativo del estado, se procesa una Ley de Desaparición Forzada y una Ley de Víctimas, síntoma inequívoco del deterioro de nuestra paz pública. No hay un solo dato que indique que las cosas mejoren. El desconcierto y terror, especialmente en la zona de Celaya, Salamanca e Irapuato, resulta insoportable para los habitantes de esas locaciones. Los diarios dan cuenta, cada día, de baleados, embolsados, descuartizados y decapitados, esparcidos por calles, carreteras, brechas y terrenos baldíos.

 

La queja del gobierno federal, a través de su secretaria de Gobernación, la abogada Sánchez Cordero, no puede ser más clara, luego de presentarle a nuestro gobernador  “información de inteligencia” que él se niega a aceptar. En las corporaciones federales, no hay confianza en el actuar de las instancias estatales de Seguridad Pública y Fiscalía. ¿No lo entienden o no lo quieren entender?

 

Y los diputados responsables de haber nombrado al actual Fiscal, continúan apaciblemente en sus curules, en tanto Guanajuato se hunde en una violencia imparable. Es hora de que afronten su responsabilidad, de que presenten el cheque, que dijeron que no era en blanco y que le extendieron al Fiscal, y lo llamen de inmediato a cuentas, no en espacios privados, sino en una audiencia en la que se le enfrente con dureza y seriedad y se le exijan explicaciones sobre la problemática mortal que nos acosa. Tenemos derecho a ello.

 

La ventaja que hoy tiene la ciudadanía, especialmente la de las ciudades más golpeadas por la delincuencia, es- ¡oh ironía!- una ratificación exactamente igual a la que la fracción mayoritaria le obsequió a Zamarripa; pero esta vez respecto a cada diputado estatal. Es la ratificación para que continúen representando a los ciudadanos, y se llama técnicamente “posibilidad de reelección”. 

 

Del cumplimiento a su compromiso irrenunciable, puesto que la Fiscalía General del Estado es ya un órgano autónomo, son ellos, y solo ellos, quienes deben exigir la rendición de cuentas del Fiscal por su fracasada gestión. Si no lo hacen, la ratificación ciudadana, en el proceso electoral del 2021, debe de meditarse a fondo. La temeraria imprudencia de ratificación, no obstante el mal desempeño en sus funciones, que ya presentaba el viejo procurador, debe de ser cobrada por los guanajuatenses. Habrá que negarles su ratificación (reelección) a los actuales diputados que lo sostengan. Solo así entenderán nuestros políticos.

 

No hay otro camino, hay que hacerlos pagar el costo de preferir cumplir las instrucciones de un tenebroso jefe político estatal, ya sin cargo público alguno, que mantiene el compromiso de sostener a Zamarripa en el cargo de Fiscal, cueste lo que cueste. Solo obscuros pensamientos pueden justificar su proceder. Y allá ellos, los serviles diputados que deberán perder su preciada reelección, si los ciudadanos actúan en congruencia. Solo a eso le temen.

REELECCIÓN, LA RIFA DEL TIGRE

Carlos Arce Macías

 

Uno de los grandes problemas que enfrenta el quehacer político es el del traspaso del poder en una sociedad. Durante mucho tiempo se resolvió a través de un mecanismo hereditario, el gobernante en turno dejaba su puesto a alguno de sus hijos. Con los profundos cambios que aparecen durante el llamado ¨Siglo de las Luces¨ (siglo XVIII), la civilización busca un método que permita garantizar mejores gobiernos. Inspirándose en la República Romana, el célebre jurista y filósofo francés Montesquieu, propone el modelo republicano frente a la monarquía. Se trata de que mediante elecciones se escoja a quien conduzca, por cortos periodos, los destinos del pueblo, previendo contrapesos institucionales (poder legislativo y judicial), que eviten excesos autoritarios. Así nació el republicanismo moderno, y con él, la necesidad de elecciones libres, bien organizadas, mediante votos bien contados, para poder designar a un sucesor periódicamente .

 

El proceso es mucho más complejo de lo que parece conceptualmente, ya qué hay que contar con un entramado de instituciones que aseguren un procedimiento funcional, que legitime, frente a los electores, al nuevo conductor de la sociedad. Las naciones con una tradición política más reflexiva y experimentada, han logrado instituir procedimientos precisos, que funcionan adecuadamente, para producir ejecutivos sólidos, que se encarguen del gobierno del país. Estados Unidos es posiblemente, el mejor ejemplo de ello.

 

Pero a los latinoamericanos se nos ha complicado la cuestión. Los resabios del imperio español aún merodean nuestro subconsciente colectivo. En general, marcados por el golpismo y el caudillaje, hemos tropezado constantemente con las ambiciones personales, que bloquean la posibilidad de contar con gobiernos electos sin trampas, democráticamente. En México, a partir de nuestra independencia, dimos tumbo tras tumbo, hasta arribar a 1880. Esta es una fecha importante, pero olvidada para los mexicanos. Lo explico.

 

En el año de 1880, se construye la posibilidad de tener elecciones relativamente funcionales para proceder al nombramiento del general Manuel González como presidente de México. Parecía que por fin, accedíamos a una normalidad republicana, que acotara la ambición del gobernante en turno, no permitiéndole continuar en el puesto mediante la reelección consecutiva. Y es que así lo habían hecho Sana Anna, Juárez y lo había intentado Lerdo de Tejada. El afamado general Porfirio Díaz Mori, héroe de la guerra contra el Imperio, dejaba el cargo de presidente y lo sucedía el también general Manuel González. Todo pintaba bien. Era necesario ordenar al país, darle por fin paz, luego de tanta guerra, y construír un ambiente que propiciara el desarrollo. 

 

El gobierno de González logro acuerdos con los norteamericanos para la construcción de sendas líneas de ferrocarril, que sirvieran como columna vertebral para comunicar a México. Esta importante inversión, resolvió la amenaza constante de los vecinos del norte de replicar una nueva guerra de intervención contra México. Las acciones militares en Chihuahua y Tamaulipas, para perseguir a los indios que violentaban esas regiones, desactivaron la posibilidad, siempre amenazante, de invasiones del ejército norteamericano, en persecución de la apachería. El futuro parecía propicio para celebrar el nacimiento de una nación moderna, capaz de elegir a sus gobernantes por la vía electoral, sin que mediaran problemas graves.

 

La historia la conocemos bien. Porfirio Díaz regresó a la titularidad del Ejecutivo, y se quedó allí durante 27 años continuos, simulando elecciones libres y limpias. Muchos logros tuvo el Porfiriato, pero todos ellos, no logran darle buena cara al régimen que propició una revolución violentísima, que una vez más, sumió de nuevo al país en el retraso, el dolor y el baño de sangre.

 

Es por eso, que debemos de reflexionar seriamente, frente a las sugerencias de una posible reelección del presidente de la República. ¿No aprendemos de nuestra historia? ¿No ha sido suficientemente clara la violencia desatada por intentar alterar los periodos de gobierno prefijados? ¿Queremos tropezarnos una vez más con la misma piedra que puede acabar arrasando nuestro frágil sistema republicano? Meditemos un poco.

 

La loca carrera por el control del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha desatado Morena, no haría otra cosa que dejar sin efecto una institución vital, encargada de darle legitimidad a la elección. Desmontar el mecanísmo, convirtiéndolo en un títere del gobierno en turno, solo producirá la clausura de la vía democrática, evidenciando la tiranía. La lucha política, dejará de ser por los votos, se librará en las calles, con acciones que puedan dañar profundamente al ogro gobernante. Serían el equivalente a las asonadas militares del siglo XIX. México se tornará en la Venezuela de hoy, de eso no habrá duda. Y por cierto, los norteamericanos felices sosteniendo un gobierno pillastre y autoritario, que siga puntualmente las órdenes que se le dicten desde Washington, sin chistar. Esa condición ya la vivimos en estos momentos, ellos ordenan y nuestro gobierno federal acata.

 

No tengan duda, meternos a jugar con el sistema electoral mexicano, hacerle cosquillas al tigre, es reeditar un estado de violencia política generalizada, que se sumara a los gravísimos problemas de corrupción y criminalidad que ya padecemos y que el actual gobierno no ha podido controlar. No solo eso, se han incrementado los estragos y le sumaríamos uno más, que en su momento histórico produjo un millón de muertos. Intentar permitir la reelección es un incendio fácil de provocar, que luego nadie podrá apagar. Es para los mexicanos sacarnos la verdadera rifa del tigre. Esas si son rifas trágicas.

REELECCIÓN PARA DUMMIES

 Carlos Arce Macías

 El secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, y adelantadísimo precandidato del PAN, Diego Rodríguez, ha decidido trastocar delicadísimas piezas políticas, del tablero electoral del 2018. Con total desparpajo, destapó a Éctor Jaime Ramírez Barba como candidato a alcalde de León, sin aparentemente darse cuenta de las serias consecuencias que esto trae para su partido.

 El temporal que el actual gobierno municipal de León ha tenido que sortear, tras heredar una administración caótica y desordenada, ha sido muy complicado para el alcalde Héctor López Santillana. Muchas críticas se pueden enderezar en su contra, especialmente en el tema de seguridad, pero no se debe de olvidar, que la conducción de un municipio, se hace desde un cuerpo colegiado: el ayuntamiento.

 Durante las campañas electorales de 2015, lancé una crítica directa al órgano electoral guanajuatense, por permitir a los partidos políticos que publicitaran los comicios municipales, como “elección de presidentes municipales”, y no “de Ayuntamientos”, como constitucionalmente habría de hacerse. Ningunearon la observación, y todos los partidos continuaron promocionando alegremente a sus candidatos a alcaldes, como si de eso se tratara la elección local. Error.

 El tiempo me ha concedido la razón; hoy se deben pagar las consecuencias del desatino, al focalizarse las críticas, por la ineficacia gubernamental, únicamente en los presidentes. Y eso es injusto, ya que el gobierno municipal es compartido, y las responsabilidades se distribuyen entre sus miembros. Estamos viviendo la gran estupidez de utilizar un modelo feudal, proveniente de la edad media española, y pensado para gobernar villorios de 5,000 habitantes, como nuestro modelo de gobierno de grandes ciudades, de más de millón y medio de residentes como es León. Un verdadero despropósito.

 Y por ese motivo no se encuentra la salida al gobierno municipal en México. Y ahora los paganos de la dificultad de gobernar las grandes urbes, son los alcaldes, que carecen de las atribuciones ejecutivas necesarias para responsabilizarse de la eficiencia y eficacia del gobierno. Y este problema, resulta especialmente significativo en Guanajuato, única entidad con un sistema de ciudades intermedias, que no encuentran la clave para ser gobernadas bien.

 Así las cosas, y sin considerar estas andanzas por los áridos parajes de la administración pública municipal, el novel secretario e intranquilo precandidato, decide anular de la posibilidad de la reelección al actual presidente municipal leonés. Grave torpeza, aparte de la majadería implícita en el hecho. Pero así son estos jóvenes políticos, soberbios y descuidados en las formas.

 La ignorancia y desconocimiento de las nuevas dinámicas que imprime a la política la posibilidad de reelección, han fabricado un pantano para el PAN. El solo hecho de descartar al actual presidente municipal de León de la contienda, significa el reconocimiento del fracaso de la administración panista que conduce los destinos del municipio más poblado del estado. Y eso se convertirá en parque para la oposición, que festinaría el naufragio del actual gobierno, para llevar agua a su molino. La eficiencia de un partido político, a partir de ahora, se medirá a través de las reelecciones que logren sus militantes.

 Y paso ahora a lo mas escabroso del arrebato del secretario Sinuhe Rodríguez: la propuesta de que Éctor Ramírez Barba, sea el candidato ungido para buscar la presidencia municipal de León. Lo mismo, retirar de la posible reelección al diputado Ramírez, conlleva un gravísimo error. Uno de los elementos que busca la posibilidad de reelección de los diputados, consiste en fortalecer al Congreso, a través de la repetición en el cargo de diputado. Así obtendríamos los guanajuatenses representantes más vigorosos frente a los demás poderes. En pocas palabras, es una de las pocas posibilidades que tenemos, de lograr el ansiado equilibrio de poderes. Contar con un diputado experimentado y conocedor de los temas del legislativo, frente a un nuevo gobernador bisoño, asignaría muchas posibilidades para configurar una cámara de diputados más poderosa y generadora de una política más agresiva de rendición de cuentas sobre el ejecutivo.

 Regresando al tema municipal; si lograra la reelección en su posición de alcalde Héctor López Santillana, daría un paso adelante para consolidar su importante pero limitado poder dentro del ayuntamiento. De esta manera, el nuevo gobernador tendría frente a sí, a un político revitalizado y maduro, difícil de doblegar desde el poder estatal. Los gobernadores siempre han sido las estrellitas del microcosmos estadual, porque nunca hasta ahora han tenido frente a sí a políticos con el poderío de la reelección a cuestas. Esa es otra historia que no conocemos.

 Pero pensándolo bien, quizás el impaciente suspirante a gobernador, no ha sido tan irreflexivo, y el precipitado destape, se deba a una bien armada maniobra para eliminar cualquier vestigio de amenaza, sobre una gubernatura muy vulnerable. No quiere que nadie le haga sombra, ni que los municipios adquieran mayor fortaleza, y menos que el Congreso le exija cuentas puntuales. Eso sería muy malo para Guanajuato.

Twitter: @carce55

REELECCIÓN, DIMENSIÓN DESCONOCIDA

Carlos Arce Macías
 

Desde 1933, México había perdido la experiencia en la posibilidad de reelección inmediata de miembros de ayuntamientos y legisladores. Fíjense en el enunciado: “posibilidad de reelección inmediata”. En nuestro país, la reelección estaba permitida, pero no de forma inmediata, sino mediando un período. Por otra parte, como desde hace mucho hemos insistido, se trata tan solo de una po-si-bi-li-dad, sujeta a la convalidación democrática, mediante el voto ciudadano. Debemos acostumbrarnos, cuando de reelección hablamos, a anteponer el condicional “posibilidad”, para que no se malinterprete y entienda como una permanencia automática en el cargo.

 A raíz de las recientes reformas constitucionales, se permitió de nuevo la reelección, en el ámbito estatal, de ayuntamientos y diputados. Los comicios de 2018 reinauguran el mecanismo de potencialización del voto ciudadano, del cual fueron despojados por el PNR (Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI) en abril de 1933. Se trata de una figura jurídica, que permite sancionar, a través del voto, el buen desempeño en los puestos púbicos. Y nos interesa reflexionar sobre el tema, ya que identificamos cierta desorientación en la casta política de nuestro estado, que no logra comprender el fenómeno que va a encarar.

 Los partidos políticos poseen la llave de la posible reelección. No se atrevieron a perder ese control. Ellos deben de sancionar las candidaturas de sus funcionarios, y se encuentran en facultad de decidir si sus actuales munícipes y diputados vuelven a ser sus candidatos a los mismos puestos que vienen desempeñando. El instituto político posee la facultad de negarles esta opción.

 Pero lo importante es lo que se ve desde afuera, la percepción de la ciudadanía. Los partidos políticos deben estar conscientes de que la ratio de la elección a cambiado radicalmente. En las próximas campañas electorales, no se disputa primordialmente la mejor opción entre los contendientes, sino la posibilidad de ratificar o no al gobierno municipal actual; o la calidad del ejercicio legislativo de cada diputado. Si un partido político decide cambiar de competidor, estará automáticamente mandando el mensaje de que su gobierno municipal fracasó, o bien, que su diputado no ha rendido los frutos esperados.

 Cuando esto suceda, los partidos que decidan cambiar de caballos en medio del rio, se encontrarán en desventaja. Sus adversarios olerán la sangre, y advertirán a los electores la decepción provocada por el gobierno municipal en turno, o la minusvalía de un diputado en funciones, que no es ratificado por su partido para buscar la reelección. ¿Cómo estarán de mal que hasta la confianza de los suyos han perdido?

 Esta nueva dinámica desatará fuertes presiones en el interior de las organizaciones partidarias, pero también obligará al escrutinio puntual y concienzudo del trabajo de sus representantes populares. Solo los buenos deben de permanecer, y los reprobados deben de ser desechados de la vida pública de la entidad estatal. Muy duro ¿no?

 La situación óptima, para un partido político, indicaría que los mismos miembros de cada ayuntamiento, repetirían en sus puestos, gracias a su meritorio desempeño en el gobierno del municipio. Los diputados, que asumieron el cargo conociendo la posibilidad de su reelección inmediata, deben honrar su condición representativa, intentando su reelección con base en su destacado desempeño. Ya no se vale ir en busca de otros puestos, porque esa actitud significaría el desprecio por la descollante posición que actualmente se ocupa. El chapulinismo será muy mal visto.

 Como pueden observar, el juego político, tendrá matices y contrastes dramáticos por culpa de la posibilidad de reelección. Los partidos estarán inmersos en tensiones y juegos de poder interno, hasta ahora desconocidos. Pero por otra parte, los ciudadanos verán aumentado su poder de voto, al definir si el gobierno en funciones es confirmado o expulsado del cargo. También podrá decidir con crudeza, si su diputado es reelecto. Por ejemplo, analizando su actitud y desempeño para mantener el ejercicio republicano de separación de poderes; o castigarlo si se doblegó mansamente a las instrucciones del ejecutivo.

 La elección estatal de Guanajuato, puede convertirse en una verdadera fiesta democrática. El platillo estará servido puntualmente para los electores. Ayuntamientos y diputaciones podrán ser ratificados en el cargo, o enviados al cesto de los desperdicios políticos. Amargo pero necesario.

Twitter: @carce55

REELECCIÓN Y GESTORÍA

 

 

Carlos Arce Macías

 La reelección es el mecanismo de los sistemas democráticos, que permite a los ciudadanos ejercer su poder, a través del voto, sobre sus representantes y gobernantes. Los premios y castigos, reelegirlos o expulsarlos del puesto, hacen que el político profesional, no se sitúe en una zona de confort, dependiente solo de la oligarquía partidista que lo ubique en una nueva chamba cada tres o seis años.

En Guanajuato, nuestro congreso se encuentra analizando los detalles del nuevo instrumento, para normar las condiciones de la reelección para diputados y ayuntamientos. Inicialmente empiezan a discutir quiénes sí y quienes no deben de pedir licencia para que la competencia no presente iniquidades.

Quiero señalar de manera directa y sin rodeos, que la gestoría, esa exótica predisposición de los legisladores de asignarse recursos para realizar acciones de reparto de dádivas o trafique de influencias a favor de individuos o grupos, en lugar de solo remitir los asuntos a la autoridad correspondiente, generará problemas muy graves.

A raíz de esto, me viene a la memoria una charla de sobremesa, con el entonces director del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, el doctor Diego Valadés, que lanzaba enfático esta reflexión:

-Si el PAN insiste en establecer la reelección, será necesario prohibir la gestoría a los legisladores. Sin esta condición la contienda será inequitativa, y solo generará reclamos justificados de los demás competidores.

Basado en ello, desde hace tiempo he advertido sobre la imprudencia de destinar apoyos pecuniarios, aparte de su sueldo, a los diputados, tanto locales como federales, aunque para estos últimos aún no habrá reelección. Y ya se identificaba, en las últimas campañas electorales de 2015, la tergiversación ante los electores, de la función legislativa. Apareció, por ejemplo, en espectaculares un candidato a legislador que prometía, entre retro-excavadoras, la construcción de carreteras. Algunos otros, menos audaces, realizan campañas sanitarias, entrega de materiales de construcción, ayudas a discapacitados etc. Incluso, han aparecido, en coloridas fotos subidas a las redes sociales, repartiendo gallinas entre los agradecidos pobladores de colonias populares. ¡El colmo!

Pero volvamos al tema, sin establecer la prohibición de la gestoría, encaminaremos entre malas mañas, la posibilidad de reelección de legisladores, en un ambiente poco competitivo y desigual. Se debe de insistir en que la condición para recontratarlos en el puesto, debe de ser el enjuiciamiento de su desempeño estrictamente legislativo, esto es, en la construcción y análisis de leyes, la eliminación de ordenamientos innecesarios, la exigencia de una buena planeación y presupuestación, el control del desempeño del los otros poderes (ejecutivo y judicial) y de los municipios, y el seguimiento puntual de las verificaciones que realiza el órgano superior de fiscalización, desde el análisis de la cuenta pública.

Pero además de todo lo anterior, lo más importante, el rescate de la dignidad parlamentaria, más allá de la filiación partidista, para generar la acción republicana trascendente: la división de poderes. Eso es lo que nos debe de interesar a los ciudadanos, no el reparto de despensas, pintura, láminas, tinacos, juguetes, cobijas, etc. Eso no constata ninguna aptitud destacada para maniobrar con virtud las leyes y exigir una rendición de cuentas implacable.

Por lo tanto, si no se acata como premisa fundamental de la reelección de diputados, la prohibición expresa de realizar gestoría, mal comenzarán las andanzas de los actuales diputados, para prefigurar un buen marco normativo para la reelección. Ante esa omisión, no merecerían ser reelectos.

Twitter: @carce55

Artículo publicado el 26 de marzo de 2017 en AM LEÓN.

 

 

LEGISLAR BIEN, algunas claves

LEGISLAR BIEN

Carlos Arce Macías

La función legislativa es muy complicada. La conducción de la sociedad hacia situaciones mejores a las que ahora compartimos, requieren de suma de talentos y virtudes personales, que conformen una fuerza de acción suficiente para vencer las resistencias al cambio. Y para lograrlo, el trabajo legislativo es fundamental. Por eso, es obligación de los diputados, imprimirle racionalidad a las leyes que se procesen, de tal manera, que beneficien a la colectividad y eviten situaciones y conductas contrarias a la sociedad en su conjunto. Son representantes de todos los guanajuatenses, no de intereses empresariales, comerciales, gremiales o individuales.

Hacer leyes, sancionar iniciativas que les sean enviadas por los otros poderes, aprobar el presupuesto del estado, fiscalizar sus cuentas públicas y las de los municipios, son las principales atribuciones, de las 34 asignadas constitucionalmente a la Cámara. ¿Cómo les puede quedar tiempo a los diputados para gestorías? El tamaño de las obligaciones que tienen encima, es abrumador, no hay tiempo para distracciones.

Su principal compromiso, legislar bien, debe de ser cumplido a cabalidad. Y eso requiere de un ambiente diferente al que ahora se vive en el Congreso guanajuatense. Hacer leyes en el siglo XXI, significa poseer grupos interdisciplinarios para el análisis holístico de las normas. Me pregunto: ¿cuántos economistas, ingenieros industriales, sociólogos y antropólogos tiene contratados la Legislatura? ¿Cómo analizan las iniciativas? ¿Qué metodologías e indicadores utilizan? ¿Cómo pulsan laos problemas de nuestra sociedad?

Contestar estas preguntas será difícil. Su actividad debe buscar interrelacionarse con grupos académicos nacionales y sobre todo estatales, que brinden información valiosa para el conocimiento profundo de las realidades que se intentan regular. Los alemanes, por ejemplo, usan desde hace lustros a la sociología jurídica como un radar social, para identificar fenómenos societales que deban ser normados. Intentan tapar el pozo antes de que el niño se ahogue.

Y no solamente se trata de imponer nuevas normas y congestionar a la sociedad de reglas innecesarias que únicamente beneficien a unos cuantos. La función legislativa, también debe de eliminar legislación, como en algún caso ya lo ha hecho esta legislatura. Eso está muy bien. Pero lo que hay que realizar son auditorías regulatorias a las legislaciones de mayor impacto, que identifiquen las normas absurdas, incongruentes y mal redactadas, para expulsarlas del marco normativo. Un chorro de trabajo para todas las comisiones.

Otra medida que pondría en una situación de ventaja a Guanajuato, sobre las demás legislaturas, sería la decisión del Congreso de exigir por ley, para toda iniciativa propia o de los demás poderes y ayuntamientos, una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). Y no estaría mal que el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCE), interesado en la calidad de la legislación que se aprueba en nuestro estado, así como las demás asociaciones ciudadanas de la región, exijan este mecanismo, desarrollado para garantizar estándares óptimos para la regulación que se va emitiendo. La MIR es un estudio técnico que obliga a racionalizar la codificación que tratan de imponernos, explicitando sus antecedentes, datos económicos, circunstancias sociales, referentes legales nacionales e internacionales, y obliga a fijar con precisión el objetivo regulatorio. Es “manifestación” porque la deben firmar los responsables del proyecto, a fin de conocer a quién o quienes se deben los beneficios o perjuicios que produzca la ley, es por lo tanto un instrumento de rendición de cuentas. Sin MIR no hay discusión seria de propuestas legislativas, no hay datos que contrastar, objetivos por discutir, experiencias para debatir… nada. Solo un posicionamiento aburrido y débil de cada fracción parlamentaria, que a nadie interesa.

El Congreso puede acudir a la experiencia internacional, para un asesoramiento a fin de implementar la MIR de manera generalizada para su análisis legislativo. Es algo totalmente novedoso en México a nivel de un poder legislativo estatal. Seguramente en esos espacios encontrará interés, y el conocimiento pleno del mecanismo de control de calidad que debemos exigir.

Ahora bien, para implementar todo esto, se requiere de personal de alto perfil, que es costoso, y por lo tanto, de un aumento de gasto corriente. La nuevas inclusiones deben de responder a perfiles muy bien calificados, y no a distribución de posiciones como cuota partidaria o para cuates. Hay que formar un pequeño grupo técnico especializado en análisis económico, administrativo y social, que garantice la calidad de nuestras leyes. Y se debe de disponer de fondos para contratar algunos proyectos de investigación. Eso cuesta, pero cuesta más, muchísimo más una mala ley.

También es urgente concluir el nuevo edificio del Congreso. El costo de oportunidad, no se ha considerado en las duras críticas lanzadas en contra de este gasto. Ya está ahí. Se necesitan estas nuevas instalaciones que contarán con espacios modernos y cómodos para trabajar y sostener reuniones, y, espero, con los sistemas informáticos de última generación, que permitan trabajos de procesamiento sofisticado de datos.

Queda todo el universo de la fiscalización y la discusión del presupuesto por repensar, pero de eso hablaré en otra entrega. Por lo pronto insisto: la posibilidad de la reelección viene, y con ella la necesidad del seguimiento puntual del trabajo de nuestros diputados. ¡Bien el CCE de León! Lo deberían de imitar más organizaciones civiles.

Twitter: @carce55

Abgeordnete der Unions-Fraktion heben am 27.06.2013 im Bundestag in Berlin für eine Abstimmung die Hand. In seiner vorletzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundestag einen Rekord aufgestellt. Die Plenarsitzung dauerte fast 16 Stunden und ging bis in den frühen Freitagmorgen. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ Publikationsname / Publikationsnummer / E-Tag TT.MM.JJJJ (optional)

Reichstag Kupel mittel, Berlin, Germany

MOVILIDAD, UNA LEY CONTRA LA LIBERTAD

MOVILIDAD: TRÁMITES, CORRUPCIÓN Y ATAQUE A LA LIBERTAD

Carlos Arce Macías

En la pasada entrega editorial, traté el tema de la nueva ley de movilidad y la facilidad con que fue aprobada en nuestro Congreso, no obstante sus evidentes carencias técnicas y de diseño. Esto en desdoro de la división de Poderes, básica para toda democracia funcional.

Paso ahora a relatar mi experiencia, al realizar la revisión puntual de la ley. Advierto que en todos los años que llevo ejerciendo el Derecho, no había visto un documento tan pésimamente manufacturado, como la iniciativa enviada desde el Ejecutivo.

La ley votada unánimemente por 34 diputados, fusionó la Ley de Movilidad con la de Tránsito y Transporte, obsequiándonos un compendio de 275 artículos cargados de obligaciones. También se hicieron reformas al Código Penal del Estado y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública. Los ánimos modificatorios estaban exacerbados.

Enumeraré mis principales críticas a la ley:

1.- Es una normatividad que no fija con claridad su objetivo regulatorio, porque este trata de ser encubierto. Explico: del énfasis que se utiliza, mencionando, decenas de veces, la expresión “servicio especial ejecutivo”, se descubre el verdadero objetivo de la reforma: establecer controles discrecionales sobre Uber, para la protección de ciertos intereses del sector, impidiendo la libre contratación entre particulares de un servicio eficiente e innovador. De esa forma se pretende limitar nuestra libertad, de eso no hay duda.

2.- Sin embargo, no pararon ahí. Ingeniosamente, decidieron crear un exótico Instituto de Movilidad, amo y señor de todo cuanto ocurra en el mundo de la movilidad y el transporte en Guanajuato. El esperpento institucional concentra todo tipo de atribuciones, 33 para ser exactos, a partir de las cuales diseña, colabora, provee, regula, expide, opina, recomienda, concilia, protege, analiza, crea, modifica, gestiona, fomenta, genera, dicta, instrumenta, determina, incentiva, conforma, etc. Se ha creado un órgano omnipotente, hiperconcentrado, unipersonal, y alejado totalmente de las buenas prácticas regulatorias, que recomiendan el establecimiento de mandatos muy claros y que no se contrapongan entre sí. Como ejemplo, regular y promover, son verbos que no se llevan ya que implican decisiones que se contraponen.

3.- Paso a otra curiosidad administrativa. Se ha diseñado un Instituto sin un consejo general. Es normal que esta clase de entes públicos, funcionen, teniendo como guía, una junta plural que asegure la adopción de políticas públicas pertinentes. En contraposición a ello, tenemos una especie de comisario soviético, que reúne en sus manos toda clase de atribuciones y discrecionalidades. Solo se prevén comisiones de trabajo, que congregan a todos los representantes de los poderes fácticos del sector. Así, la captura regulatoria, está asegurada, y con ella la corrupción generalizada.

4.- La nueva regulación crea nuevos registros: el Registro de Concesiones y Permisos del Transporte, y el de Licencias e Infracciones; lo curioso, es que a contrapelo de la política de transparencia en boga, no son públicos. Opacidad a la vista.

5.- El Instituto se ubica, violando la Constitución, sobre los ayuntamientos. El artículo 12 es inadmisible, ya que sitúa al Cabildo como un simple ejecutante de sus revisiones y opiniones. La controversia constitucional será el medio para corregir el entuerto.

6.- Continuando con la nueva relación que se establece entre el gobierno local y el Instituto, la nueva normatividad, en su artículo 14, obliga a los ayuntamientos a destinar a las nuevas ocurrencias “recursos económicos prioritarios en términos reales de sus respectivos presupuestos de egresos”. ¿Cuánto acabará costando “en términos reales” a los municipios la genial idea? Nunca hicieron las cuentas nuestros diputados.

7.- Presenta confusiones conceptuales al declarar el “servicio especial ejecutivo” (esencialmente Uber) de interés público. Consistiendo en un contrato entre particulares, que puede perfectamente ser tutelado por PROFECO, no se identifica el interés público en un servicio de lujo, prestado a “ejecutivos”. La descripción del servicio es tan aberrante que resulta discriminatoria. Los taxis para los pobres, el servicio ejecutivo para los ricos. No se les vaya ocurrir a los taxistas mejorar sus unidades. ¡Ridículo y mal conceptualizado!

8.- La nueva regulación esta sembrada de decenas de trámites, basados en la discrecionalidad de los funcionarios para poderlos resolver, habilitándolos para dictar toda clase de medidas administrativas. Se trata del caldo de cultivo ideal para la corrupción de por sí rampante en ese sector. Cuando muy pronto se analice el costo regulatorio, que los diputados han puesto sobre aquéllos ciudadanos que osen intentar actividades en el ramo del transporte, se verá con precisión, los cientos de millones de pesos que nos costarán las irracionales medidas impuestas por el Legislativo.

9.- La iniciativa presenta vicio de origen. De conformidad con la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, el Ejecutivo estaba obligado a cumplir con lo indicado por el artículo 31, que obliga a elaborar una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR); que entre otros estudios, exige la evaluación costo-beneficio de la regulación. Esto, a fin de constatar que no salga mas caro el caldo que las albóndigas. Advierto: pretextar que la iniciativa esta exenta de MIR, sería la negación de la política de mejora regulatoria en Guanajuato.

10.- La nueva ley, no es enfática en promover la instauración de horarios de carga y descarga en las ciudades, pero sospechosamente si impide, de tajo, el manejo de paquetería por parte de los servicios de “transporte ejecutivo”. De esta forma, los transportistas de carga quedan protegidos con esta medida. El conflicto de interés del diputado encargado del trámite del nuevo ordenamiento, se revela con nitidéz.

11.- Llegamos a los artículos transitorios, que casi siempre contienen sorpresas. El Décimo Octavo, estipula un amplio programa de regularización para todos los que se ostenten como concesionarios (piratas). ¡Vergonzoso!

12.- La cereza del pastel, es la reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo capitulo de “Delitos en materia de Transporte Público”. Ahí se enderezan baterías en contra de Uber y taxistas, pero exceptúan a los concesionarios de ruta fija (camiones urbanos). Esos no existen. La reforma penal nos obliga a reflexionar si las conductas delictuosas revisten una peligrosidad digna de la privación de la libertad. En momentos tan críticos en cuestión de seguridad para nuestro estado, resulta injustificado distraer activos policiacos, ministerios públicos y jueces, en castigar conductas que pueden corregirse con remedios administrativos. ¿Es una buena política de seguridad, meter a la cárcel a taxistas y conductores? ¿Vamos a gastar el presupuesto y a usar los activos institucionales en ello? Parece que perdieron la razón.

Al final, rematamos con una perla legislativa, la ley en comento, contiene un imperativo categórico de crear módulos para la atención “a mujeres violentadas en el servicio”. Mala perspectiva para las féminas. Pero contarán con su ventanilla de atención. ¡Bienvenidas a bordo!

Estas son sólo algunas de muchas observaciones al texto recientemente aprobado. Reconozco, eso sí, un avance: la instauración de la obligación para los propietarios de vehículos de poseer un seguro vehicular. Eso es correcto.

La herencia que nos deja esta nueva legislación, es de coto a nuestra libertad, trámites costosos y amplias posibilidades de corrupción. Por eso debemos ser más exigentes con nuestros legisladores. El mecanismo ya lo tenemos, y es la posibilidad de reelección. Insisto, hay que usarlo.

@carce55