Carlos Arce Macías
Como lo hemos advertido desde esta columna semanal, la clase política opera bajo el criterio del Pacto de Impunidad, el cual se traduce en la posibilidad de desviar dineros públicos para pagar campañas electorales costosísimas, que incluyen, aparte de dadivas, la compra de votos en áreas estratégicas.
Bajo esta cobertura abusiva, los políticos se pueden aprovechar de circunstancias muy benéficas para ellos. Las áreas gubernamentales que deberían de cumplir la función de controlar la corrupción, se encuentran neutralizadas. Basta echar un vistazo a las contralorías municipales, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior, las fiscalías especiales de delitos electorales y anticorrupción, para constatar que nada les pasará, que el acuerdo funciona a las mil maravillas.
Ahora bien, así las cosas, cuando los grupos ciudadanos preocupados por un ambiente de corrupción desbocado, deciden intervenir y poner la mirada sobre las condiciones éticas de los candidatos, y construir un filtro ciudadano para orientar el voto a los diferentes puestos en disputa para 2021, deben de cuidarse de que la clase política no se escude en el Principio de Presunción de Inocencia. Hay que aplicarles un nuevo paradigma: el Principio de Presunción de Culpabilidad. Lo explicamos.
La mecánica bajo la cual debe de operar este principio, corresponde a una ecuación sencilla: si tu eres político y te has desempeñado como tal, has accionado bajo la cobertura del Pacto de Impunidad vigente, por ello los ciudadanos pueden presumir la utilización de métodos deshonestos. Todos pondrán cara de sorpresa. Incluso fingirán indignación ante tal atrevimiento.
Hay que dejarlos sufrir un poco. Sacarlos de su zona de confort. Que se sientan señalados y juzgados por la ciudadanía, después de tantos años impunes, lo merecen. Y luego, que se preocupen. Porque hay formas de corroborar su actuación impía, su torcido comportamiento, su mal fario. Solo revisemos sus desempeño en campañas anteriores, sus gastos, su publicidad, las dádivas continuas a los electores clientelizados, y busquemos información sobre la compra de votos el día de su elección.
Pero también está la fama pública. En las ciudades y los pueblos, conocemos de cerca de las personas y su entorno. Es sencillo saber su condición económica al entrar y salir del cargo. Las facilidades que pueden lograr al hacer negocios, contando con información privilegiada, tráfico de influencias y con tolerancia para no cumplir requisitos regulatorios a plenitud, por el solo hecho de desempeñarse en el mundillo político.
Todos los políticos en activo que aspiran a la posibilidad de reelegirse, así como los que intentan cambiar de puesto, están sujetos a la evaluación del desempeño en los cargos públicos que ocupan. A mostrarnos los resultados de su gestión, su congruencia y, en su caso, el cumplimiento con la representación de sus electores. De allí se desprenden datos que nos pueden brindar certidumbre para juzgarlos.
Estamos seguros que aquellos políticos serios y honestos, disculparán las duras formas que empiecen a aplicar los ciudadanos para calificarlos. Claro que hay personajes que han actuado con total rectitud y nada deben de temer, al contrario, bajo un escrutinio severo, serán revalorados, apreciados y votados.
Total, que esta nueva perspectiva, al no caer en el engaño de aplicar el Principio de Presunción de Inocencia, mientras rige el Pacto de Impunidad que los protege, propiciará un voto más certero a favor de la honestidad y la ética, en la conducta de los servidores públicos. A los candidatos hay que evaluarlos y juzgarlos, antes de votar por ellos. Si no lo hacemos, luego no nos quejemos.
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