GAS PARA LOS ALCALDES

Carlos Arce Macías

 

Gasear alcaldes no es un chiste. Menos hacerlo a algunas de las presidentas municipales más exitosas en su desempeño de gobierno local. Se trata de una violencia inadmisible, de una afrenta que en cualquier país tendría serias consecuencias políticas, aunque se tratara de solo “una rociadita” de gas lacrimógeno.

 

El hecho denota el poco respeto y reconocimiento, que desde el Ejecutivo Federal se tiene por el Gobierno local. Aunque les moleste, así está consignado en la propia Constitución. Pero tal parece que ni la conocen, y si la han leído, les tiene sin cuidado el estatus jurídico municipal. “Échenles gas pa´ que se larguen”, fue seguramente la terminante orden a los conspicuos celadores del Palacio Nacional.

 

La mañanera les cayó encima a los munícipes. El presidente de la República acusó a los alcaldes: “Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta. Les gana el ansia opositora, la desesperación”. Desesperación porque los presupuestos son cada día más estrechos y las administraciones retornan a la pobreza perene. “No queremos que nos den más, tan solo que no nos quiten lo que ya teníamos”, exigía la alcaldesa de Chihuahua.

 

Total, que fuimos testigos del absoluto desprecio por los gobiernos locales, por una de las instancias políticas, fundamental para la operación del Estado mexicano. Quizás no han tomado conciencia las nuevas autoridades federales, que el único ente constitucional que gobierna directamente el territorio, es el municipio, son las ciudades, son las metrópolis. Todo lo demás son entelequias, simples ficciones jurídicas.

 

No por nada, el doctor Arnaldo Córdova, autor de obras trascendentes sobre el nacionalismo, la política de masas del cardenismo y la formación del Poder Político en México, nos legó un estudio muy interesante (“El Principio de la Soberanía Popular en la Constitución Mexicana”, UNAM/ IIJ 2006) , en el que propone dar un giro copernicano a la teoría de la autonomía municipal, para reconocerles a los gobiernos locales, una característica soberana, que revolucionaría el ámbito de gobierno municipal. Esta propuesta, nos conduciría a dotar a los municipios de la cualidad que de verdad requieren para poder gobernar el complejísimo enjambre urbano en que se han convertido nuestras ciudades. Urge que estas posean un esquema de gobierno diferente, más moderno, con poderes divididos y con plena capacidad tributaria que los independizaría de las legislaturas estatales. Así tendríamos una categoría de 31 municipios, mayores a 500,000 habitantes, que tendrían su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un gobierno más acorde con los nuevos tiempos.

 

Las grandes ciudades mexicanas se han tardado en formar una red que las dotaría de una fuerza política de altos vuelos. La Asociación de Grandes Ciudades de México (AGCM), se podría convertir en el interlocutor de la instancia local, frente a la CONAGO de los gobernadores y el rudo y violento gobierno federal que los maltrata y agrede. A ver si frente a una organización de ese calado se atreven a volver a gasear alcaldes.

 

Los municipios no han hecho valer su enorme poder frente a los otros poderes, los ningunean siempre. No han sabido reivindicar su dignidad comunitaria, desde 2012, cuando el PRI destruyó la Asociación Mexicana de Municipios (AMMAC), y con ello, toda posibilidad de construcción de una organización que superara las agendas partidistas, se desbarrancó entre grillas y ambiciones baratas.

 

Pongo algunos ejemplos para hacer valer los reclamos municipales ante la sordera federal: depositar la recolección de basura de un día, en los accesos de las oficinas federales, así como generarles cortes de agua potable o cierre a las vías de comunicación circundantes. Solo se requiere un elemento táctico fundamental: organización para que esto suceda instantánea y sincronizadamente en 10 o 20 ciudades mexicanas al unísono. La retaliación al maltrato legendario, está a la mano, se requiere organización y decisión.

 

En lo que sí se equivocaron los alcaldes de visita en Palacio Nacional, fue en no invitar a sus pares en los municipios, síndicos y regidores, a acompañarlos en la peligrosa aventura de reclamar el trato que se les intenta decretar en el Presupuesto Federal para 2020. Hasta ahora, las localidades se gobiernan, como la Villa Rica de la Veracruz de 1519, por un vetusto Ayuntamiento. Insisto una vez más, los alcaldes no son los ejecutivos del gobierno municipal, no equivalen, en su ámbito, al presidente de la República ni al gobernador, su función es coordinar a la administración municipal y ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento. No se trata, hasta ahora, de un modelo de gobierno dividido, con tres poderes, sino de gobierno por concejo, por asamblea, por concilio. ¿Entienden?

 

Por eso urge en México el establecimiento de una instancia supramunicipal, que permita la gobernanza de grandes conglomerados urbanos. La añeja fórmula municipalista, no funciona para la administración de las enormes y populosas ciudades del siglo XXI. Valdría la pena revisar, entre otras, la experiencia alemana sobre la ordenación del régimen local. Las ideas brillantes del barón Karl von Stein, de 1808, podrían resultar inspiradoras, en relación a las “Ordenanzas de las Ciudades”, para lograr la participación efectiva de los individuos en las tareas de la comunidad local y en eliminar las barreras burocráticas que la dificultan. Se trata de dotar a las ciudades de capacidades administrativas para su gobierno, pero también de imponerles serias responsabilidades gubernativas. No todos lo municipios son iguales.

 

En tanto todo esto suceda, penosamente nuestro gobierno federal gasea alcaldes. No tolera el presidente que le toquen las puertas de Palacio Nacional y reclamen. Optan por agredir.

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EQUIVOCARSE OTRA VEZ

Carlos Arce Macías

 Comienza la temporada electoral, en que se renovarán miles de cargos públicos, incluyendo la presidencia de la República. Los cuerpos electorales, pomposamente denominados Organismos Públicos Locales (OPLES), serán los encargados de hacer cumplir la puntual normatividad estatal, en el caso de las elecciones para gobernador, diputados estatales y ayuntamientos. Tendrán que procurar una muy atenta y puntillosa administración y supervisión de los próximos comicios, que auguran alta conflictividad.

 Lo hemos repetido en múltiples ocasiones, y lo seguiremos haciendo: a diferencia de los estados y la federación, en los que existe un diseño de división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), en el caso de los municipios, no se da tal separación, sino que son gobernados por un ente unitario y colectivo denominado ayuntamiento.

Esta significativa diferencia, nos conduce a reflexionar sobre las responsabilidades de los gobernantes. Va un ejemplo acerca de esta problemática: ¿quién es el responsable de la seguridad pública en los estados y la federación? La respuesta no se presta a dudas: los gobernadores y el presidente de la República, que son los titulares del poder ejecutivos en ambos ámbitos de gobierno. ¿Pero quién responde por la seguridad pública en los municipios? El primer personaje que viene a la mente de los ciudadanos y los medios de comunicación es el alcalde, y yerran, porque siendo un gobierno dirigido por una junta de representantes de la ciudadanía, es el ayuntamiento, en su conjunto, quién finalmente debe rendir cuentas de los resultados de esta función.

 Dentro de un ayuntamiento se presentan diversos niveles de responsabilidad entre los miembros del cabildo, analicemos: un miembro de esta junta, que no pertenece a la comisión de seguridad, y que ve esta cuestión solo en las votaciones llevadas al pleno, sólo enfrenta una responsabilidad relativa. La cuestión cambia, entre los miembros que constituyen la Comisión de Seguridad, quienes tienen línea directa con los asuntos más importantes sobre la paz pública de su localidad. Y por último el alcalde, que al ostentar el puesto de ser quién preside el ayuntamiento, carga sobre sus hombros el compromiso de dar resultados en la lucha frente a los criminales que asuelan su municipio.

 Así, cuando se incrimina a un alcalde, imputándolo como el directo responsable de los asuntos de seguridad de la comunidad, habría también que enderezar, directamente, las críticas y los obuses, en contra de los miembros del cuerpo edilicio que conforman la Comisión de Seguridad y especialmente sobre quiénes presiden este cuerpo gubernativo. Porque resulta muy cómodo, endilgarle todos los problemas y fracasos en la sensible materia de la seguridad al presidente municipal, cuando es todo el ayuntamiento, en diversos grados, el responsable.

 Luego viene el asunto de la reelección, y se empieza a barajar la posibilidad de la postulación de diversos regidores, síndicos y alcaldes, para repetir en el cargo. En la situación actual, se descalifica, especialmente por los problemas de seguridad pública a muchos presidentes municipales. Opinamos, que casi en el mismo nivel de responsabilidad, deberían señalarse a los demás miembros del ayuntamiento, pero especialmente a los síndicos y regidores que integran la Comisión de Seguridad de un municipio.

 ¿Y qué ha provoca esta confusión? La respuesta está en el hecho de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEGG), convertido en OPLE por las recientes reformas constitucionales y legales, permitió, en la pasada contienda local en Guanajuato, que los partidos políticos engañaran a la ciudadanía, permitiendo la promoción de la elección de ayuntamientos, como una simple elección de alcaldes.

 En el pecado llevaron la penitencia los presidentes municipales, tan conspicuos y felices por la publicidad lograda en spots y carteleras, borrando de la publicidad al resto de los miembros del ayuntamiento. Pero ahora padecen las críticas feroces de la ciudadanía, que está desesperada por el incremento de la criminalidad en su entorno vital. En la soledad de su despacho, muchos alcaldes ven con agobio la falta de acompañamiento de su cabildo. Otros se mortifican ante la crítica de sus pares, que reclaman airadamente la rectificación de planes y programas, en el seno del ayuntamiento. La verdad es que la responsabilidad es de todos los ediles, con excepción de los que han sido críticos propositivos, y sus voces han sido despreciadas y ninguneadas por sus pares. Esos salvan cara.

 Finalmente, mal hará el OPLE guanajuatense, si permite que los partidos políticos continúen publicitando la contienda municipal, como si se tratara de la de gobernador o presidente de la República. No es una elección de alcaldes, sino de ayuntamientos. ¿O el candidato a presidente municipal se comprometerá, el solito, a arreglar el rudo e intrincado asunto de la seguridad pública en su municipio? El órgano electoral, de no actuar en consecuencia, y disciplinar a los partidos políticos para que no engañen a los ciudadanos, puede volver a equivocarse otra vez. Sería un mal inicio.

@carce55

REELECCIÓN PARA DUMMIES

 Carlos Arce Macías

 El secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, y adelantadísimo precandidato del PAN, Diego Rodríguez, ha decidido trastocar delicadísimas piezas políticas, del tablero electoral del 2018. Con total desparpajo, destapó a Éctor Jaime Ramírez Barba como candidato a alcalde de León, sin aparentemente darse cuenta de las serias consecuencias que esto trae para su partido.

 El temporal que el actual gobierno municipal de León ha tenido que sortear, tras heredar una administración caótica y desordenada, ha sido muy complicado para el alcalde Héctor López Santillana. Muchas críticas se pueden enderezar en su contra, especialmente en el tema de seguridad, pero no se debe de olvidar, que la conducción de un municipio, se hace desde un cuerpo colegiado: el ayuntamiento.

 Durante las campañas electorales de 2015, lancé una crítica directa al órgano electoral guanajuatense, por permitir a los partidos políticos que publicitaran los comicios municipales, como “elección de presidentes municipales”, y no “de Ayuntamientos”, como constitucionalmente habría de hacerse. Ningunearon la observación, y todos los partidos continuaron promocionando alegremente a sus candidatos a alcaldes, como si de eso se tratara la elección local. Error.

 El tiempo me ha concedido la razón; hoy se deben pagar las consecuencias del desatino, al focalizarse las críticas, por la ineficacia gubernamental, únicamente en los presidentes. Y eso es injusto, ya que el gobierno municipal es compartido, y las responsabilidades se distribuyen entre sus miembros. Estamos viviendo la gran estupidez de utilizar un modelo feudal, proveniente de la edad media española, y pensado para gobernar villorios de 5,000 habitantes, como nuestro modelo de gobierno de grandes ciudades, de más de millón y medio de residentes como es León. Un verdadero despropósito.

 Y por ese motivo no se encuentra la salida al gobierno municipal en México. Y ahora los paganos de la dificultad de gobernar las grandes urbes, son los alcaldes, que carecen de las atribuciones ejecutivas necesarias para responsabilizarse de la eficiencia y eficacia del gobierno. Y este problema, resulta especialmente significativo en Guanajuato, única entidad con un sistema de ciudades intermedias, que no encuentran la clave para ser gobernadas bien.

 Así las cosas, y sin considerar estas andanzas por los áridos parajes de la administración pública municipal, el novel secretario e intranquilo precandidato, decide anular de la posibilidad de la reelección al actual presidente municipal leonés. Grave torpeza, aparte de la majadería implícita en el hecho. Pero así son estos jóvenes políticos, soberbios y descuidados en las formas.

 La ignorancia y desconocimiento de las nuevas dinámicas que imprime a la política la posibilidad de reelección, han fabricado un pantano para el PAN. El solo hecho de descartar al actual presidente municipal de León de la contienda, significa el reconocimiento del fracaso de la administración panista que conduce los destinos del municipio más poblado del estado. Y eso se convertirá en parque para la oposición, que festinaría el naufragio del actual gobierno, para llevar agua a su molino. La eficiencia de un partido político, a partir de ahora, se medirá a través de las reelecciones que logren sus militantes.

 Y paso ahora a lo mas escabroso del arrebato del secretario Sinuhe Rodríguez: la propuesta de que Éctor Ramírez Barba, sea el candidato ungido para buscar la presidencia municipal de León. Lo mismo, retirar de la posible reelección al diputado Ramírez, conlleva un gravísimo error. Uno de los elementos que busca la posibilidad de reelección de los diputados, consiste en fortalecer al Congreso, a través de la repetición en el cargo de diputado. Así obtendríamos los guanajuatenses representantes más vigorosos frente a los demás poderes. En pocas palabras, es una de las pocas posibilidades que tenemos, de lograr el ansiado equilibrio de poderes. Contar con un diputado experimentado y conocedor de los temas del legislativo, frente a un nuevo gobernador bisoño, asignaría muchas posibilidades para configurar una cámara de diputados más poderosa y generadora de una política más agresiva de rendición de cuentas sobre el ejecutivo.

 Regresando al tema municipal; si lograra la reelección en su posición de alcalde Héctor López Santillana, daría un paso adelante para consolidar su importante pero limitado poder dentro del ayuntamiento. De esta manera, el nuevo gobernador tendría frente a sí, a un político revitalizado y maduro, difícil de doblegar desde el poder estatal. Los gobernadores siempre han sido las estrellitas del microcosmos estadual, porque nunca hasta ahora han tenido frente a sí a políticos con el poderío de la reelección a cuestas. Esa es otra historia que no conocemos.

 Pero pensándolo bien, quizás el impaciente suspirante a gobernador, no ha sido tan irreflexivo, y el precipitado destape, se deba a una bien armada maniobra para eliminar cualquier vestigio de amenaza, sobre una gubernatura muy vulnerable. No quiere que nadie le haga sombra, ni que los municipios adquieran mayor fortaleza, y menos que el Congreso le exija cuentas puntuales. Eso sería muy malo para Guanajuato.

Twitter: @carce55

¡NO!

¡NO!

Carlos Arce Macías

 

El más efectivo y contundente antídoto contra la corrupción es tan solo una palabra: no. Pero hay que utilizarla desde una actitud decidida, categórica y enfática: ¡no!

Y es que frente al acto corruptor no se puede ser dubitativo, sino actuar asertivamente. Frente al “¡no!” que se desliza al cerebro, no le queda al emisor de una propuesta corruptora otra opción más que recular, posiblemente avergonzarse, cambiar de tema o largarse inmediatamente. Así se debe de actuar para privilegiar la ética sobre la carencia de honradez y rectitud.

El problema para cualquier persona, pero en éste caso para el funcionario público cuando no actúa bajo ésta premisa absoluta y contundente, es que abre la puerta, permite el resquicio, señala la grieta por donde la corrupción, que es como la humedad, se filtre y oxide todo. Sacarla de ahí será muy difícil. En poco tiempo habrá contagiado a todos a través del mal ejemplo y habrá establecido su reinado, involucrando directa o indirectamente a mucha gente. Así es y no hay vuelta de hoja.

Esto lo señalo pensando en lo que sucederá en un futuro,  porque en México se ha descubierto una vieja práctica política, extendida en varios países, pero especialmente en Estados Unidos: el “pork barrel” o barril de los puercos. Así se les denomina a los multimillonarios fondos presupuestales con que cuentan los legisladores estadounidenses. Estos son utilizados para apoyar obras en sus distritos, que casi siempre son utilizadas electoralmente y a favor de sus partidarios. Es un término despectivo.

Y es que ya nos habíamos tardado. La manipulación y el aumento de los fondos de pavimentación, de cultura y de espacios deportivos, aunado a la próxima posibilidad de reelección legislativa, propiciarán un caldo tóxico para la democracia. Se intensificará la corrupción política y las propuestas de apoyo, a través de los diputados de todos los partidos, como ya empieza a suceder. Más aún, ya existe la iniciativa de que los senadores también intervengan en la conformación de éstos fondos presupuestales, lo cual sería desastroso, pues propiciaría la inmersión en ese fango, del Senado.

Regresando a Estados Unidos, ya en 1919, Chester Collins reseñaba en un artículo sobre gobiernos locales, la problemática del mecanismo para éste ámbito de gobierno. Pero no fue sino hasta 1984 cuando se conformó en Estados Unidos la organización civil denominada Citizens Against Goverment Waste (CCAGW) o Ciudadanos contra el Gobierno Basura, que lucha en contra de ésta perniciosa práctica de los políticos. Esta ONG, por ejemplo, se dedica a identificar los proyectos sospechosos (más de 10,000 con costo de 17,200 millones de dólares en 2008) y luchar, decidida y agresivamente, en contra del “pork barrel”.

En Filipinas, recientemente el presidente Aquino ha optado por eliminar el Fondo Prioritario de Asistencia, que ha sido históricamente utilizado por los legisladores filipinos como “pork barrel”. Ya no aguantaban.

Pero el tema apenas comienza para nosotros. Las autoridades estatales y municipales deben afilar el “¡no!” áspero y contundente para enfrentar las seductoras propuestas que los diputados puedan ponerles sobre la mesa aunadas al recién develado “moche”. Es necesario frenar inmediatamente esta práctica, si no queremos propiciar mayor corrupción. Por su parte el PAN debería comunicarse con el CCGAW a fin de tomar conciencia y orientación de los lejano que se encuentra esta estrategia de su doctrina. Ojalá lo entiendan y  también digan ¡no!

carlos.arce.macias@gmail.com

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