SISMO REGULATORIO

Carlos Arce Macías

Luego de los efectos de los recientes movimientos telúricos que sufrió una gran parte de nuestro territorio, una enorme convulsión, paralela a la sismológica se deberá producir en nuestro país, aunque aún no se identifique plenamente: la regulatoria.
Poco a poco, luego de que los aterrados partidos políticos dejen de competir en la ruleta del populismo más ramplón; nos daremos cuenta, lentamente, que lo primero que debemos enfrentar es a nuestra geografía, con la única arma que una sociedad medianamente organizada, tiene a la mano: la normatividad para regular un crecimiento urbano seguro.


“La geografía es el destino” advertía Napoleón Bonaparte, al marcar las rutas de sus conquistas europeas, y no le faltaba razón. La ubicación de los Estados, los cruces de caminos, los cauces de los ríos, los pantanos y lagos circundantes, condiciones meteorológicas y geológicas, conforman un destino, para los asentamientos humanos que forman villorrios, pueblos y ciudades. Todos deberíamos ser conscientes de esto, porque de su ignorancia parte la temeraria creencia, de que el lugar en donde habitamos, es el mejor del mundo. No es así, siempre presenta circunstancias positivas y negativas.

 Ante tales escenarios, toda fundación humana, debe de tener como objetivo, potenciar el contexto positivo de nuestro centro poblacional, y aminorar los peligros que el entorno geográfico nos impone. De esa manera, una sociedad desarrollada, que ha aglutinado cientos de miles de habitantes, debe labrar la consciencia de su población, para que sepa a que estamos expuestos, y que peligros enfrentamos.


 Por eso es importante saber geografía, no solo como un tonto ejercicio nemotécnico, que se realiza en los últimos años de primaria. Combinado con la física, los pobladores de una zona, deberíamos tomar conocimiento del “mapa de riesgo” de nuestro pueblo o ciudad.

Como lo venimos advirtiendo, los peligros que nos acechan deben de ser aminorados, basados en un mapa confeccionado para ello, que ubique los terrenos inundables, las zonas de deslaves, los pantanos, las franjas cercanas a terrenos con residuos contaminantes, los suelos altamente inestables, a causa de terremotos o huracanes, etc. Del mapa de riesgo, debe de desprenderse una serie de disposiciones que impidan arriesgar a los ciudadanos, evitando su ubicación en lugares que presentan alto riesgo. Permitir desarrollos urbanos en zonas de grandes declives o cercanas a los lechos de los ríos, o a suelos amplificadores de las ondas telúricas, se convierte en un acto de irresponsabilidad, lesivo a los derechos humanos.


De aquí, pues, se desprende una variada normatividad, que desgraciadamente ha acabado convirtiéndose en una simple tramitología, carente de sentido, y sujeta a criterios torcidos y aberrantes, que mediante la corrupción, permiten que las personas habiten lugares peligrosos para su economía, sus bienes y en muchos casos para su vida.

Las tragedias en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, deben de producir una honda mejora regulatoria en materia de urbanismo y edificación. Los conocidos “permisos de uso de suelo, de fraccionamientos y lotificación y el permiso de construcción”, son parte clave de una interrelación positiva entre un mapa de riesgo y el desarrollo urbano.

Para garantizar la seguridad de una construcción, la acreditación de los “directores responsables de obra (DRO)”, debe transformarse, de un insubstancial requisito, a un trabajo serio, que finque responsabilidades de orden civil y penal. Las mafias, acrisoladas en los colegios de arquitectos e ingenieros, deben de ser pulverizadas, para sustituirse por verdaderos instrumentos de control de calidad de las edificaciones que se vayan levantando, en los lugares que sean seguros.


Toda un nuevo capitulado de delitos en contra del desarrollo urbano seguro, debe de proponerse, dentro de los trabajos del nuevo sistema anticorrupción, para castigar a los responsables, particulares y funcionarios públicos, de permitir la construcción en zonas de riesgo, o la construcción de edificios que no tengan las características técnicas para ser seguros. La obligación de aseguramiento de los inmuebles, puede ser la piedra de toque, que obligue a construir responsablemente. A las aseguradoras no les gusta perder dinero.

No cabe duda, las escuelas dañadas y desplomadas, los edificios habitacionales erigidos después de 1985 que se derrumbaron, los centenares de edificaciones públicas, puentes, hospitales y oficinas, que se construyeron con “moche” de por medio, y acabaron colapsadas, producirán la necesidad de implementar una mejora regulatoria a fondo, que dé seguridad a las familias, sin convertirse en una tramitología excesiva, que impida construir las ciudades y pueblos seguros que necesitamos.


@carce55

Anuncio publicitario