pensión | CARLOS ARCE BLOG

Carlos Arce Macías

El objetivo de esta reflexión, es descongestionar la narrativa vengativa hacia la figura presidencial, que se ha infiltrado poco a poco en los ciudadanos, a través de una larga y continua descalificación de los diversos personajes que han ocupado la silla presidencial, con la intensión de negarles cualquier tipo de subvención y asistencia, al retirase del cargo. Intentemos por unos minutos, darle perspectiva y lógica al tema, para poder extraer conclusiones racionales.

El puesto de Presidente de la República, es el más importante en un sistema presidencial. Pero, por los contrapesos que deben de generarse en una república, comparte el estatus con los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los senadores y diputados que conforman el Congreso de la Unión. La diferencia radica en que, mientras los otros Poderes son conformados por órganos colegiados, la presidencia es un cargo unipersonal.

Así el Presidente de la República concentra un caudal de atribuciones, que siempre deben de estar contrabalanceadas por el resto de los Poderes. En el desempeño del cargo, un presidente absorbe una gran cantidad de conocimientos, datos y cifras muy importantes, así como de estrategias políticas, económicas, energéticas, criminales, etc., de suma trascendencia para los destinos del país. Total, que en el periodo de seis años, en el que toma decisiones fundamentales todos los días, sobre infinidad de temas torales para la nación, se ha modelado un individuo en el que se concentra un conocimiento valiosísimo y delicado, a la vez de que pende sobre su cabeza, la ira y la frustración de aquellos grupos o personas que se vieron afectadas por las resoluciones impulsadas desde el gobierno.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué trato debemos otorgar a los ex presidentes de la República? Claramente no se pueden ir a su casa como cualquier hijo de vecino, por lo antes comentado, ya que podrían ser contratados por empresas nacionales o extranjeras, lo que les daría, a estas, grandes ventajas sobre cualquier competidor. De tal manera que debemos tener una política clara y jurídicamente bien anclada para dar un justo tratamiento a los personajes que van dejando el cargo presidencial.

Aquí abro un importante paréntesis. Desacredito el manido argumento, muy socorrido por cierto, de que como los presidentes mexicanos han saqueado al país, estos deben conformarse con lo robado y hacerse cargo de su propia subsistencia y cuidados. Me parece una propuesta revanchista y necia, pero que sin embargo, se ha albergado en amplios sectores de la población. Considero que los presidentes no deben robar, traficar influencias o extorsionar; si lo hacen, deben de acabar en la cárcel, como Lula de Silva en Brasil. Eso falta de construir, en México, y hay que construirlo pronto mediante una Fiscalía General autónoma. Mezclar las responsabilidades administrativas y penales que puede afrontar un Ejecutivo Federal, con la forma en que debe de ser protegido y tratado al dejar su encargo, es un error. Esta confusión ha provocado un debate irracional, que nos conduce a deducciones equivocadas y dolosas.

Para comenzar, el ex presidente y su familia, deben de ser protegidos de por vida por el Estado Mayor Presidencial. No hay duda de esto, ya que de otra forma, se afectarían las resoluciones más estratégicas sobre temas criminales y de narcotráfico. ¿Qué decisiones podría atreverse a tomar un presidente, que sabe que en un par de años puede ser atacado por el crimen organizado en el seno de su hogar? Pero vayamos más allá y supongamos que un ex presidente o miembros de su familia sufren algún atentado o son secuestrados. ¿Cuál sería el impacto de un hecho de esta trascendencia en la economía del país y en la atracción de inversiones? Saldría mucho más caro el deterioro en imagen, certidumbre y confianza del país, que el costo de una protección profesional y eficaz. Por su obviedad no profundizo más en el asunto.

Al dejar el cargo los ex presidentes, deberían gozar del mismo salario y prestaciones, por lo menos los siguientes seis años, bajo la prohibición de no trabajar para ninguna empresa o consorcio. Solo podrían estar habilitados para desarrollar actividades académicas y de apoyo a causas benéficas. De esta manera, los ex mandatarios quedarían sujetos a obligaciones estrictas de confidencialidad, relativas al desempeño de su cargo. Luego de los seis años, podría enrolarse en diversas actividades, incluso empresariales y de consultoría. Cuando se encuentren en este supuesto, la pensión se suspendería y solo podría reactivarse, en caso de desempleo.

Los ex presidentes tienen asignados un grupo de funcionarios de alto nivel, para sus requerimientos personales. Esta situación debe de ser revisada. Resulta desproporcionada la habilitación de un importante contingente de empleados federales, al servicio de los antiguos ejecutivos. Probablemente un reducido equipo, compuesto de un secretario particular y un par de asistentes, debiera ser subvencionado por el Estado.

Conclusión: gastar en la protección, pensión y apoyos a los ex presidentes es necesario y justo. En el caso de ser procesados y hallados culpables por algún delito durante su encargo, los beneficios se perderían y su protección quedaría bajo la responsabilidad de los custodios del penal respectivo. Así de sencillo.