CAPUFE, EL ENEMIGO

CAPUFE, EL ENEMIGO

Carlos Arce Macías

La Ciudad de México está bloqueada en su acceso y salida hacia el norte, en su comunicación con Querétaro. La supercarretera 57, también denominada como la vía del Tratado de Libre Comercio, por ser el punto más cómodo y cercano entre la frontera con los Estados Unidos y la capital del país; es administrada por un organismo estatal descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intitulado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, mejor conocido por los ciudadanos como CAPUFE.

El organismo fue fundado en 1958, unos meses antes de entrar en operación la carretera 57 en su tramo México-Querétaro. El encargo de la descentralizada es la construcción y administración de carreteras de cuota. La idea de tener vías de comunicación de altas especificaciones, consiste en un servicio que aumente considerablemente la seguridad en los viajes. También que propicie el ahorro de tiempo, y evite el desgaste innecesario a los vehículos, permitiendo un manejo menos estresante y mas fluido, que impida el cansancio. Por supuesto, este servicio tiene una contraprestación, que debe de ser pagada en una caseta de cobro, al principio o al final de la autopista.

La red de carreteras nacionales, que comenzó en la época cardenista, trataba de conectar diversas ciudades y pueblos, como opción al sistema porfiriano del ferrocarril. Su prioridad era la interconexión del mayor número de comunidades, por lo cual, una ruta presentaba largos trayectos, así como el paso forzoso por diversos pueblos y ciudades. Estas son las llamadas carreteras libres, por las cuales el usuario no debe de hacer pago alguno.

El declive de los ferrocarriles durante la segunda mitad del siglo XX, propició la construcción de carreteras de largos trayectos que evadieran la entrada a centros urbanos, evitaran la presencia de ganado en la cinta asfáltica, tuvieran trazos para velocidades superiores a los 100 km por hora, y se diera por lo tanto un ahorro considerable en tiempo y gasto de combustible. Así nació, entre otras la famosa carretera 57.

De esta forma, una supercarretera debe de garantizar condiciones específicas de servicio: tiempo de recorrido, seguridad en el trayecto, servicios de emergencia eficientes, gasolineras, balizamiento (pintura) y señalamiento, seguro, cobertura de telefonía celular, y un buen estado del asfalto o concreto. Por ello nos cobran a los automovilistas $140.00 pesos por recorrer 107 km entre Tepotzotlán y Palmillas, garantizándonos un tiempo de recorrido de 58 minutos, de acuerdo al programa “Traza Tu Ruta” de la SCT, que puede ser consultado en la propia página de esa secretaría.

Con una prudente tolerancia en cuanto a la velocidad y tiempo en que se haga el recorrido, pagamos aproximadamente a $2.50 el minuto de traslado. Hasta aquí, todo bien. Pero el problema surge cuando la empresa cobra y no cumple con el servicio. Hace dos semanas, el tramo lo viajé en ¡4 horas! Y aparte me cobraron los 140.00 pesos. CAPUFE debería informar de los graves problemas de tráfico que presenta su “supercarretera”, empezando por las largas filas para pagar en las casetas de cuota, que deben de ser tomadas en cuenta a la hora de prever el tiempo de viaje. Ya lo he comentado en otras ocasiones, la Secretaría de Comunicaciones debería de confeccionar, a instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), una Norma Oficial Mexicana de Supercarreteras, que establezca las bases para la prestación del servicio, y en su caso la eliminación del cobro, o incluso, la reparación de daños y perjuicios por las fallas presentadas en los servicios.

El presidente Peña ha destacado la “justicia cotidiana”, como uno de sus empeños fundamentales. Los injustos cobros a los consumidores por parte de CAPUFE, por servicios no prestados, dan pauta para modificar substancialmente la operación del organismo descentralizado, aún ante la resistencia de la voraz Secretaría de Hacienda, y la conveniencia de cobrar por el peaje, bajo cualquier circunstancia, incluso no habiendo cumplido las condiciones contractuales a los ciudadanos.

Si esta situación no se modifica, podría intentarse una acción colectiva de los consumidores en contra de su enemigo: CAPUFE. Seguramente la evidente injusticia debería obligar a modificar su conducta al gobierno de Peña Nieto.

Pero también la situación se agrava a niveles indescriptibles, ante el atorón producido por los eternos trabajos de remodelación en la principal carretera del país. Ahora abundan los robos a transportistas, así como los asaltos y violaciones a pasajeros en autobuses foráneos. Y lo indignante es que nadie parece preocupado por ello en el gobierno federal. Benito Neme, el compadre del presidente y director de CAPUFE, duerme tranquilo.

Sin embargo los mexicanos hemos aprendido a conocer las acciones de los funcionarios peñistas, la obra pública es su objetivo. Y nada mejor que una costosa y mal planeada intervención, constante, larga y complicada en la carretera 57, para sacar provecho del tradicional modelo de operación corrupta que tanto gusta al grupo en el poder, recordemos los casos Higa y OHL. El asunto es hacer obra para obtener el moche, las consecuencias no importan.

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LA MALDITA TRANSPARENCIA

LA MALDITA TRANSPARENCIA

Carlos Arce Macías

La política de transparencia nos está amargando la vida a los mexicanos. Sin ella, bajo la opacidad todo parecía estar bien. No nos compungían las malas noticias sobre la realidad nacional, y el proceder descarriado de nuestra preclara clase política. Estábamos fatal, pero no nos dábamos cuenta. Ahora, respaldados por datos e informes, nos percatamos de pronto, que no tenemos policías, ingenieros, maestros ni funcionarios profesionales. Vamos pésimo.

Miren, por obra y gracia de la transparencia, en unos cuantos años, hemos constatado que nuestra policía no sirve para protegernos de los criminales y prevenir los delitos. Nos dimos cuenta, gracias a los índices de impunidad y el registro delictivo preciso, que los agentes policiacos de nuestros pueblos y ciudades, estaban organizados para bolsear borrachos y lidiar con vecinos rijosos. Un día nos despertamos con la noticia de que la ciudad se la disputan varios cárteles, y nuestra policía es incompetente para enfrentar organizaciones criminales corruptoras, infiltradas en los gobiernos, y armadas hasta los dientes. Simplemente no tenemos policía.

Ahora, la ocurrencia de los políticos quiere vendernos la pócima mágica: el mando único. Verdadera disparatada, que promoverá la irresponsabilidad de las autoridades locales respecto a la seguridad pública, y pondrá en manos de los gobernadores, casi todos priístas a las “fuerzas del orden”. Se trata de una efectiva fórmula para liquidar la autonomía municipal, y controlar a aquél gobierno comunal que ose tratar de gobernar en contra de la línea del Ejecutivo estatal. Les podrán administrar el crimen local a contentillo. Es una tontería, contraria al auténtico municipalismo y la democracia; pero presentada como si todos los gobernadores hubieran demostrado eficacia en la materia. La situación de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz develan la ineptitud.

También por culpa de la transparencia, se nos informa recurrentemente sobre las transas en la contratación de obras públicas. En México, resulta imposible planear una obra pública, formular un proyecto ejecutivo, presupuestarlo, ejecutarlo, entregarlo en tiempo, y pagar solo lo que se presupuestó. Los costos están manipulados, las licitaciones arregladas, las asignaciones comprometidas, la competencia entre constructoras simulada, y la decencia profesional de los ingenieros liquidada. Ahora, parte de la obra pública esta ligada a la delincuencia y a políticos corruptos que imponen moches. La ingeniería civil mexicana, está en decadencia y la mala calidad de sus obras, quedan a la vista de los ciudadanos de inmediato. Nadie ha iniciado una seria incursión para poner coto a la complicidad entre gobernantes y constructores deshonestos. Los ejemplos menudean por doquier.

Otro día transparente, nos amanecemos con la noticia de que la lideresa de los profesores ha sido encarcelada, y que en realidad ¡sorpréndanse! no tenemos verdaderos maestros. Las pruebas de competencia laboral nos presentan un obscuro panorama. La profesión de la enseñanza es indigna para muchos mexicanos. ¿Cuántos padres quisieran que sus hijos estudiaran para ser normalistas? Muchísimos de los actuales maestros carecen de capacidades para educar. No enseñan nada, son una vergüenza, son los primeros reprobados en los exámenes de conocimiento. Pero el problema no solo se limita a la educación pública, muchas escuelas particulares están convertidas en pingües negocios, que también estafan a los negligentes padres de familia, que no se organizan para presentar un frente común y exigir una educación de calidad. En algunos centros escolares, hasta los niños quedan expuestos a las perversiones de sus maestros, y el silencio y la discreción son la respuesta. En realidad los padres de familia hemos sido los verdaderos culpables de la situación por no reaccionar y permitir tanto abuso.

Finalmente otra perla que nos evidencia la transparencia: la carencia de información de muchísimas administraciones gubernamentales. Sabemos que estas, no documentan con precisión las funciones, facultades y atribuciones de sus burócratas, impidiendo la rendición de cuentas. Son gobiernos de chiste, con las arcas abiertas para utilizarlas en provecho de los impúdicos funcionarios. Los casos de los gobernadores Granier, Medina, Moreira y Duarte lo evidencian.

Así, la construcción de sistemas anticorrupción, se convertirá en castillos de naipes, que se desbaratan de un soplido. No hay administración, no hay instrucciones y órdenes documentadas y firmadas por los responsables, y por lo tanto, los tranzas seguirán estando a buen resguardo de la ley, mientras los mexicanos gastamos más dineros públicos en aparatos burocráticos ineficientes, que darán palos de ciego tratando de cazar ladrones, blindados de impunidad.

Pensamos que quizás, la transparencia ha resultado una acción gubernamental demasiado cruel, que nos muestra una realidad nacional devastadora: pésimos gobiernos, cada día más cínicos; pero ciudadanos estáticos, pasmados, que no estamos reaccionando adecuadamente, organizándonos y enfrentando los problemas. De seguir así, sin duda, seguiremos mereciendo los gobiernos que tenemos.

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¿COMO PODEMOS EVITAR LOS MOCHES?

RECETA CONTRA EL MOCHE II

Carlos Arce Macías

 

Para Luis Gutiérrez y Gerardo Flores, ingenieros “locales”.

 

En mi colaboración dominical de la semana pasada, sostuve que la única manera eficiente de evitar los tradicionales diezmos y moches en la contratación de la obra pública, era a través de establecer una verdadera competencia. Mi propuesta tuvo algunos detractores, creyentes aún, de que privilegiar a los gremios locales es bueno, por lo que sugieren sostener ésta política de asignación de obra pública. Insisto, están totalmente equivocados.

 

Lo primero es definir empresa local. Y es que legalmente no existe definición al respecto. ¿Hay un padrón gubernamental de empresas “locales”? No. Y si lo hubiera como requisito de asignación, sería ilegal. Y es que constitucionalmente, existe la garantía de igualdad, todos los mexicanos somos iguales ante la ley, y el establecer privilegios a algunos sobre otros, significa discriminación. Las empresas son mexicanas y no se les puede imponer límites estatales o municipales para ejercer su actividad. Hacerlo es discriminar.

 

Pero no solamente eso, muchas empresas “extranjeras” son mexicanas. Los tratados internacionales como el de América del Norte, Japón y Unión Europea contienen la cláusula de “trato nacional” para personas físicas y morales que desempeñen actividades en el país. Esto amplía totalmente el concepto de “nacional”. La competencia es global, y la tenemos en las narices.

 

Ahora bien, los gremios constructores están actuando contra la Constitución, específicamente el artículo 28, que prescribe la libre concurrencia y la competencia en el ámbito económico. Todos los constructores y empresas constructoras pueden competir en el espacio estatal y local por una obra pública. Las empresas constructoras “locales” no pueden estar sobre las asentadas en otros estados o municipios, todas son mexicanas, punto. Privilegiar, en los términos que proponen los Colegios de Ingenieros y otros gremios constructores, significa trampear las licitaciones, cancelar la competencia, o preferir la asignación directa, abriendo la puerta a la corrupción. Miren, resulta sencillo, bajo el pretexto de “privilegiar” a la empresa local, otorgarles discrecionalmente la obra pública, moche y diezmo de por medio, a compadres, amigos, patrocinadores e incondicionales. No nos hagamos, el mecanismo es profundamente corrupto y corruptor.

 

Muchos empresarios mexicanos se resisten a competir. Están acostumbrados a extraer rentas de los presupuestos públicos, en éste caso, del destinado a la obra pública. Por otro lado los alcaldes insisten en primar las obras sobre la gestión de servicios públicos, marcadamente el de seguridad pública. De los servicios es más difícil extraer rentas. Es más cómodo coludirse con sus amigos constructores. El panorama es obscuro, obscuro, obscuro… para los ciudadanos y sus impuestos.

 

 

Actuemos, es hora de frenar la exigencia de las organizaciones de constructores de que el gobierno “les de y asegure obra”. ¡Qué compitan! Y mientras más intensa sea la competencia y más competidores haya, el dinero del pueblo será mejor gastado. No hay pierde. Pero eso, precisamente, es lo que no quieren, sino que desean conservar sus utilidades, presionando a los gobiernos a que les garanticen rentas anuales del presupuesto público. ¡Que fácil!

 

Los ciudadanos debemos combatir el falaz argumento de los constructores. ¡Al demonio! Que se vayan con su demagogia a otra parte. Debemos exigir a las autoridades que construyan un verdadero mercado de contratación de obra pública, abierto, sin barreras, que lo que privilegie sea la libre concurrencia, para que ahí compitan, a través de licitaciones, todos los constructores que quieran; y que gane quién ofrezca mejor precio y calidad, sin importar que sea de Querétaro, Nuevo León o Guanajuato.

 

Obra pública bien construida, cumplida a tiempo (sic), comerciada a los mejores precios es lo que se debe de exigir a los gobiernos, cortando de tajo, por inconstitucional, antieconómico y corrupto, el sistema de “privilegio por ser local”. No nos traguemos el engaño.

carlos.arce.macias@gmail.com

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COMPETENCIA UNICA FÓRMULA CONTRA EL MOCHE

RECETA CONTRA EL MOCHE

Carlos Arce Macías

 

La obra pública que realizan los gobiernos da pie a que los políticos exijan a los constructores un porcentaje del costo de la obra, como compensación, premio o vil extorsión, por el hecho de haberles asignado dicha obra. Sabemos que tradicionalmente se requería el 10 % del costo, por lo que se le denominaba “diezmo”. Ahora no percatamos que nuestros políticos se han vuelto más  ambiciosos, llegando a exigir hasta el 35%. Lógicamente estos porcentajes, denominados “moche”, significan la elevación de los costos de la obra, y se traduce en que se realizará 10, 20 o 35% menos de obra pública. Quién paga al final los platos rotos, es el ciudadano, como siempre.

 

Esencialmente hay dos recetas para evitar el abuso al que estamos siendo sometidos. Las comento. La primera es votar y colocar en los gobiernos a personas honestas y comprometidas con una administración transparente. Esta es la mejor solución, la menos cara y la que garantiza mejores resultados. No hay gobierno más eficiente y eficaz, que aquél que es gestionado por gobernantes probos. Así de sencillo.

 

Pero como sabemos que eso de la honestidad no se le da a muchos gobernantes, y que los partidos políticos han decidido privilegiar el triunfo electoral a cualquier precio sin importar de donde vengan los recursos, y que los políticos exitosos son aquéllos que más abusan de los presupuestos que manejan, la receta para evitar el moche no transita, por el momento, a través del ámbito electoral.

 

El único camino que queda franco, es el de la competencia. Esa exótica condición que apenas entendemos los mexicanos, es la única vía que garantizaría que el oprobioso moche, no se ejecute. Miren, si para obtener una obra pública los constructores deben verdaderamente competir entre sí para adquirirla, los márgenes para la dádiva ilegal, se esfuman. ¿Qué constructor en un ambiente competitivo, podría sostener un sobreprecio de 10 al 35% en sus cotizaciones? Seguramente perderían la licitación.

 

De tal manera que lo que debemos propiciar es que la obra que contrata el gobierno se licite y que la competencia se torne encarnizada, para así conseguir los mejores rendimientos de los dineros públicos. Pero aquí es donde se presenta un problema agudo, que se disfraza de medida bondadosa a favor de un gremio influyente. Esto sucede cuando se ordena privilegiar a las empresas locales para que estas sean las beneficiarias de los presupuestos, descarrilando todo el ambiente de competencia. Analicemos con detenimiento el caso.

 

Para que haya competencia se requiere de que se eviten barreras de entrada para competir. Hay que privilegiar la multiplicación de competidores, estableciendo el menor número de trabas para la participación. Entre más competidores, menos posibilidades habrá de colusión entre empresas para definir un ganador de manera tramposa. Lo único que debe guiar la adjudicación de una obra es calidad y precio. No puede haber más consideración. Pero si la autoridad envía el mensaje de privilegiar a los empresarios locales, se esta dando la orden, implícita, de hacer trampa, a fin de descalificar empresas “foráneas” y otorgarles indebidamente a las constructoras del lugar los contratos. El funcionario que administra la licitación, adquiere con ello una discrecionalidad tal para el otorgamiento de obras, que se convierte, automáticamente, en el crisol de la corrupción y el otorgamiento de moches.

 

Muchos constructores protestarán, pero lo harán sin razón. Su obligación es mejorar su productividad y ser más competitivos. Si los locales pierden frente a otras empresas, habrá que ayudarlas a convertirse en organizaciones más eficientes y eficaces a través de programas específicos, no dándoles ilegalmente obras públicas por la pura condición de ser locales. Solo así se acabará el moche. No hay de otra.

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EL SILENCIO ES LA CLAVE…

OMERTÀ

Carlos Arce Macías

A mediado de los años setenta del pasado siglo – la referencia suena lejanísima-, tuve oportunidad de vagabundear por Europa, recalando en Roma para visitar a un querido amigo, que en aquélla época estudiaba su doctorado en criminología en esa ciudad. Luego de ser guiado por todo sitio de interés romano, abrumado por la exuberancia de su conocimiento, mi anfitrión me dijo:

– Ahora es necesario que conozcas Sicilia. Vayamos éste fin de semana.

Yo le contesté con cierto temor:

– Oye, pero ahí esta la mafia, puede ser muy peligroso.

Mi amigo replicó entonces:

-¡No hay peligro! Yo ya fui. Te encantará, la mafia ni al caso.

Así emprendimos el trayecto entre Roma y Palermo. Antes de la madrugada nos encontrábamos navegando el estrecho de Messina, y ya clareando, el tren entró a la Estación Central de Palermo. Salimos del centro ferroviario a la plaza Julio César, y precisamente a un lado de la estación había varias patrullas estacionadas con sus torretas encendidas. Alrededor había algunos curiosos, a los cuales nos unimos. Sobre el suelo se encontraba el cadáver de un hombre, con limones en los ojos y boca.

– Es la mafia – comento mi amigo criminólogo –. Éste sujeto violó el Código de Silencio, la Omertà, por eso fue asesinado. Ese es el símbolo de los limones.

Así comenzó nuestro viaje por Sicilia, que por cierto fue maravilloso.

Éste código del silencio entre los “mafiosi”, obliga a todos los involucrados en la delincuencia a no denunciar ante las autoridades ningún tipo de actividad, incluso de los clanes rivales. El rajón se muere. La etimología proviene del castellano “hombredad” –Sicilia fue parte del Imperio español-, y de ahí se fue corrompiendo el término, mezclado con el complicado dialecto  siciliano, hasta acabar en omertà.

Gracias a éste pacto, de machos, de lealtad a toda prueba dentro de la hermandad delincuencial, la mafia  no pudo ser evidenciada por las autoridades, hasta 1963, cuando Joe Valachi, un gánster neoyorquino, testificó ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos y reconoció la existencia de la organización y la proliferación de sus tentáculos.

Así funciona el crimen organizado. Su primera regla es el silencio, que nadie hable, que nadie denuncie, todos calladitos.

Y cuando se organizan actividades ilegales, como la sobrevaluación de obras públicas por parte de los constructores, así como el “moche”, entregado a los funcionarios involucrados en la dolosa acción, lo primero que se establece es la omertà. Eso explica el silencio de todos ante la más leve mención de la actividad delictiva. Pero  más fuerte aprieta el bozal, cuando aparece el escándalo periodístico y éste es evidenciado con grabaciones. El callejón sombrío de la corrupción se ilumina, pero todo continúa en absoluto silencio.

Y hay que decirlo, la industria constructora, esta sumergida en la omertà. Dentro del gremio todos saben, que si realizan obra pública, deben de inflar costos, sobre cotizar y distribuir ganancias con los asignadores del trabajo. Antes se llamaba “diezmo”, ahora “moche”, que sabemos puede escalar , incluso, al 35% del costo.

Esta acción corruptiva de una de las industrias más poderosas para distribuir beneficios entre las clases más vulnerables, por el uso intenso de mano de obra poco calificada, es una de las perversidades más lastimosa para la economía del país. Al mismo tiempo, se limitan las obras, lo que impacta en empleos,  y los dineros públicos se privatizan en beneficio de unos cuantos vivales; pero lo peor, se contribuye a denigrar a la persona humana, convirtiéndola en parte de un juego corrupto y degradante para muchos profesionales de la arquitectura y de la ingeniería. Los convierte en malos ciudadanos y en pésimos mexicanos. Es tiempo de romper la omertà.

carlos.arce.macias@gmail.com

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