Carlos Arce Macías
El escándalo en la capital del estado se profundiza. Conforme se avanza en las investigaciones, más irregularidades se suman al intento de edificación de un nuevo museo de momias, mediante el endeudamiento del municipio por 70 millones de pesos.
Los capitalinos nos defendemos a través de la solicitud de un plebiscito, que tendrá como finalidad la consulta sobre la procedencia del empréstito, que significa comprometer toda la disponibilidad financiera del gobierno local, para hipotecarla en una ocurrencia del alcalde.

Pero ahora resulta que los terrenos de la antigua estación del ferrocarril, en donde se construiría el museo combinado con centro comercial que exhibirá cadáveres momificados, está emproblemado. De acuerdo con la escritura del 18 de junio de 1999, se trata de una donación condicionada a que el terreno sea utilizado para la “prestación de servicios públicos a fines educativos, comprendiéndose dentro de estos la construcción de vialidades, y actividades culturales…”Es obvio que la pretendida edificación de un centro comercial con momias no concuerda con las condicionantes de la donación, lo cual constituye una irregularidad más del proyecto.
No obstante lo anterior, los problemas no se agotan ahí. Se denuncia ahora por la regidora Paloma Robles Lacayo, que el predio original, donado por ferrocarriles ha sufrido un importante menoscabo en su superficie original, ya que diversos ayuntamientos han vendido 21 predios a particulares. La última en 2019 al hotel Real de Minas. Dichas compraventas violentan el destino de la donación. La cuestión resulta más grave, ya que la cláusula tercer de la escritura, estipula la reversión del bien a Ferrocarriles Nacionales de México, concretamente a su órgano liquidador, por no ceñirse al destino establecido en el instrumento notarial. En pocas palabras, el terreno debería regresar a la propiedad del gobierno federal.
Total, que poco a poco, constatamos que el proyecto icónico del alcalde Navarro resultó un timo de cabo a rabo. Fíjense: el expediente no cuenta con autorizaciones del INAH, es más, cuando solicitó el permiso de endeudamiento ante el Congreso, ni siquiera había comenzado el tramite de autorización. Tampoco dispone de suficientes momias para exhibir, ya que la intervención de la Dirección de Antropología Física del Instituto decretó que aquellos cadáveres del siglo XIX no son patrimonio municipal sino monumento histórico mueble federal de acuerdo con la normatividad vigente (aproximadamente 78 de los 95 cuerpos áridos en exhibición en dos museos). Por si fuera poco, las momias no tienen permiso de ser reubicadas, debiendo permanecer, por lo pronto, en su sitio actual. Y para rematar, ahora aparece un oficio del Responsable del Proceso de Desincorporación de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, requiriéndole información precisa a Alejandro Navarro sobre el proyecto con vocación comercial, que transgrede la condición de la donación del terreno, en el que se desea construir el excéntrico centro comercial con momias. De locos.
Puntualicemos que desde diversos espacios se les advirtió, primero al ayuntamiento y luego al Congreso del Estado, que el proyecto estaba incompleto, carecía de permisos y debía contar con la autorización de la federación para ser construido en los terrenos donados por ferrocarriles. ¡Les valió! Especialmente al alcalde Alejandro Navarro, a los regidores Cecilia Pöhls y Carlos Chávez y a su socio en esta desventura el diputado Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso. Ellos, que se reeligieron, deben responder por sus votos. ¡Vaya desfachatez! Aprobaron un proyecto que no tiene permiso del INAH, no tiene momias que exhibir, ni terreno donde construirse. ¡De escándalo!
Debemos hacer hincapié en las responsabilidades de Zanella Huerta, quién ya debería ser removido de su presidencia de comisión. Optó por la obediencia, renunciando a su obligación de representación ciudadana. Así las cosas, el líder del Congreso, Luis Ernesto Ayala, se ubicará en una incómoda y delicada posición si no toma decisiones prontas y expeditas: remover al diputado irresponsable, revocar la autorización del empréstito, reconvenir al ayuntamiento de Guanajuato por su solicitud fraudulenta, poner en conocimiento del Ejecutivo estatal las irregularidades detectadas en el proyecto y dar vista de los hechos a la fiscalía del estado. ¿Quiere combatir en serio la corrupción?
