PROMESAS DE CAMPAÑA

Carlos Arce Macías

Los políticos andan desatados prometiendo a la gente cuanta ocurrencia sea necesaria con tal de ganar la elección. Gran parte de los compromisos están amparados por una larga práctica de clientelización, sustentada con programas públicos, especialmente en el caso de los funcionarios y representantes con ánimos de reelección.

Vale la pena reflexionar, en este punto, en la diferencia que hay entre gobernar y prometer entrega de diversos bienes y obras hechas con los presupuestos públicos. 

Gobernar se define como dirigir una comunidad, el municipio para ser precisos, en el caso que nos ocupa. Las funciones van encaminadas a planificar, organizar, coordinar y controlar una entidad. Todo esto hay que hacerlo bajo una condición indispensable en estos aciagos momentos que vivimos: llevarla a cabo con honestidad.

Hasta ahora ha sido casi imposible, aunque hay como siempre raras excepciones, hacer entender a alcaldes, síndicos y regidores, que está prohibido hacer negocios desde los puestos públicos. No se vale, pero muchos no quieren ceñirse a patrones de integridad, porque conciben la política como un negocio, que arroja a través del tráfico de influencia y sobreprecios de contratos, porcentajes muy superiores de ganancia a cualquier otro negocio (entre el 10 y 50%). Para ellos, un funcionario honesto, es un imbécil que desaprovecha la ocasión para enriquecerse aceleradamente.

Seguramente por este crudo e indignante racionamiento, los diversos candidatos prometen de todo, menos garantizar a los ciudadanos la constitución de un gobierno comprometido con la honestidad, cuyos funcionarios y representantes no se enriquezcan a costa de los dineros públicos y el uso del poder.

Una propuesta de gobierno vinculada con la integridad debería tomar en consideración acciones muy concretas y llanas. La primera sería el compromiso de establecer el Servicio Público Profesional, para sustentar a la administración en personal capacitado y acreditado en sus labores, sujeto a una normatividad precisa, que les brinde seguridad de permanecer indeterminadamente dentro del gobierno. Sin esta pieza, no hay gobierno moderno ni eficiente.

Una misión, sin transparencia, sin conciencia de que los dueños de la información, y por lo tanto de los archivos del gobierno, son los ciudadanos, naufragará en el océano de la deshonestidad. ¿Cuántos candidatos prometen transparencia? ¿Qué hace el Instituto de la Transparencia (IACIP) al respecto de los municipios? Los avances no han calado hondo hasta ahora.

La mejora regulatoria no es sino la revisión profesional y constante de los procesos, tanto internos, como de interrelación con los ciudadanos, para hacerles fácil la vida en sociedad. Nos referimos a los trámites gubernamentales, que deben de ser sujetos a examen constantemente. El derecho humano de cuarta generación, al trámite digital, debería ser un compromiso profundo de los buenos candidatos, para evitar toda la corrupción de ventanilla y la generada por las amplias facultades de muchos funcionarios para decidir sobre cada caso en particular (discrecionalidad). Su manifestación más obvia aparece en la regulación urbana que administra las fronteras entre las zonas de conservación ecológica y la voracidad de los urbanizadores audaces. Amplísima zona de corrupción, como la que padecemos en Guanajuato Capital, bajo la administración de Alejandro Navarro y su impresentable director de Desarrollo Urbano. El trámite digital, democratiza el acceso a diversos mercados a los ciudadanos, impidiendo la concentración de ingresos en unos cuantos incondicionales, combatiendo la desigualdad y la especulación.

Finalmente ¿quién se obliga a rendir cuentas, monitorearse y evaluarse periódicamente? El mantenimiento de una fiscalización profesional y meticulosa avala la apropiada dirección de un gobierno comprometido con la honestidad. Para variar, en Guanajuato Capital llevamos meses sin contralor. Las arcas están abiertas y saqueadas, y los responsables de ello aspiran a reelegirse. Ya andan en campaña chacotera.

Por lo pronto, hartas cachuchas, camisetas, promesas de pavimentación, canchas, parquecitos, tinacos, calentadores solares, computadoras, tabletas, zapatos escolares, etc. En cuanto a honestidad y buen gobierno… ¡nada!

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MEJORAR LOS TRÁMITES DEL GOBIERNO

Carlos Arce Macías

La maldita epidemia que nos tiene confinados en nuestras casas, el miedo de acabar intubados, pero también la brutal incertidumbre respecto al futuro económico de los trabajos, negocios y servicios, de los cuales nos mantenemos, hace que agradezcamos cualquier mensaje positivo que surja durante estos días.

Me refiero al anuncio de la implementación de trámites digitales en una plataforma de vanguardia, experta, que utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos y eliminar drásticamente la intervención del funcionario público, lográndose la posibilidad de realizar el trámite completo desde un teléfono inteligente, una tableta o computadora. Esto lo está presentando el gobierno local de Chihuahua, para beneficio de su ciudadanía.

Trámites desde el celular

El ciberespacio es una zona segura frente al COVID-19. La digitalización de los trámites que los particulares realizan en los municipios, es el método seguro para garantizar la “sana distancia” evitando contagios generados por largas colas y estancias prolongadas en espacios cerrados, en espera del desahogo de un pago, registro, licencia o permiso. Mantener estas condiciones, resulta criminal, durante la pandemia que padecemos. Pone en peligro a los ciudadanos y a los propios empleados gubernamentales.

Por eso, la solución es ubicar el trámite en el ciberespacio, logrando que se desarrolle de punta a punta, complementado con el uso de firma electrónica avanzada, para lograr que los interesados no necesiten presentarse físicamente ante una instancia gubernamental, pudiendo realizar los pagos desde las plataformas bancarias. 

Un montón de gobiernos, con descaro, presumen que ofrecen trámites digitales, cuando solo hay en sus páginas electrónicas machotes de solicitudes, para ser descargadas e impresas en casa u oficina, para luego tener que presentarse en ventanilla. Nos mienten, eso no es gobierno digital, es un embuste.

Pero descubramos la trampa completa: la mayoría de los gobiernos, salvo contadas excepciones, se resisten a implementar una política eficaz de Mejora Regulatoria. Esta consiste en la revisión concienzuda de los trámites y la regulación que los produce, para ver si cumplen con sus objetivos y si los procesos sonlegales, sencillos y amables con los ciudadanos, de tal manera que sean de fácil cumplimiento. Aquí aparece el timo. Consiste en la fabricación de procesos farragosos, complicados y tardados, que eviten que muchos particulares cumplan requerimientos innecesarios para realizar ciertos negocios, actividades o establecer empresas. Sobresalen especialmente los registros de proveedores, los trámites de desarrollo urbano, de medio ambiente y las licencias de funcionamiento. Se evita una basta competencia privilegiando a unos pocos jugadores.

Regulación urbana, siempre complicada

La corrupción, anida en los trámites y sus normas mal hechas (a propósito). Por eso, antes de digitalizar se debe realizar un análisis profundo de mejora de cada proceso. Este es el requerimiento imprescindible para que se generen beneficios para todos, y no solo para unos cuantos.

¿Cómo saber si en su municipio hay una convicción verdadera a favor del mejoramiento y simplificación de los trámites? Es muy sencillo. La Mejora Regulatoria rechina. Se oye en toda la administración. Pone incómodos a los funcionarios. Hay destituciones del personal resistente al establecimiento de mejoras. El ambiente laboral se tensa.

Si no ha detectado ese fenómeno en sus gobiernos, entonces se encuentran en una zona de confort, que evidencia que el cambio y la modernización no interesan a su administración. Todos están contentos, y seguramente las prácticas corruptas respecto a los trámites y las ineficiencias, seguirán prevaleciendo a costa del tiempo y dinero de los ciudadanos. Si digitalizan esos tramites, será peor.

En México tenemos solo dos municipios , uno con más de 100 trámites y otro con más de 50, digitalizados de punta a punta pero carentes de análisis profundos de impacto regulatorio. Luego viene Chihuahua con un puñado, pero con un trabajo de mejora y simplificación realizado a fondo y en tramites muy complicados como alineamiento y número oficial, licencia de uso de suelo, licencia de construcción y resolución ambiental, acompañados de un plan de comunicación ciudadana. Están disponibles en celular.

No nos equivoquemos, el chiste es desterrar la mala entraña, la simulación y el contubernio con los beneficiarios de trámites complejos. Digitalizar sin mejora regulatoria no sirve.

Demoliendo laberintos burocráticos

FERIA Y GOBIERNO

Carlos Arce Macías

 

En tanto al estado de Guanajuato le va como en feria por la violencia inusitada que se vive por diversos rumbos de la entidad, el gobierno intenta distraer la atención con un evento de corte tecnológico industrial muy importante, desarrollado en la ciudad de León: La Feria de Hannover.

 

Antes habrá que dejar en claro el sentimiento de muchos guanajuatenses: no pierdan tiempo en tratar de paliar la incapacidad estatal para entregar paz y seguridad a los ciudadanos, más allá de la Hannover Messe, el problema fundamental de nuestro terruño es la violencia. Resuélvanla ya.

 

Ahora pasemos a reflexionar sobre el magno evento industrial celebrado en León y sus implicaciones para nuestra comunidad. La feria industrial alemana, dedicada especialmente a la robotización, nos muestra el futuro industrial de la próxima década, antes de la llegada de la revolución 5.0 que ya se esboza desde los centros de innovación de punta, con la utilización de materiales biodegradables para la construcción de todo tipo de ingenios y construcciones que realice el homo sapiens. El cuidado del ambiento estará sobre cualquier proceso industrial.

 

La robotización, como lo mencionó Andrés Oppenheimer en su conferencia, es una marea silenciosa que transformará el trabajo humano. La fabricación de todo tipo de productos utiliza ya líneas robóticas que sustituyen a la mano de obra humana, con grandes ventajas técnicas y de calidad. Los humanos deberemos reinventarnos y dedicarnos a otras actividades, que requerirán capacidades que aún no hemos adquirido. Por ejemplo, hay escuelas de enseñanza inicial, que ya incorporan en sus programas el aprendizaje básico de lenguajes de programación. ¿Ya se está diseñando esto para la escuela pública?

 

En un Guanajuato súper industrializado, ya empezamos a notar el fenómeno del uso del robot, especialmente en la industria del automóvil. Ya vemos la gestión computarizada desde centros de monitoreo de las líneas de producción, y también las máquinas dotadas de neuronas artificiales que ajustan y reajustan sus rutinas, alcanzando niveles óptimos de eficiencia. Los resultados de esta forma de desempeño, resultan extraordinarios.

 

Y ahora, lo que contrasta, es el funcionamiento de los gobiernos que albergarán a este maravilloso modelo industrial, de punta e innovador, frente a gobiernos municipales anquilosados y vetustos, cuya capacidad de respuesta administrativa es analógica, funciona en papel, con firmas autógrafas y depende de la disponibilidad de funcionarios públicos, usualmente poco profesionales y experimentados. 

 

El gobierno estatal, tan emocionado por conocer de los alemanes sus avances industriales y tecnológicos, tampoco salva la cara. No ha sido capaz en más de quince años, de instrumentar una depuración regulatoria que lo lleve directamente a funcionar de manera más racional y eficaz, implementando procesos menos onerosos y más eficientes.

 

Pongo un nítido ejemplo de su desatención y rezago, que nos ha compartido una amiga, pensionada del sistema de estatal de Seguridad Social (ISSEG): “Nos obligan a demostrar que no estamos casadas, para seguir teniendo derecho a la pensión por viudez.  Cada seis meses, en una ventanilla del registro civil, tramito una acta de defunción, a la cual tengo que sacar copia, para luego entregar esa copia en la ventanilla contigua, que una vez enterada de que no me casé, me expide una constancia de ello. Así el Director del ISSEG se siente satisfecho y reconoce el derecho adquirido, luego de más de 30 años de cotización de mi finado marido, y finalmente se expide una orden de pago. Esto aplica a todas las viudas que pretendemos cobrar nuestra pensión en el ISSEG.  Cada seis meses, puntualmente, habrá que realizar el pago de 300 pesitos, lo que parece venir muy bien al gobierno, para mantener semejante trámite estúpido. Así el Registro Civil acredita ante sí mismo, hechos negativos, otorgándole eficacia jurídica, a una simple copia fotostática de documentos que él mismo expide.” Sencillamente dramático.

 

¡Vaya discordancia! Nos encontramos ante la administración pública -4.0, propia del medioevo. Y es que la verdad resulta rotunda. El estado de Guanajuato, no ha sido capaz de acometer con seriedad una política de Mejora Regulatoria a fondo. Ni siquiera cuenta con una Comisión Estatal, que responda por la calidad de la regulación que intenten expedir las dependencias y órganos descentralizados del estado. Apenas acaba de formar un consejito de Mejora Regulatoria a modo, para que no haya muchos reclamos, plagado de funcionarios públicos y alcaldes. No servirá para nada.

 

Una administración pública congruente y adecuada al desempeño industrial que promueve Guanajuato junto con Alemania, está obligada a robotizar sus procesos, la tecnología actual, lo permite. No se toman esas trascendentes decisiones, porque se tolera continuar gobernando bajo parámetros que permiten la corrupción y los privilegios a los cuates (Economía de compadres). Así como estamos, no somos un estado moderno (aparte de inseguro y violento) que pueda competir en un mundo globalizado. O cambia o se rezaga.

 

REGULACIÓN PATROCINADA

Carlos Arce Macías

 

De verdad, desespera constatar la falta de talento y de imaginación que se consigna desde el Congreso del Estado, especialmente por la fracción mayoritaria, la del PAN, que es la que mayor responsabilidad asume, para la buena conducción de las tareas legislativas y de rendición de cuentas de los gobiernos bajo su supervisión.

 

Recientemente se presentó , con bombo y platillo, una de las piezas legislativas más ramplonas que hemos tenido frente a nuestro escrutinio. Dejemos a un lado la pesadísima carga política, que a instancias de Miguel Márquez, se dejaron imponer los diputados azules, asumiendo como propia la ratificación de un fiscal supercarnal, a todas luces impresentable.  Demos vuelta a la hoja.

 

Por voz del diputado Miguel Salim, Acción Nacional presenta una partitura legal para regular, así lo aprecian ellos, uno de los fenómenos más peligrosos y nocivos para la sociedad moderna: las plataformas digitales de hospedaje. Tarde se les hacía para atender ese urgente reto de protección, mientras la inseguridad continúa campeando en el estado.

 

Seguramente usted, ciudadano, no podía conciliar el sueño ante la rudísima acción 24 por 7 de comercio electrónico, que sustentan sistemas digitales como el de “AirBnB”, en donde de forma muy sencilla se puede contratar hospedaje en cualquier país y ciudad del mundo a un buen precio. La ventaja es simple: el entorno sobreregulado, fue superado, de un plumazo, por la innovación, afectando, en beneficio de los consumidores, el precio de los servicios de hospedería, y abriendo, a su vez, ese mercado a una gran cantidad de personas ofertantes. Eso hacen que bajen los precios.

 

Fíjense bien. Hoy se puede comerciar una recámara, de manera sencilla, práctica y segura, de forma global, gracias a estas plataformas. De esta manera, con una pequeña inversión, los ciudadanos pueden acceder al mercado, y obtener beneficios de él. Antes estaba proscrito para ellos, ya que solo la hotelería podía brindar estos servicios, bajo la supervisión, casi siempre corrupta, del gobierno. 

 

Pues bien, ante la generalización del uso de plataformas digitales como AirBnB, y el beneficio para los ciudadanos comunes y corrientes, Acción Nacional ha iniciado, con saña, una cruzada legislativa para acotar los derechos de las personas a comercializar sus inmuebles de forma eficiente y a bajo costo. 

 

La denominada iniciativa de “Ley de Hospedaje por Plataformas Digitales del Estado de Guanajuato” es un instrumento diseñado para la protección del gremio hotelero. Bajo la misma ecuación Uber-taxistas, se repite en este caso, AirBnB-hoteleros, en el formato de una protección indebida e indecorosa a un grupo de interés, que cuida con celo sus utilidades. Triste, el grupo parlamentario del PAN, insistente en implementar, al pie de la letra, las instrucciones del manual para llevar a cabo suicidio político.

 

La industria hotelera en Guanajuato, ha crecido explosivamente. Los hoteles se han multiplicado por doquier. León es ejemplo claro de una industria en auge, al igual que en Silao y en el resto del corredor industrial. San Miguel de Allende y Guanajuato, no obstante la dudosa rectitud de sus gobiernos, han aumentado su oferta hotelera. Si hay problemas a la vista en el sector, se deben a la torpeza del nuevo gobierno federal, no a las plataformas digitales de última generación

 

La iniciativa de Ley de Hospedaje, no es más que una pieza diseñada para limitar la oferta de espacios en renta, de la plataforma de AirBnB en Guanajuato. Se impone un rosario de trámites, en manos de los ayuntamientos, muchos capturados por el gremio hotelero. Así quedará a su antojo, decidir quién puede y quién no, usar la plataforma. En Guanajuato Capital, por ejemplo, el alcalde-hotelero es el impulsor de la iniciativa.

 

No me desvío más. Va la sarta de trámites que se intenta imponer, para hacer naufragar a AirBnB:

 

1.- Cumplir con lo establecido en la Ley de Hacienda (Impuesto de hospedaje).

2.- Registro en el Padrón Municipal, que se creará ex profeso, mediante un reglamento especial. Agárrense.

3.-  Llenar una solicitud y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.

4.- Si son personas morales, acreditarse mediante su Acta Constitutiva.

5.- Una vez presentada la solicitud, esperar la “Visita de Inspección de Hospedaje”.

6.- Obtener la “Autorización Municipal” (lo que esto signifique). 

7.- Obligación de informar tarifas, y obligación de entrega, al momento de admisión y registro, de un comprobante. 

8.- Exhibición de tarifas en el lugar del servicio.

9.- Contratación con una Compañía de Seguros de una póliza contra riesgos.

10.- Registro ante la Secretaría de Turismo, del Reglamento Interno del establecimiento.

11.- Exhibición en cada habitación, en su caso, del Reglamento Interno.

12.- Cumplimiento de las medidas de Protección Civil (A discreción).

13.- Contar con la licencia de Uso de suelo, correspondiente. Ojo en este requisito, hay trampa, ya que se anularía, casi totalmente, la posibilidad de ofrecer el servicio en zonas que no cuenten con uso de suelo comercial.

14.- Atenerse a los Lineamientos que en un futuro dicte la Unidad Estatal de Protección Civil. Ya los conoceremos.

15.-Se otorga a la Secretaría de Turismo y a los ayuntamientos, sí, ayuntamientos, la facultad de recibir las denuncias de los usuarios. Nueva función municipal.

16.- Sujetarse a los principios, estrategias y prioridades  previstas en el Programa Nacional de Turismo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Gobierno del Estado.

17.- Contar con un Libro de Registro de Quejas y Sugerencias, registrado y foliado por la Secretaría de Turismo, con un Instructivo adjunto de cómo debe de ser utilizado. Se harán revisiones al bendito libro, durante las visitas de verificación de la Secretaría de Turismo.

18.- Obligación de notificación al ayuntamiento, del cambio de cualquier dato o documentos que avalen el registro.

19.- Sujetarse a las disposiciones de conciliación que marque el ayuntamiento. Aparte de recibir denuncias, también conciliará.

20.-Sujetarse y pagar las sanciones que se impongan por violaciones  en materia de Uso de Suelo, por el ayuntamiento. Les advertía, mucho interés en este punto.

 

Habrá que correr notificación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), al Banco Mundial (WB), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), y al Observatorio Nacional de MR, instituciones inmersas en los procesos de Mejora Regulatoria, sobre la imaginativa e innovadora forma de regular, que pretende llevar a cabo el grupo parlamentario del PAN. Esto contraviniendo las recomendaciones, siempre sensatas de su fundador Don Manuel Gómez Morín, de utilizar con garbo la técnica legislativa. Seguro se estremecerá en su tumba. Es vergonzoso, esta regulación está patrocinada por un grupo de interés, para conculcar  la libertad de comercio de los ciudadanos… y huele muy mal.

HABLAR CON UN ROBOT

Carlos Arce Macías

 

En el capítulo anterior: Antes de las vacaciones, escribí un editorial titulado “Urbanismo Negro”, en el que relataba la conferencia del doctor Manuel Castells sobre su próximo libro “La Corrupción del Estado en América Latina”. En el identifica las fuentes que producen corrupción y destaca, entre otras, la explosión urbana y el crecimiento de las ciudades. Con claridad expone como desde los instrumentos de planeación y regulación urbana, se genera gran parte de la corrupción que nos envicia.

 

El artículo lo  construí complementándolo con el ejemplo de la problemática urbana de Guanajuato Capital, en donde la voracidad comercial, por desarrollar áreas que deberían ser respetadas como preservación ecológica, y la degradación de las últimas administraciones municipales, capturadas por los magnates locales, mantienen en vilo a las organizaciones de la sociedad civil, listos para reaccionar políticamente. Entonces prometimos que en esta pieza editorial, compartiríamos la forma en como la tecnología puede ayudar a controlar el grave deterioro de la función pública y frenar la corrupción dentro del gobierno, para permitir la generación de bien común. Aquí va.

 

Nueva tecnología: En 1969 el hombre llegó a la luna. A raíz de la exploración espacial se desarrollaron un serie de adelantos tecnológicos que hoy son parte de nuestra vida diaria. Entre estos avances se encuentrala capacidad de cómputo automatizado y las telecomunicaciones inalámbricas.

 

Con el paso de los años, fuimos testigos de cómo las tecnologías evolucionaron, substituyendo edificios enteros destinados a equipo computacional, por pequeñas máquinas personales capaces de almacenar, en solo una parte de su memoria, toda la programación de una misión espacial. Al mismo tiempo, se expandió el uso de la comunicación  celular, evolucionando de grandes aparatos del tamaño de un ladrillo, a pequeños artefactos que caben en la palma de la mano, y desde los cuales operamos una red sofisticada de redes sociales. El culmen ha sido la integración del cómputo con la transmisión de datos, en un aditamento denominado Smartphone o teléfono inteligente. Con eso, el mundo ha cambiado radicalmente.

 

Lo más curioso es que mientras la civilización avanza a pasos agigantados, en estos lares, continuamos uncidos a viejos modelos que pueden ser superados tecnológicamente de tajo. Uno de ellos es el control de la regulación (normas y disposiciones que operan sobre los ciudadanos) a través de la política pública de Mejora Regulatoria. Allí se encuentra una clave, muy importante, para empezar a disolver las prácticas de corrupción que tanto nos dañan, y que mantienen postrados a nuestros gobiernos locales.

 

Los trámites para lograr permisos y licencias que deberían democratizar la generación de negocios para todos, en pueblos y ciudades, han sido privilegio de unos cuantos. El trámite es la manija que abre y cierra mercados, entre otros el del desarrollo urbano. Mientras menos burros, más olotes, reza el refrán. Así operan los mercados y se controlan las ganancias. Mientras menos desarrolladores urbanos y constructores, se concentra más el ingreso y la fuerza en unas cuantas empresas. En Guanajuato por ejemplo, desde hace 30 años solo existen tres corporaciones capaces de construir obras importantes de infraestructura ¡Inusitado! Eso corrobora el esquema perverso que denuncia el sociólogo Manuel Castells en su nuevo estudio.

 

Consideramos que ha llegado el día de cortar de tajo la competencia desleal, a fin de que los mercados se abran y el desarrollo de las ciudades se ciña a los intereses comunes y se respete estrictamente la planeación urbana y sus medidas de protección ambiental, por el bien de todos y el futuro de nuestras comunidades.

 

Esto se puede hacer desde la introducción de nuevas plataformas para gestionar trámites, que se han desarrollado a partir, no de distribución de flujos de trabajo (BPM), sino de generación de células de información. Hasta ahora, las administraciones públicas se sentían  cómodas, operando a través de los ya vetustos sistemas en los que el funcionario seguía habilitado para tomar decisiones y definir el resultado de los procesos a voluntad, caldo de cultivo para la corrupción.

 

El nuevo salto tecnológico, consiste en la introducción de un nuevo método de operación a través del proceso de gestión del conocimiento, denominado en inglés  “Case Based Reasoning” (CBR), que sustituye a los añejos BPM‘s, basados en administración de flujos de trabajo. 

 

La adopción de estos cambios, hace toda la diferencia. El nuevo sistema se basa en establecer un diálogo hombre-máquina, emulando al funcionario, y por sí resuelve todos los problemas que un trámite puede presentar. También cuenta con capacidad para formular automáticamente los oficios correspondientes, debidamente motivados y fundamentados legalmente. Así la participación del funcionario se reduce significativamente. Su espacio de discrecionalidad se acota, y con ello las posibilidades de corrupción. Más allá, los nuevos sistemas comprenden la capacidad de aprender, por medio del proceso de “machine learning”; esto es, que el sistema va aprendiendo de los casos que se le van sometiendo para ser tramitados, convirtiéndose en el funcionario más experto en el proceso que realiza. De plano, la inteligencia artificial, llegó a la administraciónpública. Lo de hoy es comunicarse con un robot, que administra y resuelve la petición, conforme a Derecho. No es ciencia ficción, es ya operación habitual en muchas administraciones locales en diferentes partes del mundo.

 

Con estos avances nos sumergimos en una nueva era política: la ciudadanía digital, mediante la cual, podremos resolver casi cualquier trámite, vía nuestros dispositivos celulares. ¿Qué necesidad tenemos de acudir a oficinas públicas a hacer colas, gastando tiempo, dinero y esfuerzo? Ninguna. En países como Estonia, solo tres trámites, requieren de presencia física: matrimonio, divorcio y compra-venta de inmuebles.

 

La buena noticia: Estos nuevos sistemas que anticipan el futuro, están al alcance de nuestra mano. De hecho, el municipio de León, único en el estado, los adquirió desde hace varios años. Solo falta sacarles provecho, para ponerse a la vanguardia, en la competencia para lograr ser la administración más eficiente de México, consiguiendo controlar la corrupción, siempre presente en las administraciones gubernamentales, pero también multiplicando su eficiencia y mejorando su recaudación.

 

Conclusión: Si bien el hombre pudo llegar a la luna, nosotros aún no hemos podido resolver en nuestro entorno más próximo, el problema de tramitología y corrupción. El área más frágil del gobierno municipal es la de Desarrollo Urbano. Las nuevas tecnologías son el antídoto para el control de la corrupción y el logro de la eficiencia gubernamental. Se abre la puerta a la ciudadanía digital, la interacción entre ciudadano y gobierno se debe hacer mediante teléfonos inteligentes. Los novedosísimos sistemas ya fueron adquiridos y pueden operar a plenitud en muy breve tiempo. Ya estamos en condiciones de hablar con el robot. Este es el instrumento más potente para garantizar el imperio del bien común, sobre los intereses particulares. ¿Qué esperan entonces?

MEJORA REGULATORIA,TRÁMITES Y GOBIERNO BOTÍN

Carlos Arce Macías

El gobierno botín, que se ha establecido en casi todos los ayuntamientos, es el equivalente al ducto que conduce hidrocarburos y que taladran los huachicoleros. Si estos extraen criminalmente gasolina para ser vendida en estaciones de servicio desleales o al menudeo entre conductores irresponsables y cómplices, en el caso de los ayuntamientos, el moche y la extorsión, son el combustible ilegal que produce el gobierno-botín, que opera un sistema criminal en las contrataciones públicas y en la tramitología de permisos en perjuicio de empresarios y ciudadanos en general.

He participado esta semana en la Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, en cuyo seno, el Presidente de la República, promulgó la nueva Ley General de Mejora Regulatoria, que impone a los estados y municipios la implementación de esta política pública. Desde ya, no será una cuestión facultativa de las entidades federativas, pero sobre todo de los municipios, sujetarse a una férrea disciplina administrativa, que impida imponer trámites difíciles de cumplir, sobre los infelices ciudadanos, indemnes siempre, frente a las arbitrariedades de muchos testaferros del gobierno local. Acoto, para no generalizar, que siempre hay funcionarios probos que dan su mejor esfuerzo para hacer un buen gobierno, conozco a muchos.

Esta acción legislativa, impulsada desde el Gobierno de la República, que ya lleva varios lustros sujeto a las duras reglas de mejora regulatoria, se expande a otros ámbitos gubernamentales, porque el clamor ciudadano y el sector de los empresarios, impulsados con enorme decisión por el Consejo Coordinador Empresarial y sus agremiados, proclaman el freno a las inversiones que se presenta en el ámbito local, ante la tramposa e insensata acción de muchos cabildos capturados, que solo actúan mediante prebendas ilegales para facilitar el establecimiento de un negocio o empresa en general. El gobierno-botín, siempre está a la caza de entrampar negocios para obligar al moche.

Los trámites constituyen la piedra angular para facilitar el ejercicio comercial y la producción de riqueza dentro de una comunidad. Los malos representantes, impulsados por un sistema de partidos que propicia la corrupción política, controlan discrecionalmente la gama de permisos que manejan: usos de suelo, funcionamiento, construcción, inscripción en el padrón de proveedores, alcoholes, actividades en vía pública, etc. Prácticamente, todo lo que les interesa a los ciudadanos está dentro de la esfera municipal, y hacia allá se dirige la nueva ley expedida recientemente, con fundamento en la reforma constitucional que obliga a las diferentes esferas de gobierno a trabajar en la mejora regulatoria, para aligerar trámites y normatividad.

La boca de varios cañones legislativos ha sido redirigida al ámbito de los municipios para obligar el diseño de nuevos gobiernos, sin espacios para la amplia discrecionalidad, con la que ahora operan impunemente. Primero ha sido la Ley de Contabilidad Municipal, que instruye la armonización contable, la Ley General de Transparencia, que evita la opacidad crónica de los gobiernos, la Ley General de Archivos, que indica el resguardo de la documentación de la gestión de la actividad pública, de la Ley  General del Sistema Nacional Anticorrupción, que concentra un cúmulo de acciones para combatir al peor cáncer que invade a la esfera pública. Ahora complementa estos esfuerzos esta nueva ley, que crea un Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, encargado, de medir la eficiencia y eficacia de los municipios en esta materia, así como un mecanismo, a nivel nacional, para que la denuncia ciudadana, por aplicación arbitraria e ilegal de trámites, se convierta en un sonoro grito que traspase los límites municipales, sea estridente y tenga consecuencias.

Considero que casos extremos como los que suceden cotidianamente en el municipio de Guanajuato Capital o en el de San Miguel Allende y muchos otros, donde el gobierno-botín ha sentado sus reales y su dios protector es “El Moche”, puedan ser combatidos con mayor efectividad, con estas nuevas y aceradas herramientas.

En pleno siglo veintiuno existen mecanismos para combatir la extorsión de manera eficaz. Por ejemplo, los trámites no deben de ser presenciales, ejecutados ante el burócrata, puesto que la tecnología, por medio de plataformas digitales transaccionales y con firma electrónica avanzada más versátil que la del propio SAT, permiten eliminar el delicado encuentro cara a cara, con el oficial gubernamental. Estos sistemas no son fantasía, operan desde hace tiempo en muchos países. En el caso mexicano, estas tecnologías no han sido adoptadas, no por falta de recursos, ni de carencia de perfiles burocráticos adecuados, en ciudades grandes e intermedias. No se han construido, a propósito, porque son la kryptonita del gobierno-botín, que requiere del encuentro personal con el sojuzgado ciudadano, para provocar el cohecho. Pronto veremos con claridad la diferenciación entre dos categorías de gobiernos municipales y estatales, los que operan por la vía digital, y los que intentarán preservar, neciamente, la corrupción y su calidad de gobierno-botín, conservando el trámite presencial. Buenos y malos quedarán a la vista.

Al final aplaudimos la decisión con que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Economía apostaron por la construcción de la nueva ley, el dominio del tema que evidenció el Presidente de la República en el evento, al improvisar y fuera del discurso preparado, una reflexión sobre el tema muy bien dominada; así como la muy descollante participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ha aprendido a interpretar la dura realidad local, y el freno que esta significa, mediante la gestión del gobierno-botín, para el desarrollo nacional.

@carce55

SISMO REGULATORIO

Carlos Arce Macías

Luego de los efectos de los recientes movimientos telúricos que sufrió una gran parte de nuestro territorio, una enorme convulsión, paralela a la sismológica se deberá producir en nuestro país, aunque aún no se identifique plenamente: la regulatoria.
Poco a poco, luego de que los aterrados partidos políticos dejen de competir en la ruleta del populismo más ramplón; nos daremos cuenta, lentamente, que lo primero que debemos enfrentar es a nuestra geografía, con la única arma que una sociedad medianamente organizada, tiene a la mano: la normatividad para regular un crecimiento urbano seguro.

“La geografía es el destino” advertía Napoleón Bonaparte, al marcar las rutas de sus conquistas europeas, y no le faltaba razón. La ubicación de los Estados, los cruces de caminos, los cauces de los ríos, los pantanos y lagos circundantes, condiciones meteorológicas y geológicas, conforman un destino, para los asentamientos humanos que forman villorrios, pueblos y ciudades. Todos deberíamos ser conscientes de esto, porque de su ignorancia parte la temeraria creencia, de que el lugar en donde habitamos, es el mejor del mundo. No es así, siempre presenta circunstancias positivas y negativas.

 Ante tales escenarios, toda fundación humana, debe de tener como objetivo, potenciar el contexto positivo de nuestro centro poblacional, y aminorar los peligros que el entorno geográfico nos impone. De esa manera, una sociedad desarrollada, que ha aglutinado cientos de miles de habitantes, debe labrar la consciencia de su población, para que sepa a que estamos expuestos, y que peligros enfrentamos.

 Por eso es importante saber geografía, no solo como un tonto ejercicio nemotécnico, que se realiza en los últimos años de primaria. Combinado con la física, los pobladores de una zona, deberíamos tomar conocimiento del “mapa de riesgo” de nuestro pueblo o ciudad.

Como lo venimos advirtiendo, los peligros que nos acechan deben de ser aminorados, basados en un mapa confeccionado para ello, que ubique los terrenos inundables, las zonas de deslaves, los pantanos, las franjas cercanas a terrenos con residuos contaminantes, los suelos altamente inestables, a causa de terremotos o huracanes, etc. Del mapa de riesgo, debe de desprenderse una serie de disposiciones que impidan arriesgar a los ciudadanos, evitando su ubicación en lugares que presentan alto riesgo. Permitir desarrollos urbanos en zonas de grandes declives o cercanas a los lechos de los ríos, o a suelos amplificadores de las ondas telúricas, se convierte en un acto de irresponsabilidad, lesivo a los derechos humanos.

De aquí, pues, se desprende una variada normatividad, que desgraciadamente ha acabado convirtiéndose en una simple tramitología, carente de sentido, y sujeta a criterios torcidos y aberrantes, que mediante la corrupción, permiten que las personas habiten lugares peligrosos para su economía, sus bienes y en muchos casos para su vida.

Las tragedias en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, deben de producir una honda mejora regulatoria en materia de urbanismo y edificación. Los conocidos “permisos de uso de suelo, de fraccionamientos y lotificación y el permiso de construcción”, son parte clave de una interrelación positiva entre un mapa de riesgo y el desarrollo urbano.

Para garantizar la seguridad de una construcción, la acreditación de los “directores responsables de obra (DRO)”, debe transformarse, de un insubstancial requisito, a un trabajo serio, que finque responsabilidades de orden civil y penal. Las mafias, acrisoladas en los colegios de arquitectos e ingenieros, deben de ser pulverizadas, para sustituirse por verdaderos instrumentos de control de calidad de las edificaciones que se vayan levantando, en los lugares que sean seguros.

Toda un nuevo capitulado de delitos en contra del desarrollo urbano seguro, debe de proponerse, dentro de los trabajos del nuevo sistema anticorrupción, para castigar a los responsables, particulares y funcionarios públicos, de permitir la construcción en zonas de riesgo, o la construcción de edificios que no tengan las características técnicas para ser seguros. La obligación de aseguramiento de los inmuebles, puede ser la piedra de toque, que obligue a construir responsablemente. A las aseguradoras no les gusta perder dinero.

No cabe duda, las escuelas dañadas y desplomadas, los edificios habitacionales erigidos después de 1985 que se derrumbaron, los centenares de edificaciones públicas, puentes, hospitales y oficinas, que se construyeron con “moche” de por medio, y acabaron colapsadas, producirán la necesidad de implementar una mejora regulatoria a fondo, que dé seguridad a las familias, sin convertirse en una tramitología excesiva, que impida construir las ciudades y pueblos seguros que necesitamos.

@carce55

ECONOMÍA DE CUATES

Carlos Arce Macías

 Turbulenta semana para Ricardo Anaya, publicitadísimo presidente de un partido político, y conocido por muchos mexicanos, a través de 1.4 millones de spots televisivos, utilizados para promover su imagen; y así, rodeado de sus “operadores incondicionales”, tratar de lograr la candidatura a la presidencia de la República.

 Un periódico de fama progobiernista, publicó un extenso y minucioso reportaje sobre el rápido aumento de la riqueza de la familia política del dirigente partidista. Los resultados que nos presentan, son que, coincidentemente con los 14 años de vida pública del joven Anaya, su familia cercana pasó de poseer un patrimonio de 6 inmuebles con valor de 21 millones de pesos, a 33 propiedades con un monto (supongo que catastral) de 308 millones.

 En el reportaje, solo se evidencia el desenvolvimiento del patrimonio de esta familia queretana. No hay acusaciones, solo información, que se deja maliciosamente a la opinión de los habitantes del zoológico político para que despedacen al autopublicitado dirigente.

 Por principio hay que poner en claro, que salvo que se pudiese comprobar trafico de influencias o uso de información privilegiada, estamos ante un caso de crecimiento patrimonial, aparentemente basado en una inteligente toma de decisiones, para comprar terrenos que luego pudiesen ser susceptibles de especulación inmobiliaria, transformándolos, en plazas comerciales, bodegas, hoteles, restaurantes y fraccionamientos residenciales.

 A la actividad, primero discreta a través de cuatro sociedades, desarrollada por esta familia de exitosos empresarios, correspondió luego la constitución de 17 empresas dedicadas a los siguientes giros: comercialización, arrendamiento, desarrollo inmobiliario, construcción, explotación de hoteles y de restaurantes. Una gama importante de actividades empresariales propias de una ciudad en explosivo crecimiento, como ha sido el caso de Querétaro en los últimos veinte años.

 Más la sobrerreacción del político, a la información propagada, resultó singular. Dirigentes y mandatarios de su partido, se aprestaron diligentemente a protestar por el artero ataque enderezado en contra de Ricardo. “Es una infamia”, espetó ante los medios, acusando al periódico de presentar, como propia, una investigación realizada por el gobierno para desprestigiarlo. El escándalo tomó, como lo esperarían sus adversarios, notoriedad declarativa, erosionando profundamente la cuidada imagen del joven dirigente partidario.

 Ahora bien, el relato periodístico, resulta ser la crónica normal, del desempeño de muchos políticos mexicanos, pertenecientes a todos los partidos. Consiste en lo que los economistas han denominado como “Crony Economy”, o economía de cuates. Esta se basa en la complicidad entre políticos y empresarios, para favorecerse mutuamente, eliminando los riesgos y el cumplimiento de la complicada tramitología de muchos proyectos empresariales convenencieramente apoyados “desde arriba”. El gran movimiento progresista, encabezado por Teodoro Roosvelt, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, tuvo entre otros objetivos, demoler este sistema que permitió la operación de poderosos monopolios, y en las comunidades más pequeñas, el afianzamiento de oligarquías citadinas dueñas de la política y la economía del lugar, que impedían la expansión de los mercados y la mejor distribución del ingreso.

 El relato del desarrollo exitoso de empresas en México, no se explica, generalmente, sin el toque mágico de la política. Ahí está Slim, beneficiado con la venta de un monopolio por Salinas de Gortari. Pero en lo local, también se tejen historias de éxito, gracias a la divina intermediación de políticos, que desde puestos estratégicos y utilizando sus influencias, logran remover con facilidad las barreras de entrada a los mercados, normalmente bloqueados para los ciudadanos comunes y corrientes: licencias de alcoholes, usos de suelo, permisos de construcción, licencias de anuncio, aprobaciones de traza, permisos de venta, extensiones de horarios, etc.

 Por lo tanto, el reto que tiene México, no es regresar al estatismo y socialismo ineficiente de los años 70 del siglo pasado, sino el tránsito, hacia un capitalismo funcional, basado en el artículo 28 de la Constitución, que decreta la competencia leal y la libre concurrencia a los mercados para los ciudadanos. El ejemplo del joven Anaya, sirve para demostrar que las políticas de desregulación económica y mejora regulatoria, deben de ser llevadas hasta sus últimas consecuencias, especialmente en las ciudades mexicanas, con la finalidad de evitar la “concentración de éxitos empresariales” en unas cuantas manos, gracias a las amables recomendaciones de parientes, cuates o patrocinadores, posicionados en un puesto político; todo ello sin olvidar, que quienes han sublimado este método, elevándolo a la altura del arte, ha sido la tribu de políticos originarios de Atlacomulco, en el Estado de México. Frente a ellos, palidecen los queretanos y cualquier otro grupo de mexicanos. Son los amos y detentadores del grueso de la economía de cuates.

 Finalmente, resulta penoso, que sobre todo los jóvenes que empiezan a acceder a puestos destacados de la política, tanto a niveles nacionales como locales, no entiendan algo muy sencillo: a la política no se va a hacer negocios, ni para ellos, ni para sus familiares. Solo se va a servir, acatando el mandato establecido en leyes. Así de fácil y así de difícil.

@carce55