Carlos Arce Macías
Ecuación de Robert Klitgaard, especialista en corrupción de la Universidad de Harvard. “Corrupción igual a: No competencia, más discrecionalidad, más opacidad”.
La ciudadanía no es boba y entiende a la perfección cuando un acto de gobierno, que entraña un negocio multimillonario, está bien o mal ejecutado. No la engañan. También ha aprendido a olfatear el penetrante tufo de la corrupción.
Esta semana nos enteramos como el gobierno del estado, adjudicó “a dedo” una concesión de dos mil millones de pesos a la constructora Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.
La historia es la siguiente:
Toc,toc,toc…
-Buenos días señor gobernador, nos presentamos: somos ingenieros de la Constructora Grupo México, enviados del señor Larrea. Venimos a hacerle un planteamiento muy interesante que beneficiará a los guanajuatenses. ¿Nos permite presentarlo?
-Adelante, estoy muy interesado en todo lo que beneficie a mi pueblo.
-Mire usted, señor gobernador, andábamos recientemente paseando por las carreteras del estado, cuando cerca de la ciudad de Silao nos llegó la inspiración y nos dimos cuenta del problema que tienen los trailers que viajan rumbo al norte, para tomar la carretera que conecta con la federal 57. Es todo un lío. Hay que dar solución ágil a esa aglomeración de vehículos, construyendo un libramiento que parta de la carretera 45, a la altura del Puerto Interior, hacia la carretera Silao-San Felipe. Pero también pensamos, que ya hecho ese gasto, podríamos extender la autopista hasta la carretera Silao-Guanajuato, a la altura del Parque Bicentanario. ¡Sería una gran obra de infraestructura!
-Mmm, mmm, mmm, me parece muy interesante, nunca se me hubiera ocurrido la pertinencia de una obra así, ni tampoco a mi secretario de Obras Públicas. ¡Visionarios!
-Por eso, nuestro departamento de ingeniería ha elaborado la descripción del proyecto, los estudios de pre factibilidad técnica y financiera, indicando los beneficios sociales esperados y una evaluación del impacto ambiental de la obra, que deseamos poner a su consideración.
-¡Me parece una idea genial! La revisaré, pero desde ahora les comento que considero que se trata de una inversión en infraestructura de beneficio social y económico para el estado y que seguramente cumple con los requisitos de ley. ¡Me emociona! Es la primera vez que una empresa tan importante como la de ustedes, se presenta con tan benéficas y bondadosas ideas. ¡Gracias por pensar en Guanajuato!
Lo que ocurrió días después, fue recoger un oficio en que el Titular del Poder Ejecutivo daba su consentimiento (facultad discrecional) para iniciar el proceso, marcado en los artículos 17 y 18 de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato (LCSIPEG), y de esa forma poder obtener, mediante adjudicación directa la imaginativa obra de infraestructura, que jamás se le hubiese ocurrido a guanajuatense alguno, a los funcionarios de la secretaría de obras públicas, a la dirección de obras municipales del Silao, o a alguna de las grandes compañías constructoras de la región.
Bueno, una vez presentada la crónica de estos extraordinarios sucesos, ruego a los lectores no infundirse de dolo y malicia, y por lo tanto desechar cualquier sospecha sobre un posible acuerdo previo y malévolo, para pactar con esa importante empresa, la entrega, sin licitación, de un suculento negocio de ¡2200 millones de pesos!, que pagarán los transeúntes de esa vía. Eso no podría pasar en este reino.
Y si en algún momento se sembrase esta duda sobre la conducción honorable del gobierno estatal, tendíamos que asumir, que finalmente, todo se debe a la pérdida de los controles republicanos más elementales. A que los guanajuatenses han perdido su derecho a la oposición, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Que nos encontramos inmersos en un Estado fallido, donde solo cuenta la voluntad discrecional y unipersonal del Titula del Poder Ejecutivo, y nadie se atreve siquiera, a reconvenirlo por su sospechosa conducta. Porque la decisión es de él. Así está consagrado en esa ley a modo.
El resolutivo de conferir la concesión sin un proceso de competencia que ajuste el costo de la obra, no tolera escrutinio alguno. Es la voluntad del monarca, plasmada en acuerdo real. La predisposición autoritaria se evidenciaría con la negativa del Congreso del Estado, para abrir el tema y discutirlo. Resulta asombrosa la forma en que la diputada más potable de la bancada gubernamental, quién mejor ha trabajado, en dócil actitud, descarte cualquier posibilidad de revisión del asunto. Y lo más dramático, la diputación de la oposición, ni por encontrarse en plena campaña electoral, se atreve a elevar reclamo alguno al monarca. Habríamos perdido así, todo vestigio de contrapeso entre poderes. Y para hacer más dramática la situación, ni siquiera la presidenta recién nombrada, del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Anticorrupción, muestra asomo de indignación e interés por profundizar en el escandaloso caso. Mal inicia su gestión.
Propongo que clarifiquemos de plano la situación. Con audacia, el actual gobierno decidió proceder de acuerdo a los artículos 17 y 18 de la LCSIPEG, para generar, fuera de competenciay bajo los parámetros más escandalosos de discrecionalidad y opacidad (La concesión se conoció hasta el Jueves Santo, al publicarse en el Periódico Oficial del Estado), un enorme negocio a una empresa, que habrá gastado al final, únicamente en el proyecto ejecutivo de la obra, ya que bursatilizará la inversión en la Bolsa de Valores. Un negocio de esa envergadura, obtenido de tan fácil manera, sin tener que enfrentar un ápice de competencia con otras empresas del ramo, no suena lógico, sino metálico.
Tarde se le debería hacer al Congreso, para discutir lo siguiente:
1.- La necesidad de reformar una ley auspiciatoria de conductas poco apropiadas para garantizar una recta administración pública.
2.- La contradicción del articulo 17 del la LCSIPEG con el 134 de nuestra Constitución, que obliga a los gobiernos a administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a adjudicar la prestación de servicios, a través de licitaciones públicas (Art. 134 tercer párrafo).
3.- La revelación de las autoridades de Obra Pública Municipal de Silao, sobre la existencia del proyecto del Libramiento Norte, desde hace varios años, lo que revelaría la inaplicabilidad del artículo 17 de la LCSIPEG (Entrevista del periódico Correo del 7/04/2018, de Cruz Sánchez con Luis Camilo Anguiano Gutiérrez, director de Obras Públicas Municipales de Silao).
4.- La secrecía que guardó el proceso de adjudicación directa de la concesión, que debería estar sujeta al principio de máxima publicidad. Pretextarán la reserva por ser un asunto en trámite.
Por lo pronto, solo hay silencio. Pero el dadivoso acto unipersonal del monarca provinciano, el lejano interés y la molicie proyectada por la Presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción ante un acto por demás sospechoso, así como la actitud medrosa y sumisa de los diputados estatales, agravian profundamente a los guanajuatenses. Pero estos tendrán forma de desquitarse en la próxima elección. Solo así entienden los políticos.
@carce55
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