MOVILIDAD, UNA LEY CONTRA LA LIBERTAD

MOVILIDAD: TRÁMITES, CORRUPCIÓN Y ATAQUE A LA LIBERTAD

Carlos Arce Macías

En la pasada entrega editorial, traté el tema de la nueva ley de movilidad y la facilidad con que fue aprobada en nuestro Congreso, no obstante sus evidentes carencias técnicas y de diseño. Esto en desdoro de la división de Poderes, básica para toda democracia funcional.

Paso ahora a relatar mi experiencia, al realizar la revisión puntual de la ley. Advierto que en todos los años que llevo ejerciendo el Derecho, no había visto un documento tan pésimamente manufacturado, como la iniciativa enviada desde el Ejecutivo.

La ley votada unánimemente por 34 diputados, fusionó la Ley de Movilidad con la de Tránsito y Transporte, obsequiándonos un compendio de 275 artículos cargados de obligaciones. También se hicieron reformas al Código Penal del Estado y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública. Los ánimos modificatorios estaban exacerbados.

Enumeraré mis principales críticas a la ley:

1.- Es una normatividad que no fija con claridad su objetivo regulatorio, porque este trata de ser encubierto. Explico: del énfasis que se utiliza, mencionando, decenas de veces, la expresión “servicio especial ejecutivo”, se descubre el verdadero objetivo de la reforma: establecer controles discrecionales sobre Uber, para la protección de ciertos intereses del sector, impidiendo la libre contratación entre particulares de un servicio eficiente e innovador. De esa forma se pretende limitar nuestra libertad, de eso no hay duda.

2.- Sin embargo, no pararon ahí. Ingeniosamente, decidieron crear un exótico Instituto de Movilidad, amo y señor de todo cuanto ocurra en el mundo de la movilidad y el transporte en Guanajuato. El esperpento institucional concentra todo tipo de atribuciones, 33 para ser exactos, a partir de las cuales diseña, colabora, provee, regula, expide, opina, recomienda, concilia, protege, analiza, crea, modifica, gestiona, fomenta, genera, dicta, instrumenta, determina, incentiva, conforma, etc. Se ha creado un órgano omnipotente, hiperconcentrado, unipersonal, y alejado totalmente de las buenas prácticas regulatorias, que recomiendan el establecimiento de mandatos muy claros y que no se contrapongan entre sí. Como ejemplo, regular y promover, son verbos que no se llevan ya que implican decisiones que se contraponen.

3.- Paso a otra curiosidad administrativa. Se ha diseñado un Instituto sin un consejo general. Es normal que esta clase de entes públicos, funcionen, teniendo como guía, una junta plural que asegure la adopción de políticas públicas pertinentes. En contraposición a ello, tenemos una especie de comisario soviético, que reúne en sus manos toda clase de atribuciones y discrecionalidades. Solo se prevén comisiones de trabajo, que congregan a todos los representantes de los poderes fácticos del sector. Así, la captura regulatoria, está asegurada, y con ella la corrupción generalizada.

4.- La nueva regulación crea nuevos registros: el Registro de Concesiones y Permisos del Transporte, y el de Licencias e Infracciones; lo curioso, es que a contrapelo de la política de transparencia en boga, no son públicos. Opacidad a la vista.

5.- El Instituto se ubica, violando la Constitución, sobre los ayuntamientos. El artículo 12 es inadmisible, ya que sitúa al Cabildo como un simple ejecutante de sus revisiones y opiniones. La controversia constitucional será el medio para corregir el entuerto.

6.- Continuando con la nueva relación que se establece entre el gobierno local y el Instituto, la nueva normatividad, en su artículo 14, obliga a los ayuntamientos a destinar a las nuevas ocurrencias “recursos económicos prioritarios en términos reales de sus respectivos presupuestos de egresos”. ¿Cuánto acabará costando “en términos reales” a los municipios la genial idea? Nunca hicieron las cuentas nuestros diputados.

7.- Presenta confusiones conceptuales al declarar el “servicio especial ejecutivo” (esencialmente Uber) de interés público. Consistiendo en un contrato entre particulares, que puede perfectamente ser tutelado por PROFECO, no se identifica el interés público en un servicio de lujo, prestado a “ejecutivos”. La descripción del servicio es tan aberrante que resulta discriminatoria. Los taxis para los pobres, el servicio ejecutivo para los ricos. No se les vaya ocurrir a los taxistas mejorar sus unidades. ¡Ridículo y mal conceptualizado!

8.- La nueva regulación esta sembrada de decenas de trámites, basados en la discrecionalidad de los funcionarios para poderlos resolver, habilitándolos para dictar toda clase de medidas administrativas. Se trata del caldo de cultivo ideal para la corrupción de por sí rampante en ese sector. Cuando muy pronto se analice el costo regulatorio, que los diputados han puesto sobre aquéllos ciudadanos que osen intentar actividades en el ramo del transporte, se verá con precisión, los cientos de millones de pesos que nos costarán las irracionales medidas impuestas por el Legislativo.

9.- La iniciativa presenta vicio de origen. De conformidad con la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, el Ejecutivo estaba obligado a cumplir con lo indicado por el artículo 31, que obliga a elaborar una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR); que entre otros estudios, exige la evaluación costo-beneficio de la regulación. Esto, a fin de constatar que no salga mas caro el caldo que las albóndigas. Advierto: pretextar que la iniciativa esta exenta de MIR, sería la negación de la política de mejora regulatoria en Guanajuato.

10.- La nueva ley, no es enfática en promover la instauración de horarios de carga y descarga en las ciudades, pero sospechosamente si impide, de tajo, el manejo de paquetería por parte de los servicios de “transporte ejecutivo”. De esta forma, los transportistas de carga quedan protegidos con esta medida. El conflicto de interés del diputado encargado del trámite del nuevo ordenamiento, se revela con nitidéz.

11.- Llegamos a los artículos transitorios, que casi siempre contienen sorpresas. El Décimo Octavo, estipula un amplio programa de regularización para todos los que se ostenten como concesionarios (piratas). ¡Vergonzoso!

12.- La cereza del pastel, es la reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo capitulo de “Delitos en materia de Transporte Público”. Ahí se enderezan baterías en contra de Uber y taxistas, pero exceptúan a los concesionarios de ruta fija (camiones urbanos). Esos no existen. La reforma penal nos obliga a reflexionar si las conductas delictuosas revisten una peligrosidad digna de la privación de la libertad. En momentos tan críticos en cuestión de seguridad para nuestro estado, resulta injustificado distraer activos policiacos, ministerios públicos y jueces, en castigar conductas que pueden corregirse con remedios administrativos. ¿Es una buena política de seguridad, meter a la cárcel a taxistas y conductores? ¿Vamos a gastar el presupuesto y a usar los activos institucionales en ello? Parece que perdieron la razón.

Al final, rematamos con una perla legislativa, la ley en comento, contiene un imperativo categórico de crear módulos para la atención “a mujeres violentadas en el servicio”. Mala perspectiva para las féminas. Pero contarán con su ventanilla de atención. ¡Bienvenidas a bordo!

Estas son sólo algunas de muchas observaciones al texto recientemente aprobado. Reconozco, eso sí, un avance: la instauración de la obligación para los propietarios de vehículos de poseer un seguro vehicular. Eso es correcto.

La herencia que nos deja esta nueva legislación, es de coto a nuestra libertad, trámites costosos y amplias posibilidades de corrupción. Por eso debemos ser más exigentes con nuestros legisladores. El mecanismo ya lo tenemos, y es la posibilidad de reelección. Insisto, hay que usarlo.

@carce55

 

 

Anuncio publicitario

¿DIVISIÓN DE PODERES? Algo anda mal

 

REELECCIÓN, MOVILIDAD Y MONTESQUIEU

Carlos Arce Macías

 

“No existe tiranía peor que la ejercida a la

sombra de las leyes y con apariencia de justicia”.

Montesquieu.

 Charles Louise de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, ha sido uno de los más profundos pensadores sobre las instituciones políticas. Sus ideas, provenientes del estudio de la Revolución Gloriosa (1688), que instauró en Inglaterra la monarquía parlamentaria, en contraste con el absolutismo imperante en la Francia de Luis XIV, tuvieron un impacto decisivo en los padres de la independencia norteamericana.

Miembro connotado de lo que identificamos como La Ilustración, Montesquieu, dedicó su vida a observar y reflexionar sobre la forma que tenían las diferentes naciones para gobernarse. Concluyó que la más inteligente, sería la recién adoptada por los ingleses, consistente en el acotamiento del soberano, por otros dos poderes, el legislativo y el judicial. El poder controlando al poder.

Esta visión, fue en parte producto de la moral protestante imperante en Gran Bretaña, que consideraba al hombre como un ser concupiscente, y por ello, necesario de que se controlaran sus actos volitivos. En el caso del rey, por medio de instituciones que no fueran fácilmente capturadas por el monarca. El protestantismo no incluye el mecanismo de la confesión y perdón de los pecados del catolicismo, porque se basa en la línea directa que cada individuo establece con el Creador. Para ellos, las malas acciones debían de ser evitadas, no perdonadas. Por lo tanto, y traspasado al ámbito político, la ambición, voracidad y expansión del poder real, debería de ser limitado de alguna forma. Así nace el gobierno basado en la división de poderes. Luego, exacerbada la idea por la ética puritana, más radical, de los colonos del nuevo mundo, la constitución americana de 1789 adopta el régimen republicano. La voz de Montesquieu, a través de su gran obra, “El Espíritu de las Leyes”, resulta ser la obra más comentada, luego de La Biblia, en el constituyente norteamericano.

A partir de ese momento, el constitucionalismo dio un largo paso, planteando la división de poderes como el sustrato de la dinámica gubernamental en casi todos los países modernos. Traicionar y romper este principio, es algo muy grave y costoso para una sociedad, porque significa la imposibilidad de acotar a uno de los otros poderes, casi siempre el Ejecutivo. Este es el más expansivo en sus aspiraciones de control total del gobierno, y si se le permite, acabará instaurando un absolutismo indeseado.

Con este marco histórico, y conscientes de la importancia de la actividad legislativa, resulta escandaloso el hecho de procesar una pésima e impresentable ley, que lesiona el interés de la mayoría en beneficio de líderes monopolistas del transporte, prácticamente sin chistar. ¿No están conscientes de su función nuestros legisladores? Tal parece que los miembros del Congreso, están mas involucrado en la “gestoría”, que en el trabajo de análisis y revisión legal que tienen encomendado. Con su negligencia, parecen no darse cuenta que lo que generan es el rompimiento de la división de poderes, y eso si es peligroso, ¡peligrosísimo!

En el ámbito parlamentario, el debate es la substancia de la función. La confrontación de ideas, la crítica punzante, incluso el escarnio, son válidos en el apasionante desarrollo de la actividad parlamentaria. En el caso especial de la oposición, el juicio sobre ella debe de ser más severo. Pudiendo esgrimir argumentos mortales en contra de la propuesta del Ejecutivo, vimos como se transformaron en pasivos acompañantes del designio de la mayoría. No creo que eso sea lo que esperamos de nuestros representantes, los guanajuatenses. Con la aprobación de esta ley, han asumido como propio, el interés de unos cuantos. Nuestros representantes han dejado bien claro, que no están dispuestos a plantar cara al Ejecutivo, para acotarlo cuando la razón pudiera asistirles.

¡Fíjense nomás! La primera revisión en el Congreso, de la iniciativa de movilidad, contenía más de 200 objeciones a 214 artículos. Alguien en el legislativo debió trabajar horas extras, creo saber quién, para medio arreglar el brutal entuerto. Lo que hubiera procedido en consecuencia, y emitido una clara llamada de atención a los escribanos de leyes del Ejecutivo, hubiera sido un definitivo rechazo, al mal diseñado instrumento legal. Al intentar arreglar el enredijo, mejoraron un poco el documento inicial, pero no se pudieron reparar los yerros estructurales. Esto lo trataré en mi siguiente entrega.

Los nuevos legisladores deberán asumir su responsabilidad, al no realizar su encargo con gallardía, enfrentando, orientando y ubicando en la senda correcta al otro poder. Solo dos diputados quedaron al margen de la votación para no caer en conflicto de interés. La decisión unánime es un mazazo contundente al “Espíritu de las Leyes” y al equilibrio y control entre poderes, que norma nuestro régimen político. El PAN renunció a imponer el bien común, al que está obligado por su ideario, en tanto que la oposición desaprovechó un momento ideal, para entregarnos un testimonio de su auténtico interés por hacer las cosas con corrección y en beneficio de las mayorías.

Pero lo que quizás olvidaron lo diputados, es que a diferencia de otras ocasiones, el mecanismo de premio y castigo ciudadano ya está activado, y será valido para los próximos comicios: la reelección. Que el puñado de líderes beneficiados por la nueva ley de movilidad, voten por ellos. Por lo pronto, en mi contabilidad legislativa hay 34 legisladores reprobados, por los que no habría que votar en 2018. ¿Y en la suya cómo van? Hay que llevarles la cuenta, porque son nuevos tiempos.

Twitter: @carce55

 

 

La nueva ley de movilidad en Guanajuato

REGULAR O CONTROLAR

Carlos Arce Macías

La legislatura estatal de Guanajuato se estrenará, de verdad, con el trámite de un nuevo instrumento que pretende regular la “movilidad” de los guanajuatenses, o sea, la afectación legal a una garantía fundamental que se consagra en el artículo 11 de la Constitución: la libertad para viajar por el territorio nacional libremente.

La nueva ley, intenta reglamentar la “movilidad”, esto es, el traslado de las personas dentro del estado de Guanajuato y sus municipios. Incidiendo también en el artículo 5to constitucional que reglamenta libertad de trabajo y la categoría de servicios públicos. Así pues, se pretende acometer un reto jurídico del mayor calado. No pinta fácil.

Se celebra el interés por un tema tan trascendente para la sociedad, y la problemática que engloba el que todos podamos llegar a nuestros trabajos y negocios, así como desplazarnos a nuestros hogares, centros de comercio, parques y zonas de diversión, etc., caminando o en un transporte económico, seguro, eficiente y sustentable.

¿Pero como debe de abordarse el diseño de una iniciativa, sobre un asunto con tantas aristas y tan sensible a la población? Me parece, francamente, que debe de realizarse cuidadosamente, cubriendo todos los flancos, recabando muchos datos y realizando los estudios y consultas pertinentes. Su sustento y motivo, no pueden fundamentarse en solo unos cuantos párrafos presentados en una sencilla “Exposición de Motivos”, como prefacio de la iniciativa; para que sea discutida, y en su caso, aprobada por los diputados. Serían pasos seguros rumbo al fracaso.

Una regulación es una normatividad con impacto sobre ciertos sectores económicos, que deben de ser analizados y sus mercados concienzudamente estudiados. Una forma moderna de legislar, impone un diseño jurídico basado en estudios sólidos, que a nuestro parecer, no se están solventando en la iniciativa que se propone, y que resultan necesarios para que los diputados hagan bien su laborLo primero que se requiere, es la formulación de un “Documento de Política Pública de Movilidad en Guanajuato”, en dónde, antes que nada, se presente un diagnóstico de la problemática que enfrenta el estado, se proporcionen los datos indicativos de ésta, se analicen y posteriormente se proceda a proponer las opciones encontradas para rebasar los obstáculos y lograr los avances deseados. No todas las vías, son necesariamente jurídicas, y en el documento de política pública, deben de analizarse minuciosamente todas las cuestiones. Ahí se deben presentar datos, estudios específicos y estadísticas, estatales y locales, para poder establecer indicadores que deberán de evaluarse, en su momento, y de ese modo asegurar que la política implementada sea la correcta y dé los frutos pretendidos.

Sin un documento fornido y bien integrado, los diputados, simplemente, no pueden realizar su trabajo, irían a ciegas. Por lo menos no lo harán de forma responsable y estarían fallando a sus electores. Cuando se realiza una tarea legislativa seria y acuciosa, no hay tiempo para gestorías populacheras. Por eso, desde esta columna hemos sido enfáticos en señalar que el trabajo legislativo es una actividad, que en la actualidad, necesita procesar un cúmulo de información muy importante, con honestidad y sentido común, para generar un bien público fundamental: leyes.

La iniciativa, por lo pronto, no vienen bien. En solo una decena de párrafos, se intenta describir los antecedentes que dan motivo a la nueva ley. Se evidencia una insuficiencia de datos, que no permiten avalar el diseño concienzudo del nuevo instrumento regulatorio.

De su contenido, se infiere un tufo sovietizante, por su compulsiva búsqueda del control burocrático sobre las actividades de la población, propia de políticas utilizadas a mediados del siglo pasado, que ya se encuentran superadas y rebasadas por iniciativas innovadoras. Eso ya no funciona. La poca información aportada, no considera los efectos de la nueva legislación sobre los mercados que serán afectados, ni los costos de cumplimiento para los ciudadanos y sus actividades. Solo se piensa controlar y controlar, imponiendo costosos trámites que resultan absurdos para una sociedad en rápida evolución. La mejora regulatoria, brilla por su ausencia.

El nuevo organismo regulador que se propone, un instituto, puede ser una idea viable; pero nunca se dice en la exposición de motivos, cual será el blindaje y sus mecanismos para evitar la captura del órgano, por los entes que intentará normar. Este es el verdadero reto, y corazón del problema: que los gremios de taxistas, camioneros y empresas transportistas, no impongan sus intereses sobre el de los ciudadanos, que es, finalmente, lo que constituye y acrisola el bien común.

La deficiencia que he mencionado, se origina de la falta de capacidades regulatorias en los equipos del ejecutivo estatal. No es pecado mortal, el gobierno federal ya vivió esta situación en 2001, cuando las exigencias de un control más estricto en la calidad de las regulaciones, obligaron a las diferentes dependencias y entidades, a formar grupos especializados en regulación. Hay que hacerlo, solo así, se puede trabajar bien. Por lo pronto, los diputados deben solicitar más información, ya que por ahora, ni diagnóstico les adjuntaron.

Twitter: @carce55