Carlos Arce Macías
Así no. Haciendo trampa, y utilizando recursos públicos para posicionar y promocionar una candidatura, no es el camino para lograr que un incondicional se convierta en gobernador de Guanajuato. Eso tiene un nombre: corrupción. Y también es un delito: peculado.
El gobierno panista de Guanajuato, en sus estratos estatal y municipal, fue sorprendido en flagrancia, el pasado jueves por el diario AM, utilizando a funcionarios para promover al precandidato oficial Diego Sinhué Rodríguez, en comunidades y colonias del municipio de Celaya; utilizando vehículos oficiales y el tiempo de los empleados públicos. Todo bajo la batuta de un conocido “operador” de campañas, el venezolano Pedro Silva Agudelo, especialista en “Detección y Movilización Electoral”. Este personaje ha trabajado para Acción Nacional en las recientes campañas de Aguascalientes y Nayarit. Aparentemente se trata del levantamiento de una encuesta inofensiva, pero tras de ella se vislumbra el engranaje del mecanismo de detección de votantes, cuyos nombres y perfiles se vaciarán a una gran base de datos, desde donde se irá planteando la estrategia electoral, en una operación fincada en técnicas de big data. Teniendo definido el perfil de las personas, es mas o menos sencillo convencerlas por quién votar, ya que recibirán los mensajes específicos, de acuerdo a su perfil. Promesas a la carta.
Por medio de esta nueva tecnología, que cruza una enorme cantidad de datos de los posibles electores (Big Data), se puede trabajar una elección con gran posibilidad de ganarla. Eso hizo el PRI del Estado de México, controlando y aplicando sus recursos de la manera mas eficiente bajo la guía de la empresa líder en esta técnica: Cambridge Analytica. Pero finalmente se trata de un “big engaño”, es el arte de engatuzar, diciéndole a cada quién lo que le plazca, para lograr su voto, perdiendo la perspectiva ideológica de la elección, y el contexto de los problemas generales de una sociedad. Incentivados los consumidores de promesas políticas de esa manera, no votarán por la consecución de ideales comunes, sino por intereses específicos y egoístas de cada quién, trasmutados, de ciudadanos a viles consumidores de promesas. Es un retroceso civilizatorio, al opacar la conciencia colectiva, que constituye la infraestructura de la sociedad, y la base del proceso democrático y los principios de justicia social y solidaridad; para soterrar todo bajo la conveniencia particular. Así se degrada la política y se desalienta la generación de ideas valiosas. Por eso estamos como estamos.
Por otro lado, los partidos pueden gastar su dinero en estos recursos que permiten el control de la elección, por medio del manejo de datos de los electores, no hay problema. Pero hacerlo desde el gobierno, utilizando recursos públicos, está prohibido y penado. ¿No lo entienden? Esta y otras inocentes encuestitas, ordenadas por la secretaría que dirige el propio precandidato, constituirán una enorme base de datos, sobre la que se sostendrá su precandidatura al interior del PAN, y la campaña del PAN para la gubernatura 2018.
La estridente revelación periodística del AM, pone al descubierto el ilegal uso de recursos públicos por parte del gobierno. A los panistas que en su tiempo enfrentamos el peso de la acción estatal para imponer candidatos priístas en Guanajuato, nos duele y enoja esta conducta oprobiosa y reprobable. Es hacer trampa y competir en piso disparejo, con todos los recursos del ejecutivo del estado, a favor del delfín escogido.
Esta situación, no solo agravia a los demás partidos opositores al PAN, sino que cancela la competencia interna, impidiendo el surgimiento de otras opciones, y liquidando a cualquier posible contendiente. Los verdaderos panistas tenemos la obligación de denunciar y combatir estos hechos, eliminándolos de la operación cotidiana de la política local. No permitamos esta descarada chapuza y apostemos por la democracia.
La dolosa decisión de imponer una competencia desleal y tramposa a la vida política de Guanajuato, atenta contra una sociedad democrática y republicana, a la cual le ha costado un gran esfuerzo, ubicarse como un estado de avanzada en el país. No estamos dispuestos los guanajuatenses a echar por la borda nuestra historia.
Pero la temeraria acción maquinada en Celaya, también desnuda a aquél político que ha sucumbido a la ambición por el poder, y que decidió utilizar todos los medios, incluso los ilegales, para intentar conseguirlo. Si así empieza, ¿se imaginan como terminaría su sexenio? Es la repetición, en el Bajío, de la historia de los Duartes, Borge y Padrés. La corrupción en pleno, pues.
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