IMPUESTO PREDIAL, ESCÁNDALO EN GUANAJUATO

Carlos Arce Macías

A finales del año pasado, León vivió el escandalo de tasar como predio agrícola el más selecto club de golf de la ciudad. Entiendo que ya corrigieron el asunto, y la intervención de la nueva administración gestionó el pago correcto. Hay que poner mucha atención para cumplir minuciosamente con la ley. Cobrar impuestos es una función muy delicada.

Pero en Guanajuato Capital, nos enfrentamos a un gobierno salvaje y pernicioso que ha decidido incrementar abusivamente el impuesto predial a los habitantes del municipio. Quizás no es el único caso y por eso cobra interés a nivel estatal.

Alejandro Navarro, y sus síndicos y regidores incondicionales, han decidido poner en la picota a los propietarios y poseedores de bienes inmuebles, elevando substancialmente el valor del suelo y por lo tanto aumentando la base gravable del impuesto. Pero han olvidado unos pequeños detalles: no han notificado a los contribuyentes la realización de avalúos, no se han presentado a realizarlos en las diversas propiedades y no han notificado el resultado de las propuestas de nuevos avalúos a los particulares, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos y por lo tanto exigiendo pagos ilegales, que pretenden incrementar la exacción en 200, 400 y hasta 1000 por ciento respecto al año anterior.

¡Páganos!

La población está encolerizada por el atraco que sufre a manos de un gobierno-botín dedicado a los negocios y a las contrataciones que puedan generar beneficios personales. Solo les interesa recaudar para poder realizar obra, solicitar empréstitos, o concesionar servicios, en busca de sobreprecios pactados en el sombrío ambiente de una administración opaca y poco confiable.

El problema no solo se ciñe a la ilegalidad de los cobros exorbitantes. La cuestión de mayor preocupación consiste en que el alcalde, la parte mayoritaria e incondicional de su ayuntamiento y la tesorera municipal, están conscientes en que los cobros de predial se han maquilado tramposamente, desde los escritorios gubernamentales, basados en la discrecionalidad de los funcionarios encargados de determinar los valores. La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato ha sido hecha a un lado. El proceso de cobro, basado en el artículo 162 de dicha ley, a través de avalúos presenciales, ha sido omitido dolosamente. El alcalde y su tesorera lo saben. Conociéndolos, lo más seguro es que ellos hayan instruido el cobro injusto y como consecuencia el daño al peculio de los ciudadanos. Cobrar a sabiendas lo indebido es corrupción.

El contralor municipal, si de verdad funciona y es un personaje con los atributos necesarios para imponer la legalidad en la administración local, estaría abriendo ya una investigación sobre los procedimientos ejecutados en las áreas a cargo de la tesorería municipal, comisionadas para determinar el monto de los impuestos prediales por cobrar. ¿No se ha dado cuenta de nada?

Será también la ocasión de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa a pedir su protección para los guanajuatenses acosados por pagos exorbitantes exigidos por su alcalde envalentonado. Es de explorado derecho, que los cobros del impuesto predial deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 176 de la Ley de Hacienda municipal: modificar el monto a pagar por medio de una orden de avalúo, expedida por la Tesorería del municipio, hecho por peritos; la realización, en el predio, del avalúo mandatado; y la notificación de la propuesta de nuevo valor, a fin de que pueda, en su caso, ser recurrida por el contribuyente. Si no se procede de esta forma, se violentan los derechos de los ciudadanos. Así se han resuelto, entre otros, los juicios 2426/4ta sala/19, 2333/3era sala/19, 1146/4ta sala/18 interpuestos ante el propio tribunal.

TJA, defensor de los ciudadanos

El impacto de conductas dolosas e ilegales en la vida de una comunidad, acarrean graves trastornos, al aumentar los precios de la tierra y con ello el costo de vivir en la localidad, establecer negocios y generar empleos.

Determinar impuestos a discreción de los gobernantes en turno, constituye un acto que debe de ser frenado y sancionado drásticamente por el sistema de control de legalidad instituido para evitar esta clase de abusos. Hacer a un lado la ley, para imponer la voluntad de un gobernante, necio y torvo, lesiona de manera grave los derechos humanos de los ciudadanos. Así de mal estamos en Guanajuato.

Cobros abusivos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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GUANAJUATO, SALVAJADA FISCAL

Carlos Arce Macías

Entre diputados y ayuntamiento oficialistas, han maquinado una salvajada en el municipio de Guanajuato, aumentando escandalosamente la presión fiscal sobre los habitantes del lugar. Los votantes, muchos negligentes que no acudieron a las urnas y un pequeño grupo comprado por el actual alcalde, a punta de calentadores solares, estufas ecológicas, sacos de cemento, varillas, camisetas y cachuchas, provocarán que los contribuyentes de esta demarcación deban de pagar, a precio de sangre, una miscelánea fiscal que les sacará, a todos, mucho más dinero del que tenían pensado. Eligieron mal, y por votar a los peores, ahora les quitarán una importante parte de sus ingresos.

Ayuntamiento abusivo

De todos los municipios, fue el ayuntamiento capitalino el que más se ensañó con sus ciudadanos, solicitando incrementos excesivos en distintos rubros. Con el pretexto de la reactivación económica y la necesidad de llevar a cabo inversión pública de alto impacto económico, alcalde, síndicos y regidores se despacharon con la cuchara grande. Mientras, en el colmo de la desfachatez, no les pareció inoportuno autorizarse una partida de ocho millones de pesos para préstamos personales blandos, sin intereses, con cargo a las arcas municipales, mientras los contribuyentes sufrirán las de Caín para solventar el encarecimiento de los precios de los servicios públicos y el pago de impuestos.

Y la mayoría de los diputados, siempre obsequiosos con el peor alcalde que haya desgobernado Guanajuato durante el presente siglo, se mostraron veloces para aprobar la Ley de Ingresos municipal. Ya resulta preocupante la complicidad que se viene observando de diputados como Víctor Zanella, Yulma Rocha y Margarita Rionda con Alejandro Navarro. Es posible que el imprudente respaldo llegue hasta Luis Ernesto Ayala… en fin, cada quién escoge a sus amigos.

En tanto, la miscelánea aprobada al gobierno-botín de Guanajuato, se convierte en una larga lista de agravios para los capitalinos, aparte del endeudamiento del municipio por toda su capacidad financiera disponible. Sin duda, el PAN ha decidido entregar a sus adversarios la capital. Peor no lo podría hacer.

Aquí la lista de algunas ofensas:

-Aumentos hasta del 198% en el impuesto predial a 4000 predios, más la intención de utilizar avalúos de gabinete, que son ilegales, para aumentar el valor de predios y así cobrar más.

-Cobro por estacionamiento en la vía pública en una ciudad que carece de espacios, y donde muchas personas, que habitan en callejones, no disponen de cocheras. La cuota llegará hasta un pago superior a los $2000 pesos por mes, por aparcar un vehículo.

-Luego de que el gobernador del estado ordenó, a la manera de López Obrador, cerrar la guardería del DIF estatal; la única disponible, la del municipio, incrementa sus servicios de $935 a 2000, un aumento del 189%. Obsequio especial a las madres trabajadoras.

-La entrada al museo de momias costará $92, convirtiéndose en el museo público más caro del país. Nota: la entrada a Antropología, Castillo de Chapultepec, Chichen Itzá y Palenque, cuesta $85. Duro golpe al tanatoturismo (Turismo para ver muertos y tragedias)

-Tarifa de agua potable, sufrirá un aumento del 8.15%, arriba de la inflación.

-La recolección de basura, a solicitud de un particular, costará $1100.

-Muy importante. Se sugiere a los guanajuatenses, cuidarse de no tener accidentes o urgencias. El servicio de ambulancia se ha tasado en $500.

Pero en su ruta suicida, el torvo alcalde omite el cobro de derechos por uso de la vía pública, a los servicios de Cable, TV e internet, que suman 200 millones de pesos, según sus cuentas, y que ha ido olvidando. Ya no los quiere cobrar. En el caso del museo, decide y vota, en claro conflicto de interés, el aumento en la tarifa de entrada, beneficiando a su familia política, dueña de museos de horror y espanto, aprovechando a aquellos grupos que no alcanzan a pagar una entrada cara. Aprovechan la demanda residual. Mientras más caro sea el acceso a las momias, más visitantes tendrán sus negocios familiares. Estamos ante un delito de tráfico de influencias. La contraloría protege y obsequia impunidad al funcionario.

Mal comenzará el año, para los guanajuatenses de la capital, sin representantes que los puedan defender con eficacia, en un ayuntamiento capturado por un alcalde dedicado a sus negocios; y a la vez, sin diputados capaces de formar mayorías que frenen los excesos de los ediles. Se evidencia con dramatismo como la democracia representativa sufre una profunda crisis, impidiendo los abusos y convirtiéndose en cómplices de los corruptos.

Sin representantes de los ciudadanos

A causa de los ciudadanos inconscientes que se abstuvieron de votar y de los que criminalmente vendieron su voto, ahora todos los guanajuatenses pagaran muy caro los obsequios, esparcidos como migajas, entre clientelas envilecidas. Los ediles y diputados oficialistas han armado tremendo regalazo navideño, que les arrancará mucho dinero de sus bolsillos a los desamparados cuevanenses. ¡Feliz navidad!

P.D. Por vacaciones, esta columna volverá a publicarse hasta el 8 de enero de 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIAL

Carlos Arce Macías

Dentro del capítulo de ingresos que cobran los gobiernos, se encuentran las contribuciones, y relativas a estas, aparecen los impuestos, los derechos y las contribuciones de mejoras. No lo digo de memoria, sino repasando los apuntes de Derecho Fiscal de uno de mis mejores maestros de la Universidad de Guanajuato: el doctor Miguel Ángel García Domínguez. Pues él nos enseñó que los impuestos tienen como objeto, la búsqueda de signos de riqueza. Se trata de una acción justiciera, en la que se identifican condiciones que revelan un caudal monetario y por lo tanto, un situación de prosperidad de ciertos grupos, por encima de otros contingentes de la sociedad. Los que exteriorizan una mayor riqueza contribuyen solidariamente al bienestar de toda la comunidad, cobrándoles impuestos.

El más conocido es el Impuesto sobre la Renta (ISR) que afecta el capital de una persona, también el famoso IVA, que grava el consumo. Quién más compra, más rico se estima que es, y, por lo tanto, más contribuye. En el nivel municipal, el impuesto más popular es el predial, referido a las propiedades que una persona posee. Es un síntoma obvio de riqueza, y por lo tanto se ve afectado por un impuesto que cobra el municipio y que contribuye de manera directa a solventar los gastos generales de la administración local.

Pues bien, resulta que, sorprendentemente, se devela que el club social y deportivo más exclusivo de la ciudad de León, el Campestre, cotiza para efectos de ese impuesto con valores ridículos, por haberse hecho pasar como un predio agrícola. Me dicen los que saben, que la diferencia entre pagar lo correcto y la trampa maquinada para defraudar al municipio, significa una cantidad ridícula al año para cada uno de los socios, todos personajes descollantes de la sociedad leonesa, ahora expuestos a la burla pública.

¡Escándalo!

Quien diseñó la estafa, debe de ser un pícaro. Quién la permitió desde el municipio, un corrupto que debe de ser sancionado de forma ejemplar. Y esto significa no solo analizar oficios y sus firmas, sino identificar órdenes e instrucciones precisas, giradas por algún funcionario, para llevar a cabo el timo.

Pero el momento es esperanzador, pues se da justo al inicio de una nueva administración. Urge pues que despejen dudas e inicie el esclarecimiento del enredo y se aplique la sanción para los que sean culpables. ¿Se dan cuenta que con hechos como este corroboran el discurso justiciero de AMLO? ¡Vaya manera de darse un tiro en el pie! Cualquier día puede haber opinión de esto en la mañanera. Morena se los debe de agradecer.

La administración del impuesto predial es delicada. Su finalidad no solo es recaudatoria sino también regulatoria. El gravamen es utilizado para evitar la especulación y propiciar la baja de los precios de los bienes inmuebles en beneficio de los consumidores. Permitir que en zonas estratégicas de las ciudades permanezcan grandes extensiones de predios baldíos, capitalizando la urbanización de la ciudad, y obligando a extender la mancha citadina innecesariamente, concede un beneficio injusto para unos cuantos terratenientes. Hacia allá debe dirigir sus esfuerzos el nuevo cabildo.

Pero en esto de los prediales, en todas partes se cuecen habas. Como es el caso de Guanajuato Capital, en donde el cavernario alcalde que padecemos, ha ordenado hacer avalúos de gabinete, para ilegalmente aumentar el próximo impuesto predial a los capitalinos.

Para imponer un nuevo valor a un terreno se deben cumplir los siguientes requisitos: ordenar el avalúo; hacerlo, mediante una visita al predio de los valuadores municipales; formular una propuesta; notificar esa propuesta al propietario; y si no hay inconformidad que despejar, alterar los valores vigentes, para que, en el siguiente cobro, se haga con fundamento en el nuevo avalúo.

Pues he aquí que el celebérrimo munícipe decidió elevar los valores hasta en 400% en sus pseudoavalúos chafas, lo cual se verá reflejado en los cobros de enero del impuesto predial. Algo debería hacer la oposición en el ayuntamiento, pero más el Congreso al revisar la Ley de Ingresos del municipio, no solo inspeccionando la tasa impositiva, sino el incremento de valores fiscales del suelo. Otra deshonestidad más, del gobierno-botín que padecemos.

La caja suena

Para terminar, ahora que la animosidad se cierne sobre el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual pienso que comienza a hacer un buen trabajo, no sería mala idea que gestionaran un estudio detallado del comportamiento de los municipios en la aplicación del impuesto predial. Podrían comenzar por León y Guanajuato. Habría muchas sorpresas, y los ciudadanos lo agradecerían.

Más dinero para ocurrencias