Carlos Arce Macías
A finales del año pasado, León vivió el escandalo de tasar como predio agrícola el más selecto club de golf de la ciudad. Entiendo que ya corrigieron el asunto, y la intervención de la nueva administración gestionó el pago correcto. Hay que poner mucha atención para cumplir minuciosamente con la ley. Cobrar impuestos es una función muy delicada.
Pero en Guanajuato Capital, nos enfrentamos a un gobierno salvaje y pernicioso que ha decidido incrementar abusivamente el impuesto predial a los habitantes del municipio. Quizás no es el único caso y por eso cobra interés a nivel estatal.
Alejandro Navarro, y sus síndicos y regidores incondicionales, han decidido poner en la picota a los propietarios y poseedores de bienes inmuebles, elevando substancialmente el valor del suelo y por lo tanto aumentando la base gravable del impuesto. Pero han olvidado unos pequeños detalles: no han notificado a los contribuyentes la realización de avalúos, no se han presentado a realizarlos en las diversas propiedades y no han notificado el resultado de las propuestas de nuevos avalúos a los particulares, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos y por lo tanto exigiendo pagos ilegales, que pretenden incrementar la exacción en 200, 400 y hasta 1000 por ciento respecto al año anterior.
La población está encolerizada por el atraco que sufre a manos de un gobierno-botín dedicado a los negocios y a las contrataciones que puedan generar beneficios personales. Solo les interesa recaudar para poder realizar obra, solicitar empréstitos, o concesionar servicios, en busca de sobreprecios pactados en el sombrío ambiente de una administración opaca y poco confiable.
El problema no solo se ciñe a la ilegalidad de los cobros exorbitantes. La cuestión de mayor preocupación consiste en que el alcalde, la parte mayoritaria e incondicional de su ayuntamiento y la tesorera municipal, están conscientes en que los cobros de predial se han maquilado tramposamente, desde los escritorios gubernamentales, basados en la discrecionalidad de los funcionarios encargados de determinar los valores. La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato ha sido hecha a un lado. El proceso de cobro, basado en el artículo 162 de dicha ley, a través de avalúos presenciales, ha sido omitido dolosamente. El alcalde y su tesorera lo saben. Conociéndolos, lo más seguro es que ellos hayan instruido el cobro injusto y como consecuencia el daño al peculio de los ciudadanos. Cobrar a sabiendas lo indebido es corrupción.
El contralor municipal, si de verdad funciona y es un personaje con los atributos necesarios para imponer la legalidad en la administración local, estaría abriendo ya una investigación sobre los procedimientos ejecutados en las áreas a cargo de la tesorería municipal, comisionadas para determinar el monto de los impuestos prediales por cobrar. ¿No se ha dado cuenta de nada?
Será también la ocasión de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa a pedir su protección para los guanajuatenses acosados por pagos exorbitantes exigidos por su alcalde envalentonado. Es de explorado derecho, que los cobros del impuesto predial deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 176 de la Ley de Hacienda municipal: modificar el monto a pagar por medio de una orden de avalúo, expedida por la Tesorería del municipio, hecho por peritos; la realización, en el predio, del avalúo mandatado; y la notificación de la propuesta de nuevo valor, a fin de que pueda, en su caso, ser recurrida por el contribuyente. Si no se procede de esta forma, se violentan los derechos de los ciudadanos. Así se han resuelto, entre otros, los juicios 2426/4ta sala/19, 2333/3era sala/19, 1146/4ta sala/18 interpuestos ante el propio tribunal.
El impacto de conductas dolosas e ilegales en la vida de una comunidad, acarrean graves trastornos, al aumentar los precios de la tierra y con ello el costo de vivir en la localidad, establecer negocios y generar empleos.
Determinar impuestos a discreción de los gobernantes en turno, constituye un acto que debe de ser frenado y sancionado drásticamente por el sistema de control de legalidad instituido para evitar esta clase de abusos. Hacer a un lado la ley, para imponer la voluntad de un gobernante, necio y torvo, lesiona de manera grave los derechos humanos de los ciudadanos. Así de mal estamos en Guanajuato.
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