homicidios | CARLOS ARCE BLOG

Carlos Arce Macías

“La justicia es la verdad en acción”

Joseph Joubert

Moralista francés

Hay diferencias radicales entre la política y el sistema de justicia. Como lo verificamos a diario, para la actual política nacional, la consciencia de la verdad es totalmente ociosa, resulta un chiste. Nuestro presidente nos ha mostrado, hasta el hartazgo, la forma de mentir sin recato alguno, lanzando al aire cifras increíbles, hechos no constatados, historias falsas y acusaciones difamatorias. La verdad ha sido expulsada de la realidad política. Y como nadie la exige, ni los ciudadanos la castigan, se continúa la propagación al infinito de la falacia. ¡Viva la mentira!

Pero todo cambia cuando se trata de la materia de justicia, en donde operan dos componentes muy importantes:

o El aparato de investigación y persecución de los delitos, perteneciente al Poder Ejecutivo.

o Y el mecanismo de evaluación de las personas sujetas a proceso, para juzgarlas y sentenciarlas, asignando, en su caso, castigos y penas. Esta función se realiza desde el Poder Judicial.

En el ámbito de la justicia, la materia prima, es el conocimiento de la verdad. Nada mas lesivo para este componente gubernamental, que el intento de manipular o alterar la verdad. Por eso las leyes previenen y sancionan el perjurio, la falsedad sostenida en un proceso, cuando se ha jurado hablar con veracidad.

Por esa razón los abogados, los testigos, los inculpados, los jueces, la policía, los investigadores, los peritos y especialmente los fiscales, son esclavos de la verdad. Mal hará aquél funcionario que falsee hechos o mienta, porque estará fracturando la confianza en la justicia, y con ello, provocando serios y profundos daños a la operación del Estado a favor de la sociedad.

Durante la semana pasada, en el programa televisivo del politólogo Leo Zuckermann, “La hora de Opinar”, se presentó una entrevista con Eduardo Guerrero, especialista en Seguridad Pública. En el programa, el famoso consultor explicó como, desde la clasificación de homicidios, se alteran a la baja las cifras de los homicidios dolosos, para incluirlos como homicidios culposos cometidos “con otro elemento”. Se trata de una nueva categoría, totalmente tramposa, utilizada para encubrir la verdadera cifra de homicidios dolosos. La mala noticia para los guanajuatenses es que el estado que más recurre a esta perniciosa práctica es el nuestro. Solamente entre enero y febrero, clasificó como culposos 140 homicidios que deberían estar cargados a la cuenta de los asesinatos realizados con dolo. Así los datos generados por la Fiscalía General del Estado, intentan alterar la percepción de la realidad del crimen en el estado. Tratan de engañarnos, apuestan por la mentira y traicionan la verdad.

Como hemos dicho, la naturaleza de los funcionarios que laboran en las áreas dedicadas a la justicia, deben de estar dotados de un temple especial, acrisolados en un compromiso total con la verdad. Por ello, un Fiscal General del Estado, que miente y altera los datos de delitos, traiciona su naturaleza y pierde, ipso facto, la confianza depositada en él. ¿Cómo podemos confiar en un procurador que miente, y asegurarnos que no ha obtenido testimonios bajo tortura o que no falsifica hechos para consignar a inocentes como chivos expiatorios?

Una sociedad no es digna de un Fiscal que haya mentido, aún cuando se trate “solo” de la estadística criminal. Se convierte en un gigante con pies de barro. Se desplomará llevándose consigo a quienes en él confiaron y le otorgaron su voto temerariamente. Triste futuro le espera a Guanajuato con un funcionario mendaz.

Pero hay más. Pop Lab, una instancia periodística recientemente creada, publicó el resumen de un interesante estudio del investigador de la Universidad Iberoamericana de León, Fabrizio Lorusso, especializado en temas criminales y policiacos, focalizado en Guanajuato. Los cuadros estadísticos muestran el drama delincuencial de la entidad, originado por la pésima administración en materia de seguridad del anterior gobernador. Irresponsable y descuidado, decidió apostar por una brutal y criminal militarización de la entidad, bajo la advertencia de académicos, que le previnieron sobre la proliferación de la violencia ante la intervención de las fuerzas militares. Allí donde están los soldados es precisamente donde el zafarrancho ha sido más sangriento.

Mientras construía cuarteles, la policía languidecía. En el “Índice de Paz”, desde 2015, Guanajuato decreció hasta ocupar el lugar 27 entre las 32 entidades federativas. Para 2017, el estado contaba con 43.5 policías por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 176. En agencias del ministerio público, la entidad solo opera 1.82 agencias/100mil en Guanajuato, cuando el promedio nacional es de 3.53.

Pero retornemos a la trampa de los homicidios cometidos con dolo, disfrazados de culposos “por otro elemento”. Según el estudio de Lorusso entre enero y mayo, Guanajuato ha enmascarado ¡451 homicidios dolosos como culposos! El Fiscal por cinco ocasiones consecutivas, ha rendido falsos testimoniosestadístico, trocando la verdad por mentira, para presentar un panorama decreciente de homicidios dolosos. Hay que denunciarlo con contundencia: el actual Fiscal no merece estar donde está, miente. A Guanajuato le urge otro Fiscal.

Carlos Arce Macías

Guanajuato se encuentra inmerso en un festín homicida, del cual no sabe como salir. Un mal diagnóstico comprime la actual condición a un problema policiaco. Pero en tanto no sean reconocidas las causas y se comiencen a tomar las decisiones valientes y correctas que se requieren, la cuestión no solo no mejorará, sino que empeorará.

Debemos ser asertivos, el verdadero problema es la corrupción política, como sucede en todo México, y aquí no nos escapamos de ello. Tardó un poco más en estar presente entre nosotros, pero finalmente emergió y se extendió en nuestro estado. Ahora somos testigos de cómo la delincuencia organizada florece y puebla las zonas más ricas de la entidad, mientras invierte y lava su dinero bajo la cobertura del crecimiento industrial, comercial y habitacional.

La corrupción política es la madre de la delincuencia organizada, y es aquella que se da en el seno del poder. Se genera por las distorsiones que se van tolerando en el régimen político, como pequeños y banales defectos, que se van incrementando, poco a poco, hasta hacer que los coyotes se conviertan en los amos del gallinero. Pequeñas trampas dentro de los partidos como el manipuleo de los padrones de socios, el ninguneo a falta de debate interno, la utilización de dádivas para obtener votos en elecciones internas, el sectarismo y la exclusión de militantes, para desembocar en el autoritarismo pleno, que liquida cualquier manifestación democrática, dando lugar a la implantación de la corrupción política generalizada en nuestro sistema político. Ese es el origen: la falta de métodos democráticos internos, celebración de elecciones primarias obligatorias, de acceso a participar en los partidos, a la posibilidad de candidaturas ciudadanas viables, a una verdadera competencia interna leal, entre los ciudadanos, para acceder a los puestos de representación y al gobierno.

El sistema electoral está quebrado y tripulado por el más nefasto autoritarismo, que se convierte en el caldo de cultivo más propicio para la corrupción política. Cuando solo uno decide todo, la corrupción está garantizada. La democracia y la separación de poderes, no son solo mecanismos de ejercicio administrativo para hacer que el gobierno y el Estado funcionen bien, sino que son diques que evitan que la estructura mafiosa y corrupta, anide y colonice las instituciones gubernamentales, y que desde ahí le ofrezcan cobertura a la delincuencia. Y es en ese preciso momento, cuando se logra la cobertura, en el que la delincuencia se convierte en “organizada”.

En Guanajuato, no nos hagamos tontos, existe delincuencia organizada desarrollándose en zona de confort. Narcotráfico, huachicoleo y lavado de dinero, operan bajo excelentes condiciones de impunidad. Y su manifestación más elocuente, es cuando la organización criminal se apodera de las ciudades y pueblos, ubicando en puestos públicos no solo a politicastros timoratos y corruptillos, sino a verdaderos operarios de los malhechores. Así sucedió en el área metropolitana de Monterrey, en Ciudad Juárez, Tijuana y en La Laguna en años pasados.

Ubicar en el gobierno a miembros de los cárteles es sencillo, cuando todo depende de un dedo señalador que se rige por la incondicionalidad y el cuatismo. Los partidos lo permiten, a cambio de que sus candidatos reciban dinero para las campañas. Total, el chiste es ganar elecciones a como sea. De esa forma, el cemento de la delincuencia organizada va fraguando poco a poco, mientras los dirigentes de los partidos celebra con champaña sus triunfos electorales. Muy listillos todos. Eso creen.

Hasta que llega el día en que las organizaciones criminales tienen desacuerdos, se enfrentan, y se empiezan a matar entre ellas. También liquidan a sus personeros: halcones, tránsitos, policías, narcomenudistas, huachicoleros y… políticos. No en balde un especialista en estos temas, Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, advertía en alguna ocasión sobre la necesidad que tienen los políticos, de arreglar el entuerto en el que estúpidamente se han metido: que lo compongan rápido, decía, porque pronto los empezarán a matar, así lo corrobora la experiencia internacional. Allí estamos ahora.

Por eso indigna ser testigo de dos reacciones contrastantes: la de los morenistas que, con un ánimo oportunista verdaderamente bajuno, intentan capitalizar el reciente asesinato de su candidato a alcalde de Apaseo el Alto, como si se tratase de un crimen político-electoral, sin referenciar las condiciones de violencia e involucramiento de autoridades locales que se observa en esa localidad. Su candidato, como todos en el estado, no poseía el aval social, fue ungido por el dedo que dirige a placer Morena, sin mediar competencia interna alguna. También me pregunto: ¿ante los trágicos hechos propondrán amnistía para los asesinos de su camarada? Y por otra parte se nos presenta a bocajarro la respuesta de las autoridades estatales, totalmente desconcertadas y desorientadas, que se revelan incapaces de sacar a un perro de una milpa, y que acuden al manido argumento de que solo se trata de un ajuste de cuentas entre malosos, quedando la autoridad policiaca como florero, de pura decoración. ¿Y la posibilidad de corrupción política dónde queda? ¿No será investigada?

Es hora de gritar la verdad sobre lo que acontece en el estado, a falta de una explicación clara que nunca ha sido capaz de darnos nuestro gobernador. Debemos explicitar que la delincuencia organizada ha sentado sus reales en nuestro estado. Su operación es compleja, en ella operan sicarios, delincuentes comunes, empresarios encubridores y políticos contumaces. Es una red, bien aceitada, que solo puede ser desmontada a través de una reforma electoral profundísima, que establezca la obligación de utilizar medios democráticos en la vida interna de los partidos, que curiosamente ningún candidato ni partido propone; acompañada de una reforma judicial extensa, que más allá de las competencias federales, coadyuve a desarticular las capacidades económicas de las bandas y refuerce las instituciones estatales encargadas de su persecución, cancelando así la animosa y febril actividad delincuencial en Guanajuato.

Mientras haya un camino fácil para convertir a operadores mafiosos en gobernantes y representantes sociales, la delincuencia organizada se fortalecerá. En contraparte, solo si los partidos políticos, en su vida interna se obligan con la democracia y las elecciones limpias, bajo altos estándares de competencia leal y sin trampas, propiciando de esa manera el acceso de los verdaderos ciudadanos a puestos de representación y de gobierno; así y solo así nuestro entorno mejorará. Si no, seguirá el baño de sangre.

@carce55