HUACHICOL, SEGURIDAD INTERNA Y FISCALÍA

Carlos Arce Macías

Como catarata se han venido los temas de interés, en este cierre de año. Durante la presente semana se agolparon importantes cuestiones que reclaman atención. Intentaremos un rápido acercamiento a cada una de ellas.

HUACHICOL.- Es sabido que el crimen organizado ha encontrado en el robo de gasolina, desde los ductos de PEMEX, el producto más rentable, incluso, que el tráfico y distribución de droga. De esa forma, la gasolina robada impacta de manera directa en el baño de sangre que sufre el país, especialmente Guanajuato, en dónde converge un nodo de distribución importante desde la refinería de Salamanca.

PEMEX y autoridades participan en el crimen organizado, de ahí que su calificativo de “organizado”, presupone el contubernio con autoridades. Se trata de la operación de un gran negocio negro, en el que participan personal de la empresa, huachicoleros y gasolineros. Estos últimos, logran enormes ganancias indebidas, al comercializar gasolina robada, que adquieren al 50% del costo y venden al precio general. Resultado: negocio redondo.

El involucramiento de los empresarios ha quedado a la vista, a manera de ejemplo, para enviar un mensaje al gremio, de que ha sido detectada su complicidad con los huachicoleros, y que deben detener su participación o atenerse a las consecuencias.

La estrategia más efectiva para acabar de forma contundente con el desgarriate, es la conformación de un mercado de hidrocaburos funcional, en el que la competencia, inhiba las malas prácticas generadas en el sector. Sin embargo se empiezan a detectar maniobras para evitar dicha competencia, desde el propio PEMEX, discriminando el suministro de gasolinas a las nuevas empresas entrantes al mercado, que han decidido a actuar de manera leal con los consumidores. Por lo pronto, desde la terminal de abastecimiento de Irapuato, se privilegia a las estaciones de servicio que aún detentan la franquicia PEMEX, en detrimento de las gasolineras de grupos empresariales distintos a la corporación estatal, obligándolos a suspender el servicio temporalmente, por causa de desabasto de gasolina, premeditado y doloso.

El combate a la huachicoleada fracasará, si las autoridades no obligan a PEMEX, a cumplir los términos de la reforma energética, con el fin de construir un mercado eficiente de gasolinas, en beneficio de los ciudadanos. ¡Cuidado!

SEGURIDAD INTERNA.- La presión gobernamental para aprobar las incursiones del ejército en las calles en labores que no le corresponden, estalló en los últimos días, forzando la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la nueva Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa, que pasará al Senado, presenta gravísimas deficiencias y contraviene derechos humanos. En el centro del debate, está la habilitación de las fuerzas armadas, para realizar una función para la cual no están preparadas: la seguridad. El encargo del ejercito es la defensa del país, frente a potenciales agresiones externas. Los soldados están entrenados para guerrear y matar enemigos, no para cuidar a los ciudadanos del crimen. Esa acción corresponde a las policías.

Por eso vuelvo a recordar la sentencia del jurisconsulto Ponciano Arriaga, constituyente en 1857: “Cuidar de la paz y seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones  de la autoridad que obra en nombre de la ley; la ley es expresión de la voluntad popular y los funcionarios militares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si  no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles en todos los negocios que no tengan  íntima y directa conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley”.

Mala idea, dotar de condiciones de discrecionalidad al Ejército y a la Marina, para realizar actividades propias de los civiles, la historia documenta el peligro de ubicar a los militares, tan cerca del poder político. Eso no es bueno ni correcto.

Quizás por ello, la mayoría de los diputados federales de Guanajuato, se abstuvieron de votar a favor la perniciosa iniciativa; pero también revelaron la influencia sobre ellos del gobernador del estado, que seguramente envió línea para no votar en contra del proyecto, y así parar la intentona militarizante. Insisto: queda a la vista la sumisión de los representantes populares, que deberían velar, antes que nada,  por los intereses de los ciudadanos, que por respaldar incondicionalmente la línea dictada desde el Ejecutivo estatal. Desnudemos la cuestión: diputados medrosos, sin fuerza propia, que dependen de la designación interna de los partidos, que rompe la dependencia con las bases militantes. A los electores se les prefiere repartir cachuchas, gallinas, tinacos y láminas, a garantizarles buenas leyes. Así estamos.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.- Y hablando de diputados, pasemos a los agobios de nuestros representantes estatales, metidos en un callejón sin salida, por haber fallado en el diseño de una ley fundamental para combatir de manera eficiente y eficaz la corrupción galopante, que coloniza nuestra sociedad.

La reelección hay que ponerla por delante. Se equivocaron, y permitieron el tránsito por el Legislativo, de una mala ley que acota el espacio de elegibilidad para los candidatos a ser fiscales anticorrupción. Solo los funcionarios que se han desempeñado como subprocuradores o ministerios públicos, fraguados dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado y bajo la influencia del “Señor Procurador”, son elegibles para el cargo. Así lo determina la ley.

Bajo la nueva legislación aprobada, se torna imposible, el buen funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados armaron su propia jaula, se metieron en ella, pusieron el candado y están a punto de arrojar la llave fuera de su alcance. Necesitan patear el tablero, ser disruptivos, reconocer a plenitud su equivocación y convertir con ello, en improcesable políticamente el nombramiento del próximo fiscal.

Iniciar una reforma exprés, que modifique las condiciones actuales de elegibilidad, se hace urgente, para evitar pagar, a través de la negativa a su reelección, los costos de sus errores legislativos. Es el precio de la falta de concentración en los temas que son de su ámbito, y en lugar de ello, estar enfocados a la gestoría de obras, construcción de canchas deportivas, giras con el gobernador para inauguraciones y descuentos de casetas de peaje. A quedar bien con el Ejecutivo, pues, en lugar de convertirse en el filtro, que garantice la calidad de la legislación, como lo mandata el sistema republicano.  Ese es el problema, conste que se los advertimos a tiempo.

@carce55

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REELECCIÓN Y GESTORÍA

 

 

Carlos Arce Macías

 La reelección es el mecanismo de los sistemas democráticos, que permite a los ciudadanos ejercer su poder, a través del voto, sobre sus representantes y gobernantes. Los premios y castigos, reelegirlos o expulsarlos del puesto, hacen que el político profesional, no se sitúe en una zona de confort, dependiente solo de la oligarquía partidista que lo ubique en una nueva chamba cada tres o seis años.

En Guanajuato, nuestro congreso se encuentra analizando los detalles del nuevo instrumento, para normar las condiciones de la reelección para diputados y ayuntamientos. Inicialmente empiezan a discutir quiénes sí y quienes no deben de pedir licencia para que la competencia no presente iniquidades.

Quiero señalar de manera directa y sin rodeos, que la gestoría, esa exótica predisposición de los legisladores de asignarse recursos para realizar acciones de reparto de dádivas o trafique de influencias a favor de individuos o grupos, en lugar de solo remitir los asuntos a la autoridad correspondiente, generará problemas muy graves.

A raíz de esto, me viene a la memoria una charla de sobremesa, con el entonces director del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, el doctor Diego Valadés, que lanzaba enfático esta reflexión:

-Si el PAN insiste en establecer la reelección, será necesario prohibir la gestoría a los legisladores. Sin esta condición la contienda será inequitativa, y solo generará reclamos justificados de los demás competidores.

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Basado en ello, desde hace tiempo he advertido sobre la imprudencia de destinar apoyos pecuniarios, aparte de su sueldo, a los diputados, tanto locales como federales, aunque para estos últimos aún no habrá reelección. Y ya se identificaba, en las últimas campañas electorales de 2015, la tergiversación ante los electores, de la función legislativa. Apareció, por ejemplo, en espectaculares un candidato a legislador que prometía, entre retro-excavadoras, la construcción de carreteras. Algunos otros, menos audaces, realizan campañas sanitarias, entrega de materiales de construcción, ayudas a discapacitados etc. Incluso, han aparecido, en coloridas fotos subidas a las redes sociales, repartiendo gallinas entre los agradecidos pobladores de colonias populares. ¡El colmo!

Pero volvamos al tema, sin establecer la prohibición de la gestoría, encaminaremos entre malas mañas, la posibilidad de reelección de legisladores, en un ambiente poco competitivo y desigual. Se debe de insistir en que la condición para recontratarlos en el puesto, debe de ser el enjuiciamiento de su desempeño estrictamente legislativo, esto es, en la construcción y análisis de leyes, la eliminación de ordenamientos innecesarios, la exigencia de una buena planeación y presupuestación, el control del desempeño del los otros poderes (ejecutivo y judicial) y de los municipios, y el seguimiento puntual de las verificaciones que realiza el órgano superior de fiscalización, desde el análisis de la cuenta pública.

Pero además de todo lo anterior, lo más importante, el rescate de la dignidad parlamentaria, más allá de la filiación partidista, para generar la acción republicana trascendente: la división de poderes. Eso es lo que nos debe de interesar a los ciudadanos, no el reparto de despensas, pintura, láminas, tinacos, juguetes, cobijas, etc. Eso no constata ninguna aptitud destacada para maniobrar con virtud las leyes y exigir una rendición de cuentas implacable.

Por lo tanto, si no se acata como premisa fundamental de la reelección de diputados, la prohibición expresa de realizar gestoría, mal comenzarán las andanzas de los actuales diputados, para prefigurar un buen marco normativo para la reelección. Ante esa omisión, no merecerían ser reelectos.

Twitter: @carce55

Artículo publicado el 26 de marzo de 2017 en AM LEÓN.

 

 

¿DIPUTADOS DISTRITALES O FEDERALES?

¿DIPUTADOS DISTRITALES O FEDERALES?

Carlos Arce Macías

 

¿Sabe usted que es un diputado federal y cuáles son sus funciones? Esto lo pregunto, porque el escándalo, fundado y cierto, del manejo discrecional de por lo menos una partida presupuestal federal, y las acusaciones de que se extorsiona a los alcaldes con el fin de que puedan contar con dineros extras del presupuesto, provoca que reflexionemos más sobre el diputado y su función.

 

La palabra diputado viene del latín “deputare”, que significa “el que reflexiona” o bien “el escogido”. Pero también procede del verbo castellano diputar, que significa “escogido o evaluado para representar”. El diputado pues, es aquélla persona que es evaluada, y en una democracia elegida para asumir la función de representarnos. Recordemos que México es una república representativa (Art. 40 de la Constitución).

 

Y resulta muy importante explicar, que de los 500 diputados federales, 300 son elegidos por distritos electorales, pero no representan a los ciudadanos de éstos, sino a la nación entera (art. 51 de la Constitución). Esta sutileza normalmente es ignorada. Todo mundo piensa que el diputado representa a su distrito, y que la representación nacional está fraccionada como si fuese un gran rompecabezas. Pero eso no es así. Hay que poner en claro que la representación de cada diputado es omnicomprensiva, esto es, que representa al todo y no a una parte. Y así debe de ser, porque de otra manera, estaríamos ante una perversa pugna de intereses particulares entre distritos, que desvirtúan la representación nacional.

 

Así, cuando los diputados federales actúan como distritales, la representación nacional naufraga en mezquindades, problemas y situaciones privativas de cada demarcación. Por eso, quién inventó el “Fondo de Pavimentación, Construcción de Espacios Deportivos y Alumbrado Público”, ahora con 10,000 millones de pesos, y lo ató a un anexo en el que se señala cuánto se destinará a cada uno de los municipios seleccionados, hace que los diputados abdiquen a su calidad federal, para circunscribirse solo a una representación provinciana, distrital pues.

 

Por otra parte, los  dineros de ese fondo deberían estar abiertos a los proyectos ejecutivos de cualquier municipio que cumpla con los requisitos técnicos, y no sujetos al arbitrio de un diputado “apoyador”. ¿Qué es eso? ¿A quién demonios se le ocurrió semejante engendro? Huele mal. Es más, maliciosamente podemos afirmar que estamos ante un mecanismo del gobierno para condicionar o comprar el voto de los diputados, y así lograr las importantes reformas por procesar.

 

Machaquemos pues, los diputados no son ejecutivos, ese es un trabajo a cargo del Presidente de la República, los Gobernadores y los Ayuntamientos. Si quieren pavimentar calles, administrar compras, concursos y licitaciones, reponer focos, levantar basura, hacer canchas deportivas, etc., pues que entonces se postulen para cargos ejecutivos y no legislativos.

 

Legislar no es un chiste. La función requiere conocimiento técnico, mucho sentido común y asesorarse de peritos en temas de alta especialidad. Los diputados también tienen a su cargo la fiscalización del Presupuesto Federal, y esa es una labor esencial para que nuestra democracia funcione bien.

 

Por eso, insisto, no debe de permitírseles las gestorías. Esa es una ilegal suplantación de la función ejecutiva, señalada por la propia Constitución para otras autoridades. También puede interpretarse como tráfico de influencias, promoviendo beneficios a favor de quiénes apoyen su carrera política. Dinero público para sostener proyectos políticos particulares. Tomen nota.

 

Lo peor de todo, es que ésta extraña y aberrante conducta de nuestros representantes, proclives más a la gestoría que a sus obligaciones legislativas, agrede a nuestra débil democracia, y cancela la verdadera función de representar bien a la Nación. Ese es el problema.

carlos.arce.macias@gmail.com

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