¿POR QUÉ NO SE VAN?

Carlos Arce Macías

Semana aciaga para los guanajuatenses. Nos atiborramos de malas noticias. La violencia continúa imparable, ahora se expresa también con el descubrimiento de tétricas fosas en Salvatierra y Cortázar, con cerca de 100 cadáveres. Las irregularidades en compras públicas menudean. Adquisiciones amañadas de computadoras y de placas para automóviles. Violaciones flagrantes, a la vera del Congreso estatal de una zona de preservación ecológica para beneficio del suegro del alcalde capitalino… en fin, no paramos.

Muchos muertos…

Pero en contraste, Guanajuato se significa por ser un estado con nula corrupción. La aspiración ilusoria del jefe del ejecutivo federal, aquí se ha hecho realidad. Si no, solo consulte con el fiscal anticorrupción del estado. ¿Sabe cuántos corruptos hay en las cárceles guanajuatenses? ¡Cero! ¡Albricias! En esta noble entidad, hemos erradicado de tajo cualquier deshonestidad de políticos y funcionarios. Puras blancas palomas. Hemos construido el paraíso de la incorruptibilidad.

¿Qué sucede entonces? Algo pasa ante la obviedad de la incongruencia. Una avalancha de hechos terroríficos y trágicos, frente a un panorama jurídico y de persecución del delito, hueco e ineficaz. La gravedad de esta circunstancia nos debe de llamar la atención. Expliquémosla. 

Todo tiene un mismo origen: detentar el poder. La clase política, más allá de cualquier color, debe de continuar prevaleciendo en los cargos públicos a cualquier precio, repito: a cualquier precio. 

A partir del año 2000, el sistema electoral cambió. De la simulación de votos (falsificación de actas e introducción de votos falsos en las urnas), transitamos a la obtención de votos directamente de los ciudadanos. En un ambiente democrático, sería por medio del convencimiento, evaluando la pertinencia de las candidaturas, los programas y propuestas. Pero todo se desvirtuó. La compra de voto a los grupos más vulnerables de la sociedad, nos condujo de la virtud cívica del sufragio, a la perversidad de la compra venta inmoral de votos y la degradación de los ciudadanos, los cuales pierden dignidad. La pobreza no justifica este hecho, hay que decirlo con todas sus letras.Quienes lo hacen y lo propician deberían de estar tras las rejas.

Compra de voto impune

Al poder comprar el voto en las narices de los reguladores de las elecciones: INE, IEG, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, etc., todo el panorama político se trastoca. Las campaña se vuelven carísimas, a tal grado que solo unos cuantos tienen acceso a la participación política, lesionando derechos fundamentales de los que quedan fuera por no contar con sumas millonarias de efectivo. Esto hace que para poder participar, solo lo hagan quienes posean cantidades inmensas de dinero, ya que, o son ciudadanos multimillonarios que pueden darse ese lujo, o bien funcionarios que ocupan posiciones destacadas en la administración pública, y que extraen dinero de los presupuestos públicos mediante contratos simulados, sobreprecios pactados para obtener moches y empresas fantasmas para desviar recursos presupuestales. Es más, las candidaturas, en los partidos se deciden por los fondos que garanticen los precandidatos para captar sufragios vendidos, no por sus capacidades y talentos. Mucho dinero habrá de distribuirse el día de las elecciones. ¡A comprar votos por montón!

Una vez verificado este vergonzoso hecho, es necesario contar con la cobertura de la institución encargada de perseguir estos delitos, que son los mismos que combaten los crímenes violentos . Quienes tienen pactos inconfesables para brindar ese escudo de impunidad, deben de ser ratificados y asegurados en el puesto. De ello depende que exfuncionarios de alto nivel, no acaben con sus huesos en la cárcel.

¿Cuántos corruptos hay en la cárcel en Guanajuato?

Por eso no es de extrañar que todo siga igual en Guanajuato. Los asesinos no son sometidos, las fosas clandestinas aparecen, los funcionarios desleales permanecen impunes y los políticos que se sostienen bajo este sistema, siguen mandando. Por eso no se van… mientras toleremos la compra de votos y no reduzcamos el costo de las campañas electorales. Sencillo.

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RECUENTO Y DECEPCIÓN

Carlos Arce Macías

Comienzo pidiendo una disculpa por utilizar la primera persona en este texto, pero el relato la requiere. Intento describir, desde la experiencia personal, la saga que mi generación ha vivido para lograr la transición democrática que requería Guanajuato y el país.

Mis padres fueron panistas de larga data. Se conocieron en el PAN en 1952. Desde la remota infancia y posteriormente durante mi juventud, los relatos sobre elecciones y los reclamos al autoritarismo del régimen, eran usuales en conversaciones de sobremesa y pláticas familiares. Así me enteré de cómo la firma de mi madre, fue alterada durante la campaña, en Guadalajara del doctor Ramiro González Luna, dándole el triunfo al PRI; al substituir fraudulentamente el acta de la votación distrital.

No olvido el enojo de mi padre, cuando fue representante del PAN en una sección electoral rural, y regresó agraviado porque un grupo de delincuentes llegó a la casilla, pistola en mano y apuntándole, se robaron las urnas en las que aparentemente iba ganando la oposición.

Llegaron los tiempos de universidad, y con ello el reencuentro con Luis Felipe Bravo en la Universidad de Guanajuato. Comenzó la lucha dentro del claustro universitario por acotar la captura de liderazgos estudiantiles para el PRI, hasta desembocar en el movimiento de “Anarquía Feliz”, con el que acabamos las elecciones de “mesas directivas” en la escuela de Derecho. Bravo Mena las calificaba como elecciones“canchancleras”, que debían ser abandonadas por rancias y arcaicas. Ganamos.

En 1988 comenzó la campaña de Manuel Clouthier a la presidencia de la República. Su apasionado discurso y su firmeza, en compañía de un personaje singular, Vicente Fox, me convencieron totalmente de que había que participar en la contienda electoral ayudando a mi partido, el PAN. Allí reencontré a un viejo conocido de la familia, Diego Fernández de Cevallos y conocí a Carlos Castillo Peraza.

Luego arribé a la regiduría del ayuntamiento de Guanajuato, a comenzar la dura lucha local contra la corrupción galopante de la administración municipal, bajo la batuta de un arquitecto que se auto asignaba, descaradamente, obra pública. Al mismo tiempo asumía funciones de asesoría jurídica en el comité estatal del PAN, en apoyo de la temprana campaña de Fox por la gubernatura de Guanajuato. Me tocó enfrentar el desaseo electoral, ver de cerca la operación fraudulenta de la elección, fui testigo de decenas de contiendas electorales municipales, en las que algunos panistas llegaron a abrazarse por muchas horas de las urnas, para evitar así el conteo de boletas ilegales introducidas mediante la técnica del taqueo. Fue una contienda sorda y compleja, que la viví como representante del partido en la Comisión Estatal Electoral. Días continuos sin dormir, armando denuncias electorales, mientras comenzaba la resistencia civil y las marchas multitudinarias hacia la capital del estado, para cercar al tribunal electoral. Después vino la caída del sistema y el interinato de Carlos Medina en Guanajuato.

Ya como diputado estatal, tuvimos que solventar las maquinaciones de 22 diputados priístas contra solo 7 panistas. Con mucha vehemencia defendimos la gestión de Carlos Medina Plascencia contra los bloqueos y ataques parlamentarios, urdidos muchos de ellos desde el propio gobierno estatal. Finalmente nos avocamos a diseñar una propuesta innovadora para realizar elecciones, inspirados en las organizaciones de países como Costa Rica, Uruguay y Chile. Fue una gran iniciativa, construida con cuidado, que merecería una puntual investigación histórica. Tramitamos la aprobación de una nueva ley electoral en intrincadas y difíciles discusiones con la Secretaría de Gobernación al mando de Jorge Carpizo y su asesor principal: Fidel Herrera Beltrán. Después hubo que acudir a pactar con el PRI, liderado por José Francisco Ruiz Massieu. Medina Plascencia lo concreto un día antes del asesinato del destacado político tricolor.

Vinieron luego tiempos memorables con la formación de la Asociación Mexicana de Municipios (AMMAC). La brillante gestión de muchos alcaldes panistas, decididos a terminar con la corrupción local y modernizar sus administraciones, desterrando cualquier posibilidad de moches y deshonestidades. Destacaron Héctor Osuna, Ramón Galindo, Rogelio Sada y el inolvidable Eliseo Martínez. Gran parte del triunfo del 2000 se debió a las buenas y decentes administraciones municipales, iniciadas por Ruffo, Barrio y Medina, y secundadas por otros gobiernos serios y honestos.

En 1995 llegaron las nuevas elecciones para elegir gobernador. Vicente Fox barrió en esa elección, y no se requirió, como en 1991 sustentar una defensa del triunfo de Acción Nacional. No quise incorporarme al gabinete local. Decidí continuar mi labor como director ejecutivo de la asociación de municipios, asesorando jurídicamente al gobernador del estado en consultas puntuales.

Nuestra llegada a la LVII legislatura federal, en 1997 marcó un hito histórico. Por primera vez el PRI perdió parte de su poder, al dejar de tener el control del presupuesto. Hubo muchos problemas para coordinarnos como oposición y lograr darle gobernabilidad a un gobierno seriamente herido. Propusimos entonces reformas para profundizar al federalismo y al municipalismo con la creación, a solicitud de Medina Plascencia del famoso ramo 33 del presupuesto federal. Tuvimos también que pasar tragos amargos y aprobar el FOBAPROA. Descubríamos que en los gobiernos hay más momentos malos que buenos.

En el año 2000 terminó mi participación en la política guanajuatense. También abandoné las actividades en áreas políticas para dedicarme a aprender cuestiones de derecho y regulación que solo pueden ser comprendidas en ciertas zonas de la administración pública federal. Siempre me he conducido con congruencia y manteniendo mi convicción por los ideales que enmarcan la actuación panista. Trabajo actualmente para solventar mis necesidades familiares, no me hice rico durante mi desempeño en la administración pública. Mi orgullo y el de mi familia son la honradez y el esfuerzo realizado para servir al país.

Este es solo el recuento de los afanes personales para lograr un mejor gobierno, pero habría que multiplicarlo por miles de personas que sacrificaron tiempo familiar, dinero, esfuerzos y conocimiento por imponer la democracia en Guanajuato, hacer efectiva la separación de poderes y la representación política de los ciudadanos.

Por lo anterior, resulta profundamente decepcionante ser testigo de la conducta de los actuales diputados estatales panistas, en uno de los eventos más vergonzosos que he contemplado durante mi larga vida política: la comparecencia ante el Congreso del Estado del Fiscal General. Las loas, los apoyos, las delicadas salutaciones y el embeleso utilizado para dirigirse al “Señor”, dan nausea, su apoyo, vómito. Mientras, 31 guanajuatenses eran acribillados en las últimas horas. Sangre.

Única pregunta a contestar: ¿Sus resultados?

LA HORA DE LOS DIPUTADOS

Carlos Arce Macías

 

Este mes se cumple un año de la ratificación en el Congreso del Estado, gracias a los votos del grupo parlamentario del PAN, del Fiscal General, Carlos Zamarripa. Hoy, luego de doce meses con cifras brutales de homicidio que alcanzaron los 4494 asesinatos (Reportaje de la BBC), incluyendo a 390 víctimas menores de edad, y con un inicio de 2020 de 453 muertes violentas, las cifras son indicativas de un desempeño nefasto. 

 

Por eso, no debemos olvidar las declaraciones, respecto al respaldo a la ratificación del fiscal, que expresó el diputado Miguel Salim en febrero de 2019: “…no es un cheque en blanco, que quede bien claro, ya lo platicamos con el gobernador y quedó perfectamente claro, que se va a estar evaluando el trabajo de Zamarripa, si el señor no da resultados los primeros en levantar la voz, vamos a ser los diputados… El grupo Parlamentario del PAN no ha dado una fecha fatal, pero yo en lo personal, yo como Miguel Salim creo que un año es más que suficiente para dar resultados”. Ese año ya se cumplió.

 

La declaración ha quedado, hasta ahora, en el aire, todo sigue igual, salvo el crecimiento desbordado de la violencia en la entidad. Parecería que los encargados estatales cumplen sus encomiendas puntualmente, generando resultados positivos. Los diputados que conforman la fracción mayoritaria, duermen plácidamente el sueño de los justos, sin responsabilizarse por su funesto nombramiento.

 

Ahora mismo en el recinto legislativo del estado, se procesa una Ley de Desaparición Forzada y una Ley de Víctimas, síntoma inequívoco del deterioro de nuestra paz pública. No hay un solo dato que indique que las cosas mejoren. El desconcierto y terror, especialmente en la zona de Celaya, Salamanca e Irapuato, resulta insoportable para los habitantes de esas locaciones. Los diarios dan cuenta, cada día, de baleados, embolsados, descuartizados y decapitados, esparcidos por calles, carreteras, brechas y terrenos baldíos.

 

La queja del gobierno federal, a través de su secretaria de Gobernación, la abogada Sánchez Cordero, no puede ser más clara, luego de presentarle a nuestro gobernador  “información de inteligencia” que él se niega a aceptar. En las corporaciones federales, no hay confianza en el actuar de las instancias estatales de Seguridad Pública y Fiscalía. ¿No lo entienden o no lo quieren entender?

 

Y los diputados responsables de haber nombrado al actual Fiscal, continúan apaciblemente en sus curules, en tanto Guanajuato se hunde en una violencia imparable. Es hora de que afronten su responsabilidad, de que presenten el cheque, que dijeron que no era en blanco y que le extendieron al Fiscal, y lo llamen de inmediato a cuentas, no en espacios privados, sino en una audiencia en la que se le enfrente con dureza y seriedad y se le exijan explicaciones sobre la problemática mortal que nos acosa. Tenemos derecho a ello.

 

La ventaja que hoy tiene la ciudadanía, especialmente la de las ciudades más golpeadas por la delincuencia, es- ¡oh ironía!- una ratificación exactamente igual a la que la fracción mayoritaria le obsequió a Zamarripa; pero esta vez respecto a cada diputado estatal. Es la ratificación para que continúen representando a los ciudadanos, y se llama técnicamente “posibilidad de reelección”. 

 

Del cumplimiento a su compromiso irrenunciable, puesto que la Fiscalía General del Estado es ya un órgano autónomo, son ellos, y solo ellos, quienes deben exigir la rendición de cuentas del Fiscal por su fracasada gestión. Si no lo hacen, la ratificación ciudadana, en el proceso electoral del 2021, debe de meditarse a fondo. La temeraria imprudencia de ratificación, no obstante el mal desempeño en sus funciones, que ya presentaba el viejo procurador, debe de ser cobrada por los guanajuatenses. Habrá que negarles su ratificación (reelección) a los actuales diputados que lo sostengan. Solo así entenderán nuestros políticos.

 

No hay otro camino, hay que hacerlos pagar el costo de preferir cumplir las instrucciones de un tenebroso jefe político estatal, ya sin cargo público alguno, que mantiene el compromiso de sostener a Zamarripa en el cargo de Fiscal, cueste lo que cueste. Solo obscuros pensamientos pueden justificar su proceder. Y allá ellos, los serviles diputados que deberán perder su preciada reelección, si los ciudadanos actúan en congruencia. Solo a eso le temen.

FALSOS TESTIMONIOS

Carlos Arce Macías

 

“La justicia es la verdad en acción”

Joseph Joubert

Moralista francés  

 

Hay diferencias radicales entre la política y el sistema de justicia. Como lo verificamos a diario, para la actual política nacional, la consciencia de la verdad es totalmente ociosa, resulta un chiste. Nuestro presidente nos ha mostrado, hasta el hartazgo, la forma de mentir sin recato alguno, lanzando al aire cifras increíbles, hechos no constatados, historias falsas y acusaciones difamatorias. La verdad ha sido expulsada de la realidad política. Y como nadie la exige, ni los ciudadanos la castigan, se continúa la propagación al infinito de la falacia. ¡Viva la mentira!

 

Pero todo cambia cuando se trata de la materia de justicia, en donde operan dos componentes muy importantes:

 

o El aparato de investigación y persecución de los delitos, perteneciente al Poder Ejecutivo.  

o Y el mecanismo de evaluación de las personas sujetas a proceso, para juzgarlas y sentenciarlas, asignando, en su caso, castigos y penas. Esta función se realiza desde el Poder Judicial.

 

En el ámbito de la justicia, la materia prima, es el conocimiento de la verdad. Nada mas lesivo para este componente gubernamental, que el intento de manipular o alterar la verdad. Por eso las leyes previenen y sancionan el perjurio, la falsedad sostenida en un proceso, cuando se ha jurado hablar con veracidad.

 

Por esa razón los abogados, los testigos, los inculpados, los jueces, la policía, los investigadores, los peritos y especialmente los fiscales, son esclavos de la verdad. Mal hará aquél funcionario que falsee hechos o mienta, porque estará fracturando la confianza en la justicia, y con ello, provocando serios y profundos daños a la operación del Estado a favor de la sociedad.

 

Durante la semana pasada, en el programa televisivo del politólogo Leo Zuckermann, “La hora de Opinar”, se presentó una entrevista con Eduardo Guerrero, especialista en Seguridad Pública. En el programa, el famoso consultor explicó como, desde la clasificación de homicidios, se alteran a la baja las cifras de los homicidios dolosos, para incluirlos como homicidios culposos cometidos “con otro elemento”. Se trata de una nueva categoría, totalmente tramposa, utilizada para encubrir la verdadera cifra de homicidios dolosos. La mala noticia para los guanajuatenses es que el estado que más recurre a esta perniciosa práctica es el nuestro. Solamente entre enero y febrero, clasificó como culposos 140 homicidios que deberían estar cargados a la cuenta de los asesinatos realizados con dolo. Así los datos generados por la Fiscalía General del Estado, intentan alterar la percepción de la realidad del crimen en el estado. Tratan de engañarnos, apuestan por la mentira y traicionan la verdad.

 

Como hemos dicho, la naturaleza de los funcionarios que laboran en las áreas dedicadas a la justicia, deben de estar dotados de un temple especial, acrisolados en un compromiso total con la verdad. Por ello, un Fiscal General del Estado, que miente y altera los datos de delitos, traiciona su naturaleza y pierde, ipso facto, la confianza depositada en él. ¿Cómo podemos confiar en un procurador que miente, y asegurarnos que no ha obtenido testimonios bajo tortura o que no falsifica hechos para consignar a inocentes como chivos expiatorios? 

 

Una sociedad no es digna de un Fiscal que haya mentido, aún cuando se trate “solo” de la estadística criminal. Se convierte en un gigante con pies de barro. Se desplomará llevándose consigo a quienes en él confiaron y le otorgaron su voto temerariamente. Triste futuro le espera a Guanajuato con un funcionario mendaz.

 

Pero hay más. Pop Lab, una instancia periodística recientemente creada, publicó el resumen de un interesante estudio del investigador de la Universidad Iberoamericana de León, Fabrizio Lorusso, especializado en temas criminales y policiacos, focalizado en Guanajuato. Los cuadros estadísticos muestran el drama delincuencial de la entidad, originado por la pésima administración en materia de seguridad del anterior gobernador. Irresponsable y descuidado, decidió apostar por una brutal  y criminal militarización de la entidad, bajo la advertencia de académicos, que le previnieron sobre la proliferación de la violencia ante la intervención de las fuerzas militares. Allí donde están los soldados es precisamente donde el zafarrancho ha sido más sangriento.

 

Mientras construía cuarteles, la policía languidecía. En el “Índice de Paz”, desde 2015, Guanajuato decreció hasta ocupar el lugar 27 entre las 32 entidades federativas. Para 2017, el estado contaba con 43.5 policías por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 176. En agencias del ministerio público, la entidad solo opera 1.82 agencias/100mil en Guanajuato, cuando el promedio nacional es de 3.53. 

 

Pero retornemos a la trampa de los homicidios cometidos con dolo, disfrazados de culposos “por otro elemento”. Según el estudio de Lorusso entre enero y mayo, Guanajuato ha enmascarado ¡451 homicidios dolosos como culposos! El Fiscal por cinco ocasiones consecutivas, ha rendido falsos testimoniosestadístico, trocando la verdad por mentira, para presentar un panorama decreciente de homicidios dolosos. Hay que denunciarlo con contundencia: el actual Fiscal no merece estar donde está, miente. A Guanajuato le urge otro Fiscal.

IMAGINEMOS

Carlos Arce Macías

 

 Si el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo persiste en su afán de entronizar a Carlos Zamarripa como Fiscal General del estado, habrá acabado anticipadamente con su gobierno y con el PAN como primera fuerza estatal. Llamo a sus consejeros áulicos a intervenir para evitar esa torpeza monumental, y aconsejarle que desista de la suicida empresa.

 

El nombramiento de Zamarripa es hoy, la pieza clave de la política estatal. Innecesariamente, el joven gobernador, transitó despreocupadamente hacia un callejón sin salida. Ensoberbecido, quizás, por la victoria, sabiéndose al igual que López Obrador, dueño de una mayoría parlamentaria, decidió cumplir las promesas de designación. Me refiero claro, no a la promesas de campaña, sino a las que se comprometió con su solitario elector. Recordemos que no hubo proceso de selección interno y todo quedó decidido a dedo.

 

Ahora el Ejecutivo está sitiado, y con él su partido, sus alcaldes y sus diputados. Nada más angustiante en estos momentos, salvo quien tenga piel muy gruesa y sea presa del descaro total, que ser diputado estatal del PAN, y tener que votar por consigna una designación aberrante. Los compadezco, especialmente a algunas parlamentarias que me parecen juiciosas e inteligentes, y que serían merecedoras de mejor destino.

 

Acción Nacional se ha quedado solo. Los partidos políticos que pudieran ser sus aliados, saben del enorme costo que acarreará el próximo nombramiento en términos electorales. Los grupos empresariales, tanto CCE como COPARMEX, han descalificado, de plano, al candidato a  fiscal. Hay alcaldes de importantes ciudades, claramente molestos con la designación. Los medios estatales más influyentes entienden lo que se juega en esta mano, y no respaldan la voluntad gubernamental. Diego está solo.

 

Supongamos que ya se hubiese realizado la nominación. La lectura del hecho sería avasalladora: Sinhué no gobierna Guanajuato, el estado se ha convertido en una suerte de maximato al estilo de Plutarco Elías Calles. Recordemos el sonoro verso de aquella época: “Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente”. Esto, en las condiciones políticas actuales, significa la entrega del estado a Morena en la próxima elección. Así de claro. Porque ya no habrá un verdadero gobernador.

 

Profundicemos más. Si Zamarripa es el hombre del ex gobernador, si va a ser autónomo, si su periodo rebasará la gestión de Rodríguez Vallejo, si este gastó todo su magro capital político en posicionarlo como Fiscal, luego: ¿quién será el hombre fuerte de Guanajuato? La respuesta es obvia: el de enfrente, y su personero el Fiscal. El gobernador quedará en el tercer nivel jerárquico.

 

Ataquemos ahora el historial que deja tras de sí Zamarripa. Aceptando el apoderamiento por las bandas huachicoleras, de las zonas y ciudades  estratégicas del robo de combustible, en las narices del actual procurador, debemos también enlistar los sucesos de violación de derechos humanos e intento de encubrimientos de policías, que ha enumerado minuciosamente el periodista Arnoldo Cuéllar, en un video que ha causado estupor entre muchos guanajuatenses, para rematar en la improcedencia absoluta del nombramiento. 

 

Pero también enfrentamos un problema de tipo político muy grave. Al carecer de un verdadero fiscal autónomo decidido a combatir la corrupción, el gobierno de Guanajuato no se modernizará, continuará con sus viejas corruptelas, permitiendo el desvío de recursos públicos para intentar ganar elecciones. Exactamente lo que los mexicanos han reprobado en la última elección, en lo que se ha denominado peyorativamente como el PRIAN. Para funcionar dentro de ese esquema fueron muy eficaces los últimos dos ex gobernadores, resaltando el obsecuente trato que durante el último sexenio se le otorgó al corrupto de Enrique Peña Nieto. En ese gobierno federal, el último ex gobernador encontró su zona de confort, mientras un gallo irapuatense cantaba su potente quiquiriquí.

 

Una fiscalía que sirva, es una pieza fundamental para lograr la evolución de la administración pública estatal, porque la condiciona a cambiar, innovarse y a actuar con honestidad. Solo así se rompe el “pacto de impunidad”, que es el mecanismo perverso que nos ha conducido al populismo ramplón. Si los corruptos acaban encarcelados, el gobierno mejorará sin necesidad de transitar por las brechas populistas que hoy amargan nuestras mañanas.

 

Piensen, si este procurador guanajuatense, hoy futuro fiscal, hubiese actuado con probidad y celo profesional en enero de 2012, hubiera cambiado el rumbo de la historia para el PAN y quizás para México. Como un perro de caza en busca de delincuentes, al escuchar el audio presentado por el periódico AM, en el que el ingenuo alcalde celayense consultaba con parte de su cabildo sobre el “moche” que deberían de entregar a los conspicuos diputados federales que les habían “bajado recursos” (ya sabemos de quién se trataba), debería haber abierto, de inmediato,  una investigación sobre esos hechos, que habría descubierto los trafiques que desde la LXII Legislatura Federal se llevaban a cabo en todo el territorio nacional, pero especialmente con los municipios de Guanajuato. Los dirigentes panistas y priístas hubieran quedado al desnudo, y el PRIAN no se habría consolidado. Anaya estaría liquidado y San Miguel de Allende tendría otro alcalde que no intentara hacer negocio con los parquímetros. ¿Ven por qué es importante un buen fiscal y el cambio que significaría para la salud del gobierno?

 

Pero demos un vuelco al editorial. Imaginemos lo bonito que sería, que de pronto, el gobernador dejara atrás las acechanzas y temores que lo acosan, y decidiera gobernar el estado y retirar la postulación de Zamarripa, para entregar el puesto de fiscal a un hombre justo y competente. Todo a solicitud de sus propios diputados, que se resistieran, como dilectos representantes de los guanajuatenses, a procesar el requerimiento del Ejecutivo. Imaginemos entonces como, de un plumazo, tendríamos un Congreso digno y un gobernador acotado, dispuesto a ceñirse a las disposiciones constitucionales. Los principios republicanos, comenzarían a funcionar.

 

También soñemos con que el nuevo fiscal recibiera regularmente denuncias basadas en los resultados de auditorías técnicamente sustentadas, que evitarían los gobiernos-botín que sangran, impunemente,  a los municipios. Los primeros miembros del ayuntamiento sujetos a proceso, servirán de ejemplo para evitar la rapiña de los malos servidores públicos. 

 

Imaginemos un Poder Judicial que procesa, sin importar el rango político, a los acusados de peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad, pulverizando el “pacto de impunidad”. Veríamos gobiernos que retomen sus más nobles ideales y principios, convirtiendo en una realidad el bien común. Atrevámonos a imaginar un gobierno que hace las cosas bien.

 

Ojalá Diego sea valiente y lo intente. Tic, tac…

@carce55

 

 

ANTICORRUPCIÓN, GRAN ESTRENO

Carlos Arce Macías
 Esta semana ha entrado en vigor la nueva normatividad estatal, para iniciar la puesta en marcha del sistema guanajuatense anticorrupción. El poder legislativo, identificó a partir de la reforma nacional, los dispositivos legales que debían ser reformados, así como el diseño de una nueva legislación, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Hecho el trabajo, adoptando una posición conservadora, y evitando innovaciones que posicionaran al estado más allá de lo que la reforma central aconsejaba, ha llegado el momento de accionar las reglas recién expedidas.

 El reto no es sencillo. Se trata de combatir uno de los sistemas mejor aceitados y coordinados que resquebraja a la sociedad mexicana: la corrupción. El mecanismo funciona como relojito, prácticamente en todos los rincones del país, y alcanza los diversos ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos comunes, se ven inmersos en esta práctica degradante, día a día.

 Precisamente por esas razones, el desarrollo e implementación de los órganos anticorrupción deben estar bajo el escrutinio social, para identificar de inmediato cualquier desvío de los fines que se les ha encargado cumplir. La arquitectura legal que se escogió, resulta muy barroca, plagada de comités y comisiones, necesitados de una puntual coordinación, en la que conviven ciudadanos y funcionarios. No estará fácil la tarea, si no se cuenta con una certidumbre común a todos: la voluntad de combatir la maldición que vive el país, llamada corrupción, tope donde tope, y descartando cualquier indicio de impunidad.

 La labor es titánica, y mas, si no se ha cumplido con la designación del fiscal anticorrupción, como es el caso, la única pieza del sistema, cuya función depende de un solo individuo. Este es el personaje encargado de poner a los corruptos tras las rejas. Y vale prevenir, resultaría impensable mantener al actual director general de la persecución de delitos cometidos por servidores públicos, cuyo gris perfil, se encuentra muy lejos de asemejarse a un feroz cancerbero, implacable persecutor de corruptos, que es lo que ahora necesitamos.

 Paradójicamente, el destino parece cebarse sobre Guanajuato. Si no fuera suficiente el desafío constructivo que impone la reforma aprobada, precisamente al iniciar su vigencia, se producen dos casos paradigmáticos en cuestión de corrupción: la develación periodística de que el secretario estatal de Desarrollo Social y Humano, hacía mal uso de los recursos a su disposición, para promover su candidatura a gobernador; y el de un funcionario de la secretaría de Desarrollo Económico, que desde hace tiempo, pactaba el pago de “moches” con los beneficiarios de apoyos federales, tramitados por la secretaría en cuestión.

 El primer caso, presenta enormes complejidades, sobre todo de índole político, tanto para el ejecutivo estatal, como para todo su equipo. La delación periodística provocó la inmediata separación del cargo del implicado, así como de parte de su grupo promotor. Y si no estuviera de estreno el sistema anticorrupción, las cosas no pasarían de tener esas someras consecuencias. Más ahora, la investigación sobre los hechos debe de ir a fondo, si no se quiere evidenciar la falta de voluntad para combatir la corrupción, convirtiendo de inicio, la propuesta de anticorrupción guanajuatense en una deplorable caricatura.

 La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, es la encargada de recabar los datos del hecho denunciado, de manera puntual y meticulosa por el diario AM de León. Hay identificación de participantes, fotos de los autos oficiales utilizados, número de involucrados y testimonios del modus operandi de los encuestadores para promover al secretario involucrado. Seguramente, -ni nos atrevemos a dudar-, se ha llamado a testificar a los reporteros y se han solicitado mas videos, fotografías y detalles del evento, incluyendo la declaración del ahora ex secretario y sus ad láteres. La investigación debe de contener los relatos referentes a los hechos, de las autoridades municipales y sus respectivas contralorías, sobre la participación de diversos funcionarios locales, de los cuales no se entiende su involucramiento en el levantamiento de una supuesta encuesta en Celaya. Integrar al expediente la opinión del propio secretario de gobierno, sobre la participación de un subsecretario y funcionarios de esa dependencia, esto será vital para la indagatoria de la Secretaría de la Transparencia. De toda esta evidencia, y si se comprueban los hechos publicados por el diario leonés, se deberá rendir parte al Tribunal Administrativo para que imponga las sanciones administrativas correspondientes, a la vez que se haga la denuncia de carácter penal, a fin de que un nuevo fiscal, agresivamente inquisitivo, capaz y de profunda convicción anticorruptiva, inicie la cacería de los presuntos culpables de delitos contra la administración pública. Si se manda esta clara señal, quisiéramos ver quién será el temerario funcionario que en el futuro ose utilizar los presupuestos de los guanajuatenses para fabricarse una candidatura.

 El otro asunto, pone en la mira del nuevo sistema, la vieja maña del “moche”, tan utilizada por los diputados federales de la LXII Legislatura, de un sinnúmero de constructores, así como de funcionarios públicos, convertidos en facilitadores de trámites en colusión con empresarios. La ocasión se pinta propicia para que el novel mecanismo, ponga coto a la perversa utilización de esta mala maña. De nuevo, la exigencia de una verdadera investigación, deberá aclarar no solo la culpabilidad del funcionario acusado, sino de la posible existencia de una red de complicidades, y por primera vez, incoar a los particulares, beneficiarios de la tranza, en la causa penal que se inicie, luego de la necesaria investigación, a fondo, de la Secretaría de la Transparencia.

 En conclusión, el nuevo sistema anticorrupción, no puede debutar sembrando dudas. No hay espacio para investigaciones laxas, desganadas y superficiales, realizadas solo para solventar una dolosa impunidad, en beneficio de funcionarios “amigos”. Los romanos tenían una frase durísima: “fiat iustitia et ruat caelum” (hágase justicia, aunque se caiga cielo); así debe de ser el estreno de la política pública de anticorrupción en Guanajuato, ir hasta el fondo de los casos, “aunque se caiga el cielo”.

@carce55