JUÁREZ, ¿AUSTERIDAD REPUBLICANA?

Carlos Arce Macías

 

Quién usa la historia para apoyar y difundir sus ideas, continuamente la distorsiona, dolosamente, con la finalidad de forzar los hechos, para sustentar sus dichos. 

 

En el nuevo gobierno, el presidente ha puesto de moda la “austeridad republicana” juarista, como ejemplo de comportamiento frugal, exento de lujos y frivolidades. En contraste con la monarquía, la república siempre presenta una digna sobriedad, necesaria para destacar una menor diferencia entre los miembros de la sociedad. Todo debe de corresponder a una virtuosa moderación, olvidándose de los destellos dorados del rococó o las fastuosidades versallescas. 

 

El prototipo de ese gobierno, ha sido Don Benito Juárez García, presidente de México entre 1858 y 1872. Hombre de gran inteligencia, cultivado en el estudio del Derecho, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en un ambiente liberal, tuvo una fulgurante carrera política, hasta encumbrarse en la silla presidencial. Fue, sin duda, la figura más emblemática de la segunda parte del siglo XIX mexicano. A él debemos la modernización del Estado, a través de la institucionalización del Estado laico.

 

Su vida fue una aventura sin cuartel. Fue gobernador de Oaxaca, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Ministro de Gobernación, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Inmerso en la Guerra de Reforma, capitaneó después el gobierno republicano que le hizo frente al Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. A partir de la restauración de la República, gobernó con poderes especiales y sin contrapesos. La muerte lo sorprendió en Palacio Nacional el 18 de julio de 1872.

 

En 1852, Juárez, siendo gobernador de Oaxaca, pronuncia un célebre discurso ante la X Legislatura de ese estado, en el que advierte: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo,  disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

 

La alocución resulta, al día de hoy, inspiradora. Recapacitemos sobre esta parte del discurso: pondera el sistema federal, punto culminante del liberalismo de esos momentos; la responsabilidad de los funcionarios públicos, lo que constituye la simiente de un gobierno profesional; la prohibición a gobernar por impulsos y bajo la sombra de una “voluntad caprichosa”; el gobierno debe de circunscribirse a la ley; en el gobierno no se hacen negocios, generadores de fortunas; evitar el ocio y la disipación; estar dispuestos, los funcionarios, a vivir en “la honrada medianía”.

 

Sorprendentemente, gran parte del texto anterior es aplicable a las desviaciones del juarismo que sufre el actual presidente de México, tan desapegado al federalismo y propenso a centralizar todo, a olvidarse de la responsabilidad decidiendo cuestiones torales por voluntad caprichosa, evidenciando poco apego a los textos legales, propiciando fortunas a través de la entrega de contratos por asignación directa, propiciando una política de austeridad republicana basada en una malinterpretada “honrada medianía”, depredadora del talento gubernamental que se requiere para consolidar un gobierno eficiente y eficaz.

 

Pues bien. ¿Cuál era esa honrada medianía con la que vivía Don Benito? De acuerdo al historiador José Manuel Villalpando, fundamentado en la obra “Documentos, discursos y correspondencia, selección y notas”, de Jorge L. Tamayo (Secretaría del Patrimonio Nacional, México 1967), ¡sorpréndase! Juárez percibía como presidente $2,500 pesos mensuales netos. Esta cantidad corresponde a 83 pesos al día, mientras un trabajador, en esa época ganaba 50 centavos por jornada. Un equivalente actual a casi $17,000 pesos diarios si equiparamos la jornada con el salario mínimo por día. Así la suma mensual que percibía el “Benemérito de las Américas”, correspondía más o menos a $507,000 pesos de hoy. Esa era la “honrada medianía” de Juárez.

 

El insigne presidente, siempre cobró su sueldo durante los 14 años en que se desempeñó a cargo del ejecutivo, aunque algunas veces, con retraso. Considerado con la Patria, se autoimpuso un Decreto de Austeridad en la que se bajó el sueldo de $36,000 a solo $30,000 pesos anuales.

 

Fue propietario de cuatro importantes viviendas en la Ciudad de México y una en Oaxaca. Feliz poseedor de una moderna calesa, $4,470 pesos (Casi un millón actual) en acciones mineras y $20,000 (Cuatro millones) en inversiones en la Casa Merodio y Vázquez. Cuando murió, en el cajón de su buró, guardaba $500 pesos, el equivalente a más de $100,000 pesos de hoy, para cubrir cualquier imprevisto. 

 

Saquemos pues conclusiones. Don Benito Juárez, ícono inspirador del presidente López Obrador, fue una figura descollante de su época. Se labró en el estudio y fue miembro de una super élite de su tiempo, que aprendió una profesión: la abogacía, a muy alto nivel. Fue ferviente creyente en el Estado de Derecho. Consideraba sagrada la ley. Tuvo muy clara la necesidad de separar al gobierno de la religión, nunca transigió en ello, salvo por la petición en el lecho de muerte, de su esposa Margarita, para que permitiera que sus hijas se casaran por la Iglesia. Hay testimonio de su honradez y rectitud. Se ajustó a vivir con su frugal sueldo de presidente equivalente a 507 mil pesos mensuales de hoy. Más que el de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia, tan vilipendiados por el propio Ejecutivo Federal.

 

 

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PESADILLA GUANAJUATENSE

Carlos Arce Macías

 

Toda una revelación mediática ha resultado el nuevo alcalde de Guanajuato Capital. Sus recientes declaraciones han corrido por todas las redes sociales, llegando a los noticieros más importantes de la televisión mexicana. El bochornoso mensaje reclamando mayor derrama económica a los turistas que visitan la ciudad patrimonio de la humanidad, y en contraste sugiriendo la exclusión de aquellos paseantes que por su condición económica no gastan lo que a los comerciantes locales les gustaría, constituye un claro acto discriminatorio, que necesita ser reconvenido.

 

Pero también debe de ser evaluado el golpe mediático que su partido ha recibido. En la línea de las desgracias, en el momento más inoportuno, cuando el Partido Acción Nacional se encuentra inmerso en la fractura más profunda que haya sufrido, con sus dos ex presidentes de la República fuera de sus filas, grupos importantes y organizados de panistas renunciando a su militancia, desconocida la legitimidad de su proceso interno por los contendientes derrotados, sumadando también la carga de entregar la coordinación del Senado al tenebroso Rafael Moreno Valle, el miembro del PAN menos panista y más priísta de todos los integrantes de esa bancada; se da el salto a la palestra del bufón guanajuatense, provocador de la chacota en todos los medios, propiciando para su partido el más atroz de los ridículos. Como dice el viejo refrán: “estábamos mal y parió la abuela”.

 

Sin embargo, estos hechos que rematan en comedia y guerra de pastelazos, nos conducen, a otra circunstancia que nos aleja del chiste y nos sumerge en un verdadero drama, serio y profundo: la ratificación de un procurador con las manos manchadas de sangre, como próximo Fiscal General del Estado de Guanajuato. Esto elimina las carcajadas provocadas por las decenas de memes sobre el alcalde elitista, para ensombrecer el rostro a cualquiera, pero especialmente a los ciudadanos guanajuatenses.

 

Este tema pone en jaque al PAN y su congruencia política. Mientras en la Cámara de los diputados Juan Carlos Romero Hicks se desgañita reclamando y resistiendo la imposición de un fiscal a modo por parte de los morenistas; desparpajado, el novel gobernador guanajuatense, envía la solicitud de nombramiento para el funcionario más desacreditado de la anterior administración estatal. Inaudito.

 

No hay forma racional de solventar la pertinencia de la nominación. Asesinatos por doquier, ciudades, como Celaya, Salamanca e Irapuato en vilo. Toque de queda de facto, en donde los ciudadanos saben del peligro que se corre al salir por las noches de su casa. En Celaya, por ejemplo, muchos ven pasar en indiscretas y ostentosas caravanas, a los líderes de la delincuencia organizada, pero el procurador nunca los ha podido ubicar.

Utilizando argumentos amañados, el gobernador guanajuatense ha comunicado a su partido a nivel nacional, que el desempeño de su procurador es de presumirse. Que el baño de sangre que se vive en Guanajuato, realmente se debe al “delito federal”. Sospechosamente, se evidencia el mismo argumento sustentado constantemente por el ex gobernador Miguel Márquez, poco avezado en las artes del derecho. Y al sostener, contra viento y marea la ratificación del actual procurador como fiscal, para los próximos nueve años, Diego Rodríguez liquidará la carrera política de “sus” diputados. ¿Qué ciudadano en su sano juicio, votará por la reelección de un representante que se prestó a una nominación abyecta, como la que se propone? Automáticamente están fulminando el capital político de la bancada del PAN en el congreso local, les están acabando su futuro. Pero si la sumisión y el pasmo es su respuesta, allá ellos. 

 

Y todo este trágico sainete, ocurre precisamente cuando el candidato a convertirse en “amo de México”, se encuentra a punto de asumir el poder, y los vapuleados partidos de oposición deberían mostrar congruencia, unidad e inteligencia. En su lugar el panismo exhibe sus peores desfiguros, exactamente en el territorio en el que debería convertirse en contra punto de López Obrador. Todo por encubrir al ex gobernador.

 

Por lo pronto, Acción Nacional ha perdido la brújula, la extravió en Guanajuato. Mientras en Jalisco, con dignidad, el gobernador Enrique Alfaro, planta cara al nuevo tlatoani, y lo reta a no romper las delicadas reglas constitucionales que sustentan al sistema federal. Las figuras señeras de Valentín Gómez Farías y Prisciliano Sánchez, engalanan su discurso. 

 

Vemos como se ensancha la brecha entre la potencia política de dos gobernadores. El guanajuatense de inmediato reacciona acomodaticiamente, para intentar no controvertir a López Obrador. Afirma que todo irá bien, que le respetarán su lugar de entes coordinados en el tema de seguridad.

 

En tanto Alfaro reacciona, exige, y postula con convicción las tesis clásicas del federalismo, su titubeante gobernador vecino, calla y obedece los designios planteados desde Tenochtitlán. Mientras, el PAN exhibe sin inhibición su incongruencia al entronizar a un fiscal carnal en Guanajuato, a la vez que es ridiculizado en todo México, por la inaudita torpeza declarativa de su alcalde discriminador. De pesadilla.  

@carce55

 

¿DIEGO Y SU JEFE?

Carlos Arce Macías

Durante el Porfiriato, el dictador mexicano enviaba “jefes políticos” a diversas localidades y regiones, de conformidad con su criterio y el del gobernador que él mismo había impuesto. No había conflicto por la decisión.

En realidad, la figura de jefe político no procede de Don Porfirio Díaz, sino va más atrás, a la Constitución de Cádiz de 1812, donde se dibuja la forma del “Jefe Superior”, para hacerse encargo del gobierno de las provincias. A raíz de la promulgación de la Constitución, se aprobaron varios decretos, entre ellos el de 23 de junio de 1813 en el que se definía el gobierno provincial y su figura principal: el jefe político.

Ahora, por la concentración de poder en la Presidencia de la República, como resultado de la reciente elección del 1 de julio, López Obrador ha decidido establecer un sistema de Jefes Políticos denominados elegantemente “Coordinadores Estatales” que representarán al Ejecutivo Federal y determinarán inversiones y acciones federales con los gobernadores de cada entidad. De cara al anuncio, no ha habido, salvo en el caso del gobernador electo de Jalisco, ninguna reacción de reclamo, motivada por tamaña noticia. Solo silencio.

El golpe ha sido seco sobre la faz de los ejecutivos estatales. Temerosos luego de haberse producido varios casos de ejecutivos mega corruptos y autoritarios, nadie se atreve a alzar la voz. La CONAGO, ese instrumento de los gobernadores para presentar un frente común ante la Federación, está debilitada y desarticulada. Salvo el gobernador de Chihuahua, que sin temor ha enfrentado reiteradamente al presidente, todos los demás se han convertido en un puñado de políticos timoratos, rendidos ante los designios del futuro sátrapa. Así tendrán la consciencia.

Y es que por sus fragilidades éticas y de gobierno, no desean enfrentar una decisión política de gran calado, que perturbará profundamente el Pacto Federal. El jefe político  de la constitución gaditana, era un instrumento para una forma de Estado centralista, concentradora del poder en un territorio unitario: España. En México, producto del ejemplo norteamericano, se implementó el federalismo a partir de nuestra constitución de 1824, que fragmentó las intendencias novohispanas en nuevas formas de gobierno estatal. Guerra y sangre costó imponer la idea de una forma de Estado federal, apropiada para un enorme territorio constituido por una gran diversidad humana.

Federalismo deviene del término latino “foedus”, que significa alianza. Así es, se trata de una alianza de gobiernos regionales, que pactan entre sí la conformación de un solo Estado, sin perder un sustrato soberano, que les permita autogobernarse. De allí el nacimiento del llamado Pacto Federal.

Pero también observamos que el gobierno de la Federación, posee una estructura bien definida en leyes y finamente establecida en reglamento internos, reglas de operación y manuales de procedimientos. El gobierno federal está organizado en compartimientos aislados unos de otros. A cada uno de estos “sectores administrativos”, les corresponde realizar ciertas funciones gubernamentales. Por ejemplo, a la Secretaría de Salud, administrar la política pública respectiva, a la de Desarrollo Social, encargarse de combatir la pobreza, la de  Comunicaciones y Transportes de construir infraestructura de transporte y redes de telecomunicación para todo el país. Las secretarías a su vez desarrollan interrelaciones con las entidades federativas para la aplicación de una enorme diversidad de programas y proyectos. Por ello, la mayoría poseen una estructura delegacional que les permite contactar y acordar con los órdenes estatal y municipal, un sinnúmero de acciones. Esta operación de cada secretaría, es parte de las funciones que realiza el secretario del ramo, que no será representado por la nueva figura del coordinador.

Cuando de pronto se anuncia sobreponer, a la relación de los gobernadores con las distintas secretarías, a un “Coordinador General”, se altera de manera fundamental la relación entre estructuras de gobierno y el funcionamiento establecido, entre otros instrumentos por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, múltiples reglamentos Internos, reglas de operación de programas federales, decretos y manuales de organización del gobierno. La fisura que se provocaría por el nuevo esquema de operación entre la Federación y las administraciones estatales y municipales, acarreará peligrosas desavenencias a la alianza Federal.

Mal haría pues, el nuevo gobernador de Guanajuato, de permitirse establecer una relación de trabajo con el recién nombrado Coordinador General para Guanajuato. No habría motivo para ello, en tanto no se lleven a cabo los cambios legales y administrativos, que se requieren para legitimar la exótica y perturbadora figura que se le ha ocurrido implementar a López Obrador. El principio de legalidad constitucional está vigente: la autoridad solo puede hacer aquello para la que, expresamente, está habilitada. Ninguna ley ni norma permite la actuación, en estos momentos, de la irruptiva figura publicitada. El tema tendrá que ir al Congreso, allí los diputados federales guanajuatenses, en lugar de andar “bajando recursos”, tendrán que dar una batalla épica, en la que quede claro, que esta medida ocurrente y trompicada, agravia al pacto federal, lacera la soberanía estatal y complica la relación entre el próximo presidente, el gobernador y los guanajuatenses.

Y en tanto no se perfile la normatividad que describa pormenorizadamente la función específica y alcances de tal coordinador, el gobernador no debe, por respeto a la soberanía guanajuatense, instrumentar una relación informal, aduladora, lacayesca y servil, con el enviado presidencial. ¡Que primero muestre la ley que lo habilite para tales funciones! Hay que ser seriecitos…¿o aceptará mansamente un jefe ilegal?

@carce55