TRÁMITES Y EXTORSIÓN

Carlos Arce Macías

Quién piensa que gobernar es muy sencillo se equivoca. Las administraciones públicas, especialmente las que gestionan los múltiples servicios para mantener funcionando un país o una ciudad, requieren utilizar una línea filosófica, que encabeza el pensador francés Edgar Morin, que consiste en plantear reflexiones profundas de diversas realidades y dimensiones de un problema, que se entrelazan (se hacen complejas), para intentar encontrar las mejores soluciones.

No es fácil

Esta forma de enfrentar los retos que se plantean requiere de recursos humanos profesionales, acostumbrados a entablar relaciones interdisciplinarias, conducidos siempre por liderazgos asertivos. Si una administración pública no cuenta con estas condiciones, transformará al gobierno en su antónimo: en un desgobierno.

Lo anterior es una respuesta al porqué tenemos malos gobiernos. La contestación es obvia: el origen es la ineptitud de los funcionarios que dirigen estas entidades, que son incapaces de plantear soluciones correctas a problemas complicados. Nunca los dimensionarán, y siempre tratarán de simplificarlos, hasta rayar en la estupidez. Y si a ello le agregamos mezquindad, dolo y deshonestidad, estamos ante la tormenta perfecta.

Ahora bien, dicho esto, paso a plantear el tema de la política pública de Mejora Regulatoria, una disciplina que requiere del pensamiento complejo para su entendimiento e implementación. La Secretaría de Desarrollo Económico estatal y el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, organizaron la pasada semana un evento denominado “Impulso a la Competitividad a través de la Mejora Regulatoria”. Resulta interesante su análisis.

La política pública de Mejora Regulatoria es una estrategia complicada, que responde a una mezcla de derecho, administración, economía, ingeniería e informática. Pero con una capacitación bien diseñada,un funcionario la puede entender y cooperar para implementarla, actuando desde un grupo de trabajo interdisciplinario.

Es de celebrarse la inclusión en el programa de la maestra Mirian Amaro, economista muy sólida formada en la COFEMER, participante en épicas batallas en favor de los atribulados ciudadanos exhaustos por la tramitología. Ella habló de Gobernanza Regulatoria, a fin de darle contenido filosófico a las acciones que muchos creen que solo se trata de pequeños ajustes para simplificar los procesos de los trámites. Hay que abrir las entendederas para mirar todo el panorama. Se debe de justificar el objetivo de la regulación, acotándolo a los riesgos, la seguridad y el cuidado de la sostenibilidad medioambiental, en su caso. Se debe de eliminar el trámite inútil o estéril, que se incorpora solo para recaudar ingresos de manera ilegal. Antes de expedirla, cualquier regulación debe de analizarse puntualmente.

Para mala suerte, hasta el final llegó la participación del abogado Rubén Fernández, un compañero de luchas municipalistas, con una larga y sólida trayectoria en altos cargos en la administración municipal y federal. A su sapiencia, Rubén suma la virtud de la franqueza y sus dones para explicar, sin eufemismos innecesarios, sus hallazgos. Esto pasó (advierto que narro de oídas):

• Externó su sorpresa de que una política pública que ya lleva 24 años de gestión no pueda ser entendida y adoptada a plenitud. ¡Urge un relanzamiento! comentó.

• Denunció lo que él llama la “adoración” por un dios implacable: el trámite, al cual se le ofrecen sacrificios diarios, por todas las administraciones públicas.

• Se sorprende por el incremento de la extorsión (cobro de piso) del crimen organizado a los negocios particulares en diversos municipios del estado, compitiendo con los permisos municipales.

• Ante este asfixiante delito, propone DECLARAR DE PLANO una tregua de trámites por parte de los gobiernos.

• Finalmente narró que entró a las páginas electrónicas de diferentes municipios guanajuatenses, buscó “abrir un negocio” y no encontró respuesta alguna.

Total, en veinte minutos nos enfrentó con la cruda realidad. Hay que ponerse a trabajar en serio.

Si desean un referente como ejemplo de gobierno digital con mejora regulatoria y trámites de punta a punta, consulten con la alcaldía de Chihuahua, ellos ya dieron un gran paso. No pierdan tiempo.

Presentación de trámites digitales de punta a punta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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AHORA, A CHANTAJEAR EMPRESAS

Carlos Arce Macías

Tomar una posición aparentemente justiciera por parte de la autoridad municipal, con el fin de cobrarse a lo chino una supuesta deuda de impuestos (derechos por aprovechamiento de la vía pública), nos muestra una serie de eventos que vale la pena analizar.

Lo primero, es que un municipio no puede intervenir una red de telecomunicaciones, porque se trata de una concesión federal, y el gobierno local no tiene facultades para ello. Pero al alcalde capitalino no le importó, llevó a la policía y demás corifeos, y sin mortificarle mayormente las necesidades de sus gobernados, dejó sin internet a cerca de 17,000 ciudadanos de la zona sur de Guanajuato Capital. Muy orondo, se video grabó y trasmitió su chistecito por Facebook Live.

¡Córtenle!

Pero el destino es cruel. De inmediato en las redes sociales comenzaron las protestas por el corte de internet, telefonía, Netflix y TV, que proporciona la empresa Megacable. Dejó sin comunicación, entre otros, a los bomberos, al Congreso del Estado, al Hospital General y al principal Mall de la ciudad, y todo en plena pandemia. Pero sin percatarse, inmerso en su desbocada vanidad de “influencer”, que últimamente ha asumido; lo que hizo fue filmarse cometiendo un delito: ataque a las vías generales de telecomunicaciones y radiodifusión (Art. 306 de la Ley Federal de Telecomunicaciones) ¡Inaudito!

Como lo sentenció en su transmisión, convocó a la cablera a que de inmediato acudiera a pagar 35 millones de pesos, que dice que deben. La empresa se apersonó, negando el adeudo que se invocaba, y pactó litigar por vía civil el asunto. ¿Vía civil un cobro de derechos fiscales? Algo huele mal ahí.

Pero en la supuesta junta conciliatoria, se exigieron otras condiciones: dotar de internet público a plazas y jardines de la ciudad, computadoras regaladas para el centro municipal de seguridad (C-4) y cinco camionetas para la policía. Me extiendo sobre estas atrabiliarias demandas.

Cuando en el gobierno federal se diseñó el despliegue de las redes de comunicaciones que debían sustentar los nuevos servicios de internet, transmisión de datos y tevecable, se identificaron por los concesionarios los problemas que se padecerían en los municipios, especialmente frente a los alcaldes avieso que pudieran exigir pagos ilegales. Ya tenían experiencia en ello. En algunos se trataba de viles “moches” para el funcionario, pero también evolucionó a la exigencia, con tal de permitir la instalación de cableado, de patrullas, ambulancias, vehículos oficiales, computadoras, uniformes, obras públicas y un sinfín de ocurrencias de los gobernantes locales.

Esta práctica, multiplicada por un sinnúmero de localidades, volvería ruinosa la introducción de internet en todo México. De ahí que se propuso una arquitectura jurídica, que pusiera a salvo de estas prácticas a los concesionarios, convirtiendo el tema en asunto exclusivamente federal, resguardado de las intromisiones y desvaríos de alcaldes populistas, poco informados y demagogos, que pretendieran venderle al pueblo como gran idea la ejecución de acciones para cobrarles a las ricas compañías contribuciones multimillonarias, aderezadas con otros regalitos solicitados a capricho de los munícipes.

La exigencia de obsequios y dádivas, contra permisos, se transforma en una extorsión a los empresarios, que,si no se contiene a tiempo, puede cundir en muchos lugares. ¿Desea una empresa instalarse en cierto municipio? ¿Me pide un permiso de construcción? ¿Se requiere redefinir usos de suelo? ¿Hay necesidad de constancia de dotación de agua potable? No se preocupen, mediante la desinteresada donación de patrullas, computadoras, dotación de áreas públicas con internet, podrán lograr lo que deseen.

Donaciones forzosas

Se trata del rompimiento del Estado de Derecho. Estamos ante la violación del principio de legalidad que solo permite a la autoridad hacer los que la ley le manda. En ningún lado, hay artículo alguno que permita la exigencia de dádivas. Pero lo que sí existe, es el delito de extorsión.

Por último. Cualquier exigencia extralegal, no lo pagará la empresa de sus utilidades, sino los suscriptores del servicio de telecomunicaciones (internet), o sea: usted. ¿Cuánto paga? ¿Quinientos pesos al mes? Pues ahora serán ochocientos.

El que paga es el consumidor

Las políticas públicas requieren capacidades de pensamiento complejo, para procesar consecuencias que muchas veces no están a la vista. Por eso es urgente tener personas preparadas al mando de la administración. En Guanajuato Capital estamos en el hoyo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDOS POLÍTICOS Y REDES DE CORRUPCIÓN

Carlos Arce Macías

Una de las revelaciones que nos ha aportado el gobernador Javier Corral mediante el caso de César Duarte en Chihuahua, ha sido la manifestación de la corrupción, a partir de una organización en red. No se trata como el común de las personas piensan, de conductas antisociales aisladas, donde individualmente, empleados o funcionarios desleales, expolian presupuestos públicos. No, no es así.

La corrupción es un sistema bien estructurado, aceitado, con múltiples derivaciones, que requiere la comisión de varios delitos, y que termina con el lavado de dinero, a fin de blanquear sumas muy considerables del dinero público pillado por la organización. Claro, siempre hay cabecillas, que se encuentran guiando la comisión del serial de irregularidades y violaciones que se necesitan cometer, para que opere adecuadamente la red.

Así sucede con las actividades ilícitas que se ejecutan en los gobiernos municipales, estatales y federal. Pero también alcanzan otros ámbitos del entorno público, como son los partidos políticos. Estas organizaciones han sido parte esencial de la corrupción que ha colonizado a los gobiernos, y sufren el mismo proceso de expoliación, que las administraciones públicas. Hagamos un repaso.

De la misma manera en que una red de corrupción se incrusta en un gobierno y lo convierte en una víctima a la que se le extrae recursos constantemente, los partidos son instrumentos claves para implementar la red, controlando el acceso al poder, garantizando de esa manera a los corruptos, los cargos públicos y de representación que se necesiten para ser eficaces. Por ejemplo, controlar las auditorias de los congresos es muy importante para no propiciar amenazas sobre la operación extractiva de la red. Los diputados incondicionales, serán los miembros de la comisión encargada del análisis de las cuentas públicas. En el caso de los ayuntamientos, tendremos ahí a los síndicos y regidores que están integrados al sistema corruptivo.

Pero paradójicamente, las propias organizaciones partidistas, son las primeras víctimas de este agresivo cáncer social, siendo rápidamente capturadas por las bandas de depredadores políticos. La presa es apetitosa. Los partidos reciben en México, cantidades inmensas de dinero, que los colocan, por ingresos, en las mismas coordenadas que muchas de las grandes empresas del país, pero con una diferencia, las finanzas internas pueden ser utilizadas con gran discrecionalidad desde los puestos de mando partidario. Un botín suculento para un grupo de vividores de las arcas públicas.

Los partidos recibirán casi 5000 millones de pesos para 2019. A cada uno le serán entregados cientos de millones de pesos. Pero sus bancadas federales también obtendrán una millonada. Para tener una idea, la LXIII Legislatura de diputados recibió, aparte de sueldos, por concepto de “subvenciones”, 3500 millones de pesos. La coordinación de cada grupo parlamentario manejó con total discrecionalidad la distribución de esa millonaria partida. Luego tenemos al Senado con cantidades muy importantes, más las aportaciones estatales a los partidos, que varían dependiendo de cada entidad. Total, un montón de dinero, susceptible de ser privatizado.

Si a estas particularidades le agregamos la negociación por la aprobación de leyes, tanto a nivel estatal como federal, o bien reglamentos municipales, los negocios por autorizaciones y permisos, el tráfico de influencias y los sobornos, advierto que nos encontramos ante la presencia de un anchuroso sistema de redes de corrupción.

Una cosa importante: los políticos honestos, también tienen un papel importante en el sistema. Sirven de cobertura. Dan un halo de virtud y siembran un poco de confianza en los ciudadanos. Lo importante es que sean sumisos y se adapten al rol asignado. No nos sorprenda entonces ver allí, a algunos perfiles de políticos que alcanzan a conservar buena fama, estos son imprescindibles para camuflar las operaciones expoliatorias de la red. Se les siembra estratégicamente, se les conserva y se les da exposición mediática. Pero al final, solo son una careta, que mal cubre el desfigurado rostro de la corrupción rampante que acosa a los partidos.

Debemos tomar consciencia de esta cruda realidad, y del modus operandi del tejido corrupto dentro de los partidos políticos. Solo así podemos entender las fuertes y duras luchas internas, que importantes agrupamientos de militantes, cansados de tanto escarnio, han iniciado con motivo de las disputas internas por la dirigencia partidista, como es el caso del PAN. La denuncia reiterada de la corrupción y la reivindicación de los ideales y principios, no son gratuitos. Son el antídoto del pragmatismo, forma de hacer política, que ha permitido toda clase de negociaciones, así como la rendición de los principios que norman a la organización.

No por nada, lo que más incomoda a estas redes profesionales de la extracción ilegal de rentas desde los presupuestos públicos, son los miembros rebeldes que actúan dentro de los partidos. Más, si son estridentes e irreverentes y denuncian la comparsa de dirigentes y militantes entregados a los malos manejos y al enriquecimiento individual. Hay que sostener el grito sonoro. Que cale y duela para que los ciudadanos se abstengan de votar por corruptos.

Finalmente, en estas semanas, en las que los panistas deberán elegir nueva dirigencia, será importante que militantes y ciudadanía tomen nota de cómo funciona la operación de redes de corrupción dentro de los partidos políticos. Servirá para definir el voto y saber, al final de la contienda, si la red fue por fin derrotada. Estén atentos.

¡NO!

¡NO!

Carlos Arce Macías

 

El más efectivo y contundente antídoto contra la corrupción es tan solo una palabra: no. Pero hay que utilizarla desde una actitud decidida, categórica y enfática: ¡no!

Y es que frente al acto corruptor no se puede ser dubitativo, sino actuar asertivamente. Frente al “¡no!” que se desliza al cerebro, no le queda al emisor de una propuesta corruptora otra opción más que recular, posiblemente avergonzarse, cambiar de tema o largarse inmediatamente. Así se debe de actuar para privilegiar la ética sobre la carencia de honradez y rectitud.

El problema para cualquier persona, pero en éste caso para el funcionario público cuando no actúa bajo ésta premisa absoluta y contundente, es que abre la puerta, permite el resquicio, señala la grieta por donde la corrupción, que es como la humedad, se filtre y oxide todo. Sacarla de ahí será muy difícil. En poco tiempo habrá contagiado a todos a través del mal ejemplo y habrá establecido su reinado, involucrando directa o indirectamente a mucha gente. Así es y no hay vuelta de hoja.

Esto lo señalo pensando en lo que sucederá en un futuro,  porque en México se ha descubierto una vieja práctica política, extendida en varios países, pero especialmente en Estados Unidos: el “pork barrel” o barril de los puercos. Así se les denomina a los multimillonarios fondos presupuestales con que cuentan los legisladores estadounidenses. Estos son utilizados para apoyar obras en sus distritos, que casi siempre son utilizadas electoralmente y a favor de sus partidarios. Es un término despectivo.

Y es que ya nos habíamos tardado. La manipulación y el aumento de los fondos de pavimentación, de cultura y de espacios deportivos, aunado a la próxima posibilidad de reelección legislativa, propiciarán un caldo tóxico para la democracia. Se intensificará la corrupción política y las propuestas de apoyo, a través de los diputados de todos los partidos, como ya empieza a suceder. Más aún, ya existe la iniciativa de que los senadores también intervengan en la conformación de éstos fondos presupuestales, lo cual sería desastroso, pues propiciaría la inmersión en ese fango, del Senado.

Regresando a Estados Unidos, ya en 1919, Chester Collins reseñaba en un artículo sobre gobiernos locales, la problemática del mecanismo para éste ámbito de gobierno. Pero no fue sino hasta 1984 cuando se conformó en Estados Unidos la organización civil denominada Citizens Against Goverment Waste (CCAGW) o Ciudadanos contra el Gobierno Basura, que lucha en contra de ésta perniciosa práctica de los políticos. Esta ONG, por ejemplo, se dedica a identificar los proyectos sospechosos (más de 10,000 con costo de 17,200 millones de dólares en 2008) y luchar, decidida y agresivamente, en contra del “pork barrel”.

En Filipinas, recientemente el presidente Aquino ha optado por eliminar el Fondo Prioritario de Asistencia, que ha sido históricamente utilizado por los legisladores filipinos como “pork barrel”. Ya no aguantaban.

Pero el tema apenas comienza para nosotros. Las autoridades estatales y municipales deben afilar el “¡no!” áspero y contundente para enfrentar las seductoras propuestas que los diputados puedan ponerles sobre la mesa aunadas al recién develado “moche”. Es necesario frenar inmediatamente esta práctica, si no queremos propiciar mayor corrupción. Por su parte el PAN debería comunicarse con el CCGAW a fin de tomar conciencia y orientación de los lejano que se encuentra esta estrategia de su doctrina. Ojalá lo entiendan y  también digan ¡no!

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EXTORSIÓN Y REELECCIÓN

EXTORSIÓN Y REELECCIÓN

Carlos Arce Macías

 

Los perversos y engaña bobos afirman:  “en el amor, la guerra y la política, todo se vale”. Bajo tal premisa, muchos políticos se justifican, y por desgracia, muchos ciudadanos creen que esto es cierto. Nada más falso. En el amor, no se vale matar para librarse de un rival; en la guerra no se puede matar prisioneros, ni utilizar armamento químico contra civiles; en política, con tal de ganar una elección no es aceptable que se corrompa a los ciudadanos, sobre todo a los más  vulnerables, condicionándoles beneficios o comprándoles su voto. No es cierto pues que todo se valga. Los principios éticos, la consciencia de lo bueno y lo malo, califican nuestras acciones.

 

Una de esas circunstancias perniciosas, ilegales en la política, la reveló recientemente el diario “Reforma”, al descubrir que hay diputados que extorsionan a los presidentes municipales. La gestoría consiste en apoyar obra pública municipal desde un fondo que manejan ellos de manera totalmente discrecional. Como contraprestación al apoyo brindado, nuestros representantes exigen definir a la constructora que realizará la obra, o  que se les entregue simplemente el consabido diezmo (o el 20 o 30%). A  la Secretaría de Hacienda no le importa destinar 10 mil millones para gestorías, con tal de capturar el voto aprobatorio de los diputados. Es una negociación barata en el total de un presupuesto de más de 4 billones de pesos.

 

En mi editorial de la semana pasada afirmaba que muchos políticos actuales son ladrones porque las campañas son costosísimas, y para ser exitosos y sobrevivir en la contienda electoral se requieren de grandes sumas de dinero. Hay que obtenerlo pues a como dé lugar. Ahora descubrimos que una forma es la exigencia de mordidas y comisiones, para lograr apoyos presupuestales a aquellos alcaldes que acepten la tranza. Así nuestros políticos  construyen sus “cochinitos” para las elecciones.

 

Llamo la atención en el hecho de que  los extorsionadores profesionales serios y circunspectos, pertenecientes a los más conocidos grupos del crimen organizado, son forajidos, proscritos  de la ley. En tanto, los diputados extorsionadores gozan de fuero, tienen influencia, confeccionan el presupuesto y distribuyen favores y prerrogativas. O sea, delinquen sin riesgos, desde zona segura, protegidos por la propia ley. Por eso son más peligrosos que el crimen tradicional,  las condiciones de impunidad desde las que operan resultan escandalosas y abominables.

 

Y ahora vale la pena relacionar los hechos narrados, con la reciente propuesta de “posibilidad de reelección  inmediata de legisladores”( así debe de definirse, no como simple reelección). Me confieso simpatizante de ella, pero también reconozco que éstos lamentables hechos, narrados en “Reforma”, dan al traste con la ilusión ciudadana de contar con representantes profesionales, vinculados a los ciudadanos y fieles guardianes de los intereses de la Nación,  gracias a la posibilidad de reelección.

 

¿Se imaginan como nuestros ínclitos diputados extorsionadores utilizarían su influencia y poder  de negociación con secretarios, gobernadores y alcaldes?¿Cómo maquinarían tranzas que les permitan amasar fondos para comprar votos y así mantenerse en la curul? No habría límite. La función legislativa la han desfigurado. No tenemos representantes. Esos son una vergüenza.

 

Oteo solo una forma de procesar la posibilidad de reelección de representantes populares: Rendir cuentas y prohibirles la gestoría, acotándolos a solamente realizar labores legislativas, de control y fiscalización del gobierno. Total, no son ejecutivos, su función no es la de hacer carreteras, caminos, aulas o clínicas. Que la gestoría se equipare al delito de tráfico de influencias en el caso de diputados federales, estatales y senadores. A ver si eso los frena.

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