DIPUTADO DE CONSIGNA

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Carlos Arce Macías

Se anuncia que próximamente el diputado Víctor Zanella presentará una iniciativa de nueva Ley de Fiscalización, con el respaldo de toda la fracción oficialista del Congreso del Estado. Están preocupados, dicen, por mejorar el control de la Cuenta Pública del estado y los municipios, para evitar irregularidades y desviaciones del gasto público.

Preocupado por la fiscalización

Hasta aquí bien; pero más, si a la discusión se añaden otras iniciativas, como la de la diputada de Morena Alma Alcaraz. Esta parlamentaria, formada en las filas de Acción Nacional en Sinaloa, ya que fue secretaria del PAN estatal, diputada local y federal, evoca con sus intervenciones, el compromiso democrático aprendido. Al acicatear al oficialismo rampante, recuerda las legendarias participaciones de muchos panistas, que no dieron tregua para asumirse como una fiera oposición, frente a ocurrencias y dislates de mayorías avasallantes, que solo saben votar, pero le temen al debate. Es el mundo al revés, el panismo guanajuatense se ha convertido en ridículo imitador del morenismo federal. De lo que se quejan los panistas en la Cámara Federal, lo replican descaradamente en nuestra entidad, desde su grupo mayoritario. Muy triste la cosa.

Y sin pena mayoritean, por ejemplo, desechar auditorías a gobiernos e instancias sospechosas de hacer mal uso de los recursos públicos. No parece importarles los desvíos de dinero, su mala aplicación y el establecimiento de sobrecostos, a causa de no tener proyectos ejecutivos sólidos que examinar. Pero ahora se les ocurre presentarse mortificados por las malas prácticas, y desean lavar cara con una nueva propuesta de Ley de Fiscalización.

Y comienzan mal la faena. Yerran al poner a la cabeza de esta iniciativa a Víctor Zanella, sin percatarse de su pésima reputación como diputado. Y es que Zanella solo se representa a sí mismo y a sus intereses. Y también es un diputado sumiso, que actúa por consigna. Hace unos meses, bastó una llamada de sus amos, para endeudar a un municipio, sin que la solicitud cumpliera con los requisitos mínimos. Hay que reconocerlo, es un diputado amaestrado, y a causa de ello, resulta inoperante para defender una iniciativa de gran calado.

Si Luis Ernesto Ayala, el pastor de la mayoría desea preservar cierto prestigio, debería actuar con tiento y no exponerse innecesariamente al ridículo. Convertir en operador político a un elemento irresponsable que endeudó a los capitalinos al autorizar un empréstito por 70 millones de pesos para construir una ocurrencia, resulta temerario. Este congresista violentó el artículo 117 constitucional, omitiendo el análisis del destino del empréstito. También descartó cualquier comunicación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para conocer la situación del pseudoproyecto que le estaban presentando. La consulta pública que simuló no sirvió para nada, desoyó a todas las voces críticas que le señalaban el error que estaba a punto de cometer el Congreso. Luego desechó cualquier referencia a la Ley de Obra Pública, especialmente en sus artículos que norman los requisitos de deben contener los proyectos ejecutivos. Surge así la pregunta que se convierte en origen de responsabilidades: ¿Cómo pudo avalar una construcción que carecía de proyecto ejecutivo, y con ello de las bases para determinar el costo real de la edificación solicitada? Así, el representante popular, se convirtió en cómplice de Alejandro Navarro, el nefasto alcalde de Guanajuato Capital.

Posible traspiés

Ahora finge desazón por el cuidado de los fondos públicos. Piensa que, por haber recorrido 46 municipios, eso lo acredita para liderear una iniciativa vital para combatir, con eficacia a la corrupción, como la que encabeza su secuaz Navarro. ¿Se puede confiar en él? Seamos claridosos, con el escandaloso equívoco cometido, destruyó la de por si mermada confianza que se imputa a los actuales diputados. No cuenta con méritos para mantenerse al frente de la Comisión de Hacienda del Congreso, y menos para negociar una importante reforma que necesita del apoyo de diversas fuerzas políticas para ser funcional. Así solo condenarán la iniciativa al mayoriteo oficialista.

Por cierto, aún Navarro y Zanella mantienen endeudados a los guanajuatenses de la capital, aun cuando es obvio que el bosquejo de proyecto de museo de momias y centro comercial está muerto y enterrado. Hasta ahora, se siguen debiendo formalmente los 70 millones de pesos, porque el par de pícaros no saben cómo salir del ridículo que ellos mismos se construyeron. Vaya operador parlamentario que se ha conseguido el panismo. De vergüenza.

Cómplices

 

 

 

 

 

 

 

 

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¡LES VALIÓ!

Carlos Arce Macías

El escándalo en la capital del estado se profundiza. Conforme se avanza en las investigaciones, más irregularidades se suman al intento de edificación de un nuevo museo de momias, mediante el endeudamiento del municipio por 70 millones de pesos.

Los capitalinos nos defendemos a través de la solicitud de un plebiscito, que tendrá como finalidad la consulta sobre la procedencia del empréstito, que significa comprometer toda la disponibilidad financiera del gobierno local, para hipotecarla en una ocurrencia del alcalde.

Resistencia contra el endeudamiento

Pero ahora resulta que los terrenos de la antigua estación del ferrocarril, en donde se construiría el museo combinado con centro comercial que exhibirá cadáveres momificados, está emproblemado. De acuerdo con la escritura del 18 de junio de 1999, se trata de una donación condicionada a que el terreno sea utilizado para la “prestación de servicios públicos a fines educativos, comprendiéndose dentro de estos la construcción de vialidades, y actividades culturales…”Es obvio que la pretendida edificación de un centro comercial con momias no concuerda con las condicionantes de la donación, lo cual constituye una irregularidad más del proyecto.

No obstante lo anterior, los problemas no se agotan ahí. Se denuncia ahora por la regidora Paloma Robles Lacayo, que el predio original, donado por ferrocarriles ha sufrido un importante menoscabo en su superficie original, ya que diversos ayuntamientos han vendido 21 predios a particulares. La última en 2019 al hotel Real de Minas. Dichas compraventas violentan el destino de la donación. La cuestión resulta más grave, ya que la cláusula tercer de la escritura, estipula la reversión del bien a Ferrocarriles Nacionales de México, concretamente a su órgano liquidador, por no ceñirse al destino establecido en el instrumento notarial. En pocas palabras, el terreno debería regresar a la propiedad del gobierno federal.

Total, que poco a poco, constatamos que el proyecto icónico del alcalde Navarro resultó un timo de cabo a rabo. Fíjense: el expediente no cuenta con autorizaciones del INAH, es más, cuando solicitó el permiso de endeudamiento ante el Congreso, ni siquiera había comenzado el tramite de autorización. Tampoco dispone de suficientes momias para exhibir, ya que la intervención de la Dirección de Antropología Física del Instituto decretó que aquellos cadáveres del siglo XIX no son patrimonio municipal sino monumento histórico mueble federal de acuerdo con la normatividad vigente (aproximadamente 78 de los 95 cuerpos áridos en exhibición en dos museos). Por si fuera poco, las momias no tienen permiso de ser reubicadas, debiendo permanecer, por lo pronto, en su sitio actual. Y para rematar, ahora aparece un oficio del Responsable del Proceso de Desincorporación de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, requiriéndole información precisa a Alejandro Navarro sobre el proyecto con vocación comercial, que transgrede la condición de la donación del terreno, en el que se desea construir el excéntrico centro comercial con momias. De locos.

Puntualicemos que desde diversos espacios se les advirtió, primero al ayuntamiento y luego al Congreso del Estado, que el proyecto estaba incompleto, carecía de permisos y debía contar con la autorización de la federación para ser construido en los terrenos donados por ferrocarriles. ¡Les valió! Especialmente al alcalde Alejandro Navarro, a los regidores Cecilia Pöhls y Carlos Chávez y a su socio en esta desventura el diputado Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso. Ellos, que se reeligieron, deben responder por sus votos. ¡Vaya desfachatez! Aprobaron un proyecto que no tiene permiso del INAH, no tiene momias que exhibir, ni terreno donde construirse. ¡De escándalo!

Debemos hacer hincapié en las responsabilidades de Zanella Huerta, quién ya debería ser removido de su presidencia de comisión. Optó por la obediencia, renunciando a su obligación de representación ciudadana. Así las cosas, el líder del Congreso, Luis Ernesto Ayala, se ubicará en una incómoda y delicada posición si no toma decisiones prontas y expeditas: remover al diputado irresponsable, revocar la autorización del empréstito, reconvenir al ayuntamiento de Guanajuato por su solicitud fraudulenta, poner en conocimiento del Ejecutivo estatal las irregularidades detectadas en el proyecto y dar vista de los hechos a la fiscalía del estado. ¿Quiere combatir en serio la corrupción?

Hora de decidir

 

 

 

 

 

 

 

GUANAJUATO ESTACIONADO

GUANAJUATO ESTACIONADO

Carlos Arce Macías

El viernes de Dolores, es una madrugada con olor a flores y copal. La ciudad de Guanajuato, esa que aún ostenta el título de ser “Patrimonio de la Humanidad”, ha pasado una noche difícil. Cerca de las 4 a.m., en sus principales calles se encuentran jóvenes de ambos sexos, materialmente ahogados en alcohol o “cruzados” con alguna droga. La policía no hace nada, la jornada de reventón, ha convertido a la vibrante ciudad en una enorme y estridente cantina. Las celebraciones tradicionales: Viernes de Dolores, Semana Santa, Festival Cervantino o algún puente largo durante el año, no son sino pretexto para acudir a esta especie de paraíso del desmadre. El destino cultural acabó en el fondo de una botella de licor.

Luego de que horas antes los jóvenes dormían la mona tirados sobre cualquier banqueta, que lo mismo servía como cama o sanitario; después de la salida del sol, la clase política comenzaba a hacer su aparición en el Jardín de la Unión. Bañaditos, acicalados, como personajes extraídos de la imaginación de Jorge Ibargüengoitia, comenzaban a pulular por el lugar, para exhibirse ante  los ciudadanos, con la intención de que estos se percaten de su amabilidad, sencillez y cortesía, al entregar galantemente flores, a diestra y siniestra. Se congregan en rondines alrededor del minúsculo jardín, panistas, priístas, perredistas, morenistas y verdes. De todo como en botica.

Las dos realidades, quedan atrapadas en la cañada guanajuatense. Un pueblo, acompañado de hordas de turistas, que entienden la ciudad como un condominio de antros, bares y cantinas, propicio para caer rendidos en cualquier esquina bajo los efectos de Baco y otras substancias. En eso ha acabado el abigarrado conjunto de casonas señoriales, iglesias, callejuelas serpenteantes, callejones y plazoletas, único a nivel mundial. Y por otro lado, solo se trata de un tumultuoso jardín, que convoca a un ramillete de políticos, que se saludan cortésmente, tranquilos y orgullosos del supuesto buen gobierno, que su gestión esparce sobre la ciudadanía, produciendo, a mansalva, bien común.

El drama se cuenta solo. Una ciudad desgobernada, capital estatal, en total descuido por las autoridades del estado, cedida por acuerdos políticos inconfesables a un grupo de oligarcas pueblerinos, ansiosos de hacer toda clase de negocios desde el gobierno local. No existe autoridad en el municipio, y  la administración es un mal chiste. Igual gastan los paupérrimos presupuestos en extravagantes ciclo pistas que conducen a la nada; que se les ocurre endeudar a los guanajuatenses con la construcción de un nuevo estacionamiento, solo para recabar comisiones por la asignación del proyecto ejecutivo de la obra y de la construcción de esta, a manera de bono de marcha. Lo más sorprendente, es que todo esto sucede en las narices del gobernador del estado, que displicentemente otorga el aval, que bajo consigna será autorizado por el Congreso, para que un puñado de vivales sigan enriqueciéndose a costa de los guanajuatenses. Si tan bueno fuera el proyecto, muchos audaces empresarios estarían tocando las puertas del municipio, pidiendo la concesión de la construcción del estacionamiento en cuestión. El resultado está cantado, la comuna perderá dinero, pero unos cuantos se llenarán los bolsillos. Hay que pararlos.

En tanto el esplendoroso núcleo histórico-cultural, se desintegra poco a poco, bajo el influjo de aviesos empresarios fomentadores de una juventud desmesurada, depredadora y sin control, en donde la ausencia de gobierno permite todo tipo de trasgresiones, violaciones y faltas a los reglamentos. Así las cosas, el turismo de alto rango, que produce fuertes derramas económicas, seguirá prefiriendo a San Miguel de Allende, no obstante la monumentalidad de Guanajuato.

Redimensionar Guanajuato Capital, requiere de un cambio radical en el modelo de gobierno local. Hay que poner orden antes que nada para frenar los excesos, acotar el caos y limpiar el basurero en el que han convertido a la ciudad. El ayuntamiento

, que como lo hemos descrito en otros editoriales, concibe al gobierno como un botín, debe de ser puesto bajo lupa ciudadana. Un buen comienzo, para abrir boca y para que  pongan sus barbas a remojar los sórdidos políticos, sería frenar la ocurrencia del estacionamiento-botín. Que midan a una sociedad indignada.

Pero la acción más profunda, consistiría en llevar a cabo una reforma estructural a la organización municipal, para engendrar un nuevo esquema administrativo, a través de la inclusión de un par de órganos dotados de atribuciones amplias para administrar ciudad, cuyos titulares serían seleccionados por medio de un concurso, conducido por un jurado externo a los intereses que han capturado al municipio, y así contratar a un par de “Administradores Municipales”, que se encargarían del correcto funcionamiento del casco antiguo, uno, y de la nueva zona urbana del sur, el otro. Así intentaríamos habilitar a dos administradores públicos profesionales, con las atribuciones de prestación de servicios y fiscalización, necesarias para el establecer el orden, en substitución del enredijo en el que se ha visto inmerso el Cabildo, incapaz de sacar un perro de una milpa.

Los guanajuatenses capitalinos debemos empujar cambios radicales en el modelo de gobierno local. No merecemos padecer el desgobierno actual, que cancel toda posibilidad de mejora para una comunidad urgida de planeación, orden y eficacia. Solo tenemos una pequeña oportunidad durante la próxima elección, y debemos aprovecharla. Mientras tanto, pongamos alto a las ocurrencias del actual ayuntamiento, convalidadas por un gobierno estatal cómplice de la irresponsabilidad.

@carce55