¿COMO PODEMOS EVITAR LOS MOCHES?

RECETA CONTRA EL MOCHE II

Carlos Arce Macías

 

Para Luis Gutiérrez y Gerardo Flores, ingenieros “locales”.

 

En mi colaboración dominical de la semana pasada, sostuve que la única manera eficiente de evitar los tradicionales diezmos y moches en la contratación de la obra pública, era a través de establecer una verdadera competencia. Mi propuesta tuvo algunos detractores, creyentes aún, de que privilegiar a los gremios locales es bueno, por lo que sugieren sostener ésta política de asignación de obra pública. Insisto, están totalmente equivocados.

 

Lo primero es definir empresa local. Y es que legalmente no existe definición al respecto. ¿Hay un padrón gubernamental de empresas “locales”? No. Y si lo hubiera como requisito de asignación, sería ilegal. Y es que constitucionalmente, existe la garantía de igualdad, todos los mexicanos somos iguales ante la ley, y el establecer privilegios a algunos sobre otros, significa discriminación. Las empresas son mexicanas y no se les puede imponer límites estatales o municipales para ejercer su actividad. Hacerlo es discriminar.

 

Pero no solamente eso, muchas empresas “extranjeras” son mexicanas. Los tratados internacionales como el de América del Norte, Japón y Unión Europea contienen la cláusula de “trato nacional” para personas físicas y morales que desempeñen actividades en el país. Esto amplía totalmente el concepto de “nacional”. La competencia es global, y la tenemos en las narices.

 

Ahora bien, los gremios constructores están actuando contra la Constitución, específicamente el artículo 28, que prescribe la libre concurrencia y la competencia en el ámbito económico. Todos los constructores y empresas constructoras pueden competir en el espacio estatal y local por una obra pública. Las empresas constructoras “locales” no pueden estar sobre las asentadas en otros estados o municipios, todas son mexicanas, punto. Privilegiar, en los términos que proponen los Colegios de Ingenieros y otros gremios constructores, significa trampear las licitaciones, cancelar la competencia, o preferir la asignación directa, abriendo la puerta a la corrupción. Miren, resulta sencillo, bajo el pretexto de “privilegiar” a la empresa local, otorgarles discrecionalmente la obra pública, moche y diezmo de por medio, a compadres, amigos, patrocinadores e incondicionales. No nos hagamos, el mecanismo es profundamente corrupto y corruptor.

 

Muchos empresarios mexicanos se resisten a competir. Están acostumbrados a extraer rentas de los presupuestos públicos, en éste caso, del destinado a la obra pública. Por otro lado los alcaldes insisten en primar las obras sobre la gestión de servicios públicos, marcadamente el de seguridad pública. De los servicios es más difícil extraer rentas. Es más cómodo coludirse con sus amigos constructores. El panorama es obscuro, obscuro, obscuro… para los ciudadanos y sus impuestos.

 

 

Actuemos, es hora de frenar la exigencia de las organizaciones de constructores de que el gobierno “les de y asegure obra”. ¡Qué compitan! Y mientras más intensa sea la competencia y más competidores haya, el dinero del pueblo será mejor gastado. No hay pierde. Pero eso, precisamente, es lo que no quieren, sino que desean conservar sus utilidades, presionando a los gobiernos a que les garanticen rentas anuales del presupuesto público. ¡Que fácil!

 

Los ciudadanos debemos combatir el falaz argumento de los constructores. ¡Al demonio! Que se vayan con su demagogia a otra parte. Debemos exigir a las autoridades que construyan un verdadero mercado de contratación de obra pública, abierto, sin barreras, que lo que privilegie sea la libre concurrencia, para que ahí compitan, a través de licitaciones, todos los constructores que quieran; y que gane quién ofrezca mejor precio y calidad, sin importar que sea de Querétaro, Nuevo León o Guanajuato.

 

Obra pública bien construida, cumplida a tiempo (sic), comerciada a los mejores precios es lo que se debe de exigir a los gobiernos, cortando de tajo, por inconstitucional, antieconómico y corrupto, el sistema de “privilegio por ser local”. No nos traguemos el engaño.

carlos.arce.macias@gmail.com

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COMPETENCIA UNICA FÓRMULA CONTRA EL MOCHE

RECETA CONTRA EL MOCHE

Carlos Arce Macías

 

La obra pública que realizan los gobiernos da pie a que los políticos exijan a los constructores un porcentaje del costo de la obra, como compensación, premio o vil extorsión, por el hecho de haberles asignado dicha obra. Sabemos que tradicionalmente se requería el 10 % del costo, por lo que se le denominaba “diezmo”. Ahora no percatamos que nuestros políticos se han vuelto más  ambiciosos, llegando a exigir hasta el 35%. Lógicamente estos porcentajes, denominados “moche”, significan la elevación de los costos de la obra, y se traduce en que se realizará 10, 20 o 35% menos de obra pública. Quién paga al final los platos rotos, es el ciudadano, como siempre.

 

Esencialmente hay dos recetas para evitar el abuso al que estamos siendo sometidos. Las comento. La primera es votar y colocar en los gobiernos a personas honestas y comprometidas con una administración transparente. Esta es la mejor solución, la menos cara y la que garantiza mejores resultados. No hay gobierno más eficiente y eficaz, que aquél que es gestionado por gobernantes probos. Así de sencillo.

 

Pero como sabemos que eso de la honestidad no se le da a muchos gobernantes, y que los partidos políticos han decidido privilegiar el triunfo electoral a cualquier precio sin importar de donde vengan los recursos, y que los políticos exitosos son aquéllos que más abusan de los presupuestos que manejan, la receta para evitar el moche no transita, por el momento, a través del ámbito electoral.

 

El único camino que queda franco, es el de la competencia. Esa exótica condición que apenas entendemos los mexicanos, es la única vía que garantizaría que el oprobioso moche, no se ejecute. Miren, si para obtener una obra pública los constructores deben verdaderamente competir entre sí para adquirirla, los márgenes para la dádiva ilegal, se esfuman. ¿Qué constructor en un ambiente competitivo, podría sostener un sobreprecio de 10 al 35% en sus cotizaciones? Seguramente perderían la licitación.

 

De tal manera que lo que debemos propiciar es que la obra que contrata el gobierno se licite y que la competencia se torne encarnizada, para así conseguir los mejores rendimientos de los dineros públicos. Pero aquí es donde se presenta un problema agudo, que se disfraza de medida bondadosa a favor de un gremio influyente. Esto sucede cuando se ordena privilegiar a las empresas locales para que estas sean las beneficiarias de los presupuestos, descarrilando todo el ambiente de competencia. Analicemos con detenimiento el caso.

 

Para que haya competencia se requiere de que se eviten barreras de entrada para competir. Hay que privilegiar la multiplicación de competidores, estableciendo el menor número de trabas para la participación. Entre más competidores, menos posibilidades habrá de colusión entre empresas para definir un ganador de manera tramposa. Lo único que debe guiar la adjudicación de una obra es calidad y precio. No puede haber más consideración. Pero si la autoridad envía el mensaje de privilegiar a los empresarios locales, se esta dando la orden, implícita, de hacer trampa, a fin de descalificar empresas “foráneas” y otorgarles indebidamente a las constructoras del lugar los contratos. El funcionario que administra la licitación, adquiere con ello una discrecionalidad tal para el otorgamiento de obras, que se convierte, automáticamente, en el crisol de la corrupción y el otorgamiento de moches.

 

Muchos constructores protestarán, pero lo harán sin razón. Su obligación es mejorar su productividad y ser más competitivos. Si los locales pierden frente a otras empresas, habrá que ayudarlas a convertirse en organizaciones más eficientes y eficaces a través de programas específicos, no dándoles ilegalmente obras públicas por la pura condición de ser locales. Solo así se acabará el moche. No hay de otra.

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