Carlos Arce Macías
Cuando uno de los nuevos funcionarios del gobierno de Chihuahua inquirió a los mandos directivos de la administración del ex gobernador César Duarte, por qué habían maquinado de forma tan grotesca y descarada la extracción de dinero público, con el fin de surtir las arcas del PRI nacional, uno de ellos respondió:
– Porque nunca pensamos que pudiésemos perder la elección, y con ello el gobierno.
Llamo la atención sobre esta respuesta clarificadora que nos permite encontrar la punta de la hebra de la extensa red de corrupción que ahoga al país y desalienta profundamente a la ciudadanía. Debemos halar la hebra y seguirla para encontrar formas, razones y motivos, que sustentan este torcido sistema corruptivo, que ha capturado a casi toda la clase política mexicana. Pocos se salvan.
Para comenzar el recuenta, hay que puntualizar que solo el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral y toda su complejísima y costosa maquinaria de organización y fiscalización, no se enteran ni perciben, que todos los partidos condicionan y compran votos. Así mismo, negocian apoyos de medios de comunicación y encuestadores, disfrazando como simples opiniones, extensas y costosísimas campañas propagandísticas. Tanto dinero corre por la economía nacional, que el propio Banco de México, detecta sexenalmente, el incremento inaudito de dinero en efectivo, en el mercado interno. La transa se realiza en las narices de los encargados de organizar, supuestamente, elecciones limpias y sin trampas. Fingen no ver ni oír, ni darse cuenta de nada. Es un hecho innegable: no hay elecciones limpias en el país.
¿De dónde sale esta absurda cantidad de dinero para invertir en elecciones? La respuesta es simple, y se acredita con los descubrimientos en las recientes investigaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, y el testimonio de diversos ex funcionarios, ya sentenciados, que revelaron el “modus operandi” de la corrupción electoral: se obtiene de las arcas gubernamentales, a través de dos métodos: empresas prestadoras de servicios, denominadas en el argot corporativo como “fantasmas”; y la contratación de obra pública, a precios inflados (30%), mediante compañías que se prestan a trasladar parte del importe, denominado “moche”, a los políticos que los recomiendan para ser contratados. No tengan duda, así es, y sucede bajo nuestras narices, todos los días.
Pero los más grave y pernicioso, es que el asunto no para en la parte electoral, sino que se traslada al ámbito de toda la vida pública, y afecta al conjunto del sistema político. Trataré de desglosar el efecto de la trampa electoral, sustentada en la galopante y extendida corrupción gubernamental, que roba dinero público y lo traslada a los partidos políticos, para ser gastado en las elecciones. Bajo este efecto, en el interior de los partidos, se identifica un desplazamiento de aquellos militantes que se resisten a aceptar y ejecutar prácticas corruptas. Los políticos, educados bajo estrictos estándares éticos, quedan automáticamente desplazados por la operación de grupos partidarios, que sin escrúpulo alguno, utilizan parte de los dineros mal habidos, para comprar voluntades y ganar posiciones dentro de su instituto político. En pocas palabras, los corruptos señorean los partidos, son competitivos y pueden ganar elecciones, tanto internas como externas; mientras los militantes honestos, pierden sus cargos y candidaturas, siendo desplazados y segregados. Ya en el extremo del modelo, se suprimen las prácticas democráticas y se establecen métodos de designación por acuerdo de las cúpulas dirigentes.
Ahora bien, el éxito de la operación político-electoral, a través del robo ilimitado de dinero público, depende de dos cuestiones fundamentales: no perder la elección y conservar el poder, para mantener encubiertos los distintos latrocinios; o bien, si acaso se pierde, estrechar y solidificar un “pacto de impunidad” con los ganadores, que no evidencie desvío alguno, y conserve la simulada pureza de los derrotados. Así, en caso de perder o ganar, diferentes partidos políticos, conseguirán seguir esquilmando los presupuestos ad infinitum.
En el ámbito económico, la riqueza se concentra en la estructura cupular. Solo obtienen ventajas y mercados exclusivos, las oligarquías que pactan con los poderosos y se convierten en sus recaudadores de recursos sucios y lavadores de dinero. Se consolida la llamada “economía de compadres”, que cancela la competencia y el libre acceso a los mercados. La regulación se expide en beneficio de unos cuantos. La riqueza se concentra en pocas manos, liquidando la instauración de un capitalismo funcional, benéfico para todos.
Esta atroz maquinaria corruptiva, ha sumido al país entero en la más desoladora desesperanza, prohijando una clase política absolutamente carente de virtudes públicas, comenzando por la honestidad y la decencia. Así no podemos progresar.
Por eso resulta tan importante la batalla de Chihuahua. El gobernador Javier Corral, y sus funcionarios encargados de identificar y combatir la corrupción, han roto, violentamente, el “pacto de impunidad”, documentando, en procesos judiciales, la mecánica del delito, y exhibiendo la criminal operación desde los partidos políticos para trampear elecciones. La extradición de César Duarte, se convierte en tema fundamental para profundizar las pesquisas, y desnudar la profundidad y extensión de toda la red de corrupción. Por eso la virulenta reacción del gobierno federal contra Corral. Su lucha es solitaria, pero digna. El resto de los gobernadores de oposición prefieren el silencio. Son cobardes o tienen la cola larga.
No creemos desde esta atalaya, que ninguna organización política que mantenga posiciones de gobierno, se salve. Casi todos roban dinero del erario, y contadísimos son los que actúan con honestidad. Los pillos han colonizado a los partidos, y es la única forma que conocen de “hacer política”. Son unos tramposos.
Por lo pronto, con los datos que contamos por el momento, hemos concluido el mapa. Apoyen a Corral, nos conviene.
Columna editorial publicada en AM LEÓN, el 15/1/2018
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