Carlos Arce Macías
Turbulenta semana para Ricardo Anaya, publicitadísimo presidente de un partido político, y conocido por muchos mexicanos, a través de 1.4 millones de spots televisivos, utilizados para promover su imagen; y así, rodeado de sus “operadores incondicionales”, tratar de lograr la candidatura a la presidencia de la República.
Un periódico de fama progobiernista, publicó un extenso y minucioso reportaje sobre el rápido aumento de la riqueza de la familia política del dirigente partidista. Los resultados que nos presentan, son que, coincidentemente con los 14 años de vida pública del joven Anaya, su familia cercana pasó de poseer un patrimonio de 6 inmuebles con valor de 21 millones de pesos, a 33 propiedades con un monto (supongo que catastral) de 308 millones.
En el reportaje, solo se evidencia el desenvolvimiento del patrimonio de esta familia queretana. No hay acusaciones, solo información, que se deja maliciosamente a la opinión de los habitantes del zoológico político para que despedacen al autopublicitado dirigente.
Por principio hay que poner en claro, que salvo que se pudiese comprobar trafico de influencias o uso de información privilegiada, estamos ante un caso de crecimiento patrimonial, aparentemente basado en una inteligente toma de decisiones, para comprar terrenos que luego pudiesen ser susceptibles de especulación inmobiliaria, transformándolos, en plazas comerciales, bodegas, hoteles, restaurantes y fraccionamientos residenciales.
A la actividad, primero discreta a través de cuatro sociedades, desarrollada por esta familia de exitosos empresarios, correspondió luego la constitución de 17 empresas dedicadas a los siguientes giros: comercialización, arrendamiento, desarrollo inmobiliario, construcción, explotación de hoteles y de restaurantes. Una gama importante de actividades empresariales propias de una ciudad en explosivo crecimiento, como ha sido el caso de Querétaro en los últimos veinte años.
Más la sobrerreacción del político, a la información propagada, resultó singular. Dirigentes y mandatarios de su partido, se aprestaron diligentemente a protestar por el artero ataque enderezado en contra de Ricardo. “Es una infamia”, espetó ante los medios, acusando al periódico de presentar, como propia, una investigación realizada por el gobierno para desprestigiarlo. El escándalo tomó, como lo esperarían sus adversarios, notoriedad declarativa, erosionando profundamente la cuidada imagen del joven dirigente partidario.
Ahora bien, el relato periodístico, resulta ser la crónica normal, del desempeño de muchos políticos mexicanos, pertenecientes a todos los partidos. Consiste en lo que los economistas han denominado como “Crony Economy”, o economía de cuates. Esta se basa en la complicidad entre políticos y empresarios, para favorecerse mutuamente, eliminando los riesgos y el cumplimiento de la complicada tramitología de muchos proyectos empresariales convenencieramente apoyados “desde arriba”. El gran movimiento progresista, encabezado por Teodoro Roosvelt, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, tuvo entre otros objetivos, demoler este sistema que permitió la operación de poderosos monopolios, y en las comunidades más pequeñas, el afianzamiento de oligarquías citadinas dueñas de la política y la economía del lugar, que impedían la expansión de los mercados y la mejor distribución del ingreso.
El relato del desarrollo exitoso de empresas en México, no se explica, generalmente, sin el toque mágico de la política. Ahí está Slim, beneficiado con la venta de un monopolio por Salinas de Gortari. Pero en lo local, también se tejen historias de éxito, gracias a la divina intermediación de políticos, que desde puestos estratégicos y utilizando sus influencias, logran remover con facilidad las barreras de entrada a los mercados, normalmente bloqueados para los ciudadanos comunes y corrientes: licencias de alcoholes, usos de suelo, permisos de construcción, licencias de anuncio, aprobaciones de traza, permisos de venta, extensiones de horarios, etc.
Por lo tanto, el reto que tiene México, no es regresar al estatismo y socialismo ineficiente de los años 70 del siglo pasado, sino el tránsito, hacia un capitalismo funcional, basado en el artículo 28 de la Constitución, que decreta la competencia leal y la libre concurrencia a los mercados para los ciudadanos. El ejemplo del joven Anaya, sirve para demostrar que las políticas de desregulación económica y mejora regulatoria, deben de ser llevadas hasta sus últimas consecuencias, especialmente en las ciudades mexicanas, con la finalidad de evitar la “concentración de éxitos empresariales” en unas cuantas manos, gracias a las amables recomendaciones de parientes, cuates o patrocinadores, posicionados en un puesto político; todo ello sin olvidar, que quienes han sublimado este método, elevándolo a la altura del arte, ha sido la tribu de políticos originarios de Atlacomulco, en el Estado de México. Frente a ellos, palidecen los queretanos y cualquier otro grupo de mexicanos. Son los amos y detentadores del grueso de la economía de cuates.
Finalmente, resulta penoso, que sobre todo los jóvenes que empiezan a acceder a puestos destacados de la política, tanto a niveles nacionales como locales, no entiendan algo muy sencillo: a la política no se va a hacer negocios, ni para ellos, ni para sus familiares. Solo se va a servir, acatando el mandato establecido en leyes. Así de fácil y así de difícil.
@carce55
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