LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN

Carlos Arce Macías

“El Derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos”.

Luigi Ferrajoli (Jurista)

La libertad de expresión y opinión es un derecho humano. Se encuentra contenido en la Declaración Universal de Derechos, expedida en 1948, como respuesta de la humanidad a las gravísimas violaciones llevadas a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Tras un largo y sinuoso camino, México instauró a plenitud un sistema de tutela a nuestros derechos fundamentales.

Sesión de la ONU, de aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos

El 11 de junio de 2011, se cumplieron 10 años, el artículo 1 de nuestra Carta Magna fue modificado y cambió radicalmente, al establecer que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así los mexicanos gozamos de la protección constitucional de un importante cúmulo de libertades, que se originan en el texto constitucional y en una variada cantidad de tratados internacionales, que tiene signados el país. Nunca habíamos gozado de tanta protección a nuestra libertad.

El artículo 19 de la Declaración Universal dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este numeral, básico para el funcionamiento de la democracia, debemos grabarlo bien en nuestras mentes, especialmente los panistas, para no vernos acotados en nuestras expresiones y opiniones, por el miedo que pueda sembrar cualquier directiva extraviada en laberintos autoritarios.

Ningún mexicano debería tener temor por expresarse y criticar a sus gobernantes por cualquier medio. El propio artículo 1 de la Constitución refiere: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos… En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Dicho lo anterior, resulta insólito, que sea precisamente Acción Nacional quién se tranforme, negando 600 años de civilización, en una nueva Inquisición, al más puro estilo del siglo XV. Se resiste a aceptar las críticas abiertas de sus militantes. La sola intención de los dirigentes partidistas, por conculcar derechos fundamentales, produce asco y estupor. No en valde decidieron algunos connotados miembros manifestar su simpatía por partidos europeos de corte facistoide, eso los seduce. La alianza con VOX es encadenarse al facho, el camino de la radicalidad, con el cual algunos pretenden combatir el absurdo radicalismo de la izquierda ignorante, que hoy padecemos. Están sordos y ciegos. Ante el dislate, le decimos a la dirigencia, fuerte, claro y de frente: el problema son ustedes, la partidocracia, no el PAN como institución.

Inquisición

El camino para soterrar el autoritarismo del actual presidente de la República es el señalado por el propio artículo 1 de la Constitución, allí está. Es poner a funcionar el sistema de Estado Constitucional de Derecho, que nos garantice y amplíe a todos nuestras libertades y derechos fundamentales. No rerquerimos caudillos ni ayatolas, sino educación cívica, organización social y cumplimiento normativo.

En los últimos estertores de la revolución, ya advertía Manuel Gómez Morín esa carencia. Por eso fue un creador de instituciones, entre ellas el de una organización política democrática, que se contrapusiera a la autocracia reinante. Es triste, pero ahora, estos herederos de Don Manuel van solos, nombrados a dedazo, sin vida interna que los legitime, iguales al PRI contra el que luchamos en los finales del siglo pasado.

Como remate: azora la construcción de un pliego inculpatorio de tan baja calidad jurídica, como el que elaboraron para intentar mi expulsión del PAN, eso pasa cuando obran por consigna. El próximo viernes 24, a las 10:00 de la mañana, estaré en el Comité Directivo Estatal para sustentar mi defensa y rebatir las pruebas en que se basaron para inculparme. Ya se sabrá a quién le asiste el derecho y la razón.

La enfermedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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TERRORISMO EN GUANAJUATO

Carlos Arce Macías

 

“Toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica”

Montesquieu

 

Es triste en una tierra con fama de buenos juristas, tener que redactar un editorial como el que saldrá el día de hoy, de esta pluma. Algo muy grave se ha perdido en Guanajuato, en cuanto a razonamiento jurídico y aplicación de un Estado Constitucional se refiere. La degradación del Derecho, toca fondo, y no se observa posibilidad de mejora en el mediano plazo. Los gobernantes y representantes de la ciudadanía han perdido piso, y tripulan un viaje de retorno a manantiales jurídicos ampliamente superados por la civilización.

 

Todo inicia con la presentación, tipo Steve Jobs, que con selfie y todo, realizó el nuevo, chavo, perito en Derecho y gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. En dicho show de presentación, el dueño del ejecutivo del estado dividió su exposición en seis ejes, siendo el primero el correspondiente a  “Seguridad y Paz Social”. Pues bien, e aquí, que inició su disertación exponiendo un ejemplo de la forma en que gobernará la entidad, luego de hacerse consciente de los gravísimos problemas policiacos,criminales y de violencia, que aquejan a nuestro estado. 

 

Como muestra de su mano firme y voluntad férrea, Diego Sinhué compartió el siguiente caso: en octubre del año pasado hubo una confrontación en Jerécuaro, pequeño municipio de 50,000 habitantes. Un grupo de manifestantes agredieron a policías estatales. Quemaron vehículos, una patrulla y una motocicleta, y golpearon a un elemento de la policía. En otros lugares o estados se les habría acusado de daños en propiedad ajena y hubieran salido bajo fianza de inmediato, pero aquí en Guanajuato no. Se detuvieron a las 30 personas y están vinculadas a proceso, sin derecho a fianza, por el delito de TERRORISMO, lo que significará la imposición de penas de 3 a 15 años de prisión. Dice el gobernador: “Aquí en Guanajuato no nos van a tomar la medida, aquí hay Estado de Derecho, aquí se va a respetar la ley”. La frase enunciada con fuerza y contundencia se enmarcó en un estruendoso aplauso, de un público satisfecho con la sentencia definitiva que se acababa de emitir, por el voluntarioso gobernante. No se diga más ¡a la cárcel con ellos! El populismo punitivo está de moda.

 

La historia del Derecho y la Teoría del Estado, disciplinas que forman parte de las materias que todo alumno debe de cursar, nos muestran como, a golpe de experiencias, guerras y frustraciones, la civilización superó la concentración del poder en manos de un rey, para compartirlo con otros órganos deliberativos, para acotarle el poder al soberano, como lo muestra la Carta Magna de León, signada en 1188, la Carta Magna inglesa de 1215, las revoluciones americana y francesa de 1776 y 1789 respectivamente, para recalar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la Constitución Americana. El abogado que no conozca esta correlación, debe de regresar a las aulas a estudiar de nuevo esos cursos.

 

El jurista mexicano Rodolfo Vázquez Cardozo enuncia en su obra “Derechos Humanos. Una lectura liberal Igualitaria”: “No existe invento de la humanidad más revolucionario, ni arma conceptual más poderosa contra las diversas formas de fundamentalismo, opresión y violencia, que los Derechos Humanos”. Es por eso, que no respetarlos, anunciando a todo pulmón y públicamente el destino de los acusados, en clara violación del “Principio de Presunción de Inocencia”, así como encuadrar, a sabiendas, en un tipo penal que no corresponde, las diversas conductas de los imputados, a fin de refundirlos en chirona, resulta en graves violaciones a los derechos fundamentales.

 

La imprudente declaración del gobernador guanajuatense, que lanza una sentencia condenatoria previa sobre 30 ciudadanos, nos traslada del Estado Constitucional de Derecho al Estado de Fuerza, al  gobernante “legibus solutus” (libre de ley), que por sí y ante sí, decide el porvenir de los incoados en ese proceso penal. La mazmorra será su destino.

 

Preguntas directas: ¿de verdad hay terrorismo en Jerécuaro? ¿En realidad los ciudadanos capturados son terroristas? ¿Los podemos equiparar con organizaciones como ETA o Al Qaeda? ¿O solo se trata de un mensaje poco civilizado, inconsciente y salvaje, de un novel gobernante, poco preparado y mal asesorado? Triste será enterarnos que el costo de la sonora frase: “no nos tomarán la medida”, costará 15 años de calabozo a 30 ciudadanos, que deben de ser castigados y reprendidos por sus actos, pero no a ese injusto costo, ni violentando el debido proceso.

 

En 2011 el tipo penal de terrorismo fue modificado en el Código Penal de Guanajuato. Se trata de una redacción tramposa que contempla la actualización de un doble dolo, denominado en la teoría penal dolo diverso. En el caso analizado no se cumplen los dos supuestos, solo uno. Sería aconsejable publicitar a nivel nacional este festinado y bochornoso asunto, a fin de encontrar un grupo, defensor de derechos humanos que se encargue del proceso de estos guanajuatenses, que han sido despachados a presidio, señalados por el dedo flamígero del Señor Gobernador. Así no se construye la justicia.

 

Por otra parte, poco favor le hace el gobernador al turismo en Guanajuato. En cuanto se conozca que existe terrorismo en la región se desatará el pánico. Si de por sí la ola de violencia esta afectando muchas áreas de la economía, no imaginamos lo que significará la noticia internacional sobre la intimidante banda terroristas jerecuarense.

 

¡Caray! Que poco hacemos en Guanajuato por contrastarnos con los propósitos voluntarista y militarizante que se viven desde la Federación. No somos diferentes, sino que vamos a la vanguardia de lo que pretende hacerse desde el centro. Triste, pero cada día AMLO se parece más a Diego.

 

 

 

 

POLICÍA O MILICIA

Carlos Arce Macías

 El temporal político guanajuatense se avizora intenso y con vendavales, ha comenzado con la fractura entre organizaciones ciudadanas y gobierno, ante la decisión del gobernador Miguel Márquez, de retirar fondos estatales para fortalecer a los cuerpos de seguridad pública municipales, y reasignarlos para la construcción de un cuartel que será ubicado en Irapuato, desde donde operará una brigada militar, asignada por el Ejército mexicano a tareas de vigilancia. El cuerpo de policía militar, conformado por 3200 elementos, constará de 4 batallones. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y fuerza Aérea Mexicana, en su numeral 109, solo debería realizar labores en el ámbito interno del ejército.

Para Gustavo Rodríguez Junquera, nuevo Secretario de Gobierno, se trata de una insidiosa travesura del destino, que lo ubica en una bifurcación peligrosa: su compromiso con los derechos humanos, a cuya defensa ha dedicado su vida profesional, y su nuevo encargo, al mando de la operación política en el estado. La trampa esta armada, y tendrá que obrar con mucha pericia para no quedar atrapado en ella.

La ansiedad empieza a crecer dentro del ámbito de los encargados de la seguridad pública en Guanajuato. Las estadísticas rebelan aumentos dramáticos en el número de delitos. Las principales ciudades, pero especialmente León, están atemorizadas por el despliegue imparable de la criminalidad. Los dos influyentes funcionarios a cargo de la preservación de la paz pública, que venían actuando con seguridad, desenfado y hasta cierto dejo de soberbia, de pronto se han quedado sin respuestas. Su arma estratégica, el proyecto “Escudo”, les hace agua por todos lados, en tanto los cárteles se asientan a lo largo y ancho del territorio estatal.

Por su parte, la mayoría de los ayuntamientos, hacen mutis a su responsabilidad constitucional de ser los garantes de la seguridad pública. Temerosos de las presiones de los grupos delincuenciales, prefieren aceptar el mando único de facto, que el estado les ha propuesto, que asumir a plenitud su responsabilidad.
 Destaco el caso de León, en donde organizaciones civiles y autoridad local, han trabajado juntas, desde las dos últimas administraciones, a fin de caminar en el sentido correcto: fortalecer a la institución policiaca, mejorando sensiblemente las condiciones operativas de la policía municipal. Se sabe, que la única salida de una comunidad amedrentada por los criminales, consiste en tomar en sus manos la responsabilidad de conformar una policía muy profesional, que logre controlar el fenómeno delictivo dentro de su comuna. Es sabido por los expertos, que desde fuera, nunca llegará la solución.

 En la problemática que nos acosa hay una gran falla conceptual, que no se ha identificado cabalmente. Se trata de la necesaria categorización municipal. Porque resulta que los municipios, tratados constitucionalmente de manera igualitaria, no son iguales. La realidad nos presenta pueblos, ciudades intermedias y metrópolis. Cada categoría requiere, en el tema de seguridad, una receta diferente. Pero a todos se les pretende tratar por igual. Idealmente, por ejemplo, León, Irapuato y Celaya, son ciudades que deben poseer, sin excusas ni pretextos, policías cualificados, con capacidades para prevenir y combatir todo tipo de delitos del orden común, y desplegar sofisticados servicios de inteligencia. Esa es su función.

 Las ciudades intermedias, como Salamanca, Acámbaro, Guanajuato, San Miguel, etc., deben de contar con fuerzas disuasivas contra el crimen, bien organizadas, pero que seguramente requerirán del auxilio ocasional de los cuerpos policiacos estatales.

 Muchos pueblos, como Coroneo, Ocampo, Xichú, deberán mantener su policía tradicional, dedicada a funciones muy elementales, y por lo tanto, las fuerzas estatales deberán organizar su despliegue en esos sitios, para evitar el asentamiento de delincuentes en esos municipios. El principio de subsidiariedad debe aplicarse… y el mando estatal, en consecuencia, solo implementarse en las pequeñas localidades.

 Pero también, se debe de definir una cuestión fundamental del combate a los malhechores y la protección de los ciudadanos: que estas deben de estar a cargo de una fuerza civil y no militar. Este es un principio fundante de la función, en apego a las recomendaciones de las mas altas autoridades del tema. Así lo decreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar sendos casos de Perú y México; al tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda severamente: “Dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”(CIDH, Justicia e Inclusión Social: los desafíos a la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 113. Y como referente jurisprudencial: Corte IDH, casos Cantoral Benavides vs. Perú y Fernández Ortega y otros vs. México).

 Por si esto no fuese suficiente para encontrar respuesta sólida a la pretensión de militarizar la seguridad pública en nuestro estado, el viernes, el periódico Reforma, consignó la noticia: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló a México por ignorar sus recomendaciones de retirar las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública”. Lo anterior basado en la reciente publicación del Informe Anual 2016, en el que se denuncia la desatención de nuestro país.

 A contrapelo de las indicaciones de las instituciones garantes del Pacto de San José, tratado internacional que es derecho vigente en nuestro país, el gobierno de Guanajuato, teniendo como segundo de abordo a un abogado especializado en la política de protección a los derechos humanos, decide, ante su incapacidad manifiesta, militarizar la seguridad pública, al tiempo que reduce su apoyo al fortalecimiento de las fuerzas policiacas civiles. El gobernador Márquez y el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, optan por enfrentar a las más conspicuas autoridades continentales, encargadas de la defensa de los derechos humanos. Un borrascoso temporal se cierne sobre el exprocurador de los derechos humanos en Guanajuato, novel secretario de gobierno. Paradojas de la vida.

Twitter: @carce55

LA HOMOSEXUALIDAD NO ES UNA ENFERMEDAD

 

PREFERENCIA SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS

Carlos Arce Macías

 

En los siglos XVI y XVII, la fe perdió una importante batalla frente a la ciencia. Los personajes que la vencieron fueron Copérnico, Bruno, Kepler y Galileo. La tierra gira al derredor del sol. Termina el geocentrismo. Francis Bacon inicia el método científico, y a partir de ahí, todo ha cambiado, aunque sea lentamente.

 

Luego, en el siglo XIX, volvió a recibir un fuerte golpe cuando Darwin presentó la teoría de la evolución, descartando el creacionismo basado en el Génesis. La ciencia genómica y la decodificación del ADN han acabado de cerrar el circulo sobre la evolución de la vida sobre la tierra. La razón se impone, descartando a las creencias.

 

Y es que para tratar muchos asuntos, no hay más que asomarse a la ciencia. Ésta nos da luz y alumbra el camino, basado en el atributo diferenciador de lo humano, la razón. Es por ello que hay que buscar las referencias científicas respecto a los problemas humanos que se nos van planteando. De otra forma, confrontaríamos las cuestiones del siglo XXI con visiones mágicas y sobrenaturales, a la usanza de las sociedades neolíticas. Un método poco práctico, francamente irracional y totalmente retrógrado.

 

Así, cuestiones como el homosexualismo, deben ser abordados con el método científico. Grandes psiquiatras y psicólogos han estudiado éste fenómeno humano. Al respecto, recomiendo el link de la American Psychological Association:

http://www.apa.org/centrodeapoyo/sexual.aspx . Desde ahí, se puede analizar y procesar un asunto tan delicado como el que ahora se trata en el Congreso del Estado, referente a la ley de sociedades de convivencia.

 

Lo primero es espantar los prejuicios y la ignorancia, e iniciar la discusión y el análisis sobre fundamentos científicamente sólidos. Para empezar hay que dejar bien claro que el homosexualismo es una preferencia sexual condicionada por muchos factores, y no es una enfermedad o perversión, como muchos creen. Así lo han definido las asociaciones mundiales de psicología y psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

La condición de homosexualidad del ser humano, no será la mayoritaria, pero no es antinatural. Los más recientes estudios concluyen: “La mayoría de los científicos en la actualidad acuerdan que la orientación sexual es más probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno. En la mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. Además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona” (Asociación Americana de Psicología). Así, resulta que” la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana” (Organización Panamericana de la Salud) .

 

En ésta ruta, y a partir de definiciones científicas, el proceso civilizatorio ha avanzado en la protección de las minorías y la defensa de sus derechos. De ahí deviene la Declaración Universal de Derechos Sexuales (Hong Kong 1999) y Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra 2007). Ésta reunión conjuntó, a instancias de Louise Arbour, y Mary Robinson, Altas Comisionadas de ONU para derechos humanos, a 29 importantes juristas y expertos de talla internacional, procedentes de 25 países. Pueden consultarse los principios en el siguiente enlace:                    

http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdfEn ésta trascendente declaración se relacionan 29 derechos, siendo uno de ellos el derecho de los homosexuales a formar familia (Derecho 24), que incluye la adopción y a la reproducción asistida.

 

No hay vuelta de hoja, Guanajuato debe reconocer éstos derechos y emitir una legislación moderna y sin prejuicios, construida desde bases científicas. De otra forma, la resistencia al avance marcará a nuestra comunidad, como una sociedad reaccionaria, fanática e intolerante; atrasada pues, como es el caso de varios países islámicos, en dónde el Corán castiga el homosexualismo con lapidación, y ponen la consigna religiosa, sobre el sistema de protección de Derechos Humanos. Tratándose de asuntos civiles, estos son temas del Cesar, no de Dios, no confundamos.

carlos.arce.macias@gmail.com

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