Carlos Arce Macías
A finales de los años ochenta del siglo pasado, resultaba muy fácil para los estrategas del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato, determinar cuáles serían los movimientos futuros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque esencialmente, se trataba de las instrucciones que dictaba el gobernador del estado, Rafael Corrales Ayala. Irlos emboscando y cerrándoles el paso a sus tácticas de partido del gobierno, era totalmente predictivo. Muchos años después revelaremos la forma en que se hacía.
El antecedente principal es que, frente a la oposición, se presentaba un partido unido, gigantesco, casi sin fisuras. Un verdadero gigante electoral, que arrasaba a placer en aquellos lugares que eran de su interés, permitiendo alguna efímera victoria para que se pudiera alardear de que se vivía en un sistema democrático.
El partido era el gobierno, ya fuese estatal o municipal. En épocas electorales la burocracia gubernamental se transformaba en militancia tricolor, organizada y con recursos cuantiosos para mantener una operación territorial fundamentada en un clientelismo populachero y la violación, de ser necesaria, de los paquetes electorales, trampa que se realizaba en las mismas oficinas de los consejos estatales o municipales, embarazando urnas o alterando actas. Todo funcionaba en torno al designio priísta, es decir, bajo el deseo y voluntad del “señor gobernador”.
El día a día del gobierno, se sincronizaba desde el Palacio de Gobierno, sede del poder ejecutivo en aquellos tiempos, en los que la ciudad de Guanajuato era el asiento de todos los poderes estaduales. El gobernador giraba órdenes, hacía nombramientos en todas las áreas, independientemente que pertenecieran a los poderes legislativo o judicial. Así era antes. Ni soñar en una república funcional.
Pero no contaban con la capacidad del PAN, principal partido de oposición en aquél entonces, que demandaba el establecimiento de una vida democrática plena, división de poderes y gobierno profesional que garantizara buenas administraciones públicas, con sentido humanista y concentradas en el logro del bien común.
Así las cosas, resulta que los picudísimos dirigentes del partido albiazul, habían descifrado el código madre del actuar priísta. Esa feliz circunstancia, otorgaba en ese tiempo una invaluable ventaja estratégica al PAN. La fórmula era genial por su sencillez… la revelaremos ahora, pero guarden el secreto celosamente, no lo compartan con nadie. Va: el PRI actuaba siempre en contra de la lógica más elemental. Siempre tomaría la peor opción. La equivocación estaba cantada. Los escogidos serían los peores candidatos, cargados de mala fama. Todo procesado en un tortuguismo ineficiente que impedía al gigante moverse con agilidad, pues todo dependía del designio de una pequeñísima camarilla que rodeaba al gobernador. Casi en todos los afanes, se cruzaban los intereses perversos dirigidos a hacer negocios inconfesables, que torpedeaban cualquier iniciativa que permitiera hacer las cosas con corrección y bien. Cada movimiento y decisión era predecible con mucha anticipación. La “Ley de la Peor Opción”, se cumplía inexorablemente. Ese era el secreto.
Y es que así sucede cuando los gobiernos no abrevan de las fórmulas democráticas, que permiten la oxigenación y el saneamiento constante de la vida pública, eso le pasó al PRI. Poco a poco, todo lo pudre la corrupción, si es tolerada y fomentada. Sin darse cuenta, se esfuman los espacios para una acción positiva, porque todo queda encadenado a los siniestros intereses de gobernantes que traicionan impunemente a la sociedad, robándole los presupuestos públicos.
Recordando estas viejas historias, hoy nos congratulamos que los gobiernos modernos que hemos elegido en procesos prístinos y legales se alejen del obscuro pasado que acabamos de relatar. Es bueno que la conducción con sentido de gobernanza, sin dedazos autoritarios, bajo parámetros democráticos de alta calidad y respetuosos de la división de poderes, haga imposible que acabemos atrapados por la Ley de la Peor Opción. Son otros tiempos ¿verdad? Porque da escalofrío pensar que al actual gobierno le sea aplicable esta tremenda ley. Si así fuera, en una confrontación directa con el presidente de la República, el resultado sería fatal para Guanajuato. De antemano sabrían en Palacio Nacional que su adversario escogerá siempre la peor opción. ¡Glup!
CARLOS ARCE BLOG 