TOC,TOC… MI CONCESIÓN

Carlos Arce Macías

Ecuación de Robert Klitgaard, especialista en corrupción de la Universidad de Harvard. “Corrupción igual a:  No competencia, más discrecionalidad, más opacidad”.

La ciudadanía no es boba y entiende a la perfección cuando un acto de gobierno,  que entraña un negocio multimillonario, está bien o mal ejecutado. No la engañan. También ha aprendido a olfatear el penetrante tufo de la corrupción.

Esta semana nos enteramos como el gobierno del estado, adjudicó “a dedo” una concesión de dos mil millones de pesos a la constructora Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.

La historia es la siguiente:

Toc,toc,toc…

-Buenos días señor gobernador, nos presentamos: somos ingenieros de la Constructora Grupo México, enviados del señor Larrea. Venimos a hacerle un planteamiento muy interesante que beneficiará a los guanajuatenses. ¿Nos permite presentarlo?

-Adelante, estoy muy interesado en todo lo que beneficie a mi pueblo.

-Mire usted, señor gobernador, andábamos recientemente paseando por las carreteras del estado, cuando cerca de la ciudad de Silao nos llegó la inspiración y nos dimos cuenta del problema que tienen los trailers que viajan rumbo al norte, para tomar la carretera que conecta con la federal 57. Es todo un lío. Hay que dar solución ágil a esa aglomeración de vehículos, construyendo un libramiento que parta de la carretera 45, a la altura del Puerto Interior, hacia la carretera Silao-San Felipe. Pero también pensamos, que ya hecho ese gasto, podríamos extender la autopista hasta la carretera Silao-Guanajuato, a la altura del Parque Bicentanario. ¡Sería una gran obra de infraestructura!

-Mmm, mmm, mmm, me parece muy interesante, nunca se me hubiera ocurrido la pertinencia de una obra así, ni tampoco a mi secretario de Obras Públicas. ¡Visionarios!

-Por eso, nuestro departamento de ingeniería ha elaborado la descripción del proyecto, los estudios de pre factibilidad técnica y financiera, indicando los beneficios sociales esperados y una evaluación del impacto ambiental de la obra, que deseamos poner a su consideración.

-¡Me parece una idea genial! La revisaré, pero desde ahora les comento que considero que se trata de una inversión en infraestructura de beneficio social y económico para el estado y que seguramente cumple con los requisitos de ley. ¡Me emociona! Es la primera vez que una empresa tan importante como la de ustedes, se presenta con tan benéficas y bondadosas ideas. ¡Gracias por pensar en Guanajuato!

Lo que ocurrió días después, fue recoger un oficio en que el Titular del Poder Ejecutivo daba su consentimiento (facultad discrecional) para iniciar el proceso, marcado en los artículos 17 y 18 de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato (LCSIPEG), y de esa forma poder obtener, mediante adjudicación directa la imaginativa obra de infraestructura, que jamás se le hubiese ocurrido a guanajuatense alguno, a los funcionarios de la secretaría de obras públicas, a la dirección de obras municipales del Silao, o a alguna de las grandes compañías constructoras de la región.

Bueno, una vez presentada la crónica de estos extraordinarios sucesos, ruego a los lectores no infundirse de dolo y malicia, y por lo tanto desechar cualquier sospecha sobre un posible acuerdo previo y malévolo, para pactar con esa importante empresa, la entrega, sin licitación, de un suculento negocio de ¡2200 millones de pesos!, que pagarán los transeúntes de esa vía. Eso no podría pasar en este reino.

Y si en algún momento se sembrase esta duda sobre la conducción honorable del gobierno estatal, tendíamos que asumir, que finalmente, todo se debe a la pérdida de los controles republicanos más elementales. A que los guanajuatenses han perdido su derecho a la oposición, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Que nos encontramos inmersos en un Estado fallido, donde solo cuenta la voluntad discrecional y unipersonal del Titula del Poder Ejecutivo, y nadie se atreve siquiera, a reconvenirlo por su sospechosa conducta. Porque la decisión es de él. Así está consagrado en esa ley a modo.

El resolutivo de conferir la concesión sin un proceso de competencia que ajuste el costo de la obra, no tolera escrutinio alguno. Es la voluntad del monarca, plasmada en acuerdo real. La predisposición autoritaria se evidenciaría con la negativa del Congreso del Estado, para abrir el tema y discutirlo. Resulta asombrosa la forma en que la diputada más potable de la bancada gubernamental, quién mejor ha trabajado, en dócil actitud, descarte cualquier posibilidad de revisión del asunto. Y lo más dramático, la diputación de la oposición, ni por encontrarse en plena campaña electoral, se atreve a elevar reclamo alguno al monarca. Habríamos perdido así, todo vestigio de contrapeso entre poderes. Y para hacer más dramática la situación, ni siquiera la presidenta recién nombrada, del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Anticorrupción, muestra asomo de indignación e interés por profundizar en el escandaloso caso. Mal inicia su gestión.

Propongo que clarifiquemos de plano la situación. Con audacia, el actual gobierno decidió proceder de acuerdo a los artículos 17 y 18 de la LCSIPEG, para generar, fuera de competenciay bajo los parámetros más escandalosos de discrecionalidad y opacidad (La concesión se conoció hasta el Jueves Santo, al publicarse en el Periódico Oficial del Estado), un enorme negocio a una empresa, que habrá gastado al final, únicamente en el proyecto ejecutivo de la obra, ya que bursatilizará la inversión en la Bolsa de Valores. Un negocio de esa envergadura, obtenido de tan fácil manera, sin tener que enfrentar un ápice de competencia con otras empresas del ramo, no suena lógico, sino metálico.

Tarde se le debería hacer al Congreso, para discutir lo siguiente:

1.- La necesidad de reformar una ley auspiciatoria de conductas poco apropiadas para garantizar una recta administración pública.

2.- La contradicción del articulo 17 del la LCSIPEG  con el 134 de nuestra Constitución, que obliga a los gobiernos a administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a adjudicar la prestación de servicios, a través de licitaciones públicas (Art. 134 tercer párrafo).

3.- La revelación de las autoridades de Obra Pública Municipal de Silao, sobre la existencia del proyecto del Libramiento Norte, desde hace varios años, lo que revelaría la inaplicabilidad del artículo 17 de la LCSIPEG (Entrevista del periódico Correo del 7/04/2018, de Cruz Sánchez con Luis Camilo Anguiano Gutiérrez, director de Obras Públicas Municipales de Silao).

4.- La secrecía que guardó el proceso de adjudicación directa de la concesión, que debería estar sujeta al principio de máxima publicidad. Pretextarán la reserva por ser un asunto en trámite.

Por lo pronto, solo hay silencio. Pero el dadivoso acto unipersonal del monarca provinciano, el lejano interés y la molicie proyectada por la Presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción ante un acto por demás sospechoso, así como la actitud medrosa y sumisa de los diputados estatales, agravian profundamente a los guanajuatenses. Pero estos tendrán forma de desquitarse en la próxima elección. Solo así entienden los políticos.

@carce55

Anuncio publicitario

LA MALDITA TRANSPARENCIA

LA MALDITA TRANSPARENCIA

Carlos Arce Macías

La política de transparencia nos está amargando la vida a los mexicanos. Sin ella, bajo la opacidad todo parecía estar bien. No nos compungían las malas noticias sobre la realidad nacional, y el proceder descarriado de nuestra preclara clase política. Estábamos fatal, pero no nos dábamos cuenta. Ahora, respaldados por datos e informes, nos percatamos de pronto, que no tenemos policías, ingenieros, maestros ni funcionarios profesionales. Vamos pésimo.

Miren, por obra y gracia de la transparencia, en unos cuantos años, hemos constatado que nuestra policía no sirve para protegernos de los criminales y prevenir los delitos. Nos dimos cuenta, gracias a los índices de impunidad y el registro delictivo preciso, que los agentes policiacos de nuestros pueblos y ciudades, estaban organizados para bolsear borrachos y lidiar con vecinos rijosos. Un día nos despertamos con la noticia de que la ciudad se la disputan varios cárteles, y nuestra policía es incompetente para enfrentar organizaciones criminales corruptoras, infiltradas en los gobiernos, y armadas hasta los dientes. Simplemente no tenemos policía.

Ahora, la ocurrencia de los políticos quiere vendernos la pócima mágica: el mando único. Verdadera disparatada, que promoverá la irresponsabilidad de las autoridades locales respecto a la seguridad pública, y pondrá en manos de los gobernadores, casi todos priístas a las “fuerzas del orden”. Se trata de una efectiva fórmula para liquidar la autonomía municipal, y controlar a aquél gobierno comunal que ose tratar de gobernar en contra de la línea del Ejecutivo estatal. Les podrán administrar el crimen local a contentillo. Es una tontería, contraria al auténtico municipalismo y la democracia; pero presentada como si todos los gobernadores hubieran demostrado eficacia en la materia. La situación de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz develan la ineptitud.

También por culpa de la transparencia, se nos informa recurrentemente sobre las transas en la contratación de obras públicas. En México, resulta imposible planear una obra pública, formular un proyecto ejecutivo, presupuestarlo, ejecutarlo, entregarlo en tiempo, y pagar solo lo que se presupuestó. Los costos están manipulados, las licitaciones arregladas, las asignaciones comprometidas, la competencia entre constructoras simulada, y la decencia profesional de los ingenieros liquidada. Ahora, parte de la obra pública esta ligada a la delincuencia y a políticos corruptos que imponen moches. La ingeniería civil mexicana, está en decadencia y la mala calidad de sus obras, quedan a la vista de los ciudadanos de inmediato. Nadie ha iniciado una seria incursión para poner coto a la complicidad entre gobernantes y constructores deshonestos. Los ejemplos menudean por doquier.

Otro día transparente, nos amanecemos con la noticia de que la lideresa de los profesores ha sido encarcelada, y que en realidad ¡sorpréndanse! no tenemos verdaderos maestros. Las pruebas de competencia laboral nos presentan un obscuro panorama. La profesión de la enseñanza es indigna para muchos mexicanos. ¿Cuántos padres quisieran que sus hijos estudiaran para ser normalistas? Muchísimos de los actuales maestros carecen de capacidades para educar. No enseñan nada, son una vergüenza, son los primeros reprobados en los exámenes de conocimiento. Pero el problema no solo se limita a la educación pública, muchas escuelas particulares están convertidas en pingües negocios, que también estafan a los negligentes padres de familia, que no se organizan para presentar un frente común y exigir una educación de calidad. En algunos centros escolares, hasta los niños quedan expuestos a las perversiones de sus maestros, y el silencio y la discreción son la respuesta. En realidad los padres de familia hemos sido los verdaderos culpables de la situación por no reaccionar y permitir tanto abuso.

Finalmente otra perla que nos evidencia la transparencia: la carencia de información de muchísimas administraciones gubernamentales. Sabemos que estas, no documentan con precisión las funciones, facultades y atribuciones de sus burócratas, impidiendo la rendición de cuentas. Son gobiernos de chiste, con las arcas abiertas para utilizarlas en provecho de los impúdicos funcionarios. Los casos de los gobernadores Granier, Medina, Moreira y Duarte lo evidencian.

Así, la construcción de sistemas anticorrupción, se convertirá en castillos de naipes, que se desbaratan de un soplido. No hay administración, no hay instrucciones y órdenes documentadas y firmadas por los responsables, y por lo tanto, los tranzas seguirán estando a buen resguardo de la ley, mientras los mexicanos gastamos más dineros públicos en aparatos burocráticos ineficientes, que darán palos de ciego tratando de cazar ladrones, blindados de impunidad.

Pensamos que quizás, la transparencia ha resultado una acción gubernamental demasiado cruel, que nos muestra una realidad nacional devastadora: pésimos gobiernos, cada día más cínicos; pero ciudadanos estáticos, pasmados, que no estamos reaccionando adecuadamente, organizándonos y enfrentando los problemas. De seguir así, sin duda, seguiremos mereciendo los gobiernos que tenemos.

Twitter: @carce55

 

 

¿COMO PODEMOS EVITAR LOS MOCHES?

RECETA CONTRA EL MOCHE II

Carlos Arce Macías

 

Para Luis Gutiérrez y Gerardo Flores, ingenieros “locales”.

 

En mi colaboración dominical de la semana pasada, sostuve que la única manera eficiente de evitar los tradicionales diezmos y moches en la contratación de la obra pública, era a través de establecer una verdadera competencia. Mi propuesta tuvo algunos detractores, creyentes aún, de que privilegiar a los gremios locales es bueno, por lo que sugieren sostener ésta política de asignación de obra pública. Insisto, están totalmente equivocados.

 

Lo primero es definir empresa local. Y es que legalmente no existe definición al respecto. ¿Hay un padrón gubernamental de empresas “locales”? No. Y si lo hubiera como requisito de asignación, sería ilegal. Y es que constitucionalmente, existe la garantía de igualdad, todos los mexicanos somos iguales ante la ley, y el establecer privilegios a algunos sobre otros, significa discriminación. Las empresas son mexicanas y no se les puede imponer límites estatales o municipales para ejercer su actividad. Hacerlo es discriminar.

 

Pero no solamente eso, muchas empresas “extranjeras” son mexicanas. Los tratados internacionales como el de América del Norte, Japón y Unión Europea contienen la cláusula de “trato nacional” para personas físicas y morales que desempeñen actividades en el país. Esto amplía totalmente el concepto de “nacional”. La competencia es global, y la tenemos en las narices.

 

Ahora bien, los gremios constructores están actuando contra la Constitución, específicamente el artículo 28, que prescribe la libre concurrencia y la competencia en el ámbito económico. Todos los constructores y empresas constructoras pueden competir en el espacio estatal y local por una obra pública. Las empresas constructoras “locales” no pueden estar sobre las asentadas en otros estados o municipios, todas son mexicanas, punto. Privilegiar, en los términos que proponen los Colegios de Ingenieros y otros gremios constructores, significa trampear las licitaciones, cancelar la competencia, o preferir la asignación directa, abriendo la puerta a la corrupción. Miren, resulta sencillo, bajo el pretexto de “privilegiar” a la empresa local, otorgarles discrecionalmente la obra pública, moche y diezmo de por medio, a compadres, amigos, patrocinadores e incondicionales. No nos hagamos, el mecanismo es profundamente corrupto y corruptor.

 

Muchos empresarios mexicanos se resisten a competir. Están acostumbrados a extraer rentas de los presupuestos públicos, en éste caso, del destinado a la obra pública. Por otro lado los alcaldes insisten en primar las obras sobre la gestión de servicios públicos, marcadamente el de seguridad pública. De los servicios es más difícil extraer rentas. Es más cómodo coludirse con sus amigos constructores. El panorama es obscuro, obscuro, obscuro… para los ciudadanos y sus impuestos.

 

 

Actuemos, es hora de frenar la exigencia de las organizaciones de constructores de que el gobierno “les de y asegure obra”. ¡Qué compitan! Y mientras más intensa sea la competencia y más competidores haya, el dinero del pueblo será mejor gastado. No hay pierde. Pero eso, precisamente, es lo que no quieren, sino que desean conservar sus utilidades, presionando a los gobiernos a que les garanticen rentas anuales del presupuesto público. ¡Que fácil!

 

Los ciudadanos debemos combatir el falaz argumento de los constructores. ¡Al demonio! Que se vayan con su demagogia a otra parte. Debemos exigir a las autoridades que construyan un verdadero mercado de contratación de obra pública, abierto, sin barreras, que lo que privilegie sea la libre concurrencia, para que ahí compitan, a través de licitaciones, todos los constructores que quieran; y que gane quién ofrezca mejor precio y calidad, sin importar que sea de Querétaro, Nuevo León o Guanajuato.

 

Obra pública bien construida, cumplida a tiempo (sic), comerciada a los mejores precios es lo que se debe de exigir a los gobiernos, cortando de tajo, por inconstitucional, antieconómico y corrupto, el sistema de “privilegio por ser local”. No nos traguemos el engaño.

carlos.arce.macias@gmail.com

Twitter: @carce55

COMPETENCIA UNICA FÓRMULA CONTRA EL MOCHE

RECETA CONTRA EL MOCHE

Carlos Arce Macías

 

La obra pública que realizan los gobiernos da pie a que los políticos exijan a los constructores un porcentaje del costo de la obra, como compensación, premio o vil extorsión, por el hecho de haberles asignado dicha obra. Sabemos que tradicionalmente se requería el 10 % del costo, por lo que se le denominaba “diezmo”. Ahora no percatamos que nuestros políticos se han vuelto más  ambiciosos, llegando a exigir hasta el 35%. Lógicamente estos porcentajes, denominados “moche”, significan la elevación de los costos de la obra, y se traduce en que se realizará 10, 20 o 35% menos de obra pública. Quién paga al final los platos rotos, es el ciudadano, como siempre.

 

Esencialmente hay dos recetas para evitar el abuso al que estamos siendo sometidos. Las comento. La primera es votar y colocar en los gobiernos a personas honestas y comprometidas con una administración transparente. Esta es la mejor solución, la menos cara y la que garantiza mejores resultados. No hay gobierno más eficiente y eficaz, que aquél que es gestionado por gobernantes probos. Así de sencillo.

 

Pero como sabemos que eso de la honestidad no se le da a muchos gobernantes, y que los partidos políticos han decidido privilegiar el triunfo electoral a cualquier precio sin importar de donde vengan los recursos, y que los políticos exitosos son aquéllos que más abusan de los presupuestos que manejan, la receta para evitar el moche no transita, por el momento, a través del ámbito electoral.

 

El único camino que queda franco, es el de la competencia. Esa exótica condición que apenas entendemos los mexicanos, es la única vía que garantizaría que el oprobioso moche, no se ejecute. Miren, si para obtener una obra pública los constructores deben verdaderamente competir entre sí para adquirirla, los márgenes para la dádiva ilegal, se esfuman. ¿Qué constructor en un ambiente competitivo, podría sostener un sobreprecio de 10 al 35% en sus cotizaciones? Seguramente perderían la licitación.

 

De tal manera que lo que debemos propiciar es que la obra que contrata el gobierno se licite y que la competencia se torne encarnizada, para así conseguir los mejores rendimientos de los dineros públicos. Pero aquí es donde se presenta un problema agudo, que se disfraza de medida bondadosa a favor de un gremio influyente. Esto sucede cuando se ordena privilegiar a las empresas locales para que estas sean las beneficiarias de los presupuestos, descarrilando todo el ambiente de competencia. Analicemos con detenimiento el caso.

 

Para que haya competencia se requiere de que se eviten barreras de entrada para competir. Hay que privilegiar la multiplicación de competidores, estableciendo el menor número de trabas para la participación. Entre más competidores, menos posibilidades habrá de colusión entre empresas para definir un ganador de manera tramposa. Lo único que debe guiar la adjudicación de una obra es calidad y precio. No puede haber más consideración. Pero si la autoridad envía el mensaje de privilegiar a los empresarios locales, se esta dando la orden, implícita, de hacer trampa, a fin de descalificar empresas “foráneas” y otorgarles indebidamente a las constructoras del lugar los contratos. El funcionario que administra la licitación, adquiere con ello una discrecionalidad tal para el otorgamiento de obras, que se convierte, automáticamente, en el crisol de la corrupción y el otorgamiento de moches.

 

Muchos constructores protestarán, pero lo harán sin razón. Su obligación es mejorar su productividad y ser más competitivos. Si los locales pierden frente a otras empresas, habrá que ayudarlas a convertirse en organizaciones más eficientes y eficaces a través de programas específicos, no dándoles ilegalmente obras públicas por la pura condición de ser locales. Solo así se acabará el moche. No hay de otra.

carlos.arce.macias@gmail.com

Sígueme en twitter: @carce55

 

EL SILENCIO ES LA CLAVE…

OMERTÀ

Carlos Arce Macías

A mediado de los años setenta del pasado siglo – la referencia suena lejanísima-, tuve oportunidad de vagabundear por Europa, recalando en Roma para visitar a un querido amigo, que en aquélla época estudiaba su doctorado en criminología en esa ciudad. Luego de ser guiado por todo sitio de interés romano, abrumado por la exuberancia de su conocimiento, mi anfitrión me dijo:

– Ahora es necesario que conozcas Sicilia. Vayamos éste fin de semana.

Yo le contesté con cierto temor:

– Oye, pero ahí esta la mafia, puede ser muy peligroso.

Mi amigo replicó entonces:

-¡No hay peligro! Yo ya fui. Te encantará, la mafia ni al caso.

Así emprendimos el trayecto entre Roma y Palermo. Antes de la madrugada nos encontrábamos navegando el estrecho de Messina, y ya clareando, el tren entró a la Estación Central de Palermo. Salimos del centro ferroviario a la plaza Julio César, y precisamente a un lado de la estación había varias patrullas estacionadas con sus torretas encendidas. Alrededor había algunos curiosos, a los cuales nos unimos. Sobre el suelo se encontraba el cadáver de un hombre, con limones en los ojos y boca.

– Es la mafia – comento mi amigo criminólogo –. Éste sujeto violó el Código de Silencio, la Omertà, por eso fue asesinado. Ese es el símbolo de los limones.

Así comenzó nuestro viaje por Sicilia, que por cierto fue maravilloso.

Éste código del silencio entre los “mafiosi”, obliga a todos los involucrados en la delincuencia a no denunciar ante las autoridades ningún tipo de actividad, incluso de los clanes rivales. El rajón se muere. La etimología proviene del castellano “hombredad” –Sicilia fue parte del Imperio español-, y de ahí se fue corrompiendo el término, mezclado con el complicado dialecto  siciliano, hasta acabar en omertà.

Gracias a éste pacto, de machos, de lealtad a toda prueba dentro de la hermandad delincuencial, la mafia  no pudo ser evidenciada por las autoridades, hasta 1963, cuando Joe Valachi, un gánster neoyorquino, testificó ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos y reconoció la existencia de la organización y la proliferación de sus tentáculos.

Así funciona el crimen organizado. Su primera regla es el silencio, que nadie hable, que nadie denuncie, todos calladitos.

Y cuando se organizan actividades ilegales, como la sobrevaluación de obras públicas por parte de los constructores, así como el “moche”, entregado a los funcionarios involucrados en la dolosa acción, lo primero que se establece es la omertà. Eso explica el silencio de todos ante la más leve mención de la actividad delictiva. Pero  más fuerte aprieta el bozal, cuando aparece el escándalo periodístico y éste es evidenciado con grabaciones. El callejón sombrío de la corrupción se ilumina, pero todo continúa en absoluto silencio.

Y hay que decirlo, la industria constructora, esta sumergida en la omertà. Dentro del gremio todos saben, que si realizan obra pública, deben de inflar costos, sobre cotizar y distribuir ganancias con los asignadores del trabajo. Antes se llamaba “diezmo”, ahora “moche”, que sabemos puede escalar , incluso, al 35% del costo.

Esta acción corruptiva de una de las industrias más poderosas para distribuir beneficios entre las clases más vulnerables, por el uso intenso de mano de obra poco calificada, es una de las perversidades más lastimosa para la economía del país. Al mismo tiempo, se limitan las obras, lo que impacta en empleos,  y los dineros públicos se privatizan en beneficio de unos cuantos vivales; pero lo peor, se contribuye a denigrar a la persona humana, convirtiéndola en parte de un juego corrupto y degradante para muchos profesionales de la arquitectura y de la ingeniería. Los convierte en malos ciudadanos y en pésimos mexicanos. Es tiempo de romper la omertà.

carlos.arce.macias@gmail.com

Sígueme en Twitter: @carce55