FUERO

Carlos Arce Macías

A nivel federal, avanza la iniciativa de eliminación del fuero, consignado en diversos artículos de nuestra Constitución. La postura es claramente populista, dirigida a un pueblo enojado con sus representantes. Confunden el síntoma con la causa. Guanajuato ya eliminó el fuero, especialmente el de sus diputados. Pésima decisión en un ambiente monárquico-provinciano, como el que se ha instaurado en nuestro estado.

Nos dicen los historiadores que todo este asunto comenzó en la Inglaterra de la alta edad media. Hacia el año 1340, Eduardo III, inició contra Francia la llamada “Guerra de los Cien Años”. Esto desencadenó fuertes presiones económicas para su reino, y por lo tanto una confrontación con sus barones. El líder del Consejo Real era el destacado John Stratford, arzobispo de Canterbury, la posición más importante de la Iglesia en Gran Bretaña. El encontronazo entre el rey y su Consejo se tensó mediante estratagemas legales para imputar delitos a Stratford y así neutralizarlo de la batalla política. Fue esa la primera vez, en que un miembro de un proto-parlamento, exigió ser juzgado por sus pares, y no por el monarca. Ahí nació pues, el reclamo de fuero especial para los parlamentarios. La contienda fue ganada por los lores, y la autoridad regia se vio limitada.

Ya en los años 1397, 1459 y 1512, se dieron violaciones a los privilegios de los parlamentarios, por lo que se dictó la primera ley que definió los fueros del Parlamento, y que fue ratificada hasta 1667. Antes Jacobo I, no estuvo de acuerdo en conceder tal poder a los súbditos, Carlos I, su hijo, con aspiraciones absolutistas, menos. Le cortaron la cabeza en 1649.

Finalmente se establecía que cada miembro debía tener garantizado su pleno derecho a expresarse libremente, quedando protegido contra acusaciones, presiones o ultrajes. El principio de que los asuntos del Parlamento y sus miembros se resuelven dentro del propio Parlamento (fuero parlamentario) quedó plenamente definido en el “Bill Of Rights”, signado por Guillermo de Orange en 1689. La larga lucha se cerraba bajo la contundente victoria de los “representantes del pueblo”.

Con ese ejemplo, drástico y brutal, Estados Unidos incluyó en su Constitución (1787) el blindaje parlamentario, así como luego de un excesivo uso de la guillotina y de muchas cabezas que rodaron en su entorno, Francia también lo asimiló en sus constituciones de 1791 y 93.

Desde estos dramáticos momentos de la historia moderna, la mayoría de países con regímenes democráticos, ya sean parlamentarios o republicanos, decidieron adoptar la protección de sus legisladores frente a los titulares del poder ejecutivo o monarcas en funciones. Durante el siglo XIX, México no fue la excepción.

Nuestra historia no está exenta de conflagraciones entre caudillos y representantes populares. En 1822 Agustín de Iturbide disuelve el Congreso y encarcela, entre otros a los diputados Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamente y a José María Luis Mora. En 1913 Victoriano Huerta ordena encarcelar a 84 diputados que se revelan a consecuencia del golpe de estado del chacal contra Madero. Nunca las relaciones entre los titulares del Poder Ejecutivo y los verdaderos representantes sociales, han sido tersas.

Mediante la reflexión sobre los hechos históricos narrados, y ante la irreflexiva moda de eliminación del fuero, el diputado argentino Sergio Massa; expresa lo siguiente: “Los diputados no pueden ni deben renunciar a sus fueros, porque los fueros no son una prerrogativa personal sino un reaseguro del Parlamento para fortalecer su funcionamiento, libre de presiones del Poder Ejecutivo, y también de los particulares que mediante denuncias judiciales podrían interferir  en la actuación de sus miembros”.

Los mexicanos hemos tomado, con temeridad pasmosa, el sendero rumbo al precipicio. Por eso ante la amenaza de eliminar el fuero constitucional, el doctor Diego Valadés del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: “los gobernadores/caciques verán multiplicado su poder de control sobre los legisladores y los jueces locales”. Tal parece que la apuesta a favor de un gobierno autocrático se dobla, al tomar una decisión tan trascendente al calor de brindar a la ignorante y vociferante tribuna populachera, la eliminación de un escudo, que solo acabará empoderando al más fuerte frente al débil.

El problema no es el fuero, como neciamente se cree. El problema es la falta de democracia interna de los partidos, que impide el acceso al poder a mejores representantes. El problema es la liquidación paulatina de la oposición en los congresos. Sin fuero, quiero ver a los futuros congresistas, por ejemplo, intentando enfrentar maniobras atrabiliarias de López Obrador. Los va a hacer picadillo. Tontos.

@carce55

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ELECCIÓN EN CAMARILLA

Carlos Arce Macías

 Existe un fenómeno en la vida interna de los partidos, que ha ido desarrollándose y sofisticando desde hace varios lustros en el interior de las distintas formaciones partidarias. Se trata de la conformación de camarillas compuestas por militantes que buscan puestos de elección popular, y que se amalgaman para conformar una fuerza política interna, de tal magnitud, que acaba imponiéndose a cualquier proyecto diverso que intente obtener los mismos puestos en disputa. Se trata de una elección en camarilla.

Pongamos un ejemplo teórico, que nada tenga que ver con la realidad, para evitar herir susceptibilidades. Imaginémonos que en una entidad federativa van a llevarse a cabo comicios generales, que involucran gubernatura, diputaciones estatales y ayuntamientos. Lo normal, democráticamente hablando, sería atender cada una de esas candidaturas en su ratio, es decir en aquellas virtudes y capacidades que cada candidato debe poseer, para desempeñar, mejor que otros, el cargo al que se aspira. De esa forma, las coordenadas para cada elección en lo particular, se deberían mover en el terreno de las capacidades individuales; y la selección interna de los partidos debería pasar por una estricta evaluación de los precandidatos, teniendo como referencia su idoneidad para el puesto. Esta mecánica es la que filtraría las candidaturas, excluyendo a los poco capacitados, o claramente inviables. Estamos ante el hígado de la política, que debería funcionar para hacer llegar a los puestos públicos, a los militantes del partido mejor evaluados. Así debe de funcionar, desde el crisol doméstico de la vida partidaria, la democracia.

 Pero como sabemos por experiencia, algunas veces, la mano del diablo se presenta para trastocar los ánimos de honorabilidad. Esto sucede, cuando en esa entidad federativa hipotética puesta como ejemplo, un personaje, con ciertos respaldos y potencia política, empieza, casi siempre anticipadamente, a manifestar sus ánimos por la gubernatura, exhibiendo el supuesto respaldo del gobernador en turno. Las fuerzas políticas al interior del partido, se comienzan a alborotar. La apuesta por las futuras candidaturas, se desata, y de inmediato tenemos la conformación de una camarilla política, en busca de todos los puestos a disputarse en la elección general y el reparto de posiciones dentro del futuro gobierno.

 Describo pormenorizadamente: el impaciente precandidato a gobernador, acuerda con los políticos aspirantes al cargo de diputados, en los diversos distritos, apoyo mutuo. Casi siempre se trata de recursos por parte del futuro candidato a gobernador, versus la operación electoral en el distrito de que se trate, que le puedan aportar los diputados en proceso de reelección o nuevos candidatos. De esa forma, en la camarilla se impone un pacto de apoyo electoral, que esconde, por lo general, apoyos ocultos. Se vuelven cómplices de campaña. Esta misma lógica, se extiende a la conformación de los ayuntamientos, con la alianza entre el precandidato a gobernador y los aspirantes a alcaldes, síndicos y regidores. Todos en paquete.

 Y hasta aquí las cosas parecen funcionar a las mil maravillas, cuando se trata de lograr el control de la sucesión para el gobernador en funciones. Pero no se advierte el serio daño que está por ocasionarse a la democracia en el estado, al permitir que dentro del partido se imponga este perverso juego.

 Veamos: el compromiso con el funcionamiento democrático debe de consolidarse con hechos y no con discursos vacíos. Ser demócrata, en estos tiempos, conlleva riesgos, y exige valentía e inteligencia. Accionar a favor de la democracia requiere de una apuesta por la virtud, en cada nombramiento a puestos públicos, y apoyo político al líder de su partido, para lanzar a los mejores candidatos, los que de manera óptima puedan representar y hacer valer esa representación, en la contienda electoral.

 Por eso, permitir la constitución de camarillas electorales, es prefigurar un pacto político, sobre el que se constituye el criticadísimo “pacto de impunidad”. Los personajes que se involucran en la formación de estas camarillas, conforman un grupo de interés, un factótum, una asociación, que degrada y elimina la democracia interna de un partido.

 Al permitir conformarse este tipo de pandilla, algo que se suscita, inescrupulosamente, son los acuerdo de intercambio de puestos, que los miembros de estas camarillas realizan con otros partidos, para repartirse las posiciones electivas en algunas zonas, a cambio de asegurar el triunfo de sus candidaturas. Un estercolero al final de cuentas.

 Pero más allá del fraude a la democracia, el mayor peligro se presenta en el ámbito institucional de la rendición de cuentas: el Congreso estatal. En esa entidad federativa ficticia a la cual nos hemos estado refiriendo, el mecanismo de rendición de cuentas, quedaría cancelado, ante una elección en camarilla. El funcionamiento del pacto de impunidad y de respaldo incondicional, se establecería desde la afiliación al grupúsculo, y todo disenso al apoyo automático al nuevo gobernante, se convertiría en traición. A la vez, se quebraría la separación de poderes y con ello el funcionamiento republicano del Estado.

 En el patético caso de Veracruz y su raterísimo ex gobernador, se desnuda esta situación. Los compromisos inconfesables de estas camarillas, establecieron el respaldo y la aprobación mecánica de propuestas, iniciativas, presupuestos y aprobación de endeudamiento, sin que los diputados respingaran. Junto con Javier Duarte, los que deben de acompañarlo en la celda son todos los diputados que lo relevaron de la obligación de rendir cuentas. Así de contundente.

 Por eso, la única defensa de los ciudadanos, frente a un fenómeno de esta naturaleza, sería no votar por ningún candidato participante en un acuerdo de esta naturaleza. Primero la democracia, y luego los partidos. No hay opción.

Twitter: @carce55