PROFECO EN EL DILEMA

Carlos Arce Macías

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se encuentra en un dilema. Su actual procurador prefiere defender a la CFE y no a los consumidores. Su obligación no es controlar precios, está proscrito con excepción del gas, sino evitar abusos.

Antes, con colores “no oficiales”

Ahora paso a un relato biográfico que les puede interesar. Mi primer contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue durante mi participación en el LVII Legislatura Federal, cuando casi al final del trienio, el presidente Zedillo mando un mensaje al grupo parlamentario del PAN: había posibilidades de sacar la Reforma Eléctrica y nos conminaba a hacerlo. Pero el grupo se encontraba exhausto, las duras batallas por cambios legales, aprobaciones de presupuesto y el FOBAPROA, habían consumido al batallón panista que le había tocado inaugurar los gobiernos sin mayorías absolutas a nivel federal. ¡Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado, y cuantos cambios hubiéramos propiciado, de haber logrado procesar esa reforma doce años antes! Le hubiéramos ahorrado al PAN los moches.

Mi segundo asunto con la CFE se dio desde la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la cual dirigía. La corporación eléctrica intentaba, a sangre y fuego, la aprobación de un decreto para aumentar las tarifas. El problema es que se negaba a compartir la fórmula para establecer dichos cobros. La receta era secreta, claro, en perjuicio de los usuarios. Nos negamos a permitir su publicación, estableciéndose una relación muy hostil con su director, que en perjuicio de los consumidores acabó logrando su aprobación por “orden superior”. La explicación era sencilla: CFE se resistía a evidenciar los costos de su ineficiencia y de las enormes cargas de pensiones que se veían reflejadas en la fórmula. Así las cosas.

Desde marzo de 2004 a noviembre de 2006, me hice cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Allí asumimos la defensa de los compradores. De inmediato enfrentamos una dura realidad. Los peores agravios y abusos contra los particulares se cometían desde el gobierno. Los dos monopolios, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos(PEMEX), eran el origen de la mayoría de las conductas abusivas generadas por los proveedores. Contra los discursos oficialistas, hay que ser muy claridosos y no permitir el engaño. Las empresas estatales, concentran tanto poder de mercado, cuando no son acotadas por una competencia eficaz, que destrozan a los consumidores sin piedad. Son soberbios y delirantes. Capaces de doblar al mismo Ejecutivo Federal.

Así, por ejemplo, nos vimos las caras con PEMEX que era el primero en no surtir litros de a litro a su red única de gasolineras. Luego estas recuperaban con creces la merma, robándoles a los automovilistas mediante la alteración electrónica de las bombas, para que surtieran de menos. Los transportistas se vengaban de estas acciones prefiriendo consumir en el mercado informal un nuevo tipo de combustible adulterado, que luego fue bautizado como guachicol. Permitir desde la propia empresa todo esto nos condujo al desastre.

En el caso de la CFE, siempre se enfrentó la resistencia para negociar los miles de casos de reclamos por año. Hay que denunciarlo: ellos no se deben a sus clientes. Sus verdaderos dueños son sus directores, altos funcionarios y el sindicato. Anoto: en aquella época la cuestión se agravaba más porque la zona centro del país, era atendida por la infausta Compañía Luz y Fuerza del Centro y su terrible sindicato, el SME.

La empresa con más quejas

Por lo menos, durante el periodo 2000-2006, el director de CFE hizo esfuerzos para mejorar el servicio de pago y marear a sus colegas con el lema: “Una empresa de clase mundial”. En verdad, CFE se encontraba muy lejos de las grandes empresas, incluso de su tipo como “Electricité de France”, cuyos datos de regularidad en el suministro y calidad de voltaje, cotizaba muy por encima de los números de “nuestra” afamada CFE de clase mundial. Engañaron a todos.

La PROFECO, nunca será una instancia que pueda enfrentar a una corporación con poder de mercado dominante como PEMEX o CFE. Sus tres mil empleados dispersos por el territorio nacional son insuficientes para atender las quejas de los millones de usuarios. Pero lo más importante, frente al presidente de la República, el Procurador del Consumidor perderá la partida contra los directores de CFE y PEMEX, la concentración de poder que poseen es enorme y el animal que embiste, es bravo y salvaje.

Por todo esto considero que la PROFECO debería ser la más interesada en preservar y profundizar los mercados abiertos de energía, en beneficio de los consumidores. Un ejemplo está a la vista, el de las grandes corporaciones que pudieron dejar de comprarle a CFE y que pagan menos por su electricidad, ¡suertudos! Mientras el resto, sujetos a la Comisión de Electricidad cargamos con sus ineficiencias, excesivas cargas laborales y las oxidadas ideas de Barttlet. A él se le puede caer el sistema eléctrico… sabe de eso.

Verdugo de sistemas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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TURISMO CON MOCHE

TURISMO CON MOCHE

Carlos Arce Macías

Para las principales ciudades guanajuatenses que se sostienen por la afluencia de turistas, el desplome económico es estrepitoso. Una de las áreas más afectadas es el sector turístico. Cerca del 70% de las personas tiene miedo de hospedarse en un hotel, 83% a comer en un restaurante, 84% a subirse en un avión y el 94% a acudir a un bar. Estamos hablando, según la encuestadora Mitofsky de temor, esa vivencia que pone en alerta nuestro cerebro y hace que se activen las zonas más recónditas y arcaicas de la mente, que tienen como finalidad la sobrevivencia. Así que será muy difícil eliminar esas sensaciones primarias, logrando que la gente viaje, se hospede, beba y coma en otro lugar. Por eso es uno de los sectores más golpeados.

Aeropuerto del Bajío

El gran tema en estos días aciagos de COVID 19, es la protección frente a la pandemia, al tiempo que nos resguardamos del dramático aumento de contagios por la reapertura de muchas actividades económicas, entre otras el turismo.

Por lo pronto se sabe por los estudios recientes de la consultora Deloitte que solo el 20% de los turistas se sienten seguros de hospedarse en un hotel. En entrevistas a miembros destacados de la industria turística se concluye que el eje de la reactivación consiste en la seriedad con que la hotelería implemente las medidas y protocolos de bioseguridad, como lo son la sanitización de espacios, la venta sin contacto humano, el uso de material de protección, la capacitación de su personal y la comunicación asertiva a los clientes, de los nuevos esquemas que garantizan su seguridad frente a la pandemia.

Higiene total

La reactivación turística requiere un profesionalismo del sector, que hasta ahora no se ha adoptado en Guanajuato Capital. No dudo de que la hotelería de grandes cadenas y los servicios premium de León y San Miguel Allende, logren empezar a atraer a los turistas a esas ciudades. Pero para Guanajuato será complicado.

La hotelería capitalina, salvo honrosas excepciones, opera bajo un sistema de moches para los llamados “guías de turistas”, que acechan a los despistados excursionistas a la orilla de las carreteras de acceso a la ciudad colonial. Primero les ofrecen mapas gratis del pueblo, y luego, cuando el visitante se cerciora del laberinto de calles, callejuelas y túneles, se les ofrece el servicio de guiarlos por la ciudad y acomodarlos en el mejor hotel de acuerdo a su presupuesto. Y por supuesto, el mejor hotel, es aquél que ofrece mejor moche a los improvisados “guías”. Este filtro del mercado de hospedaje en Guanajuato Capital, liquida la sana competencia, necesaria para producir buena hotelería. Los turistas acaban en hoteles mediocres, pero que gastan una parte importante de su ganancia en el moche a los guías que pastorean a los ilusos viajeros a sus instalaciones. Esta es una de las causas que explican la mala hotelería que padece la capital del estado, que podría ser resuelta con un par de anuncios espectaculares a la entrada de la ciudad, advirtiendo a los turistas que las recomendaciones de los susodichos “guías”, están sujetas a los moches que reciben de los hoteleros, no de la acreditación objetiva de sus servicios.

Cazando turistas

Como sabemos, una actividad comercial que haya neutralizado la sana competencia basada en la calidad de sus servicios y en la innovación de los mismos, está destinada a seguir degradándose, dedicándose solo a la depredación de los incautos consumidores que caen en sus fauces. Es el caso de esta hotelería mediocre, que para sobrevivir deberá transformarse.

Garantizar buenos servicios turísticos

TOC,TOC… MI CONCESIÓN

Carlos Arce Macías

Ecuación de Robert Klitgaard, especialista en corrupción de la Universidad de Harvard. “Corrupción igual a:  No competencia, más discrecionalidad, más opacidad”.

La ciudadanía no es boba y entiende a la perfección cuando un acto de gobierno,  que entraña un negocio multimillonario, está bien o mal ejecutado. No la engañan. También ha aprendido a olfatear el penetrante tufo de la corrupción.

Esta semana nos enteramos como el gobierno del estado, adjudicó “a dedo” una concesión de dos mil millones de pesos a la constructora Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.

La historia es la siguiente:

Toc,toc,toc…

-Buenos días señor gobernador, nos presentamos: somos ingenieros de la Constructora Grupo México, enviados del señor Larrea. Venimos a hacerle un planteamiento muy interesante que beneficiará a los guanajuatenses. ¿Nos permite presentarlo?

-Adelante, estoy muy interesado en todo lo que beneficie a mi pueblo.

-Mire usted, señor gobernador, andábamos recientemente paseando por las carreteras del estado, cuando cerca de la ciudad de Silao nos llegó la inspiración y nos dimos cuenta del problema que tienen los trailers que viajan rumbo al norte, para tomar la carretera que conecta con la federal 57. Es todo un lío. Hay que dar solución ágil a esa aglomeración de vehículos, construyendo un libramiento que parta de la carretera 45, a la altura del Puerto Interior, hacia la carretera Silao-San Felipe. Pero también pensamos, que ya hecho ese gasto, podríamos extender la autopista hasta la carretera Silao-Guanajuato, a la altura del Parque Bicentanario. ¡Sería una gran obra de infraestructura!

-Mmm, mmm, mmm, me parece muy interesante, nunca se me hubiera ocurrido la pertinencia de una obra así, ni tampoco a mi secretario de Obras Públicas. ¡Visionarios!

-Por eso, nuestro departamento de ingeniería ha elaborado la descripción del proyecto, los estudios de pre factibilidad técnica y financiera, indicando los beneficios sociales esperados y una evaluación del impacto ambiental de la obra, que deseamos poner a su consideración.

-¡Me parece una idea genial! La revisaré, pero desde ahora les comento que considero que se trata de una inversión en infraestructura de beneficio social y económico para el estado y que seguramente cumple con los requisitos de ley. ¡Me emociona! Es la primera vez que una empresa tan importante como la de ustedes, se presenta con tan benéficas y bondadosas ideas. ¡Gracias por pensar en Guanajuato!

Lo que ocurrió días después, fue recoger un oficio en que el Titular del Poder Ejecutivo daba su consentimiento (facultad discrecional) para iniciar el proceso, marcado en los artículos 17 y 18 de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato (LCSIPEG), y de esa forma poder obtener, mediante adjudicación directa la imaginativa obra de infraestructura, que jamás se le hubiese ocurrido a guanajuatense alguno, a los funcionarios de la secretaría de obras públicas, a la dirección de obras municipales del Silao, o a alguna de las grandes compañías constructoras de la región.

Bueno, una vez presentada la crónica de estos extraordinarios sucesos, ruego a los lectores no infundirse de dolo y malicia, y por lo tanto desechar cualquier sospecha sobre un posible acuerdo previo y malévolo, para pactar con esa importante empresa, la entrega, sin licitación, de un suculento negocio de ¡2200 millones de pesos!, que pagarán los transeúntes de esa vía. Eso no podría pasar en este reino.

Y si en algún momento se sembrase esta duda sobre la conducción honorable del gobierno estatal, tendíamos que asumir, que finalmente, todo se debe a la pérdida de los controles republicanos más elementales. A que los guanajuatenses han perdido su derecho a la oposición, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Que nos encontramos inmersos en un Estado fallido, donde solo cuenta la voluntad discrecional y unipersonal del Titula del Poder Ejecutivo, y nadie se atreve siquiera, a reconvenirlo por su sospechosa conducta. Porque la decisión es de él. Así está consagrado en esa ley a modo.

El resolutivo de conferir la concesión sin un proceso de competencia que ajuste el costo de la obra, no tolera escrutinio alguno. Es la voluntad del monarca, plasmada en acuerdo real. La predisposición autoritaria se evidenciaría con la negativa del Congreso del Estado, para abrir el tema y discutirlo. Resulta asombrosa la forma en que la diputada más potable de la bancada gubernamental, quién mejor ha trabajado, en dócil actitud, descarte cualquier posibilidad de revisión del asunto. Y lo más dramático, la diputación de la oposición, ni por encontrarse en plena campaña electoral, se atreve a elevar reclamo alguno al monarca. Habríamos perdido así, todo vestigio de contrapeso entre poderes. Y para hacer más dramática la situación, ni siquiera la presidenta recién nombrada, del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Anticorrupción, muestra asomo de indignación e interés por profundizar en el escandaloso caso. Mal inicia su gestión.

Propongo que clarifiquemos de plano la situación. Con audacia, el actual gobierno decidió proceder de acuerdo a los artículos 17 y 18 de la LCSIPEG, para generar, fuera de competenciay bajo los parámetros más escandalosos de discrecionalidad y opacidad (La concesión se conoció hasta el Jueves Santo, al publicarse en el Periódico Oficial del Estado), un enorme negocio a una empresa, que habrá gastado al final, únicamente en el proyecto ejecutivo de la obra, ya que bursatilizará la inversión en la Bolsa de Valores. Un negocio de esa envergadura, obtenido de tan fácil manera, sin tener que enfrentar un ápice de competencia con otras empresas del ramo, no suena lógico, sino metálico.

Tarde se le debería hacer al Congreso, para discutir lo siguiente:

1.- La necesidad de reformar una ley auspiciatoria de conductas poco apropiadas para garantizar una recta administración pública.

2.- La contradicción del articulo 17 del la LCSIPEG  con el 134 de nuestra Constitución, que obliga a los gobiernos a administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a adjudicar la prestación de servicios, a través de licitaciones públicas (Art. 134 tercer párrafo).

3.- La revelación de las autoridades de Obra Pública Municipal de Silao, sobre la existencia del proyecto del Libramiento Norte, desde hace varios años, lo que revelaría la inaplicabilidad del artículo 17 de la LCSIPEG (Entrevista del periódico Correo del 7/04/2018, de Cruz Sánchez con Luis Camilo Anguiano Gutiérrez, director de Obras Públicas Municipales de Silao).

4.- La secrecía que guardó el proceso de adjudicación directa de la concesión, que debería estar sujeta al principio de máxima publicidad. Pretextarán la reserva por ser un asunto en trámite.

Por lo pronto, solo hay silencio. Pero el dadivoso acto unipersonal del monarca provinciano, el lejano interés y la molicie proyectada por la Presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción ante un acto por demás sospechoso, así como la actitud medrosa y sumisa de los diputados estatales, agravian profundamente a los guanajuatenses. Pero estos tendrán forma de desquitarse en la próxima elección. Solo así entienden los políticos.

@carce55

HUACHICOL, SEGURIDAD INTERNA Y FISCALÍA

Carlos Arce Macías

Como catarata se han venido los temas de interés, en este cierre de año. Durante la presente semana se agolparon importantes cuestiones que reclaman atención. Intentaremos un rápido acercamiento a cada una de ellas.

HUACHICOL.- Es sabido que el crimen organizado ha encontrado en el robo de gasolina, desde los ductos de PEMEX, el producto más rentable, incluso, que el tráfico y distribución de droga. De esa forma, la gasolina robada impacta de manera directa en el baño de sangre que sufre el país, especialmente Guanajuato, en dónde converge un nodo de distribución importante desde la refinería de Salamanca.

PEMEX y autoridades participan en el crimen organizado, de ahí que su calificativo de “organizado”, presupone el contubernio con autoridades. Se trata de la operación de un gran negocio negro, en el que participan personal de la empresa, huachicoleros y gasolineros. Estos últimos, logran enormes ganancias indebidas, al comercializar gasolina robada, que adquieren al 50% del costo y venden al precio general. Resultado: negocio redondo.

El involucramiento de los empresarios ha quedado a la vista, a manera de ejemplo, para enviar un mensaje al gremio, de que ha sido detectada su complicidad con los huachicoleros, y que deben detener su participación o atenerse a las consecuencias.

La estrategia más efectiva para acabar de forma contundente con el desgarriate, es la conformación de un mercado de hidrocaburos funcional, en el que la competencia, inhiba las malas prácticas generadas en el sector. Sin embargo se empiezan a detectar maniobras para evitar dicha competencia, desde el propio PEMEX, discriminando el suministro de gasolinas a las nuevas empresas entrantes al mercado, que han decidido a actuar de manera leal con los consumidores. Por lo pronto, desde la terminal de abastecimiento de Irapuato, se privilegia a las estaciones de servicio que aún detentan la franquicia PEMEX, en detrimento de las gasolineras de grupos empresariales distintos a la corporación estatal, obligándolos a suspender el servicio temporalmente, por causa de desabasto de gasolina, premeditado y doloso.

El combate a la huachicoleada fracasará, si las autoridades no obligan a PEMEX, a cumplir los términos de la reforma energética, con el fin de construir un mercado eficiente de gasolinas, en beneficio de los ciudadanos. ¡Cuidado!

SEGURIDAD INTERNA.- La presión gobernamental para aprobar las incursiones del ejército en las calles en labores que no le corresponden, estalló en los últimos días, forzando la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la nueva Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa, que pasará al Senado, presenta gravísimas deficiencias y contraviene derechos humanos. En el centro del debate, está la habilitación de las fuerzas armadas, para realizar una función para la cual no están preparadas: la seguridad. El encargo del ejercito es la defensa del país, frente a potenciales agresiones externas. Los soldados están entrenados para guerrear y matar enemigos, no para cuidar a los ciudadanos del crimen. Esa acción corresponde a las policías.

Por eso vuelvo a recordar la sentencia del jurisconsulto Ponciano Arriaga, constituyente en 1857: “Cuidar de la paz y seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones  de la autoridad que obra en nombre de la ley; la ley es expresión de la voluntad popular y los funcionarios militares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si  no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles en todos los negocios que no tengan  íntima y directa conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley”.

Mala idea, dotar de condiciones de discrecionalidad al Ejército y a la Marina, para realizar actividades propias de los civiles, la historia documenta el peligro de ubicar a los militares, tan cerca del poder político. Eso no es bueno ni correcto.

Quizás por ello, la mayoría de los diputados federales de Guanajuato, se abstuvieron de votar a favor la perniciosa iniciativa; pero también revelaron la influencia sobre ellos del gobernador del estado, que seguramente envió línea para no votar en contra del proyecto, y así parar la intentona militarizante. Insisto: queda a la vista la sumisión de los representantes populares, que deberían velar, antes que nada,  por los intereses de los ciudadanos, que por respaldar incondicionalmente la línea dictada desde el Ejecutivo estatal. Desnudemos la cuestión: diputados medrosos, sin fuerza propia, que dependen de la designación interna de los partidos, que rompe la dependencia con las bases militantes. A los electores se les prefiere repartir cachuchas, gallinas, tinacos y láminas, a garantizarles buenas leyes. Así estamos.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.- Y hablando de diputados, pasemos a los agobios de nuestros representantes estatales, metidos en un callejón sin salida, por haber fallado en el diseño de una ley fundamental para combatir de manera eficiente y eficaz la corrupción galopante, que coloniza nuestra sociedad.

La reelección hay que ponerla por delante. Se equivocaron, y permitieron el tránsito por el Legislativo, de una mala ley que acota el espacio de elegibilidad para los candidatos a ser fiscales anticorrupción. Solo los funcionarios que se han desempeñado como subprocuradores o ministerios públicos, fraguados dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado y bajo la influencia del “Señor Procurador”, son elegibles para el cargo. Así lo determina la ley.

Bajo la nueva legislación aprobada, se torna imposible, el buen funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados armaron su propia jaula, se metieron en ella, pusieron el candado y están a punto de arrojar la llave fuera de su alcance. Necesitan patear el tablero, ser disruptivos, reconocer a plenitud su equivocación y convertir con ello, en improcesable políticamente el nombramiento del próximo fiscal.

Iniciar una reforma exprés, que modifique las condiciones actuales de elegibilidad, se hace urgente, para evitar pagar, a través de la negativa a su reelección, los costos de sus errores legislativos. Es el precio de la falta de concentración en los temas que son de su ámbito, y en lugar de ello, estar enfocados a la gestoría de obras, construcción de canchas deportivas, giras con el gobernador para inauguraciones y descuentos de casetas de peaje. A quedar bien con el Ejecutivo, pues, en lugar de convertirse en el filtro, que garantice la calidad de la legislación, como lo mandata el sistema republicano.  Ese es el problema, conste que se los advertimos a tiempo.

@carce55

SHELL EN GUANAJUATO, LITROS DE A LITRO

 Carlos Arce Macías

 La verdad, no creí verlo nunca. El pasado viernes asistí a la inauguración de la primera estación de servicio de la empresa anglo-holandesa Shell, que es inaugurada en el estado de Guanajuato, precisamente en la capital. Sus colores, rojo y amarillo, que se ven por todo el mundo, cuando alguien busca una gasolinera, contrastan con los conocidos y rutinarios colores verde, blanco y rojo de PEMEX. Los mexicanos, que solo habíamos conocido instalaciones franquiciadas por el monopolio estatal, nos sentimos extraños al acceder a una con diferentes características, colores y sin las tradicionales deficiencias de las estaciones de la controladora paraestatal mexicana.


 Shell es un gigante de la industria energética. Compite cuerpo a cuerpo contra British Petroleum, Chevron y Exxon Mobile en la comercialización de gasolinas. Cuenta con más de 90,000 puntos de distribución en el mundo, y cada segundo, se llenan 30 tanques de combustible, surtidos por ésta firma. Su fundador, Marcos Samuel era propietario de un negocio de mercadeo de conchas marinas en Londres, que importaba desde el mar Caspio, por el año de 1833. Allí detectó la incipiente producción de petróleo, he ideó el diseño de un barco especializado en el transporte de naftas. Así evolucionó su compañía, hasta convertirse en una gran empresa petrolera. De su actividad primigenia, nace su logo: una concha marina.


 México no le es extraño a Shell, ya que en 1921 se concretó el traspaso de lo que era la Mexican Eagle Petroleum Cómpany, mejor conocida como El Águila, a la Shell Mex Limited, una corporación prohijada por Shell, que contribuyó a llevar a México a la segunda posición como productor mundial de petróleo, en aquéllos años. Luego llegó Lázaro Cárdenas, y con él, la expropiación petrolera, apoyada por los Estados Unidos, he ideada para desplazar a las compañías inglesas, propietarias del 70% de la producción, y de esa forma hacerse del control del mercado mexicano. Luego de la expropiación, la empresa se liquidó hasta 1963, cuando el gobierno mexicano terminó de pagar la gravosa confiscación cardenista.


 Como todas las grandes petroleras, la compañía se ha visto envuelta en serios desastres ecológicos, como los del río Níger en África y el proyecto de construcción de plataformas petroleras en el Ártico, que podrían afectar el delicado equilibrio medioambiental del lugar. La voracidad por la utilidad de estas compañías, en su intensa competencia por los mercados de extracción de petróleo, y distribución y venta de energéticos, debe de ser controlada por regulaciones internacionales y la vigilancia puntual de los gobiernos nacionales. Difícil tarea para todos.


 Pero precisamente de la competencia, que produce acciones negativas, nacen también fenómenos positivos que derivan, por ejemplo, en políticas de mantenimiento y conservación de la clientela, a través de brindar un servicio de calidad a su público. Cuidando y mejorando el rendimiento de sus gasolinas y diesel, el suministro completo de combustible (litros de a litro), la higiene de sus instalaciones sanitarias, así como complementando su giro comercial con una buena tienda de conveniencia. De esa manera, la trasnacional, conjuntamente con sus dinámicos socios guanajuatenses, se disponen a disputarle a PEMEX, la plaza del Bajío. Eso nos gusta.

 Aún recuerdo, cuando en 2002, el Dr. Fernando Sánchez Ugarte, presidente de la Comisión Federal de Competencia (COFECO), invitaba a otras instituciones, entre ella a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), a que diéramos juntos la batalla frente a PEMEX, para que se liberalizara la distribución de combustibles y pudiera haber diversas empresas dedicadas a la comercialización de las gasolinas. La resistencia del paquidermo estatal, fue furiosa y liquidó toda posibilidad de abrir el mercado de combustibles a la competencia. No toleraba la existencia de ningún retador.

 Tiempo después, desde la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), fuimos testigos de las continuas violaciones a la ley, así como de los abusos contra los consumidores. En aquél entonces se estimaron daños cercanos a los 22,000 millones de pesos anuales, en contra de los clientes de las gasolineras de PEMEX, por el despacho incompleto de combustibles. No obstante las continuas denuncias, la empresa estatal jamás ha dejado de esquilmar a los mexicanos, tolerando y encubriendo las malas mañas de muchos de sus franquiciatarios. Lo afirmo con conocimiento de causa.


 Desde aquéllos años, no creí tener la fortuna de ver, con mis propios ojos, la liberalización del mercado de combustibles en nuestro país, producto de la reforma energética. Para fortuna mía, luego de haber conocido la soberbia y violencia con que imponía sus intereses PEMEX sobre el propio gobierno federal, perjudicando a su cautiva clientela; me asumo satisfecho de ver operar en mi propia ciudad, Guanajuato Capital, la primer gasolinera Shell. Ya no tendré que cargar el tanque de mi auto en las franquicias del monopolio. Los litros de a litro, estarán garantizados, porque un escándalo de fraude al consumidor, una empresa internacional lo paga con el precio de sus acciones en la Bolsa de Valores. Eso si funciona, y muy bien.


@carce55

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO FUNCIONA EL PAN?

Regreso de cumplir mis deberes partidistas, acudiendo a la Asamblea Municipal del PAN a elegir una nueva directiva municipal,  así como candidatos para los consejos estatal y nacional.

El evento estuvo bien organizado, el flujo de militantes fue nutrido, las elecciones se desarrollaron sin que mediara debate alguno. Casi por unanimidad se votaron las propuestas, y la elección para nuevo comité municipal fue por cédula. Nada sorpresivo, todo conforme lo planeado, y  las propuestas convenientemente consensadas con anterioridad.

La unidad del partido se hizo evidente, para corroborar la marcha solidaria de todos en pos de los objetivos comunes y de la brega de eternidad en busca del bien común. Todos contentos, sin voces disonantes.

Pero algo huele mal. ¿Saben qué? Ese no es el partido político de profundas raíces democráticas en el que hemos soñado. Lo que experimentamos es un instrumento electivo, propio de zombies. Lo que ha suplantado a la democracia es una mascarada para sancionar acuerdos cupulares, que responden a estrategias e intereses de un grupúsculo que se ha adueñado de la franquicia.

Sin debate interno, sin contraposición de ideas, sin competencia entre camaradas, el sistema democrático no funciona, y es substituido por una mascarada vergonzosa. La democracia exige la construcción interna de un escenario de competencia honesta, que evite trampas de los contendientes y sublime el ejercicio de los valores cívicos entre  militantes. Aprender a competir sin hacer trampas, repartir tortas, acarrear ciudadanos, comprometer apoyos y votos con obsequios, es la escuela de ciudadanía que siempre ha planteado Acción Nacional.

Por eso los reclamos por instituciones electorales transparentes y efectivas, tienen origen en las propuestas de los legendarios «místicos del voto», como los llamaba el presidente Ruíz Cortines, a los obsesivos panistas que planteaban elecciones limpias y honradas.

Hoy, parece que la gran mayoría, se encuentra en una zona de confort, en que el juego consiste en  afiliarse a la corriente mayoritaria en automático, o ser parte de los grupos controladores de votos incondicionales. Esta perversa situación, aniquila la verdadera competencia, indispensable para que surjan liderazgos auténticos y legitimados al interior del partido, propiciando en detrimento de ello, la aparición de perfiles sórdidos, manipuladores y proclives a la corrupción . Por eso se pierden las elecciones, no tengan dudas.Bajo estos métodos,  la calidad del producto resulta deplorable.

Y la consecuencia obvia del pactismo al interior de la organización política, en defecto a la competencia democrática, es extender el método hacia el exterior, a través de los  acuerdos inconfesables con otras fuerzas político-partidistas, para repartirse alegremente las posiciones electorales y desde ahí patrocinar intereses, asignar obras y recibir moches. Al cabo la democracia quedó emparedada en las propias oficinas del PAN.

Llamo a los compañeros del PAN, conscientes de la necesidad de cambio, del combate con seriedad a la corrupción, de implantar verdaderamente la práctica democrática para que la política funcione bien y a favor de los ciudadanos; a no permitir más acuerdos cupulares para formular «propuestas de unidad». La maquinaria partidista debe de ser forzada a desempeñarse con eficiencia en la confrontación fraterna, para fomentar la producción de ideas y la esgrima mental necesaria para sobrevivir en ambientes competitivos. No aceptemos más pactos entre grupos, que pulverizan la democracia interna, e impiden la construcción de ciudadanía,  que son la base de una vida pública sana. Ya basta.

Guanajuato 27 de noviembre de 2006

Twitter: @carce55

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MOVILIDAD, UNA LEY CONTRA LA LIBERTAD

MOVILIDAD: TRÁMITES, CORRUPCIÓN Y ATAQUE A LA LIBERTAD

Carlos Arce Macías

En la pasada entrega editorial, traté el tema de la nueva ley de movilidad y la facilidad con que fue aprobada en nuestro Congreso, no obstante sus evidentes carencias técnicas y de diseño. Esto en desdoro de la división de Poderes, básica para toda democracia funcional.

Paso ahora a relatar mi experiencia, al realizar la revisión puntual de la ley. Advierto que en todos los años que llevo ejerciendo el Derecho, no había visto un documento tan pésimamente manufacturado, como la iniciativa enviada desde el Ejecutivo.

La ley votada unánimemente por 34 diputados, fusionó la Ley de Movilidad con la de Tránsito y Transporte, obsequiándonos un compendio de 275 artículos cargados de obligaciones. También se hicieron reformas al Código Penal del Estado y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública. Los ánimos modificatorios estaban exacerbados.

Enumeraré mis principales críticas a la ley:

1.- Es una normatividad que no fija con claridad su objetivo regulatorio, porque este trata de ser encubierto. Explico: del énfasis que se utiliza, mencionando, decenas de veces, la expresión “servicio especial ejecutivo”, se descubre el verdadero objetivo de la reforma: establecer controles discrecionales sobre Uber, para la protección de ciertos intereses del sector, impidiendo la libre contratación entre particulares de un servicio eficiente e innovador. De esa forma se pretende limitar nuestra libertad, de eso no hay duda.

2.- Sin embargo, no pararon ahí. Ingeniosamente, decidieron crear un exótico Instituto de Movilidad, amo y señor de todo cuanto ocurra en el mundo de la movilidad y el transporte en Guanajuato. El esperpento institucional concentra todo tipo de atribuciones, 33 para ser exactos, a partir de las cuales diseña, colabora, provee, regula, expide, opina, recomienda, concilia, protege, analiza, crea, modifica, gestiona, fomenta, genera, dicta, instrumenta, determina, incentiva, conforma, etc. Se ha creado un órgano omnipotente, hiperconcentrado, unipersonal, y alejado totalmente de las buenas prácticas regulatorias, que recomiendan el establecimiento de mandatos muy claros y que no se contrapongan entre sí. Como ejemplo, regular y promover, son verbos que no se llevan ya que implican decisiones que se contraponen.

3.- Paso a otra curiosidad administrativa. Se ha diseñado un Instituto sin un consejo general. Es normal que esta clase de entes públicos, funcionen, teniendo como guía, una junta plural que asegure la adopción de políticas públicas pertinentes. En contraposición a ello, tenemos una especie de comisario soviético, que reúne en sus manos toda clase de atribuciones y discrecionalidades. Solo se prevén comisiones de trabajo, que congregan a todos los representantes de los poderes fácticos del sector. Así, la captura regulatoria, está asegurada, y con ella la corrupción generalizada.

4.- La nueva regulación crea nuevos registros: el Registro de Concesiones y Permisos del Transporte, y el de Licencias e Infracciones; lo curioso, es que a contrapelo de la política de transparencia en boga, no son públicos. Opacidad a la vista.

5.- El Instituto se ubica, violando la Constitución, sobre los ayuntamientos. El artículo 12 es inadmisible, ya que sitúa al Cabildo como un simple ejecutante de sus revisiones y opiniones. La controversia constitucional será el medio para corregir el entuerto.

6.- Continuando con la nueva relación que se establece entre el gobierno local y el Instituto, la nueva normatividad, en su artículo 14, obliga a los ayuntamientos a destinar a las nuevas ocurrencias “recursos económicos prioritarios en términos reales de sus respectivos presupuestos de egresos”. ¿Cuánto acabará costando “en términos reales” a los municipios la genial idea? Nunca hicieron las cuentas nuestros diputados.

7.- Presenta confusiones conceptuales al declarar el “servicio especial ejecutivo” (esencialmente Uber) de interés público. Consistiendo en un contrato entre particulares, que puede perfectamente ser tutelado por PROFECO, no se identifica el interés público en un servicio de lujo, prestado a “ejecutivos”. La descripción del servicio es tan aberrante que resulta discriminatoria. Los taxis para los pobres, el servicio ejecutivo para los ricos. No se les vaya ocurrir a los taxistas mejorar sus unidades. ¡Ridículo y mal conceptualizado!

8.- La nueva regulación esta sembrada de decenas de trámites, basados en la discrecionalidad de los funcionarios para poderlos resolver, habilitándolos para dictar toda clase de medidas administrativas. Se trata del caldo de cultivo ideal para la corrupción de por sí rampante en ese sector. Cuando muy pronto se analice el costo regulatorio, que los diputados han puesto sobre aquéllos ciudadanos que osen intentar actividades en el ramo del transporte, se verá con precisión, los cientos de millones de pesos que nos costarán las irracionales medidas impuestas por el Legislativo.

9.- La iniciativa presenta vicio de origen. De conformidad con la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, el Ejecutivo estaba obligado a cumplir con lo indicado por el artículo 31, que obliga a elaborar una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR); que entre otros estudios, exige la evaluación costo-beneficio de la regulación. Esto, a fin de constatar que no salga mas caro el caldo que las albóndigas. Advierto: pretextar que la iniciativa esta exenta de MIR, sería la negación de la política de mejora regulatoria en Guanajuato.

10.- La nueva ley, no es enfática en promover la instauración de horarios de carga y descarga en las ciudades, pero sospechosamente si impide, de tajo, el manejo de paquetería por parte de los servicios de “transporte ejecutivo”. De esta forma, los transportistas de carga quedan protegidos con esta medida. El conflicto de interés del diputado encargado del trámite del nuevo ordenamiento, se revela con nitidéz.

11.- Llegamos a los artículos transitorios, que casi siempre contienen sorpresas. El Décimo Octavo, estipula un amplio programa de regularización para todos los que se ostenten como concesionarios (piratas). ¡Vergonzoso!

12.- La cereza del pastel, es la reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo capitulo de “Delitos en materia de Transporte Público”. Ahí se enderezan baterías en contra de Uber y taxistas, pero exceptúan a los concesionarios de ruta fija (camiones urbanos). Esos no existen. La reforma penal nos obliga a reflexionar si las conductas delictuosas revisten una peligrosidad digna de la privación de la libertad. En momentos tan críticos en cuestión de seguridad para nuestro estado, resulta injustificado distraer activos policiacos, ministerios públicos y jueces, en castigar conductas que pueden corregirse con remedios administrativos. ¿Es una buena política de seguridad, meter a la cárcel a taxistas y conductores? ¿Vamos a gastar el presupuesto y a usar los activos institucionales en ello? Parece que perdieron la razón.

Al final, rematamos con una perla legislativa, la ley en comento, contiene un imperativo categórico de crear módulos para la atención “a mujeres violentadas en el servicio”. Mala perspectiva para las féminas. Pero contarán con su ventanilla de atención. ¡Bienvenidas a bordo!

Estas son sólo algunas de muchas observaciones al texto recientemente aprobado. Reconozco, eso sí, un avance: la instauración de la obligación para los propietarios de vehículos de poseer un seguro vehicular. Eso es correcto.

La herencia que nos deja esta nueva legislación, es de coto a nuestra libertad, trámites costosos y amplias posibilidades de corrupción. Por eso debemos ser más exigentes con nuestros legisladores. El mecanismo ya lo tenemos, y es la posibilidad de reelección. Insisto, hay que usarlo.

@carce55

 

 

La nueva ley de movilidad en Guanajuato

REGULAR O CONTROLAR

Carlos Arce Macías

La legislatura estatal de Guanajuato se estrenará, de verdad, con el trámite de un nuevo instrumento que pretende regular la “movilidad” de los guanajuatenses, o sea, la afectación legal a una garantía fundamental que se consagra en el artículo 11 de la Constitución: la libertad para viajar por el territorio nacional libremente.

La nueva ley, intenta reglamentar la “movilidad”, esto es, el traslado de las personas dentro del estado de Guanajuato y sus municipios. Incidiendo también en el artículo 5to constitucional que reglamenta libertad de trabajo y la categoría de servicios públicos. Así pues, se pretende acometer un reto jurídico del mayor calado. No pinta fácil.

Se celebra el interés por un tema tan trascendente para la sociedad, y la problemática que engloba el que todos podamos llegar a nuestros trabajos y negocios, así como desplazarnos a nuestros hogares, centros de comercio, parques y zonas de diversión, etc., caminando o en un transporte económico, seguro, eficiente y sustentable.

¿Pero como debe de abordarse el diseño de una iniciativa, sobre un asunto con tantas aristas y tan sensible a la población? Me parece, francamente, que debe de realizarse cuidadosamente, cubriendo todos los flancos, recabando muchos datos y realizando los estudios y consultas pertinentes. Su sustento y motivo, no pueden fundamentarse en solo unos cuantos párrafos presentados en una sencilla “Exposición de Motivos”, como prefacio de la iniciativa; para que sea discutida, y en su caso, aprobada por los diputados. Serían pasos seguros rumbo al fracaso.

Una regulación es una normatividad con impacto sobre ciertos sectores económicos, que deben de ser analizados y sus mercados concienzudamente estudiados. Una forma moderna de legislar, impone un diseño jurídico basado en estudios sólidos, que a nuestro parecer, no se están solventando en la iniciativa que se propone, y que resultan necesarios para que los diputados hagan bien su laborLo primero que se requiere, es la formulación de un “Documento de Política Pública de Movilidad en Guanajuato”, en dónde, antes que nada, se presente un diagnóstico de la problemática que enfrenta el estado, se proporcionen los datos indicativos de ésta, se analicen y posteriormente se proceda a proponer las opciones encontradas para rebasar los obstáculos y lograr los avances deseados. No todas las vías, son necesariamente jurídicas, y en el documento de política pública, deben de analizarse minuciosamente todas las cuestiones. Ahí se deben presentar datos, estudios específicos y estadísticas, estatales y locales, para poder establecer indicadores que deberán de evaluarse, en su momento, y de ese modo asegurar que la política implementada sea la correcta y dé los frutos pretendidos.

Sin un documento fornido y bien integrado, los diputados, simplemente, no pueden realizar su trabajo, irían a ciegas. Por lo menos no lo harán de forma responsable y estarían fallando a sus electores. Cuando se realiza una tarea legislativa seria y acuciosa, no hay tiempo para gestorías populacheras. Por eso, desde esta columna hemos sido enfáticos en señalar que el trabajo legislativo es una actividad, que en la actualidad, necesita procesar un cúmulo de información muy importante, con honestidad y sentido común, para generar un bien público fundamental: leyes.

La iniciativa, por lo pronto, no vienen bien. En solo una decena de párrafos, se intenta describir los antecedentes que dan motivo a la nueva ley. Se evidencia una insuficiencia de datos, que no permiten avalar el diseño concienzudo del nuevo instrumento regulatorio.

De su contenido, se infiere un tufo sovietizante, por su compulsiva búsqueda del control burocrático sobre las actividades de la población, propia de políticas utilizadas a mediados del siglo pasado, que ya se encuentran superadas y rebasadas por iniciativas innovadoras. Eso ya no funciona. La poca información aportada, no considera los efectos de la nueva legislación sobre los mercados que serán afectados, ni los costos de cumplimiento para los ciudadanos y sus actividades. Solo se piensa controlar y controlar, imponiendo costosos trámites que resultan absurdos para una sociedad en rápida evolución. La mejora regulatoria, brilla por su ausencia.

El nuevo organismo regulador que se propone, un instituto, puede ser una idea viable; pero nunca se dice en la exposición de motivos, cual será el blindaje y sus mecanismos para evitar la captura del órgano, por los entes que intentará normar. Este es el verdadero reto, y corazón del problema: que los gremios de taxistas, camioneros y empresas transportistas, no impongan sus intereses sobre el de los ciudadanos, que es, finalmente, lo que constituye y acrisola el bien común.

La deficiencia que he mencionado, se origina de la falta de capacidades regulatorias en los equipos del ejecutivo estatal. No es pecado mortal, el gobierno federal ya vivió esta situación en 2001, cuando las exigencias de un control más estricto en la calidad de las regulaciones, obligaron a las diferentes dependencias y entidades, a formar grupos especializados en regulación. Hay que hacerlo, solo así, se puede trabajar bien. Por lo pronto, los diputados deben solicitar más información, ya que por ahora, ni diagnóstico les adjuntaron.

Twitter: @carce55

 

 

¿COMO PODEMOS EVITAR LOS MOCHES?

RECETA CONTRA EL MOCHE II

Carlos Arce Macías

 

Para Luis Gutiérrez y Gerardo Flores, ingenieros “locales”.

 

En mi colaboración dominical de la semana pasada, sostuve que la única manera eficiente de evitar los tradicionales diezmos y moches en la contratación de la obra pública, era a través de establecer una verdadera competencia. Mi propuesta tuvo algunos detractores, creyentes aún, de que privilegiar a los gremios locales es bueno, por lo que sugieren sostener ésta política de asignación de obra pública. Insisto, están totalmente equivocados.

 

Lo primero es definir empresa local. Y es que legalmente no existe definición al respecto. ¿Hay un padrón gubernamental de empresas “locales”? No. Y si lo hubiera como requisito de asignación, sería ilegal. Y es que constitucionalmente, existe la garantía de igualdad, todos los mexicanos somos iguales ante la ley, y el establecer privilegios a algunos sobre otros, significa discriminación. Las empresas son mexicanas y no se les puede imponer límites estatales o municipales para ejercer su actividad. Hacerlo es discriminar.

 

Pero no solamente eso, muchas empresas “extranjeras” son mexicanas. Los tratados internacionales como el de América del Norte, Japón y Unión Europea contienen la cláusula de “trato nacional” para personas físicas y morales que desempeñen actividades en el país. Esto amplía totalmente el concepto de “nacional”. La competencia es global, y la tenemos en las narices.

 

Ahora bien, los gremios constructores están actuando contra la Constitución, específicamente el artículo 28, que prescribe la libre concurrencia y la competencia en el ámbito económico. Todos los constructores y empresas constructoras pueden competir en el espacio estatal y local por una obra pública. Las empresas constructoras “locales” no pueden estar sobre las asentadas en otros estados o municipios, todas son mexicanas, punto. Privilegiar, en los términos que proponen los Colegios de Ingenieros y otros gremios constructores, significa trampear las licitaciones, cancelar la competencia, o preferir la asignación directa, abriendo la puerta a la corrupción. Miren, resulta sencillo, bajo el pretexto de “privilegiar” a la empresa local, otorgarles discrecionalmente la obra pública, moche y diezmo de por medio, a compadres, amigos, patrocinadores e incondicionales. No nos hagamos, el mecanismo es profundamente corrupto y corruptor.

 

Muchos empresarios mexicanos se resisten a competir. Están acostumbrados a extraer rentas de los presupuestos públicos, en éste caso, del destinado a la obra pública. Por otro lado los alcaldes insisten en primar las obras sobre la gestión de servicios públicos, marcadamente el de seguridad pública. De los servicios es más difícil extraer rentas. Es más cómodo coludirse con sus amigos constructores. El panorama es obscuro, obscuro, obscuro… para los ciudadanos y sus impuestos.

 

 

Actuemos, es hora de frenar la exigencia de las organizaciones de constructores de que el gobierno “les de y asegure obra”. ¡Qué compitan! Y mientras más intensa sea la competencia y más competidores haya, el dinero del pueblo será mejor gastado. No hay pierde. Pero eso, precisamente, es lo que no quieren, sino que desean conservar sus utilidades, presionando a los gobiernos a que les garanticen rentas anuales del presupuesto público. ¡Que fácil!

 

Los ciudadanos debemos combatir el falaz argumento de los constructores. ¡Al demonio! Que se vayan con su demagogia a otra parte. Debemos exigir a las autoridades que construyan un verdadero mercado de contratación de obra pública, abierto, sin barreras, que lo que privilegie sea la libre concurrencia, para que ahí compitan, a través de licitaciones, todos los constructores que quieran; y que gane quién ofrezca mejor precio y calidad, sin importar que sea de Querétaro, Nuevo León o Guanajuato.

 

Obra pública bien construida, cumplida a tiempo (sic), comerciada a los mejores precios es lo que se debe de exigir a los gobiernos, cortando de tajo, por inconstitucional, antieconómico y corrupto, el sistema de “privilegio por ser local”. No nos traguemos el engaño.

carlos.arce.macias@gmail.com

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COMPETENCIA UNICA FÓRMULA CONTRA EL MOCHE

RECETA CONTRA EL MOCHE

Carlos Arce Macías

 

La obra pública que realizan los gobiernos da pie a que los políticos exijan a los constructores un porcentaje del costo de la obra, como compensación, premio o vil extorsión, por el hecho de haberles asignado dicha obra. Sabemos que tradicionalmente se requería el 10 % del costo, por lo que se le denominaba “diezmo”. Ahora no percatamos que nuestros políticos se han vuelto más  ambiciosos, llegando a exigir hasta el 35%. Lógicamente estos porcentajes, denominados “moche”, significan la elevación de los costos de la obra, y se traduce en que se realizará 10, 20 o 35% menos de obra pública. Quién paga al final los platos rotos, es el ciudadano, como siempre.

 

Esencialmente hay dos recetas para evitar el abuso al que estamos siendo sometidos. Las comento. La primera es votar y colocar en los gobiernos a personas honestas y comprometidas con una administración transparente. Esta es la mejor solución, la menos cara y la que garantiza mejores resultados. No hay gobierno más eficiente y eficaz, que aquél que es gestionado por gobernantes probos. Así de sencillo.

 

Pero como sabemos que eso de la honestidad no se le da a muchos gobernantes, y que los partidos políticos han decidido privilegiar el triunfo electoral a cualquier precio sin importar de donde vengan los recursos, y que los políticos exitosos son aquéllos que más abusan de los presupuestos que manejan, la receta para evitar el moche no transita, por el momento, a través del ámbito electoral.

 

El único camino que queda franco, es el de la competencia. Esa exótica condición que apenas entendemos los mexicanos, es la única vía que garantizaría que el oprobioso moche, no se ejecute. Miren, si para obtener una obra pública los constructores deben verdaderamente competir entre sí para adquirirla, los márgenes para la dádiva ilegal, se esfuman. ¿Qué constructor en un ambiente competitivo, podría sostener un sobreprecio de 10 al 35% en sus cotizaciones? Seguramente perderían la licitación.

 

De tal manera que lo que debemos propiciar es que la obra que contrata el gobierno se licite y que la competencia se torne encarnizada, para así conseguir los mejores rendimientos de los dineros públicos. Pero aquí es donde se presenta un problema agudo, que se disfraza de medida bondadosa a favor de un gremio influyente. Esto sucede cuando se ordena privilegiar a las empresas locales para que estas sean las beneficiarias de los presupuestos, descarrilando todo el ambiente de competencia. Analicemos con detenimiento el caso.

 

Para que haya competencia se requiere de que se eviten barreras de entrada para competir. Hay que privilegiar la multiplicación de competidores, estableciendo el menor número de trabas para la participación. Entre más competidores, menos posibilidades habrá de colusión entre empresas para definir un ganador de manera tramposa. Lo único que debe guiar la adjudicación de una obra es calidad y precio. No puede haber más consideración. Pero si la autoridad envía el mensaje de privilegiar a los empresarios locales, se esta dando la orden, implícita, de hacer trampa, a fin de descalificar empresas “foráneas” y otorgarles indebidamente a las constructoras del lugar los contratos. El funcionario que administra la licitación, adquiere con ello una discrecionalidad tal para el otorgamiento de obras, que se convierte, automáticamente, en el crisol de la corrupción y el otorgamiento de moches.

 

Muchos constructores protestarán, pero lo harán sin razón. Su obligación es mejorar su productividad y ser más competitivos. Si los locales pierden frente a otras empresas, habrá que ayudarlas a convertirse en organizaciones más eficientes y eficaces a través de programas específicos, no dándoles ilegalmente obras públicas por la pura condición de ser locales. Solo así se acabará el moche. No hay de otra.

carlos.arce.macias@gmail.com

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