CORRUPTOS HONESTOS

Carlos Arce Macías

Esta semana ha sido muy enriquecedor en el debate político sobre la realidad de nuestro país. En diversos programas y en el mensaje al alba, que nos receta diario el presidente, se develó la realidad de la política mexicana. Con crudeza se ha descrito la condición de nuestra casta gubernamental, que en los diversos ámbitos gobierna el país. Como siempre, habrá algunas excepciones.

En pocas palabras: para ser político habrá que ser corrupto. La única forma de acceder a los puestos públicos y de permanecer en ellos, es transigiendo y aceptando la deshonra. La cantidad inmensa de dinero que se demanda para sostener campañas electorales (María Amparo Casar afirma que el gasto es veinticinco veces mayor al reportado ante el INE en cada campaña), condiciona a los políticos a robar dinero a los contribuyentes, saqueando las arcas públicas. Todo esto para atesorar fardos de dinero en efectivo, difícil de rastrear, que serán utilizados para la compra de votos y clientelización de los ciudadanos. Así la principal función de nuestros políticos consiste en sumergir a las personas en la indignidad.

De todos los colores.

La forma de extraer el dinero, presenta dos caminos: el primero, mediante los famosísimos moches, en donde se alteran precios de obras públicas y concesiones, o bien se condicionan permisos y licencias, o se otorgan privilegios para transgredir la normatividad a cambio de dinero; y segundo, a través de contratos ficticios con empresas fantasmas, en donde se pagan grandes cantidades por servicios que no se cumplen o por productos cuyo precio es inflado de manera escandalosa, para luego transferir las ganancias a los políticos patrocinadores del negocito (como la Operación Zafiro ).

El remate del método criminal es el lavado de dinero, industria muy en boga durante los últimos tiempos. Descubrimos cómo se “pitufean” recursos ( pequeños depósitos a cuentas para no provocar alertas bancarias), redes de transferencias internacionales de fondos, depósitos desde paraísos fiscales ( como Andorra e islas Cayman, a donde viajaba el hermano de nuestro presidente) y compra de inmuebles pactadas con lavadores profesionales, como bodegas industriales y centros comerciales ( como el caso de un excandidato presidencial).

Como todos están inmersos en estas maniobras, y casi nadie se salva, se estableció lo que se ha denominado como el “Pacto de Impunidad”, consistente en un acuerdo mafioso para no descobijarse entre delincuentes políticos, independientemente de colores partidistas. Allí entran todos (lo vimos con Ricardo Monreal cuando se le descubrió dinero en efectivo al subirse a un avión en Chiapas, evitando la consignación a la Fiscalía.).

Pero el asunto va más allá, gracias a una excepción, la del gobernador de Chihuahua Javier Corral, que en su búsqueda de “Justicia para Chihuahua”, ha podido mapear con precisión la operación de estas intrincadas redes de corrupción política. Se trata de una red interna, en el gobierno, manejada muchas veces desde la propia Secretaría de la Función Pública o desde los espacios hacendarios (Luis Videgaray, por ejemplo). Pero luego se crea una amplia red secundaria, de cobertura, para que ninguna filtración o error trascienda. En ella están incorporados periodistas, políticos de la oposición, empresarios privilegiados e incluso altos miembros de las iglesias. Un día Corral comentaba: “estamos peleando contra el mundo”, al descubrir la enorme extensión de la red criminal.

Operación Zafiro

Pero ahora, todo se publicita y aclara, cuando el propio presidente explica que los dineros sustraídos para su movimiento, de las arcas del pútrido gobierno chiapaneco que encabezó Manuel Velazco, no era dinero robado, sino simples “aportaciones”. Porque cuando la causa lo justifica, todo se purifica. 

Por supuesto, el argumento presidencial desemboca en el patético refrán de que “el fin justifica los medios”. Así, si el agobiado pueblo requiere la conducción redentora de un alcalde, diputado, senador, gobernador o presidente de la República, corromperse está permitido por usos y costumbres, así lo hacen todos y entre todos se protegen. Ser ladrones está bendecido.

“Solo son aportaciones…”

Pero lo más grave, es que aunque sean corruptos, se asuman como honestos. Son pillos y rateros, pues, traidores al pueblo. Por eso hay que identificarlos y señalarlos, porque van encarrerados rumbo al 2021.

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OPORTUNIDAD TRÁGICA

  Carlos Arce Macías

 El destino presenta claves dramáticas, para componer cuestiones que no presentan solución aparente. Este es el caso que vivimos ahora, ante la tragedia de un terremoto que sacudió el centro de México. Explico el tema.

 Nuestra nación, ha conformado, a partir de diversas reformas legislativas, un sistema de partidos muy fortalecido, dotado de presupuestos cuantiosísimos, que producen una partidocracia excesivamente fortalecida, que controla sin caretas, la distribución de poder y dinero en el país.


 De pronto, caemos en la cuenta que arrebatarles el dinero a los partidos, sería una dura, larga y desgastante lucha, quizás ineficaz, para arreglar, de una vez por todas, el núcleo fundamental de los problemas del país: elecciones libres, en donde se garantice una competencia en términos de igualdad, castigando severamente las trampas de los jugadores desleales.

 Si ponemos atención, es en los procesos electorales en donde se genera gran parte de la corrupción que corroe a nuestra patria. De ahí vienen los acuerdos inconfesables entre partidos para repartirse el poder en diversas regiones y zonas del territorio, como si fuese un pastel; la aceptación de recursos para movilización y compra de voto, con dinero de la delincuencia; las “inocentes y desinteresadas” aportaciones de empresas y corporaciones, para garantizarse contratos y regulaciones a modo; la utilización de medios gubernamentales y caudales públicos, para fabricarse, con anticipación, candidaturas futuras y opciones a la reelección; trafico de influencias de muchos funcionarios para poder conformar “cochinitos” que logren sostener el costo multimillonario de futuras campañas; el sistema de “moches” para la contratación de obra pública y servicios, con vistas a constituir fondos comiciales; el abandono de actividades de fiscalización y rendición de cuentas, en aras de gestorías innecesarias, para capturar clientelas electorales. Me faltarán más, pero solo son algunas, de las perversiones que fomenta la falta de una regulación y verificación eficaz de nuestras elecciones, hasta ahora imposible de corregir por los intereses que lesionaría la reforma que rectificara el modelo actual.

 Hemos permitido la construcción de lo que se denomina un sistema cártel de partidos políticos. Partidos que no requieren de la ciudadanía, porque cuentan con recursos suficientes para contratar grandes burocracias y comprar el voto de los ciudadanos más vulnerables. Por ejemplo, los partidos ya no necesitan de la aportación de sus militantes, les resulta hasta ridícula.


 El sistema acartelado de partidos, que no requiere ciudadanía, se va separando de las causas más sentidas del pueblo, sustituyendo a estas, por su propia realidad: la conservación del poder y el aseguramiento de puestos y empleos de los participantes en el cártel. La democracia queda pulverizada, así como el funcionamiento republicano de las instituciones, especialmente la división de poderes.

 Los caminos para desactivar este entramado de intereses, que complotan contra la vida institucional y democrática del país, destruyendo a sus ciudadanos, es más o menos sencilla: despojar a los partidos del caudal de dinero del que actualmente gozan, incitando la necesidad de retornar a la búsqueda del respaldo ciudadano. Esto obligaría a abrir espacios de participación, ahora exclusivo para las élites partidarias. Al no tener el acceso a dinero, mas que solo para su operación esencial, no habrá más opción que retornar a las aportaciones de los militantes, y la ampliación de su base de seguidores. Y muy, pero muy importante, y contrario al movimiento “#sinvotonohaydinero”, sería el establecimiento del principio de “elección base cero”. Este consiste en que todos los partidos cuenten siempre con el mismo monto de recursos estatales, todos parejos, para garantizar la igualdad de la competencia; la diferencia en la fuerza partidaria, la construirán la cantidad de afiliados involucrados en cada partido, y las aportaciones, con límite, que cada uno pueda hacer. El punto es incentivar la democracia interna de los partidos, hasta ahora oxidada e inhabilitada, que entre otras desastrosas consecuencias, ha acarreado la formación de una clase política mediocre y rentista, cuyos miembros, en un país desarrollado, difícilmente llegarían a representantes vecinales. Este tema no es nuevo, ha sido investigado desde finales del siglo XX, por politólogos de las más prestigiadas universidades, que advertían la descomposición de la democracia interna de los partidos, substituida por una voraz nomenclatura, dotada de una tajada muy importante del presupuesto público.


 Y en el preciso momento, en el que más obscuro se advertía el panorama político-electoral del país, deviene la tragedia. El planeta se pone de mal humor, y una basta zona del país se estremece, primero con un fuerte sismo de superior a los 8 grados, y luego es asegundado por otro de 7.1, con epicentro muy cercano a la Ciudad de México. Los daños son cuantiosos. Los habitantes de pueblos y ciudades, especialmente en la capital, son los primeros en organizarse y participar en los rescates; se activa el músculo ciudadano. ¿Y qué es lo primero en que se piensa, para hacer frente a la agresiva realidad? En despojar a los partidos políticos de los inmensos montos de dinero que reciben. La indignación es brutal y va en aumento día a día, y con ella la oportunidad de restablecer la democracia intrapartidaria e imponer un sistema que premie las virtudes cívicas de los políticos, y no su oportunismo y amoralidad. Esto nadie lo va a parar. Por eso hay que aprovechar la inesperada y trágica oportunidad, que la manifestación telúrica nos brinda. Los partidos están contra la pared.


@carce55