GUANAJUATO, EL REGRESO DE EL SANTO

Carlos Arce Macías

Es indiscutible que el súper héroe mexicano por excelencia es El Santo, el cual posee el reconocimiento de los guanajuatenses, desde que en 1970 acudió a la ciudad a rescatarnos de las malévolas momias que asolaban la ciudad colonial. Con gran eficacia, y bajo el lente de Enrique Wallace y la dirección de Federico Curiel, quedó evidencia para la posteridad, de los fieros combates entre luchadores y los cuerpos áridos producidos en el panteón de Santa Paula. A los 15 años y desde el balcón de la casa de la plazuela del Baratillo, en donde vivían mis tías abuelas, fui testigo de una de las aguerridas peleas, que se desarrolló en ese sitio. El Enmascarado de Plata, salvó a mi pueblo del mortífero ataque de los seres de ultratumba.

Pelea en la Plazuela del Baratillo

Pero ahora, ante las terribles amenazas que vive nuestra entidad, requerimos nuevamente la intervención inmediata de nuestro héroe autóctono. ¡Ya si no! Las calamidades que caen sobre los indefensos pobladores de estos lares, son tremendas. 

El crimen organizado, ha fincado sus reales en estos territorios, en donde las autoridades, con más de 10 años de experiencia en el cargo, han sido incapaces de revertir el fenómeno criminal que padecemos. Somos campeones en homicidios a nivel nacional, y ni el gobierno federal y menos el estatal son capaces de combatirlo eficazmente. Los muertos se cuentan por miles, ante la mirada atónita de nuestros egregios legisladores, que decidieron ratificar al fiscal, por instrucciones del gobernador. Punto.

Pero las malas noticias siguen precipitándose sobre nosotros. En esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentó su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en la que se muestran cifras alarmantes para Guanajuato: de 2017 a 2019 la tasa de corrupción ¡aumentó 80 por ciento! La más alta, convirtiéndose en el estado en el que con más rapidez se impone esta perversión social. Casi nada ha hecho nuestro gobierno estatal para combatirla. Cada día es más claro que el esquema fue adoptado, implementado y perfeccionado a plenitud, durante la administración de Miguel Márquez, y prevalece en el actual gobierno. ¿Anticorrupción? Gracias, no.

Simulando la Anticorrupción

Asombroso, el modelo parece estar tan desgastado, que ya resultó imposible sostener, en una subsecretaría, a un exalcalde sobre el cual pesaba una larga auditoría, que lo involucra en conductas ilegales. Se trata de un virus que ha infestado a casi todos los políticos guanajuatenses (existen excepciones meritorias) a cargo de los gobiernos locales. Nuestros miembros de los ayuntamientos, se resisten a aceptar un postulado categórico: no se hacen negocios desde el gobierno. Al contrario, su involucramiento en el funcionariado público se debe a su convicción de que desde el poder, se generan las más altas utilidades, a través de trampas, extorsiones y moches.

Y a partir de esta calamidad, se lanza el grito desesperado de los guanajuatenses a El Santo, para que regrese y combata estos horribles despojos de la corrupción, empezando por el actual alcalde de la ciudad que vive entre cerros y montañas, bajo la égida del autoritarismo, la torpeza y los trinquetes de su gobernante.

Las momias malas de Guanajuato

Ahora la última aventura del presidente municipal que padecemos, encuentra repercusiones a nivel nacional, cuando no puede contar satisfactoriamente la cantidad de cuerpos áridos que pueblan la ya famosa colección de momias guanajuatenses, viajeras y sedentarias ( ya contamos con esa nueva clasificación). Y es que se sabe que el muestrario de cadáveres estaba siendo saqueado y tuvo que ser repuesto de urgencia, cuando una palomita soltó la noticia.

Deseamos que El Santo regrese a liberar a los guanajuatenses de la corrupción que los desgobierna. Debería comenzar por despacharse al alcalde que tan poco respeto muestra por las conocidas y famosas momias. Sería un buen principio. Ojalá y El Santo lo entienda.

Voy para allá

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GAS PARA LOS ALCALDES

Carlos Arce Macías

 

Gasear alcaldes no es un chiste. Menos hacerlo a algunas de las presidentas municipales más exitosas en su desempeño de gobierno local. Se trata de una violencia inadmisible, de una afrenta que en cualquier país tendría serias consecuencias políticas, aunque se tratara de solo “una rociadita” de gas lacrimógeno.

 

El hecho denota el poco respeto y reconocimiento, que desde el Ejecutivo Federal se tiene por el Gobierno local. Aunque les moleste, así está consignado en la propia Constitución. Pero tal parece que ni la conocen, y si la han leído, les tiene sin cuidado el estatus jurídico municipal. “Échenles gas pa´ que se larguen”, fue seguramente la terminante orden a los conspicuos celadores del Palacio Nacional.

 

La mañanera les cayó encima a los munícipes. El presidente de la República acusó a los alcaldes: “Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta. Les gana el ansia opositora, la desesperación”. Desesperación porque los presupuestos son cada día más estrechos y las administraciones retornan a la pobreza perene. “No queremos que nos den más, tan solo que no nos quiten lo que ya teníamos”, exigía la alcaldesa de Chihuahua.

 

Total, que fuimos testigos del absoluto desprecio por los gobiernos locales, por una de las instancias políticas, fundamental para la operación del Estado mexicano. Quizás no han tomado conciencia las nuevas autoridades federales, que el único ente constitucional que gobierna directamente el territorio, es el municipio, son las ciudades, son las metrópolis. Todo lo demás son entelequias, simples ficciones jurídicas.

 

No por nada, el doctor Arnaldo Córdova, autor de obras trascendentes sobre el nacionalismo, la política de masas del cardenismo y la formación del Poder Político en México, nos legó un estudio muy interesante (“El Principio de la Soberanía Popular en la Constitución Mexicana”, UNAM/ IIJ 2006) , en el que propone dar un giro copernicano a la teoría de la autonomía municipal, para reconocerles a los gobiernos locales, una característica soberana, que revolucionaría el ámbito de gobierno municipal. Esta propuesta, nos conduciría a dotar a los municipios de la cualidad que de verdad requieren para poder gobernar el complejísimo enjambre urbano en que se han convertido nuestras ciudades. Urge que estas posean un esquema de gobierno diferente, más moderno, con poderes divididos y con plena capacidad tributaria que los independizaría de las legislaturas estatales. Así tendríamos una categoría de 31 municipios, mayores a 500,000 habitantes, que tendrían su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un gobierno más acorde con los nuevos tiempos.

 

Las grandes ciudades mexicanas se han tardado en formar una red que las dotaría de una fuerza política de altos vuelos. La Asociación de Grandes Ciudades de México (AGCM), se podría convertir en el interlocutor de la instancia local, frente a la CONAGO de los gobernadores y el rudo y violento gobierno federal que los maltrata y agrede. A ver si frente a una organización de ese calado se atreven a volver a gasear alcaldes.

 

Los municipios no han hecho valer su enorme poder frente a los otros poderes, los ningunean siempre. No han sabido reivindicar su dignidad comunitaria, desde 2012, cuando el PRI destruyó la Asociación Mexicana de Municipios (AMMAC), y con ello, toda posibilidad de construcción de una organización que superara las agendas partidistas, se desbarrancó entre grillas y ambiciones baratas.

 

Pongo algunos ejemplos para hacer valer los reclamos municipales ante la sordera federal: depositar la recolección de basura de un día, en los accesos de las oficinas federales, así como generarles cortes de agua potable o cierre a las vías de comunicación circundantes. Solo se requiere un elemento táctico fundamental: organización para que esto suceda instantánea y sincronizadamente en 10 o 20 ciudades mexicanas al unísono. La retaliación al maltrato legendario, está a la mano, se requiere organización y decisión.

 

En lo que sí se equivocaron los alcaldes de visita en Palacio Nacional, fue en no invitar a sus pares en los municipios, síndicos y regidores, a acompañarlos en la peligrosa aventura de reclamar el trato que se les intenta decretar en el Presupuesto Federal para 2020. Hasta ahora, las localidades se gobiernan, como la Villa Rica de la Veracruz de 1519, por un vetusto Ayuntamiento. Insisto una vez más, los alcaldes no son los ejecutivos del gobierno municipal, no equivalen, en su ámbito, al presidente de la República ni al gobernador, su función es coordinar a la administración municipal y ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento. No se trata, hasta ahora, de un modelo de gobierno dividido, con tres poderes, sino de gobierno por concejo, por asamblea, por concilio. ¿Entienden?

 

Por eso urge en México el establecimiento de una instancia supramunicipal, que permita la gobernanza de grandes conglomerados urbanos. La añeja fórmula municipalista, no funciona para la administración de las enormes y populosas ciudades del siglo XXI. Valdría la pena revisar, entre otras, la experiencia alemana sobre la ordenación del régimen local. Las ideas brillantes del barón Karl von Stein, de 1808, podrían resultar inspiradoras, en relación a las “Ordenanzas de las Ciudades”, para lograr la participación efectiva de los individuos en las tareas de la comunidad local y en eliminar las barreras burocráticas que la dificultan. Se trata de dotar a las ciudades de capacidades administrativas para su gobierno, pero también de imponerles serias responsabilidades gubernativas. No todos lo municipios son iguales.

 

En tanto todo esto suceda, penosamente nuestro gobierno federal gasea alcaldes. No tolera el presidente que le toquen las puertas de Palacio Nacional y reclamen. Optan por agredir.

CAPITAL POLÍTICO

Carlos Arce Macías

Una de las previsiones que debe medir muy bien un político avezado, es su capital político, que le permita mantenerse en su encargo. Para conseguirlo, conviene ser ahorrador, no manirroto, para evitar malas experiencias. La política es una actividad desgastante. Luego de ganar una elección, difícilmente se incrementará la confianza y satisfacción por el desempeños de las funciones encomendadas. No sin razón, alguien afirmaba que gobernar es el arte de decepcionar.

Vean el caso de Sonora, donde Claudia Pavlovich resultó triunfadora en 2015, venciendo al candidato panista que era el favorito. Su campaña fue un éxito rotundo… que duró poco. Hoy se encuentra avasallada por Morena. El partido de López Obrador controla todo el estado del noroeste. Perdió los municipios más importantes comenzando por Hermosillo, la capital. En el Congreso estatal, Morena ubicó 22 diputados de 33 posibles, mientras que el PAN obtuvo solo 3 y el PRI 4. Bastó muy poco tiempo para sufrir un derrumbe generalizado de su opción política. El ejemplo resulta un buen referente de cómo, en poco tiempo, los ciudadanos pueden mutar sus preferencias electorales.

En el caso de Guanajuato, el próximo gobernador panista, debe de jugar con mucha inteligencia sus fichas. Sus nombramientos deben de responder a las enormes expectativas que se ventilan sobre su gestión. Cada designación acertada otorgará puntajes positivos, en tanto que una mala postulación, tendrá un costo muy alto.

En este sentido, existe un tema fundamental en donde Diego Sinuhé se jugará una gran porción de su capital político: el nombramiento del nuevo fiscal. Con la pesada carga de un estado acosado por el crimen organizado, disputado por diversos cárteles, paraíso del robo a ductos de PEMEX y con una prolija estructura para el  lavado de dinero, convierten la postulación del procurador, en el centro de atención y tensión, de todo el gabinete. En caso de optar por la continuidad, es posible que Diego gaste totalmente el capital político que posee. Seríamos testigos de un harakiri político de dimensiones espectaculares. ¿Por qué? Sencillo, por ir en contra del sentido común. No existe mérito alguno, de un funcionario cuyas cuentas están teñidas de sangre y que tropieza con fosas repletas de cadáveres, para aspirar a repetir en el cargo por 9 años más.

De iniciar su gobierno bajo la pesada carga del mismo procurador, los escasos recursos con que contará el nuevo gobernante, lo ubicarán al filo del abismo. Cada trimestre en el cual la criminalidad no disminuya, será un agobiante lastre para el gobierno panista. Difícilmente sortearía la complicada aduana electoral que se plantea en 2021, con un López Obrador de nuevo en campaña, bajo el pretexto del referéndum al que sujetará su gobierno. ¡Idea genial! Acotado por los recortes presupuestarios que se vislumbran, con un estado sumido en la violencia y frente a un equipo retador mejor organizado y apoyado desde la presidencia de la República, el Congreso y los principales municipios estarán fuertemente amenazados por Morena. El efecto Pavlovich sería una realidad. El resultado de la derrota electoral será la inmersión de Diego en el limbo político, inhabilitado por haber perdido todo su capital político en la primer jugada importante. Dramático.

Así las cosas no queda más que administrar las fichas correctamente, arriesgando lo mínimo posible. La designación de un fiscal “no carnal”, y una procuraduría apoyada presupuestariamente, enviaría señales positivas, al comprobarse que se trata de un nuevo esfuerzo persecutorio, diferente al del sexenio anterior, que resultó ineficaz. También abonaría un mensaje nítido a la burocracia estatal, de que las reglas del juego han cambiado, y una fiscalía autónoma será un doberman que estará atento y olfateando cualquier intento de expolio de los presupuestos públicos.

La misma prescripción aplica al nuevo ayuntamiento que gobernará Guanajuato Capital, que inicia con el pié izquierdo, involucrándose en el conflicto de intereses producto de la relación entre miembros del ayuntamiento entrante y el saliente.  Esa será la acechanza continua de un cabildo configurado a modo, para mantener bajo la custodia de un grupo político, el gobierno local.

Sin mediar rechazo público a la conformación de un nuevo gobierno-botín, prescindiendo de la autentica  ciudadanización del IMPLAN, sin un Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial socializado, sin plan profesional de Movilidad; los haberes políticos del nuevo cabildo también serán escasos y no bastarán para llegar a la otra orilla. Naufragarán.

Por eso, extendemos receta, a los nuevos gobernantes, caligrafiada con pulso firme: usen bien su exiguo capital político. Absténganse de hacer negocios desde los puestos públicos. No acepten ni pidan moches. Sean sobrios y no ardan en la hoguera de las vanidades. La ciudadanía guanajuatense ya agotó su paciencia. ¡Entiéndanlo!

@carce55

REELECCIÓN PARA DUMMIES

 Carlos Arce Macías

 El secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, y adelantadísimo precandidato del PAN, Diego Rodríguez, ha decidido trastocar delicadísimas piezas políticas, del tablero electoral del 2018. Con total desparpajo, destapó a Éctor Jaime Ramírez Barba como candidato a alcalde de León, sin aparentemente darse cuenta de las serias consecuencias que esto trae para su partido.

 El temporal que el actual gobierno municipal de León ha tenido que sortear, tras heredar una administración caótica y desordenada, ha sido muy complicado para el alcalde Héctor López Santillana. Muchas críticas se pueden enderezar en su contra, especialmente en el tema de seguridad, pero no se debe de olvidar, que la conducción de un municipio, se hace desde un cuerpo colegiado: el ayuntamiento.

 Durante las campañas electorales de 2015, lancé una crítica directa al órgano electoral guanajuatense, por permitir a los partidos políticos que publicitaran los comicios municipales, como “elección de presidentes municipales”, y no “de Ayuntamientos”, como constitucionalmente habría de hacerse. Ningunearon la observación, y todos los partidos continuaron promocionando alegremente a sus candidatos a alcaldes, como si de eso se tratara la elección local. Error.

 El tiempo me ha concedido la razón; hoy se deben pagar las consecuencias del desatino, al focalizarse las críticas, por la ineficacia gubernamental, únicamente en los presidentes. Y eso es injusto, ya que el gobierno municipal es compartido, y las responsabilidades se distribuyen entre sus miembros. Estamos viviendo la gran estupidez de utilizar un modelo feudal, proveniente de la edad media española, y pensado para gobernar villorios de 5,000 habitantes, como nuestro modelo de gobierno de grandes ciudades, de más de millón y medio de residentes como es León. Un verdadero despropósito.

 Y por ese motivo no se encuentra la salida al gobierno municipal en México. Y ahora los paganos de la dificultad de gobernar las grandes urbes, son los alcaldes, que carecen de las atribuciones ejecutivas necesarias para responsabilizarse de la eficiencia y eficacia del gobierno. Y este problema, resulta especialmente significativo en Guanajuato, única entidad con un sistema de ciudades intermedias, que no encuentran la clave para ser gobernadas bien.

 Así las cosas, y sin considerar estas andanzas por los áridos parajes de la administración pública municipal, el novel secretario e intranquilo precandidato, decide anular de la posibilidad de la reelección al actual presidente municipal leonés. Grave torpeza, aparte de la majadería implícita en el hecho. Pero así son estos jóvenes políticos, soberbios y descuidados en las formas.

 La ignorancia y desconocimiento de las nuevas dinámicas que imprime a la política la posibilidad de reelección, han fabricado un pantano para el PAN. El solo hecho de descartar al actual presidente municipal de León de la contienda, significa el reconocimiento del fracaso de la administración panista que conduce los destinos del municipio más poblado del estado. Y eso se convertirá en parque para la oposición, que festinaría el naufragio del actual gobierno, para llevar agua a su molino. La eficiencia de un partido político, a partir de ahora, se medirá a través de las reelecciones que logren sus militantes.

 Y paso ahora a lo mas escabroso del arrebato del secretario Sinuhe Rodríguez: la propuesta de que Éctor Ramírez Barba, sea el candidato ungido para buscar la presidencia municipal de León. Lo mismo, retirar de la posible reelección al diputado Ramírez, conlleva un gravísimo error. Uno de los elementos que busca la posibilidad de reelección de los diputados, consiste en fortalecer al Congreso, a través de la repetición en el cargo de diputado. Así obtendríamos los guanajuatenses representantes más vigorosos frente a los demás poderes. En pocas palabras, es una de las pocas posibilidades que tenemos, de lograr el ansiado equilibrio de poderes. Contar con un diputado experimentado y conocedor de los temas del legislativo, frente a un nuevo gobernador bisoño, asignaría muchas posibilidades para configurar una cámara de diputados más poderosa y generadora de una política más agresiva de rendición de cuentas sobre el ejecutivo.

 Regresando al tema municipal; si lograra la reelección en su posición de alcalde Héctor López Santillana, daría un paso adelante para consolidar su importante pero limitado poder dentro del ayuntamiento. De esta manera, el nuevo gobernador tendría frente a sí, a un político revitalizado y maduro, difícil de doblegar desde el poder estatal. Los gobernadores siempre han sido las estrellitas del microcosmos estadual, porque nunca hasta ahora han tenido frente a sí a políticos con el poderío de la reelección a cuestas. Esa es otra historia que no conocemos.

 Pero pensándolo bien, quizás el impaciente suspirante a gobernador, no ha sido tan irreflexivo, y el precipitado destape, se deba a una bien armada maniobra para eliminar cualquier vestigio de amenaza, sobre una gubernatura muy vulnerable. No quiere que nadie le haga sombra, ni que los municipios adquieran mayor fortaleza, y menos que el Congreso le exija cuentas puntuales. Eso sería muy malo para Guanajuato.

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HORA DE COMENZAR, porque la corrupción persiste.

HORA DE COMENZAR

Carlos Arce Macias

Todo mundo sabe que han robado. A nadie le queda duda de que se han aprovechado del cargo público, para llenar las alforjas. Son motivo de escarnio y vergüenza entre la ciudadanía. Son escoria.

Sin embargo andan tan campantes, tranquilos, sonrientes. Saben que será muy difícil atraparlos. La impunidad está casi garantizada. Nada les sucederá. Durante años, el sistema político mexicano ha construido un andamiaje monumental, que permite robar y hacer mal uso de los fondos públicos sin correr peligro alguno. Duermen tranquilos.

La combinación existente, entre la carencia de documentación del desempeño de la función pública, la opacidad en la gestión y una legislación de responsabilidades ineficaz, han dado como resultado una amplia, continua y cómoda impunidad a los delincuentes, que a la vista de todos, esquilman a los ciudadanos, sustrayendo sus contribuciones al presupuesto público.

En el caso del municipio de León, desconozco detalles específicos sobre las indagaciones a la anterior administración, pero advierto, que si se basan en auditorías, difícilmente concluirán en acciones penales exitosas, contra funcionarios desleales. Las auditorías, ya lo he dicho, no son el mecanismo idóneo para identificar conductas delictivas, ya que solo se trata de revisiones documentales. Los moches, por ejemplo, nunca serán encontrados, porque se dan fuera de la contabilidad gubernamental.

Pero no solo es eso, tampoco se ha implementado un mecanismo de responsabilidades que pueda usarse para perseguir a los salteadores. Para comenzar, las conductas delictivas son escasas y mal tipificadas. No aparecen comportamientos como: colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, enriquecimiento oculto, uso ilegal de información falsa o confidencial y nepotismo. Otros tipos como el conflicto de interés están mal definidos.

Pero también las actividades ejecutadas, por razón del encargo de cada funcionario, no están bien documentadas y clasificadas. Esto acarrea una situación perversa: brinda cobertura a los delincuentes, pues no hay forma de fincarles responsabilidades, pero expone a los buenos servidores públicos a ser indebidamente acosados e indiciados. Hace falta la construcción de un buen sistema de archivos, que es el cimiento de una administración profesional. Es la memoria legal de la gestión de cada gobierno.

La decisión del Ayuntamiento leonés, de que sus miembros presenten sus declaraciones llamadas “3de3”, son pertinentes en estos momentos. Se está formando con ello evidencia documental oficial, de la situación patrimonial, fiscal y de intereses, que en su momento puede ser utilizada para corroborar datos, que cuando menos desemboquen en el delito de perjurio (falsedad).

Sin embargo, si no se llevan a cabo cambios radicales en la administración pública, comenzando por poner orden en la generación y resguardo de la documentación, así como la máxima transparencia en la gestión, con el objeto de que los ciudadanos puedan juzgar a su gobierno; de nada servirá la construcción de medidas anticorrupción y la definición de nuevos delitos. La impunidad continuará porque se carece de la documentación de las instrucciones, resoluciones y opiniones de los altos funcionarios encargados de gobernar. Ahí reside la trampa que permite el abuso.

No sé que medidas tomará la actual administración municipal para perseguir a quienes traicionaron el designio popular. Pero estoy seguro de que si hay forma de poner coto a la corrupción, si se construyen los mecanismos administrativos, que garanticen que la delincuencia organizada que opera desde el gobierno, correrá grave peligro de ser descubierta y acusada penalmente; al tiempo que se garantiza a los buenos servidores, el desempeño sin sobresaltos ni amenazas, de su cargo. Si no se ejecutan estos cambios, todos los esfuerzos se irán al caño. Contralores se nombrarán, auditorías se ordenarán, pero todo seguirá igual, y la impunidad campeará en la administración pública. Es hora de comenzar a hacer las cosas de diferente manera, para obtener distintos resultados. Hechos, no palabras, es lo que espera la ciudadanía indignada.

@carce55

 

 

ZAPATEROS MAL ASESORADOS, LES PROPONEN SALVAGUARDA COMERCIAL

SALVAGUARDA PARA LEÓN

Carlos Arce Macías

 

Recientemente, la alcaldesa de León lanzó una recomendación a la industria zapatera de su terruño, para que pueda enfrentar a China con eficacia: promover una salvaguarda comercial.

 

La gobernante no se aparta de la reacción habitual de los políticos, consistente en proponer ocurrencias cuando no conocen el tema. Pretende asesorar irresponsablemente.

 

Recapitulemos. Las cuotas compensatorias y la salvaguarda son restricciones a la importación de mercancías. La historia de las medidas de protección a la industria zapatera es la siguiente:

 

1994.- Frente a la apertura con América del Norte (TLC), Salinas negoció con los industriales protegerlos frente a la amenaza asiática. Así se impusieron, ilegalmente, cuotas compensatorias a los zapatos chinos de hasta 1105 por ciento. No pasaba nada, China no era miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y por lo tanto se podía actuar arbitrariamente.

2001.- China entra a la OMC y el día de campo se acaba para nuestro país. Había que poner fin al desaseo con que se procedió en la época salinista. Aún así, en una dura y costosa negociación para el gobierno del presidente Fox, se logra el mantenimiento de las cuotas compensatorias hasta finales de 2007.

2007.- México elimina las cuotas compensatorias vigentes (ilegales y arbitrarias), pero consigue un nuevo acuerdo de “Medidas de Transición”, vigentes hasta 2012.

 

En concreto, la industria del calzado fue protegida, a costa de las relaciones con el segundo país más poderoso del mundo, durante 12 años. Más tiempo era insostenible en el ámbito internacional y de comercio exterior. Aparte hay otro problema, el mercado de Estados Unidos de zapato esta abierto a China, y resulta muy fácil importarlos a México. Controlar el trasiego es prácticamente imposible, se revisan aproximadamente el 4% de los contenedores, y una revisión mas profusa paralizaría la frontera impidiendo la entrada a tiempo de insumos requeridos por nuestra industria.

 

Y finalmente el asunto de la salvaguarda recomendada por la alcaldesa. Esta medida tienen las siguientes características:

–       Protege contra daño grave a una rama de la industria, por lo que hay que probar ese “daño grave”. Los zapateros ni siquiera han podido probar el daño simple en los casos antidumping que han intentado. Siempre han fracasado, aunque lo han ocultado.

–       Es compensable. O sea, que China puede imponer las mismas cargas a otro sector económico mexicano que exporte a oriente.

–       Es general. Se aplica a todas las importaciones, no solo a las chinas. Esto haría que México, si la impusiera, entrara en conflicto comercial con otros países.

–       Es discrecional. Aún cuando se cumpla con todos los requisitos, el gobierno puede decidir no imponerla. En el antidumping, si se comprueba, tiene que implementarse forzosamente la medida.

–       Su imposición produciría inflación, ya que al no haber competencia el precio del zapato se incrementaría, perjudicando a los consumidores mexicanos.

–       Se abriría la Caja de Pandora, porque el gobierno de EPN tendría una larga fila de sectores reclamando la misma protección que a los zapateros.

 

Por estas consideraciones, México solo ha impuesto salvaguardas comerciales en muy contados casos (2 o 3).

Reaccionen ya. La ciudad de León, debe formular nuevas políticas de desarrollo económico. Desde hace años se les advirtió sobre la vulnerabilidad de su economía y la necesidad de diversificarse. Los zapateros no lo permitieron porque ello implicaba el aumento en los salarios de los trabajadores, al tener que competir, en lo laboral, con otras industrias. Quien requiere urgentemente una salvaguarda es León. Pero una salvaguarda que proteja a la ciudad de las ocurrencias de sus políticos y de su voraz sector zapatero.

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¡NO!

¡NO!

Carlos Arce Macías

 

El más efectivo y contundente antídoto contra la corrupción es tan solo una palabra: no. Pero hay que utilizarla desde una actitud decidida, categórica y enfática: ¡no!

Y es que frente al acto corruptor no se puede ser dubitativo, sino actuar asertivamente. Frente al “¡no!” que se desliza al cerebro, no le queda al emisor de una propuesta corruptora otra opción más que recular, posiblemente avergonzarse, cambiar de tema o largarse inmediatamente. Así se debe de actuar para privilegiar la ética sobre la carencia de honradez y rectitud.

El problema para cualquier persona, pero en éste caso para el funcionario público cuando no actúa bajo ésta premisa absoluta y contundente, es que abre la puerta, permite el resquicio, señala la grieta por donde la corrupción, que es como la humedad, se filtre y oxide todo. Sacarla de ahí será muy difícil. En poco tiempo habrá contagiado a todos a través del mal ejemplo y habrá establecido su reinado, involucrando directa o indirectamente a mucha gente. Así es y no hay vuelta de hoja.

Esto lo señalo pensando en lo que sucederá en un futuro,  porque en México se ha descubierto una vieja práctica política, extendida en varios países, pero especialmente en Estados Unidos: el “pork barrel” o barril de los puercos. Así se les denomina a los multimillonarios fondos presupuestales con que cuentan los legisladores estadounidenses. Estos son utilizados para apoyar obras en sus distritos, que casi siempre son utilizadas electoralmente y a favor de sus partidarios. Es un término despectivo.

Y es que ya nos habíamos tardado. La manipulación y el aumento de los fondos de pavimentación, de cultura y de espacios deportivos, aunado a la próxima posibilidad de reelección legislativa, propiciarán un caldo tóxico para la democracia. Se intensificará la corrupción política y las propuestas de apoyo, a través de los diputados de todos los partidos, como ya empieza a suceder. Más aún, ya existe la iniciativa de que los senadores también intervengan en la conformación de éstos fondos presupuestales, lo cual sería desastroso, pues propiciaría la inmersión en ese fango, del Senado.

Regresando a Estados Unidos, ya en 1919, Chester Collins reseñaba en un artículo sobre gobiernos locales, la problemática del mecanismo para éste ámbito de gobierno. Pero no fue sino hasta 1984 cuando se conformó en Estados Unidos la organización civil denominada Citizens Against Goverment Waste (CCAGW) o Ciudadanos contra el Gobierno Basura, que lucha en contra de ésta perniciosa práctica de los políticos. Esta ONG, por ejemplo, se dedica a identificar los proyectos sospechosos (más de 10,000 con costo de 17,200 millones de dólares en 2008) y luchar, decidida y agresivamente, en contra del “pork barrel”.

En Filipinas, recientemente el presidente Aquino ha optado por eliminar el Fondo Prioritario de Asistencia, que ha sido históricamente utilizado por los legisladores filipinos como “pork barrel”. Ya no aguantaban.

Pero el tema apenas comienza para nosotros. Las autoridades estatales y municipales deben afilar el “¡no!” áspero y contundente para enfrentar las seductoras propuestas que los diputados puedan ponerles sobre la mesa aunadas al recién develado “moche”. Es necesario frenar inmediatamente esta práctica, si no queremos propiciar mayor corrupción. Por su parte el PAN debería comunicarse con el CCGAW a fin de tomar conciencia y orientación de los lejano que se encuentra esta estrategia de su doctrina. Ojalá lo entiendan y  también digan ¡no!

carlos.arce.macias@gmail.com

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