Carlos Arce Macías
“El Derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos”.
Luigi Ferrajoli (Jurista)
La libertad de expresión y opinión es un derecho humano. Se encuentra contenido en la Declaración Universal de Derechos, expedida en 1948, como respuesta de la humanidad a las gravísimas violaciones llevadas a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Tras un largo y sinuoso camino, México instauró a plenitud un sistema de tutela a nuestros derechos fundamentales.

El 11 de junio de 2011, se cumplieron 10 años, el artículo 1 de nuestra Carta Magna fue modificado y cambió radicalmente, al establecer que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así los mexicanos gozamos de la protección constitucional de un importante cúmulo de libertades, que se originan en el texto constitucional y en una variada cantidad de tratados internacionales, que tiene signados el país. Nunca habíamos gozado de tanta protección a nuestra libertad.
El artículo 19 de la Declaración Universal dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este numeral, básico para el funcionamiento de la democracia, debemos grabarlo bien en nuestras mentes, especialmente los panistas, para no vernos acotados en nuestras expresiones y opiniones, por el miedo que pueda sembrar cualquier directiva extraviada en laberintos autoritarios.
Ningún mexicano debería tener temor por expresarse y criticar a sus gobernantes por cualquier medio. El propio artículo 1 de la Constitución refiere: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos… En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Dicho lo anterior, resulta insólito, que sea precisamente Acción Nacional quién se tranforme, negando 600 años de civilización, en una nueva Inquisición, al más puro estilo del siglo XV. Se resiste a aceptar las críticas abiertas de sus militantes. La sola intención de los dirigentes partidistas, por conculcar derechos fundamentales, produce asco y estupor. No en valde decidieron algunos connotados miembros manifestar su simpatía por partidos europeos de corte facistoide, eso los seduce. La alianza con VOX es encadenarse al facho, el camino de la radicalidad, con el cual algunos pretenden combatir el absurdo radicalismo de la izquierda ignorante, que hoy padecemos. Están sordos y ciegos. Ante el dislate, le decimos a la dirigencia, fuerte, claro y de frente: el problema son ustedes, la partidocracia, no el PAN como institución.

El camino para soterrar el autoritarismo del actual presidente de la República es el señalado por el propio artículo 1 de la Constitución, allí está. Es poner a funcionar el sistema de Estado Constitucional de Derecho, que nos garantice y amplíe a todos nuestras libertades y derechos fundamentales. No rerquerimos caudillos ni ayatolas, sino educación cívica, organización social y cumplimiento normativo.
En los últimos estertores de la revolución, ya advertía Manuel Gómez Morín esa carencia. Por eso fue un creador de instituciones, entre ellas el de una organización política democrática, que se contrapusiera a la autocracia reinante. Es triste, pero ahora, estos herederos de Don Manuel van solos, nombrados a dedazo, sin vida interna que los legitime, iguales al PRI contra el que luchamos en los finales del siglo pasado.
Como remate: azora la construcción de un pliego inculpatorio de tan baja calidad jurídica, como el que elaboraron para intentar mi expulsión del PAN, eso pasa cuando obran por consigna. El próximo viernes 24, a las 10:00 de la mañana, estaré en el Comité Directivo Estatal para sustentar mi defensa y rebatir las pruebas en que se basaron para inculparme. Ya se sabrá a quién le asiste el derecho y la razón.
