Carlos Arce Macías
Corría el año 2000, días después de la elección que marcaría la transición a la democracia en México, cuando en el equipo jurídico del presidente electo Vicente Fox, se perfiló el proyecto que consistía en establecer en el país el equivalente a la “Freedom Information Act” que viene operando desde 1967 en los Estados Unidos. Por otra parte, en la Unión Soviética, a partir de 1985, se empezó a imponer por Mijaíl Gorbachov, una política de transparencia sobre las acciones públicas del gobierno, como parte de la llamada “Glásnost”, pieza fundamental para abandonar el oscurantismo estaliniano que imperó en el régimen comunista. En este contexto, el acceso a la información, resultaba imprescindible para lograr una democracia sin adjetivos (Krauze dixit), y el nuevo presidente estaba totalmente convencido de la necesidad de impulsar este proyecto.
Discretamente, se operó en el seno del equipo la propuesta de adoptar una nueva política pública, para que toda la información del gobierno, salvo ciertas excepciones, pudiera ser consultada y entregada a las personas que así lo requirieran, sin condición alguna. Se trataba de colocar una pieza fundamental para lograr la plenitud democrática en el país, ya que la democracia no puede operar sin el conocimiento puntual de las acciones gubernativas. La carencia de esta cualidad en una administración pública, nos obligaría a votar a ciegas, y solo bajo las condiciones propagandísticas del gobierno en turno.
Se pretendía dotar a los ciudadanos del derecho humano, a saber como se conduce y bajo que parámetros, la acción de sus gobiernos, a todos niveles: federal, estatal y municipal. Podemos afirmar que la reticencia a entregar la información que debe de ser pública, entraña el desprecio por la plenitud democrática y revela la preferencia por el autoritarismo más atroz.
El dispositivo fundamental para que opere eficazmente una política de transparencia, se basa en la fuerza de la obligación a entregar los datos e información solicitada. Para ello se necesita que el impulso de petición este dotado de” fuerza ejecutoria”, equivalente a la judicial. Esto se logró en México, bajo el diseño minucioso de un Instituto de Acceso a la Información Pública (INAI) que garantizara esta característica. Sin el funcionamiento de esta entidad, autónoma de los gobiernos, no se propiciaría esta disposición toral para la generación de un régimen democrático. Cercenar el instituto de la transparencia, conlleva la renuncia a un régimen abierto a las libertades de sus gobernados. Ubicar la responsabilidad de acceso a la información en las entrañas de una secretaría, significaría ponerla a merced de los intereses más aviesos del presidente en turno.
Es por eso, que se debe impedir tocar al INAI, como lo pretende hacer el Ejecutivo Federal. Intenta destruirlo porque algo quiere esconder, y eso no es bueno para la nación. Pero también este artero ataque, no solo a una institución democrática, sino a todo un “Sistema Nacional de Transparencia”, nos instiga en Guanajuato, si queremos ser congruentes, a revisar y examinar las condiciones de operación de nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP). Preguntémonos: ¿Qué tan cooptado puede estar por el Poder Ejecutivo? ¿Qué fuerza están teniendo sus resoluciones para abrir información? ¿En que condiciones de acceso a la información nos encontramos los ciudadanos frente a nuestrosgobiernos estatal y local? ¿Qué tan extenso es el conocimiento de nuestro derecho a la información entre los guanajuatenses? ¿Cuáles son las condiciones de los archivos estatales y municipales, de donde se extrae la preciada información? ¿Cuántas peticiones han debido de litigarse por resistirse a la apertura? ¿Qué tan autónomo, vigoroso, asequible y bien armado se encuentra el IACIP? En pocas palabras: ¿estamos viviendo en verdad un régimen democrático en Guanajuato?
Sería conveniente que nos contestaran estas interrogantes, especialmente en la parte relativa a las contrataciones, la transparencia de los municipios y sobre todo en el ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia. Capaz que somos menos demócratas de lo que nos creemos. No vaya a ser.
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