VACUNACIÓN, TRÁMITE CRÍTICO

Carlos Arce Macías

Se comienza a ver luz al final del túnel. Se trata de una paradoja, para un país con gobierno populista, que ha intentado minar por todas las formas posibles, las capacidades científicas que posee. En el siglo XXI, es la ciencia la que acude a través de consorcios privados, grupos científicos universitarios e intercambio de conocimiento a escala mundial, a proporcionarnos una opción viable para vencer al terrible virus que ha pasmado a la civilización entera. Ya tenemos diversas vacunas que nos inmunizarán contra el COVID-19.

La ciencia global al rescate

La ciencia a nivel universal ha triunfado sobre los nacionalismos domésticos, las creencias religiosas y las ideologías esotéricas que se han incrustado en la mente de grandes conglomerados humanos, que apuestan por encontrar una salida mesiánica a todos los problemas que les acosan. Revelan su ignorancia y desapego a la realidad. Los milagros no existen.

Pero ya teniendo las vacunas, el reto dista mucho de haberse resuelto. Toca ahora, de forma especial a los gobiernos, resolver la cauda de problemas que plantea la vacunación de millones de personas. Se trata de la implementación de una logística sofisticada a fin de que se logre la inmunización sin que la vacuna pierda efectividad, por los requerimientos de baja temperatura a la que debe de conservarse. De esta manera, la inoculación no irá a la gente, sino que la gente debe de ser transportada al sitio en donde se encuentre refrigerado el medicamento.

En el caso de los Estados Unidos, la información que se ha dado, equipara el plan de vacunación, con los trabajos de preparación para llevar a cabo, en el llamado Día D, el desembarco en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, que conduciría a la derrota de Hitler. Esperamos que el referente sea de alguien mal informado, pues de acuerdo a la gran obra de Antony Beevor de 2009, esta acción bélica fue un desastre logístico, que descargó soldados, vehículos de guerra y suministro a tal velocidad, que ocasionó que a los pocos días, todos los caminos estuvieran saturados, y el ejército inmovilizado. Los tanques se congestionaron dentro del bocage (pequeñas áreas agrícolas rodeadas de setos y árboles) de las tierras francesas. Fue una mala planeación de tiempos y movimientos, que costó 100,000 muertes entre los ejércitos aliados.

Mala planificación

Quizás para los mexicanos ese número de fallecimientos resulte insípido, acostumbrados a darle tan poco valor a la vida de los demás, como lo revelan las cifras diarias expuestas por el gobierno. Pero el caso es que , si la vacunación no se organiza correctamente, el número de decesos continuará en aumento. Es una responsabilidad de dimensiones genocidas, no llevarla a cabo bajo una estricta planificación.

Por lo pronto el negligente gobierno federal, que ha minado irresponsablemente su sistema de salud, piensa que con la colaboración del ejército podrá cumplir a cabalidad con esa ardua misión. Va a necesitar la participación de servicios particulares y de las áreas de salud de los estados. Se trata de dotar de alta eficiencia a una acción, en la que va implícito el riesgo de muerte para las personas.

Por como se advierte la cuestión, bien haría el gobierno de Guanajuato en prepararse para enfrentar este gran reto, mediante la implementación de una plataforma tecnológica que le permita agendar y ordenar las citas, organizar la transportación, vacunar, monitorear y programar la segunda dosis automáticamente. Eso sería ponerse por delante del problema y no esperar a que le explote en las manos.

Si Guanajuato cree que con el arcaico sistema que utiliza para reemplacar autos pudiera enfrentar la delicada faena que puede tener en el futuro próximo, se equivoca. Necesita tecnologías más modernas. Ojalá sean previsores y ya se preparen. La negligencia federal es contagiosa.

Plataforma arcaica

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PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD

Carlos Arce Macías

Como lo hemos advertido desde esta columna semanal, la clase política opera bajo el criterio del Pacto de Impunidad, el cual se traduce en la posibilidad de desviar dineros públicos para pagar campañas electorales costosísimas, que incluyen, aparte de dadivas, la compra de votos en áreas estratégicas.

No todos somos iguales ante la ley

Bajo esta cobertura abusiva, los políticos se pueden aprovechar de circunstancias muy benéficas para ellos. Las áreas gubernamentales que deberían de cumplir la función de controlar la corrupción, se encuentran neutralizadas. Basta echar un vistazo a las contralorías municipales, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior, las fiscalías especiales de delitos electorales y anticorrupción, para constatar que nada les pasará, que el acuerdo funciona a las mil maravillas.

Ahora bien, así las cosas, cuando los grupos ciudadanos preocupados por un ambiente de corrupción desbocado, deciden intervenir y poner la mirada sobre las condiciones éticas de los candidatos, y construir un filtro ciudadano para orientar el voto a los diferentes puestos en disputa para 2021, deben de cuidarse de que la clase política no se escude en el Principio de Presunción de Inocencia. Hay que aplicarles un nuevo paradigma: el Principio de Presunción de Culpabilidad. Lo explicamos.

La mecánica bajo la cual debe de operar este principio, corresponde a una ecuación sencilla: si tu eres político y te has desempeñado como tal, has accionado bajo la cobertura del Pacto de Impunidad vigente, por ello los ciudadanos pueden presumir la utilización de métodos deshonestos. Todos pondrán cara de sorpresa. Incluso fingirán indignación ante tal atrevimiento.

Hay que dejarlos sufrir un poco. Sacarlos de su zona de confort. Que se sientan señalados y juzgados por la ciudadanía, después de tantos años impunes, lo merecen. Y luego, que se preocupen. Porque hay formas de corroborar su actuación impía, su torcido comportamiento, su mal fario. Solo revisemos sus desempeño en campañas anteriores, sus gastos, su publicidad, las dádivas continuas a los electores clientelizados, y busquemos información sobre la compra de votos el día de su elección.

Dádivas clientelares

Pero también está la fama pública. En las ciudades y los pueblos, conocemos de cerca de las personas y su entorno. Es sencillo saber su condición económica al entrar y salir del cargo. Las facilidades que pueden lograr al hacer negocios, contando con información privilegiada, tráfico de influencias y con tolerancia para no cumplir requisitos regulatorios a plenitud, por el solo hecho de desempeñarse en el mundillo político.

Todos los políticos en activo que aspiran a la posibilidad de reelegirse, así como los que intentan cambiar de puesto, están sujetos a la evaluación del desempeño en los cargos públicos que ocupan. A mostrarnos los resultados de su gestión, su congruencia y, en su caso, el cumplimiento con la representación de sus electores. De allí se desprenden datos que nos pueden brindar certidumbre para juzgarlos.

Estamos seguros que aquellos políticos serios y honestos, disculparán las duras formas que empiecen a aplicar los ciudadanos para calificarlos. Claro que hay personajes que han actuado con total rectitud y nada deben de temer, al contrario, bajo un escrutinio severo, serán revalorados, apreciados y votados.

Total, que esta nueva perspectiva, al no caer en el engaño de aplicar el Principio de Presunción de Inocencia, mientras rige el Pacto de Impunidad que los protege, propiciará un voto más certero a favor de la honestidad y la ética, en la conducta de los servidores públicos. A los candidatos hay que evaluarlos y juzgarlos, antes de votar por ellos. Si no lo hacemos, luego no nos quejemos.

Los nuevos políticos..

FILTRO CIUDADANO

Carlos Arce Macías

El tema del momento es el planteamiento de una alianza multipartidaria para hacer frente al oficialismo mesiánico que pone en peligro la viabilidad del desarrollo del país, y con ello el progreso y las posibilidades de mejora de los mexicanos en general.

Pero antes de esto hay que volver el rostro al pasado y puntualizar que el fenómeno electoral de 2018 se debió al hartazgo ciudadano, desgraciadamente mal encaminado, para liquidar un modelo de gobierno profundamente corrupto. Este prototipo, evidenciado por personajes como César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés, Emilio Lozoya y Rosario Robles, entre otros, se debe a lo que se ha denominado como “Pacto de Impunidad”. Un acuerdo para evitar procesos penales condenatorios a los políticos.

No nos hagamos daño

Este pacto, es consecuencia de la mecánica electoral generalizada, consistente en un irracional gasto de campaña que supera todos los topes establecidos, una fiscalización anodina, y la tolerancia a la compra-venta de votos, así como la clientelización electoral de los ciudadanos a través de dádivas y amenazas. Como casi todas las organizaciones partidarias asumen estas conductas, acordaron entre sí no perseguirse por transgredir la regulación electoral, y con ello no castigarse penalmente por sustraer dinero de las arcas públicas para asignarlo ilegalmente a las campañas electorales. Y en eso estamos.

Difícilmente encontraremos políticos y funcionarios fuera de esta nefasta dinámica. Los presupuestos públicos se ven menguados por los sobre precios de la contratación de obras y servicios con empresas fantasmas o reales, dispuestas a entregar moches a sus patrocinadores. Es parte de la vida diaria y principal motivo del hartazgo ciudadano.

De tal manera, la pregunta pertinente sobre las alianzas es identificar con que convicción se construyen: para reformular la acción electoral llevándola a un contexto legal y de honorabilidad, o bien para reivindicar y perfeccionar el modelo de corrupción total, que sigue operando sin freno y control.

Y en el contexto de una alianza opositora, es muy fácil conocer la verdadera intención de esta: “por sus candidatos los conoceréis”. Si se trata de políticos que han actuado de conformidad con los cánones de la corruptela actual, o bien personas confiables, sin antecedentes de deshonra y oprobio. Son los aspirantes que postule esa alianza, los que darán la confianza a la ciudadanía para emitir un voto consciente, en contra de un gobierno descarriado y sin rumbo firme, que no signifique, a su vez, la convalidación del anterior esquema político.

Pero como los institutos políticos están dirigidos por una partidocracia, hasta ahora inmune al fracaso, resulta muy complicado que se aparten del patrón de camarilla, para favorecer a sus incondicionales con las próximas candidaturas a diputaciones, gubernaturas y ayuntamientos. Todo apunta a la repartición de zonas de influencia, con el objetivo de intentar reconstruir el anterior modelo.

Solo habría un pequeño hueco para intentar mejorar las postulaciones partidarias. Y es a través del establecimiento de un “FILTRO CIUDADANO”, construido desde las organizaciones de la sociedad civil, para ponderar la viabilidad de las postulaciones que pretendan las sórdidas dirigencias de los partidos.

Solo candidatos que aseguren desempeño honesto del cargo

Movimientos como “Sí por México”, las organizaciones y los medios locales, podrían favorecer el análisis de los perfiles de los candidatos, estableciendo semáforos para advertir a los ciudadanos sobre la pertinencia de cada candidatura, y sobre todo para obligar a los partidos a abstenerse de postular a personajes impresentables, por su cúmulo de agravios y mala fama en los cargos que han ocupado. Pero hay que advertir con claridad que para estos efectos, aducir el principio de presunción de inocencia, no es válido, ya que los actuales político funcionan bajo la protección del “pacto de impunidad. Basta la mala fama pública para descartarlos. No seamos ingenuos.

Repitamos: El pacto de impunidad, invalida la presunción de inocencia.

Este no…