Carlos Arce Macías
Semana aciaga para los guanajuatenses. Nos atiborramos de malas noticias. La violencia continúa imparable, ahora se expresa también con el descubrimiento de tétricas fosas en Salvatierra y Cortázar, con cerca de 100 cadáveres. Las irregularidades en compras públicas menudean. Adquisiciones amañadas de computadoras y de placas para automóviles. Violaciones flagrantes, a la vera del Congreso estatal de una zona de preservación ecológica para beneficio del suegro del alcalde capitalino… en fin, no paramos.
Pero en contraste, Guanajuato se significa por ser un estado con nula corrupción. La aspiración ilusoria del jefe del ejecutivo federal, aquí se ha hecho realidad. Si no, solo consulte con el fiscal anticorrupción del estado. ¿Sabe cuántos corruptos hay en las cárceles guanajuatenses? ¡Cero! ¡Albricias! En esta noble entidad, hemos erradicado de tajo cualquier deshonestidad de políticos y funcionarios. Puras blancas palomas. Hemos construido el paraíso de la incorruptibilidad.
¿Qué sucede entonces? Algo pasa ante la obviedad de la incongruencia. Una avalancha de hechos terroríficos y trágicos, frente a un panorama jurídico y de persecución del delito, hueco e ineficaz. La gravedad de esta circunstancia nos debe de llamar la atención. Expliquémosla.
Todo tiene un mismo origen: detentar el poder. La clase política, más allá de cualquier color, debe de continuar prevaleciendo en los cargos públicos a cualquier precio, repito: a cualquier precio.
A partir del año 2000, el sistema electoral cambió. De la simulación de votos (falsificación de actas e introducción de votos falsos en las urnas), transitamos a la obtención de votos directamente de los ciudadanos. En un ambiente democrático, sería por medio del convencimiento, evaluando la pertinencia de las candidaturas, los programas y propuestas. Pero todo se desvirtuó. La compra de voto a los grupos más vulnerables de la sociedad, nos condujo de la virtud cívica del sufragio, a la perversidad de la compra venta inmoral de votos y la degradación de los ciudadanos, los cuales pierden dignidad. La pobreza no justifica este hecho, hay que decirlo con todas sus letras.Quienes lo hacen y lo propician deberían de estar tras las rejas.
Al poder comprar el voto en las narices de los reguladores de las elecciones: INE, IEG, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, etc., todo el panorama político se trastoca. Las campaña se vuelven carísimas, a tal grado que solo unos cuantos tienen acceso a la participación política, lesionando derechos fundamentales de los que quedan fuera por no contar con sumas millonarias de efectivo. Esto hace que para poder participar, solo lo hagan quienes posean cantidades inmensas de dinero, ya que, o son ciudadanos multimillonarios que pueden darse ese lujo, o bien funcionarios que ocupan posiciones destacadas en la administración pública, y que extraen dinero de los presupuestos públicos mediante contratos simulados, sobreprecios pactados para obtener moches y empresas fantasmas para desviar recursos presupuestales. Es más, las candidaturas, en los partidos se deciden por los fondos que garanticen los precandidatos para captar sufragios vendidos, no por sus capacidades y talentos. Mucho dinero habrá de distribuirse el día de las elecciones. ¡A comprar votos por montón!
Una vez verificado este vergonzoso hecho, es necesario contar con la cobertura de la institución encargada de perseguir estos delitos, que son los mismos que combaten los crímenes violentos . Quienes tienen pactos inconfesables para brindar ese escudo de impunidad, deben de ser ratificados y asegurados en el puesto. De ello depende que exfuncionarios de alto nivel, no acaben con sus huesos en la cárcel.
Por eso no es de extrañar que todo siga igual en Guanajuato. Los asesinos no son sometidos, las fosas clandestinas aparecen, los funcionarios desleales permanecen impunes y los políticos que se sostienen bajo este sistema, siguen mandando. Por eso no se van… mientras toleremos la compra de votos y no reduzcamos el costo de las campañas electorales. Sencillo.
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