Carlos Arce Macías
Hace días, apareció en redes una video-denuncia del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCDG), llamada “Un arañazo a Guanajuato”. En ella se consignaba la construcción de un camino de terracería sobre una zona de conservación ecológica. El tema ha sido un escándalo en Guanajuato Capital, porque torpemente Juan Carlos Delgado Zárate, director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, desesperado, salió a medios tratando de justificar la imprevista obra, con los peores y más disparatados argumentos, contrarios a la regulación urbana que es minuciosa y precisa al respecto.
Todo indicaba que el caso acabaría con una multa, clausura y reparación del daño medioambiental causado, en cuanto se informara de quienes eran los propietarios de los predios aledaños al camino, responsables de la gandallezca acción. Y aquí empezó el problema. Las alarmas al interior del municipio se encendieron y todo mundo se agazapó en la casa comunal. El silencio campeó por doquier.
Solitario quedó el tal Delgado Zárate, que desde entonces no ha atinado sino a declarar tonterías, tratando de envolverlas en sapiencia normativa, solo para salir del paso. Incluso se atrevió a afirmar que la calle, motivo de tantos afanes, estaba prescrita en los planos de ordenamiento territorial y que el terreno era susceptible de ser construido. Y así, mientras más declaraba más se hundía en el pantano de sus mentiras.
El Congreso del Estado, enervado por aparecer como sospechoso de estar involucrado en la construcción del ilegal camino, requirió un informe de la obra y nombre de los propietarios colindantes. Los medios de comunicación y los colectivos ciudadanos, también clamaron por mayor información. Pero la alcaldía continuaba paralizada y sin dar antecedentes. La respuesta del alcalde Navarro, a la solicitud de la Junta de Gobierno del Congreso resultó sorprendente: “en el municipio de Guanajuato, no hay más autoridad que el gobierno municipal (sic)”. Y de plano les negó la información requerida.
A estas alturas del conflicto, todo se había agudizado para el nefasto alcalde guanajuatense y sus adláteres. A cualquier observador, como los del OCDG, le quedaba claro que la férrea resistencia para dar mas referencias, resultaba el punto de quiebre de la cuestión. La autoridad local, ignoraba que un sinnúmero de datos fluían de forma continua. Ya se conocía que la maquinaria que obturó el cerro, había sido enviada por el alcalde. También había referencias de vecinos, notarios y corredores de inmuebles, de que los terrenos pertenecían a parientes cercanísimos de Alejandro Navarro. Todo se trataba de un plan armado por el presidente municipal para beneficiar, indebida e ilegalmente, a sus más próximos familiares. ¡Escándalo! Ahora ya se conoce hasta el número de las escrituras y el notario el cual las protocolizó. Una sonrisa sardónica se dibuja en el rostro de los circunspectos ecologistas, que sabedores de la verdad, dejaron que el primer edil del municipio fuera enredándose en su silencio y acabara evidenciando, frente a la ciudadanía, la grave corrupción de su gobierno.
La conducta de Alejandro Navarro, ha transgredido los límites de la frontera penal. Delitos como los de tráfico de influencias y afectación al ordenamiento territorial, se actualizan sin duda alguna. Resulta secundario pedir el despido de Delgado Zárate, Juan Valdez o Javier Carrillo, por ocultar información y encubrir al munícipe. Desde los primeros instantes del problema, ellos tenían datos y planos del caso.
Hoy, quién debe de ser separado del cargo de manera fulminante, es el propio alcalde, para responder ante la justicia de los cargos que se le formulen. Su permanencia en el puesto es políticamente insostenible. Ha defraudado la confianza que el PAN y el gobernador Diego Sinhué Rodríguez puso en sus manos. La elección de 2021 en la capital del estado, se complica cada día más. O se va, o la pierden sin remedio. De arañazo se convirtió en autozarpazo.
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