GAS PARA LOS ALCALDES

Carlos Arce Macías

 

Gasear alcaldes no es un chiste. Menos hacerlo a algunas de las presidentas municipales más exitosas en su desempeño de gobierno local. Se trata de una violencia inadmisible, de una afrenta que en cualquier país tendría serias consecuencias políticas, aunque se tratara de solo “una rociadita” de gas lacrimógeno.

 

El hecho denota el poco respeto y reconocimiento, que desde el Ejecutivo Federal se tiene por el Gobierno local. Aunque les moleste, así está consignado en la propia Constitución. Pero tal parece que ni la conocen, y si la han leído, les tiene sin cuidado el estatus jurídico municipal. “Échenles gas pa´ que se larguen”, fue seguramente la terminante orden a los conspicuos celadores del Palacio Nacional.

 

La mañanera les cayó encima a los munícipes. El presidente de la República acusó a los alcaldes: “Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta. Les gana el ansia opositora, la desesperación”. Desesperación porque los presupuestos son cada día más estrechos y las administraciones retornan a la pobreza perene. “No queremos que nos den más, tan solo que no nos quiten lo que ya teníamos”, exigía la alcaldesa de Chihuahua.

 

Total, que fuimos testigos del absoluto desprecio por los gobiernos locales, por una de las instancias políticas, fundamental para la operación del Estado mexicano. Quizás no han tomado conciencia las nuevas autoridades federales, que el único ente constitucional que gobierna directamente el territorio, es el municipio, son las ciudades, son las metrópolis. Todo lo demás son entelequias, simples ficciones jurídicas.

 

No por nada, el doctor Arnaldo Córdova, autor de obras trascendentes sobre el nacionalismo, la política de masas del cardenismo y la formación del Poder Político en México, nos legó un estudio muy interesante (“El Principio de la Soberanía Popular en la Constitución Mexicana”, UNAM/ IIJ 2006) , en el que propone dar un giro copernicano a la teoría de la autonomía municipal, para reconocerles a los gobiernos locales, una característica soberana, que revolucionaría el ámbito de gobierno municipal. Esta propuesta, nos conduciría a dotar a los municipios de la cualidad que de verdad requieren para poder gobernar el complejísimo enjambre urbano en que se han convertido nuestras ciudades. Urge que estas posean un esquema de gobierno diferente, más moderno, con poderes divididos y con plena capacidad tributaria que los independizaría de las legislaturas estatales. Así tendríamos una categoría de 31 municipios, mayores a 500,000 habitantes, que tendrían su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un gobierno más acorde con los nuevos tiempos.

 

Las grandes ciudades mexicanas se han tardado en formar una red que las dotaría de una fuerza política de altos vuelos. La Asociación de Grandes Ciudades de México (AGCM), se podría convertir en el interlocutor de la instancia local, frente a la CONAGO de los gobernadores y el rudo y violento gobierno federal que los maltrata y agrede. A ver si frente a una organización de ese calado se atreven a volver a gasear alcaldes.

 

Los municipios no han hecho valer su enorme poder frente a los otros poderes, los ningunean siempre. No han sabido reivindicar su dignidad comunitaria, desde 2012, cuando el PRI destruyó la Asociación Mexicana de Municipios (AMMAC), y con ello, toda posibilidad de construcción de una organización que superara las agendas partidistas, se desbarrancó entre grillas y ambiciones baratas.

 

Pongo algunos ejemplos para hacer valer los reclamos municipales ante la sordera federal: depositar la recolección de basura de un día, en los accesos de las oficinas federales, así como generarles cortes de agua potable o cierre a las vías de comunicación circundantes. Solo se requiere un elemento táctico fundamental: organización para que esto suceda instantánea y sincronizadamente en 10 o 20 ciudades mexicanas al unísono. La retaliación al maltrato legendario, está a la mano, se requiere organización y decisión.

 

En lo que sí se equivocaron los alcaldes de visita en Palacio Nacional, fue en no invitar a sus pares en los municipios, síndicos y regidores, a acompañarlos en la peligrosa aventura de reclamar el trato que se les intenta decretar en el Presupuesto Federal para 2020. Hasta ahora, las localidades se gobiernan, como la Villa Rica de la Veracruz de 1519, por un vetusto Ayuntamiento. Insisto una vez más, los alcaldes no son los ejecutivos del gobierno municipal, no equivalen, en su ámbito, al presidente de la República ni al gobernador, su función es coordinar a la administración municipal y ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento. No se trata, hasta ahora, de un modelo de gobierno dividido, con tres poderes, sino de gobierno por concejo, por asamblea, por concilio. ¿Entienden?

 

Por eso urge en México el establecimiento de una instancia supramunicipal, que permita la gobernanza de grandes conglomerados urbanos. La añeja fórmula municipalista, no funciona para la administración de las enormes y populosas ciudades del siglo XXI. Valdría la pena revisar, entre otras, la experiencia alemana sobre la ordenación del régimen local. Las ideas brillantes del barón Karl von Stein, de 1808, podrían resultar inspiradoras, en relación a las “Ordenanzas de las Ciudades”, para lograr la participación efectiva de los individuos en las tareas de la comunidad local y en eliminar las barreras burocráticas que la dificultan. Se trata de dotar a las ciudades de capacidades administrativas para su gobierno, pero también de imponerles serias responsabilidades gubernativas. No todos lo municipios son iguales.

 

En tanto todo esto suceda, penosamente nuestro gobierno federal gasea alcaldes. No tolera el presidente que le toquen las puertas de Palacio Nacional y reclamen. Optan por agredir.

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GOBIERNO INSENSATO

Carlos Arce Macías

 

“Cuando la brecha entre lo ideal y lo real es demasiado amplia,

el sistema se viene abajo”

Bárbara Tuchman

Historiadora

 

 

Habrá que agradecer a los profesores Arturo del Castillo y David Arellano la iniciativa de presentar por YouTube un minicurso de Administración Pública, en donde han dedicado una sesión para hablar de los gobiernos que se pierden en la locura. Para ello han rescatado una interesante lectura de la historiadora estadounidense Bárbara Tuchman (1912-1989), formada en Harvard y premio Pulitzer. 

 

El libro que inspira la discusión entre los académicoses “La Marcha de la Locura” (FCE), en dondeTuchman describe el proceso de sinrazón que puede apoderarse de un gobierno y presenta casos como la Guerra de Troya, los Papas del Renacimiento, la pérdida de las colonias americanas para Inglaterra, la conquista de México y la Guerra de Vietnam.

 

El gobierno y la sociedad que dirigen, aspiran a ser conducidos con sabiduría. Esto es bajo el influjo del sentido común y  experiencia, así como la toma de resoluciones con la mejor información disponible, con el fin de evitar tropiezos.

 

Pero la historia nos enseña, que en múltiples ocasiones, se impone la insensatez. ¿Cómo sucede esto? Cuando la razón se deshecha (eliminación del sentido común), se transita a una zona de miedo a estar equivocado, lo que propicia, a su vez, la persistencia en los errores, lo cual conduce Irremediablemente al autoengaño. Este es conocido en psicología como “Disonancia Cognitiva”. Esta alude a la desarmonización de ideas, creencias y emociones con la realidad. De esa forma, y mediante el ego del gobernante, se cancela cualquier posibilidad de rectificación.

 

Las decisiones de un gobierno insensato y testarudo pasan por tres etapas:

1.- Se toman decisiones basados en prejuicios o ideas preconcebidas.

2.- Los datos y críticas que advierten sobre los errores, son desoídos y desechados, para permanecer en el error y no rectificar.

3.- La catástrofe se actualiza, frente a la toma de decisiones erróneas, con saldos profundamente negativos para la administración y su sociedad.

 

Los gobiernos requieren de motivaciones psicológicas, que se materializan en ilusiones, ideales, ideologías y aspiración de trascendencia. Cuando estas características se exacerban en los gobernantes, se presentan dos efectos: el primero el de la divinización, en dónde se aplica una lógica divina y religiosa; y el segundo, el de la aspiración a convertirse en una diferenciación histórica por su mandato, lo que refiere a una lógica histórica.

 

Inmerso en estos dilemas, el gobernante confunde, usualmente, la propaganda con la doctrina que intenta imprimir a su comisión, la cual, con base en disonancias cognitivas, lo mantiene encadenado a la toma de decisiones erradas, respaldadas en falsedades, y reproducidas y avaladas por la camarilla aduladora que acompaña usualmente al jefe gubernativo.

 

Por eso, la cruel experiencia histórica que nos han dejado estas manifestaciones, propiciaron la creación de esquemas de gobierno más complejos como la república y la separación de poderes. Estos no tienen más sentido que evitar la disonancia cognitiva que afecta a los altos dirigentes de una nación o región, y que pueden dar al traste con todos los esfuerzos de una sociedad para lograr su progreso.

 

Así sucedió con la Guerra de Vietnam, en la que diversos gobiernos norteamericanos se vieron inmersos, no obstante que desde 1968, fueron advertidos por los estudios del centro de investigación Rand Corporation, de la imposibilidad de salir victoriosos de la confrontación con los vietnamitas. El ego presidencial de Nixón se impuso, retardando siete años la terminación del ingrato enfrentamiento que enlutó a ambas naciones.

 

Para el destino de los mexicas, Moctezuma resultó nefasto. La creencia en que la llegada de los españoles tenía un significado divino, basado en profecías y creencias religiosas aztecas, abrió la posibilidad a Cortés de conformar un gran ejército con los enemigos de Tenochtitlán y conquistar todo el territorio para la corona española. Los prejuicios a flor de piel.

 

Conociendo la mecánica y los procesos que van delineando a los gobiernos insensatos e irracionales, así como contando con las referencias históricascomentadas, podemos prender las alarmas para el caso mexicano. Pongamos un ejemplo.

 

La decisión de no enfrentar directamente al crimen organizado, creyendo, sin datos fidedignos, que con la aplicación de programas sociales, se liquidará la delincuencia y su base social, es una medida temeraria que está infligiendo enormes costos al actual gobierno y sumiendo en la peor inseguridad al pueblo. Van lo hechos: la explosión de Tlalhuelilpan, Hgo., que dejó un montón de muertos, tolerando la acción de huachicoleros asimilados a “pueblo bueno”; el “Golpede Timón” en Guanajuato, donde se pretendía la captura del líder de un poderoso cartel local, que acabó en una operación ridículamente mal planeada; y la reciente detención-liberación de una de las cabezas del cártel de Sinaloa (por cierto aliado al de Santa Rosa de Lima en Celaya) que terminó arrodillando a las fuerzas militares mexicanas poniéndolas en una situación de debilidad desconocida hasta ahora, y peligrosísima para la estabilidad del país.

 

Es obvio, si atendemos a la información y los hechos, que muchas decisiones están basadas en prejuicios e ideas imprecisas y falsas. El gobierno está equivocado y padece una disonancia cognitiva grave. Si no corrige, el calificativo de gobierno insensato, como el de Nixon o Moctezuma, le ajustará a la perfección.

 

Con el conocimiento que nos aportan los académicos,  tan denostados en este nuevo sexenio, podemos realizar un análisis interesante de las principales decisiones que se han tomado durante este primer año de gestión en diversos entornos, causando graves e indeseadas consecuencias, como en el sector salud, energético, científico y tecnológico, aeronáutico y de transporte, turístico, educativo, medio ambiental, y dentro de la propia administración federal. Porque es muy posible que si hay disonancia cognitiva en el caso de la seguridad pública, también pueda darse en otros muchos ámbitos gubernamentales.

 

Por eso, afirmar cada mañana que se tienen “otros datos”, empieza a ser síntoma de sinrazón gubernamental. Vamos requetemal.  

*La clase de los profesores del CIDE, Arellano y Castillo, puede ser encontrada en YouTube, buscando: gobiernos insensatos.

FERIA Y GOBIERNO

Carlos Arce Macías

 

En tanto al estado de Guanajuato le va como en feria por la violencia inusitada que se vive por diversos rumbos de la entidad, el gobierno intenta distraer la atención con un evento de corte tecnológico industrial muy importante, desarrollado en la ciudad de León: La Feria de Hannover.

 

Antes habrá que dejar en claro el sentimiento de muchos guanajuatenses: no pierdan tiempo en tratar de paliar la incapacidad estatal para entregar paz y seguridad a los ciudadanos, más allá de la Hannover Messe, el problema fundamental de nuestro terruño es la violencia. Resuélvanla ya.

 

Ahora pasemos a reflexionar sobre el magno evento industrial celebrado en León y sus implicaciones para nuestra comunidad. La feria industrial alemana, dedicada especialmente a la robotización, nos muestra el futuro industrial de la próxima década, antes de la llegada de la revolución 5.0 que ya se esboza desde los centros de innovación de punta, con la utilización de materiales biodegradables para la construcción de todo tipo de ingenios y construcciones que realice el homo sapiens. El cuidado del ambiento estará sobre cualquier proceso industrial.

 

La robotización, como lo mencionó Andrés Oppenheimer en su conferencia, es una marea silenciosa que transformará el trabajo humano. La fabricación de todo tipo de productos utiliza ya líneas robóticas que sustituyen a la mano de obra humana, con grandes ventajas técnicas y de calidad. Los humanos deberemos reinventarnos y dedicarnos a otras actividades, que requerirán capacidades que aún no hemos adquirido. Por ejemplo, hay escuelas de enseñanza inicial, que ya incorporan en sus programas el aprendizaje básico de lenguajes de programación. ¿Ya se está diseñando esto para la escuela pública?

 

En un Guanajuato súper industrializado, ya empezamos a notar el fenómeno del uso del robot, especialmente en la industria del automóvil. Ya vemos la gestión computarizada desde centros de monitoreo de las líneas de producción, y también las máquinas dotadas de neuronas artificiales que ajustan y reajustan sus rutinas, alcanzando niveles óptimos de eficiencia. Los resultados de esta forma de desempeño, resultan extraordinarios.

 

Y ahora, lo que contrasta, es el funcionamiento de los gobiernos que albergarán a este maravilloso modelo industrial, de punta e innovador, frente a gobiernos municipales anquilosados y vetustos, cuya capacidad de respuesta administrativa es analógica, funciona en papel, con firmas autógrafas y depende de la disponibilidad de funcionarios públicos, usualmente poco profesionales y experimentados. 

 

El gobierno estatal, tan emocionado por conocer de los alemanes sus avances industriales y tecnológicos, tampoco salva la cara. No ha sido capaz en más de quince años, de instrumentar una depuración regulatoria que lo lleve directamente a funcionar de manera más racional y eficaz, implementando procesos menos onerosos y más eficientes.

 

Pongo un nítido ejemplo de su desatención y rezago, que nos ha compartido una amiga, pensionada del sistema de estatal de Seguridad Social (ISSEG): “Nos obligan a demostrar que no estamos casadas, para seguir teniendo derecho a la pensión por viudez.  Cada seis meses, en una ventanilla del registro civil, tramito una acta de defunción, a la cual tengo que sacar copia, para luego entregar esa copia en la ventanilla contigua, que una vez enterada de que no me casé, me expide una constancia de ello. Así el Director del ISSEG se siente satisfecho y reconoce el derecho adquirido, luego de más de 30 años de cotización de mi finado marido, y finalmente se expide una orden de pago. Esto aplica a todas las viudas que pretendemos cobrar nuestra pensión en el ISSEG.  Cada seis meses, puntualmente, habrá que realizar el pago de 300 pesitos, lo que parece venir muy bien al gobierno, para mantener semejante trámite estúpido. Así el Registro Civil acredita ante sí mismo, hechos negativos, otorgándole eficacia jurídica, a una simple copia fotostática de documentos que él mismo expide.” Sencillamente dramático.

 

¡Vaya discordancia! Nos encontramos ante la administración pública -4.0, propia del medioevo. Y es que la verdad resulta rotunda. El estado de Guanajuato, no ha sido capaz de acometer con seriedad una política de Mejora Regulatoria a fondo. Ni siquiera cuenta con una Comisión Estatal, que responda por la calidad de la regulación que intenten expedir las dependencias y órganos descentralizados del estado. Apenas acaba de formar un consejito de Mejora Regulatoria a modo, para que no haya muchos reclamos, plagado de funcionarios públicos y alcaldes. No servirá para nada.

 

Una administración pública congruente y adecuada al desempeño industrial que promueve Guanajuato junto con Alemania, está obligada a robotizar sus procesos, la tecnología actual, lo permite. No se toman esas trascendentes decisiones, porque se tolera continuar gobernando bajo parámetros que permiten la corrupción y los privilegios a los cuates (Economía de compadres). Así como estamos, no somos un estado moderno (aparte de inseguro y violento) que pueda competir en un mundo globalizado. O cambia o se rezaga.

 

EL OTRO GOLPE DE TIMÓN

Carlos Arce Macías

 

Desde este espacio hemos tocado, reiteradamente el tema de lo complejo que es gobernar. Todas las épocas presentan grandes retos, pero hay momentos críticos en que la tarea de gobierno es particularmente retadora. A la actual administración le ha tocado un instante particularmente difícil: la conclusión del periodo de la transición democrática 2000-2018.

 

Me enfoco en Guanajuato. Estrenando un nuevo gobierno, al mando de un político novato, los peligros se multiplican, cuando en la ecuación se instala el cambio de gobierno federal bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador y de una fuerza política, dueña casi totalmente del espacio público, pero ante una sola excepción: el estado libre y soberano de Guanajuato, en donde el Partido Acción Nacional, resultó victorioso. 

 

En el ambiente del gobierno federal, extasiados por una victoria contundente, rondan aspiraciones autoritarias. Entendemos estas, como el aprecio excesivo por controlar al resto de los poderes desde el ejecutivo, para así mandar sin restricciones ni equilibrios. De esta manera, vemos como el actual presidente de la República, ostenta la conducción de Morena, la principal fuerza política que controla el Congreso de la Unión, y luego de la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posiblemente pronto sea dueño del Poder Legislativo. También juega su parte la aspiración por militarizar las policías, organizando un brazo armado que responda a sus mandos militares.

 

Entre tanto en Guanajuato, que debería ser zona de contraste, concentrado en mostrar un gobierno plural, ciudadanizado, respetuoso de la división de poderes, en donde los diputados puedan representar realmente a los ciudadanos y no solo responder a la línea que les decreta su partido, y donde el Poder Judicial sea dueño exclusivo de su destino, de la misma forma que los órganos autónomos como la Fiscalía General, el encargado de la defensa de los Derechos Humanos y el de la Transparencia; no nos expone diferencia alguna con el modelo que avanza poco a poco desde el gobierno de AMLO. Estamos igual o peor.

 

Veamos, mientras la administración central pretende militarizar a sus policías, en nuestra entidad, desde el anterior sexenio, uno de sus objetivos principales fue la construcción de cuarteles y prepas militarizadas. Se les advirtió a tiempo que el proceso de militarización experimentado en otras entidades, solo había establecido una violencia imparable con un índice de letalidad acelerado. Nadie hizo caso. Prefirieron sacarse, muy orondos, fotos con sus amigos militares, a los cuales premiaron, incluso, con contratos de obra pública. ¿Se acuerdan?

 

En el proceso de creación de un régimen autoritario, Guanajuato va a la vanguardia. Ahora hasta reconvienen a los empresarios celayenses por sus quejas y manifestaciones de rechazo, por la ineficacia del gobierno estatal y su fiscalía, para parar la inseguridad extrema que impera en la zona del río Laja. La tensión con los organismos empresariales, en León por ejemplo, va en aumento por los mismos temas de seguridad pública. Grupos organizados han pedido audiencia, y no han sido oídos ni atendidos desde la torre de marfil, en que se ha convertido el gobierno del estado. Ni ven ni oyen.

 

Hubo muchas advertencias por el nombramiento del fiscal. En vez de tener la posibilidad de oxigenar y cambiar estructuras y rutinas, se optó por garantizar el estatus quo por nueve años más. Ahora el gobierno, especialmente la fracción parlamentaria del PAN, está entrampada por su temeraria designación, admitiendo la consigna. Por cierto ¿cuántos presuntos corruptos están siendo procesados a la fecha? ¿Conoce algún caso? A veces pensamos que el objetivo final, era garantizar la tranquilidad de altos funcionarios del pasado gobierno, sin importar  sacrificar la paz de los guanajuatenses. La fiscalía anticorrupción es una vacilada.

 

En la pasada semana, se dio el cerrojazo al sainete de la propuesta de desaparición de poderes desde el Senado de la República. Una vez más, la torpeza se hizo presente. En lugar de dejar que los responsables de un amago tan pésimamente planeado, pagaran su error, reconocido incluso por la propia secretaria de gobernación; el gobernador Rodríguez se encaminó presuroso a rendir pleitesía al factótum del Senado, Ricardo Monreal. La foto publicitada describe con dramatismo la salutación: un Monreal con cara de palo extendiendo desganadamente la mano, frente a un gobernador que dibujaba en su faz una sonrisa exagerada, de esas que denotan nerviosismo. Perdió.

 

Concluyamos. Un gobierno cercano al autoritarismo, sin el oxígeno de la democracia, basado en la partidocracia, compartiendo el poder con el antecesor, ensimismado, oyendo solo a su camarilla más cercana, sin asesores competentes, sin decisión clara por combatir a los corruptos, tolerando gobiernos-botín, va rumbo a un estrepitoso fracaso, no habrá feria germana que lo salve. El multicitado y promovido “Golpe de Timón”, se requiere no solo para la seguridad pública, sino sobre todo para quién encabeza al  gobierno del estado. Va mal.