SISTEMAS EXPERTOS, CONTRA EXPERTOS EN SIMULACIÓN.

Carlos Arce Macías

 

Durante esta semana, tuvimos la oportunidad de escuchar con atención una puntual y detallada explicación de cómo funciona una plataforma de trámites, de última generación. Llama nuestra atención, especialmente, la parte conceptual. Habíamos participado en varias explicaciones de tipo técnico sobre ventajas de ciertos sistemas computacionales, sus procesos y sus beneficios, pero nunca había asistido a la ilustración pausada y clara, de la parte no técnica, sino conceptual de cada componente. En pocas palabras, descubrí la filosofía que hay detrás de la arquitectura de un sistema avanzado de automatización de trámites, para resolver la enorme cauda de problemas que se le presentan al ciudadano en su interacción con los gobiernos.

 

El sustentante, un experto español en la materia, tuvo la paciencia de ir desgranando explicaciones a un bisoño en cuestiones cibernéticas. No se desesperó y aguantó a pie firme las preguntas ingenuas y desarticuladas del oyente, que son necesarias para lograr, al fin, una explicación y entendimiento completo del tema. 

 

Los sistemas expertos que comienzan a ser utilizados, funcionan por medio de diálogos interactivos entre los ciudadanos y un robot. Sí, hay que aprender a comunicarse con una máquina. Estos diálogos, corresponden a la problemática que tiene el ciudadano para tramitar algún permiso, certificación, licencia, etc. Imagínese usted la cantidad de casos diversos, que se contienen en un solo procedimiento. Pueden generarse una gran cantidad de opciones. Pues bien, aquí comienza a producirse el milagro. De esos diálogos se infiere la casuística de cada trámite. Cada proceso contiene una casuística diferente, desde una o dos opciones, hasta decenas de ellas. Hay que identificarlas y codificarlas todas.

 

Una vez reconocida la casuística, esta debe de ser empatada con los procedimientos establecidos para procesar cada caso específico. Esto significa implementar el articulado exacto, contenido en acuerdos, decretos, reglamentos, leyes y dispositivos constitucionales, que sustentan cada asunto identificado. 

 

Cuando se logra esto, ¡zas! Ya se tiene identificada, lo que los abogados llaman la motivación (casuística) y la fundamentación legal. Queda resuelto, de esa forma, uno de los asuntos más graves de la tramitología: una motivación pertinente, avalada por una  fundamentación concordante al caso específico.

 

Esto resuelve, desde el ámbito jurídico gran parte de los problemas que enfrenta la administración pública en el día a día. Suprime, por supuesto, las fisuras procedimentales que permiten la corrupción, y se da paso a un trabajo de alta calidad y productividad, ya que el robot genera la solicitud del ciudadano, no repudiable, y también la resolución del trámite, bien sustentada jurídicamente. ¡El edén de la administración pública!

 

Puede darse el caso de que surja una nueva casuística. La nueva situación se introduce al sistema, y este es capaz de asimilarla y aprenderla, para poder aplicarla cuando aparezca de nuevo. Estos avanzados sistemas han dejado de operar con formatos, para convertir los datos que se introducen, en células de conocimiento, transformando así los parámetros tradicionales, e introduciendo innovaciones radicales. Estamos ante procesos de gestión del conocimiento, capaces de sustituir el trabajo humano, para reencauzarlo a otras áreas administrativas.

 

Un sistema experto, multiplica la productividad, ya que funciona durante 24 horas, los siete días de la semana. Hay procesos que pueden ser resueltos instantáneamente. Muchos de estos flujos pueden ser ejecutados desde los Smartphone utilizados cotidianamente. Así se conseguirán ciudadanos más satisfechos del gobierno bajo el cual se desarrollan y controlan sus actividades. 

 

Nos explican que estos métodos digitales, pueden “colgarse” de una nube, esto es, alojarse en algún almacén de datos remoto, sin la necesidad de que las administraciones locales realicen grandes gastos en infraestructura informática. Significan ahorros, pero también la posibilidad de que muchos municipios o estados pequeños, puedan digitalizar una gran cantidad de trámites, sin realizar grandes gastos, que de otra forma estarían fuera de su presupuesto.

 

Reflexionemos sobre la consistencia en el avance tecnológico. Con estas nuevas soluciones, la modernización de cualquier gobierno estatal o municipal, está a la mano. Beneficiar al ciudadano, ser más productivos, disponer de personal para otras áreas de la administración, poseer mejores controles y, finalmente, poner coto a una corrupción desbordada, es cuestión de voluntad de nuestros gobernantes.

 

Las organizaciones ciudadanas deben estar atentas. Entiéndanlo bien y sin rodeos: nuestros políticos: el gobernador, el alcalde, los miembros del ayuntamiento, los funcionarios de primer nivel, que se resisten a la digitalización, y apuesten por continuar los trámites a mano o en arcaicas plataformas, simplemente están aparentando. Su apuesta es la conservación de la corrupción en sus gobiernos. No quieren sistemas expertos, porque son expertos en simulación. Quieren robar y permitir que roben. Su afán es la corrupción, pero se les están acabando los pretextos. Así estamos.

 

 

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JUÁREZ, ¿AUSTERIDAD REPUBLICANA?

Carlos Arce Macías

 

Quién usa la historia para apoyar y difundir sus ideas, continuamente la distorsiona, dolosamente, con la finalidad de forzar los hechos, para sustentar sus dichos. 

 

En el nuevo gobierno, el presidente ha puesto de moda la “austeridad republicana” juarista, como ejemplo de comportamiento frugal, exento de lujos y frivolidades. En contraste con la monarquía, la república siempre presenta una digna sobriedad, necesaria para destacar una menor diferencia entre los miembros de la sociedad. Todo debe de corresponder a una virtuosa moderación, olvidándose de los destellos dorados del rococó o las fastuosidades versallescas. 

 

El prototipo de ese gobierno, ha sido Don Benito Juárez García, presidente de México entre 1858 y 1872. Hombre de gran inteligencia, cultivado en el estudio del Derecho, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en un ambiente liberal, tuvo una fulgurante carrera política, hasta encumbrarse en la silla presidencial. Fue, sin duda, la figura más emblemática de la segunda parte del siglo XIX mexicano. A él debemos la modernización del Estado, a través de la institucionalización del Estado laico.

 

Su vida fue una aventura sin cuartel. Fue gobernador de Oaxaca, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Ministro de Gobernación, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Inmerso en la Guerra de Reforma, capitaneó después el gobierno republicano que le hizo frente al Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. A partir de la restauración de la República, gobernó con poderes especiales y sin contrapesos. La muerte lo sorprendió en Palacio Nacional el 18 de julio de 1872.

 

En 1852, Juárez, siendo gobernador de Oaxaca, pronuncia un célebre discurso ante la X Legislatura de ese estado, en el que advierte: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo,  disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

 

La alocución resulta, al día de hoy, inspiradora. Recapacitemos sobre esta parte del discurso: pondera el sistema federal, punto culminante del liberalismo de esos momentos; la responsabilidad de los funcionarios públicos, lo que constituye la simiente de un gobierno profesional; la prohibición a gobernar por impulsos y bajo la sombra de una “voluntad caprichosa”; el gobierno debe de circunscribirse a la ley; en el gobierno no se hacen negocios, generadores de fortunas; evitar el ocio y la disipación; estar dispuestos, los funcionarios, a vivir en “la honrada medianía”.

 

Sorprendentemente, gran parte del texto anterior es aplicable a las desviaciones del juarismo que sufre el actual presidente de México, tan desapegado al federalismo y propenso a centralizar todo, a olvidarse de la responsabilidad decidiendo cuestiones torales por voluntad caprichosa, evidenciando poco apego a los textos legales, propiciando fortunas a través de la entrega de contratos por asignación directa, propiciando una política de austeridad republicana basada en una malinterpretada “honrada medianía”, depredadora del talento gubernamental que se requiere para consolidar un gobierno eficiente y eficaz.

 

Pues bien. ¿Cuál era esa honrada medianía con la que vivía Don Benito? De acuerdo al historiador José Manuel Villalpando, fundamentado en la obra “Documentos, discursos y correspondencia, selección y notas”, de Jorge L. Tamayo (Secretaría del Patrimonio Nacional, México 1967), ¡sorpréndase! Juárez percibía como presidente $2,500 pesos mensuales netos. Esta cantidad corresponde a 83 pesos al día, mientras un trabajador, en esa época ganaba 50 centavos por jornada. Un equivalente actual a casi $17,000 pesos diarios si equiparamos la jornada con el salario mínimo por día. Así la suma mensual que percibía el “Benemérito de las Américas”, correspondía más o menos a $507,000 pesos de hoy. Esa era la “honrada medianía” de Juárez.

 

El insigne presidente, siempre cobró su sueldo durante los 14 años en que se desempeñó a cargo del ejecutivo, aunque algunas veces, con retraso. Considerado con la Patria, se autoimpuso un Decreto de Austeridad en la que se bajó el sueldo de $36,000 a solo $30,000 pesos anuales.

 

Fue propietario de cuatro importantes viviendas en la Ciudad de México y una en Oaxaca. Feliz poseedor de una moderna calesa, $4,470 pesos (Casi un millón actual) en acciones mineras y $20,000 (Cuatro millones) en inversiones en la Casa Merodio y Vázquez. Cuando murió, en el cajón de su buró, guardaba $500 pesos, el equivalente a más de $100,000 pesos de hoy, para cubrir cualquier imprevisto. 

 

Saquemos pues conclusiones. Don Benito Juárez, ícono inspirador del presidente López Obrador, fue una figura descollante de su época. Se labró en el estudio y fue miembro de una super élite de su tiempo, que aprendió una profesión: la abogacía, a muy alto nivel. Fue ferviente creyente en el Estado de Derecho. Consideraba sagrada la ley. Tuvo muy clara la necesidad de separar al gobierno de la religión, nunca transigió en ello, salvo por la petición en el lecho de muerte, de su esposa Margarita, para que permitiera que sus hijas se casaran por la Iglesia. Hay testimonio de su honradez y rectitud. Se ajustó a vivir con su frugal sueldo de presidente equivalente a 507 mil pesos mensuales de hoy. Más que el de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia, tan vilipendiados por el propio Ejecutivo Federal.

 

 

GOBIERNO ABIERTO QUE DUELA

Carlos Arce Macías

 

El gobierno estatal de Guanajuato, no vibra. Parece un aparato apagado, que no provoca más función que la generada por la inercia. No comunica innovación, ideas nuevas, disposición de cambio, ante acontecimientos tan graves como los sucedidos desde las elecciones federales de julio del año pasado. De alguna forma debería de estar reaccionando, no debe de sujetarse a un estatus quo, que solo lo irá minando paulatinamente.

 

Para construir un gobierno que trepide, que se enganche con la ciudadanía, antes que nada, hay que desearlo, quererlo y apostar por los cambios necesarios. Se necesita un gobierno con ideas, piloteado por un equipo, no solo capaz, sino audaz; que no se detenga ante los retos que significan las nuevas ideas.

 

El viernes asistimos a la presentación del plan para generar un “Gobierno Abierto”. La idea no es original, viene desde la administración del presidente Obama (Open Goverment Memorandum), pero resulta importante y oportuna para comenzar a motivar cambios paradigmáticos en nuestro estado. Sin embargo, se requiere de una gran fuerza política y de liderazgo, para lograrlo.

 

Pues resulta que al muy bien organizado evento, en el dignísimo escenario del Auditorio de la Universidad de Guanajuato, con participantes de organizaciones civiles, funcionarios, miembros de ayuntamientos, invitados especiales de entidades vecinas, y encabezado por el Rector de la Universidad de Guanajuato, la presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del estado, y en representación del Instituto Nacional de Transparencia, uno de sus más conspicuos comisionados; no asistió el gobernador, cuya participación estaba anunciada. Así como lo oye.

 

¿Qué tanto le interesa a Diego Sinhué Rodríguez la política pública de datos abiertos? ¿Qué compromiso asume ante los guanajuatenses para fabricar un gobierno transparente y de plena y genuina participación social? No lo sé a ciencia cierta, pero su ausencia significa ya, un pesado lastre para la implementación de esta idea innovadora y seductora para la sociedad. Desperdició una oportunidad de oro, para mostrarse preocupado por un cambio que tiene sentido estratégico.

 

Y es que todo esto importa, porque parte de la concepción misma de la democracia, tan acosada hoy, desde el gobierno federal, con sus apuestas autoritarias. Lo que debemos saber todos, es que la información del gobierno, no le pertenece a este, es de los ciudadanos. Esto, a través de un programa de comunicación intenso y extenso, debería ser conocido por todos los guanajuatenses. Así nos pondríamos al nivel, por lo menos, de los atenienses del siglo IV A.C. ¡Imaginen!

 

Sabido que la información nos pertenece, habrá que desatar la curiosidad ciudadana de saber que pasa con su gobierno: como planea, ejecuta, monitorea, evalúa, maneja las discrecionalidades de que estándotados los funcionarios, rinde cuentas y sanciona. Insisto, es el acicate de un sistema verdaderamente democrático, todo lo demás es simulación grosera.

 

Analicemos ahora los contenidos de la propuesta: 

 

Gobierno Ciudadano. Comprende un esfuerzo por mejorar la comunicación del gobierno con la gente, adoptando plataformas avanzadas de comunicación. Buen punto.

Parlamento Abierto. El uso de lenguaje ciudadano para que las personas comunes entiendan mejor al poder legislativo. El asunto me parece baladí, frente a los retos de un poder tocado por el nombramiento de un fiscal carnal. Primero debe intentar, si puede, recuperar un poco de la confianza extraviada. Naufragan.

Juzgar con perspectiva de género. Reconociendo su importancia, hay asuntos de mayor trascendencia en el Poder Judicial, como el seguimiento puntual de su autonomía y la eliminación de la influencia del Ejecutivo en sus resoluciones y procedimientos.

Mejora de Servicios Educativos. Se podría obviar, ya que el tema se subsume en el otorgamiento de mayor número de becas.

Modelo de Datos Abiertos. De interés para lograr formatos abiertos que puedan ser consultados sin problema. Va.

Transparencia Presupuestaria. Ese punto está cubierta desde hace años. Quizás solo se requieren pequeños ajustes. Ese trabajo lo realizó el CIDE desde 2013, a no ser que haya sido desactivado recientemente. Contaba con un módulo de explicación en formato ciudadano.

Impulsando tu crecimiento. Es la construcción de una plataforma para dar seguimiento a la alimentación y desarrollo saludable de los infantes. Considero que resulta trascendente para lograr mayor involucramiento de los padres en el cuidado de los hijos. Muy importante e innovador.

Gobierno Ciudadano. Con un fastuoso titulo, el proyecto se enfoca solo a la información sobre obras públicas y sus avances. León ya está en punta y puede ser el ejemplo para los demás. Si se transmutara el término a “gobernanza”, el titulo adquiriría un significado político de enorme relevancia, ya que alude al involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones desde el gobierno. Se abriría un gran horizonte para abordar muchas ideas novedosas.

 

Hay que ser directos y decir las cosas con claridad: faltan contenidos retadores, que duelan, que saquen a los gobiernos (estatal y municipales) de su zona de confort. Que los obliguen a abrirse y dialogar, críticamente, con los ciudadanos. 

 

Sorprende que no haya tema sobre asuntos de seguridad. Hay que forzar el trabajo de transparencia y rendición de cuentas en la enconchada fiscalía estatal. Es la problemática más seria que enfrentamos. Acabamos de enterarnos, por ejemplo,  que altera las estadísticas de los delitos. Menudo gobierno abierto.

 

Casi todos nuestros municipios operan un sistema conocido por la teoría como Gobierno-Botín o “Spoil system”, denunciado en Estados Unidos desde 1832 por el senador William Marcy, que en este caso, permite depredar, desde un ayuntamiento a modo, los presupuestos públicos a través de sobornos indetectables por las auditorías, puesto que se pagan en efectivo a los políticos y funcionarios coludidos. Mucho que ver con la apertura de datos de las áreas de desarrollo urbano, zona favorita para estas malas prácticas, específicamente en materia de usos de suelo, combinados con Medio Ambiente y el respeto a las superficies de preservación ecológica. ¿Sería mucho pedir la publicación, a una escala conveniente, de los mapas de uso de suelo de cada municipio guanajuatense y la digitalización de los trámites de autorización? Por allí podemos empezar.

 

En la administración pública, amor es presupuesto. Si tanto estima la política de “Gobierno Abierto”, Diego Sinhué Rodríguez debería de corresponder con un presupuesto mayor para el IACIP. Con apenas una pequeña plantilla y un gran esfuerzo de sus funcionarios, mucho han logrado, pero poco podrán incidir sin el apoyo constante y suficiente desde el ejecutivo. 

 

Concluyendo, para que el gobierno se abra de verdad, deberá de doler, como en el ejercicio. Si no, no sirve.